El Alto Proyectan Ley Municipal de la Juventud

La Unidad de la Juventud de la Alcaldía de El Alto presentó el anteproyecto de la Ley Municipal de la Juventud que establece la necesidad de contar con una norma que proteja los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes alteños.

La jefa de la Unidad Municipal de la Juventud, Sonia Apaza Poma, señaló que uno de los puntos importantes del proyecto es el referido a los derechos y deberes en el aspecto social, cultural, laboral y económico.

“La juventud en nuestro país ha atravesado en los últimos años cambios fundamentales es por esa razón que la Unidad de Juventudes, lanza este anteproyecto de Ley Municipal de la juventud en la ciudad de El Alto con la participación de jóvenes de 16 a 28 años de edad de los 14 distritos”, dijo.

Informó que este tema se analizará en mesas de trabajo en las que participarán representantes de las unidades educativas y organizaciones juveniles. En cada mesa de trabajo, se prevé la participación de 150 jóvenes de los 14 distritos.

El secretario municipal de Desarrollo Humano, Hernán Vargas, mencionó que la juventud siempre fue parte del desarrollo económico productivo, social, y cultural además es protagonista de escenarios políticos en diferentes espacios públicos y privados.

“Por esa razón, los jóvenes de la ciudad de El Alto necesitan elaborar su ley municipal”, afirmó.

Por su parte, el representante del Ministerio de Justicia, Erick Raúl Valencia, informó que actualmente se sigue trabajando con distintas instituciones, en base a la Ley de la Juventud 342 que establece todas las políticas en cuanto a impactos, roles, beneficios y presencia.

Cocaleros tienen listo proyecto de ley sobre redes sociales

La Federación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba anunció que el próximo martes 5 de abril presentarán al Presidente Evo Morales el proyecto de ley destinado a regular el contenido de mensajes que se difunden en las redes sociales. El vicepresidente Leonardo Loza informó que la reunión se efectuará en Palacio de Gobierno donde explicarán al Jefe de Estado los alcances de la regulación con el fin de evitar un mayor desgaste político del Gobierno y del llamado proceso de cambio.

Loza dijo que el propósito tener una idea de cómo "cortar la mentira y la calumnia que se difunden contra diferentes autoridades. Si vamos a tener redes sociales que sea para la verdad, la educación, la juventud y para la niñez; que no sea para engañar al pueblo", indicó. El dirigente aclaró que con esa propuesta ante la Asamblea Legislativa, los movimientos sociales salvarán su responsabilidad para cuidar la imagen del Presidente Morales.

El control a las redes sociales es una intención de Gobierno aprobada por el Presidente Evo Morales, Vicepresidente Álvaro García Linera y los asambleístas del MAS, con miras a las elecciones generales de 2019 y hacer frente a lo que ellos denominan "ataques de la derecha". García Linera admitió que en la reciente campaña por el referendo la gran debilidad del Gobierno fue la capacidad de reacción inmediata de los operadores políticos, para responder a los diferentes "memes" que ironizaban a los mandatarios a consecuencia del escándalo generado por el caso Zapata.

Santa Cruz prepara Recurso contra Ley de Incentivos

La Gobernación de Santa Cruz anunció que se presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Incentivos a la actividad en hidrocarburos, porque según su observación confisca recursos de entidad subnacionales, reportó la radio Alternativa de la Red Erbol.

“La ley va en contra del referéndum del año 2004, contra la Constitución Política del Estado, pero va en contra fundamentalmente del pueblo boliviano, porque la sacarle 12% a municipios, municipios se está en contra de la educación, salud, obras públicas”, afirmó el vocero de la Gobernación, Vladimir Peña.

IDH

La Ley de Incentivos destina el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para premiar al incremento de explotación y el éxito en exploración hidrocarburífera, cuando antes ese dinero iba destinado a entidades subnacionales, universidades y el Fondo Indígena.

Peña anunció que se presentará este recurso en Sucre. “Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucional esta norma y reponer los recuro del IDH que se están empezando ya a confiscar”, dijo.

Advierten que ley facilita mercado negro de tierras

La problemática de la tierra en Bolivia sigue aún sin resolver el control de la propiedad y se encamina a un “mercado negro de tierras especulativo”, con la acción de traficantes, consolidación de grandes propiedades, extranjerización y ampliación del control de la propiedad por transnacionales, en la que los pequeños propietarios acaban siendo una parte marginal, advierte el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

Colque, junto a los investigadores Efraín Tinta y Esteban Sanjinés, evaluaron los 19 años de la Ley INRA, vigente desde 1996, cuyos resultados se plasmó en el libro “Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda” y que fue presentado esta semana en Santa Cruz.

Colque expresó a este medio que las distorsiones en el proceso de titulación se deben, entre otros aspectos, en que la ley agraria no se ha aplicado y, además, no se ha vigilado que la gente use la tierra y tome posesión de la propiedad en el marco de lo que establece la norma. “Ahí hay una debilidad institucional muy fuerte, que no deberíamos ignorar y que todos deberíamos reclamar, el uso del marco legal como un principio básico para distribuir la tierra”, subrayó.

En este contexto, según Colque, de seguir en este camino, los riesgos para el país pueden ser muy grandes, pues hay graves consecuencias ambientales por el uso indiscriminado y habilitación de tierras para cultivos sin respetar las leyes ambientales.

En este estudio de la vigencia de la Ley INRA, Colque indica que como aspecto positivo hubo momentos importantes en la recuperación de tierras fiscales para el Estado. Sin embargo, señala que también hubo bastantes flaquezas, al no haber un gran avance en el proceso de titulación, especialmente en los 10 primeros años de vigencia de esta norma, de 1996 a 2005.

En este último periodo, de 2009 a 2015, para la Fundación Tierra hubo un retroceso en la titulación, porque no se utiliza la ley como una herramienta técnica y jurídica para revisar el derecho de propiedad y la función económica social. “Casi se ha convertido en un proceso formalizador. Se utiliza la ley para legalizar lo que los traficantes de tierras, los que tienen más poder sobre la tierra fiscal, han empezado a privatizar y a mercantilizar”, dijo.

En este sentido, Colque dijo que a través de este estudio han concluido que hay muchas distorsiones, por lo que proponen que en algunas zonas debería paralizarse el proceso de titulación de la tierra.






TEMAS PENDIENTES DEL ACCESO A LA TIERRA

Los datos que evalúa el libro: Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda son los siguientes:

• La Reforma Agraria tiene por objetivo revolucionario abolir la desigual estructura agraria. Transferir la tierra de grandes propietarios a pequeños productores campesinos e indígenas. El saneamiento debe cumplir ese objetivo y aunque sigue vigente, los resultados no son muy alentadores.

• Según algunas proyecciones del Gobierno, el sector empresarial podría lograr consolidar 17 millones de hectáreas hasta el 2017.

• Estas estimaciones otorgan a los campesinos, pequeños propietarios e interculturales alrededor de 38 millones de hectáreas y a los pueblos indígenas 26 millones de hectáreas bajo la modalidad de TCO. Si a esto se suman los 24,5 millones de tierras fiscales, se alcanza los 106,7 millones de hectáreas que es la meta nacional para el proceso de saneamiento.

• Hace 19 años con la Ley 1715, más conocida como Ley INRA, se inició el saneamiento y la titulación de todas las propiedades agrarias de Bolivia. El INRA identificó 106,7 millones de hectáreas como superficie objeto de saneamiento.



Fuente: Fundación Tierra (www.ftierra.org)

Alistan ley para comedores de adultos mayores

El gobierno municipal de Yacuiba alista la presentación de un proyecto de ley para el funcionamiento de los Comedores Populares en beneficio de los adultos mayores de la primera sección de la provincia Gran Chaco. La normativa que deberá ser aprobada por el Concejo Municipal, permitirá que ese programa se ejecute de manera continua y sostenida. Hasta el año pasado, los comedores funcionaron a través de compras menores.

Lourdes Ortiz, responsable de la Unidad de Asuntos Generacionales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Defensa Social, pidió paciencia a las personas de la tercera edad porque el programa está próximo a reiniciarse, “aunque con algunas modificaciones, siempre mirando de abarcar a la mayor cantidad de beneficiarios”.
“Los recursos están garantizados, porque los comedores populares se inscribieron en el POA 2016. En las anteriores gestiones, los comedores funcionaban dos o tres meses y luego se paraban, debido a la falta de una norma que otorgue el marco legal. La Ley del Adulto Mayor (Ley 369) establece que cada Municipio debe legislar para reglamentar la actividad, y eso no se había hecho”, aseguró Ortiz.
En ese sentido, y por recomendación del alcalde Ramiro Vallejos, la propuesta de ley se encuentra en tratamiento en la Dirección Jurídica del Municipio. Posterior a ello, será remitida al Concejo para su aprobación.
Marcha
Un grupo de adultos mayores, dirigidos por Néstor Condarco, anunció una movilización porque no están de acuerdo con el retraso en la implementación de los Comedores Populares.
La concejal Viviana Ivanovich, de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Seguridad Ciudadana, aseguró que están en su derecho de hacerlo, aunque no comparte esa medida extrema. (elchacoinforma)