Ley de Gestión de Residuos prioriza prevención para reducir la basura

La Ley 755 de Gestión Integral de Residuos tiene como principal fin la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, dentro su competencia está la disposición final de residuos industriales y tóxicos y tratamiento de los residuos sólidos.

Los residuos se clasifican por sus características, su fuente de generación y gestión operativa. Y la gestión integral de residuos se articula con las políticas de protección de la Madre Tierra, agua y saneamiento, educación, medio ambiente, salud, cambio climático, seguridad alimentaria y gestión de riesgos.

Además de la participación activa, consciente, informada y organizada de la población, bajo una producción más limpia, protección de la salud y medio ambiente, responsabilidad del generador y compartida entre la sociedad y las instituciones públicas y privadas.

También se toma en cuenta la sostenibilidad, en base a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales, además la sustentabilidad con el equilibrio entre las necesidades de los seres humanos y la conservación de los recursos naturales y ecosistemas que sustentarán la vida de las futuras generaciones.

En la ley se explica que por Gestión Integral de Residuos se entiende al sistema formado por procesos de planificación, desarrollo normativo, organización, sostenibilidad financiera, gestión operativa, ambiental, educación y desarrollo comunitario para la prevención, reducción, aprovechamiento y disposición final de residuos, en un marco de protección de la salud y el medio ambiente.

Y se establece que las entidades territoriales autónomas deben orientar sus acciones en orden de importancia a prevenir para reducir la generación de residuos, maximizar el aprovechamiento de los residuos, minimizar la disposición final de los residuos, restringiendo en lo posible sólo para aquellos residuos no aprovechables.

Cocaleros presentarán proyecto de ley para regular las redes sociales

El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció una reunión a nivel de dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para elaborar un proyecto de ley que permita regular las redes sociales.

"Vamos a trabajar en una propuesta con nuestros hermanos profesionales entendidos en el tema y esa propuesta vamos a plantearle al parlamento nacional, que regule, que haya una ley que absolutamente regule este tema de las redes sociales, que haya frenos, porque no podemos utilizar mal esta situación para mentir, para calumniar y confundir al pueblo", manifestó el dirigente.

La víspera el presidente Evo Morales propuso debatir el uso de las redes sociales porque en otros países lograron "tumbar gobiernos". Se refirió al tema al explicar los resultados del referéndum constitucional, donde la opción del Sí -de acuerdo a datos preliminares- perdió.

El Gobierno y militantes del Movimiento al Socialismo centraron su mirada en las redes sociales porque en su criterio fueron estos espacios virtuales desde donde se generó la "guerra sucia" en contra del Sí a la reforma de la Constitución Política del Estado.

Loza indicó que plantearán al Gobierno y al Ministerio de Comunicación que se debe "regular absolutamente" las redes sociales porque ya no se pueden permitir "mentiras, insultos y chantajes y seguir manejando datos falsos".

"Las redes sociales han generado perjuicios en este último referéndum, particularmente a la imagen del presidente Evo Morales, ya que se ha buscado su desprestigio con falsas acusaciones", apuntó.

Aplicación de la Ley educativa, un problema práctico en el país

UN CONFLICTO

La carencia de infraestructura adecuada para emprender el bachillerato técnico-humanístico es un problema para los maestros, los puntos críticos de la norma tienen que ver con cuestiones de fondo y la falta de consensos.

De los más de 200 centros educativos del subsistema regular que existen en Sucre, menos del 10% cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a la práctica el modelo socio comunitario productivo contemplado en la Ley educativa “Avelino-Siñani”. A seis años de su promulgación, este es sólo uno de los aspectos críticos que detienen el proceso de aplicación de esta reforma. Con el inicio de un nuevo año escolar las autoridades municipales buscan subsanar esta situación frente al creciente descontento de varios actores sociales involucrados, que apuntan a falencias estructurales en el proyecto educativo.

En la perspectiva de que en la nueva Ley el bachillerato adquiere un perfil humanístico y técnico, los estudiantes tendrían que graduarse con un título medio en alguna rama técnica como carpintería, gastronomía, corte y confección, etc… sin embargo, en los hechos, los centros educativos muchas veces no cuentan ni siquiera con un edificio propio y menos aún con la posibilidad de adquirir el equipamiento necesario para abrir un taller en cualquiera de esas ramas.

“Muchos recintos educativos son compartidos en distintos turnos del día por distintas escuelas”, explica un maestro de base, al añadir que menos de diez colegios cuentan con talleres equipados en la Capital. Algunos de ellos como el Colegio Junín o San Juanillo ofrecían este tipo de especialidades desde hace varias décadas, por ello se encuentran equipados.

Por su parte, el subdirector de Educación Regular de Chuquisaca, Juvencio Ali López, reconoce que tan sólo 13 unidades educativas tienen la infraestructura y el equipamiento necesarios para lograr el bachillerato técnico humanístico que postula la Ley 070.

De acuerdo con esta autoridad, este es un tema que debe subsanarse gradualmente, pero depende principalmente del Gobierno Municipal y de los padres de familia.

“La ley indica que los gobiernos municipales están en el deber y la obligación de apoyar con las infraestructuras y también en el equipamiento de los talleres, en la medida de las posibilidades económicas claro… pero también las juntas de padres deben gestionar a través de la dirección departamental el pedido de que se subsanen estas necesidades para que nosotros hagamos una representación”, explica.

Pero de acuerdo con los maestros, el tema infraestructural es sólo uno de los aspectos con los que tropezó la implementación de la reforma 070 que, señalan, fue redactada y aplicada dándole la espalda a su sector. Desde su perspectiva, las críticas que elevaron ya desde el primer intento de poner en marcha la ley en 2012 fueron desoídas o incluso rechazadas como “acciones políticas de la oposición”. En realidad eran planteamientos legítimos de los trabajadores directos de la educación, señala Orlando Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de Chuquisaca.

“El problema principal en la aplicación de la Ley Avelino-Siñani es la malla curricular”, añadió el dirigente.

Frente a este panorama, si el grado de avance en la implementación de la “Avelino-Siñani” se puede medir con una aproximación objetiva, esta sólo se puede constatar en su aplicación en las aulas. En 2013 se implementó el nuevo currículo educativo en los primeros cursos de primaria y secundaria, en 2014 se extendió a los segundos de ambos ciclos, y en 2015 el avance se detuvo por diversas dificultades prácticas que fueron denunciadas por el magisterio. Una de ellas fue el tema de la infraestructura, que de acuerdo con la reforma está contemplada en los últimos cursos de secundaria.

“La aplicación fue una orden, se aplica o se aplica… y teníamos que poner en marcha el nuevo currículo o recibir una sanción, aunque no conocíamos bien la norma y cómo debía trasladarse a la clase. Tuvimos una serie de dificultades por ello”, recuerda otro maestro de base.

De cualquier forma, este año se tiene prevista la implementación completa de la nueva malla curricular sin la certeza de que esto implique un avance efectivo de la reforma, que según los maestros es aplicada de forma autoritaria y advierten una serie de deficiencias que afectarán “la calidad de la educación” en el futuro del país.

A contrapartida, las autoridades responsables tienen una visión diferente, que notablemente deja entrever que no hay alternativa a la “Avelino-Siñani”.
“La implementación es un proceso, seguramente vamos a tener resultados a la postre, porque todos están aplicando el modelo, porque no hay otro modelo, no hay otro paradigma, digamos del conductismo, o del constructivismo, eso ya se ha descartado igual que la Ley 1565”, asegura el Subdirector de Educación Regular.

Para la autoridad el avance de la 070 se constata en el trabajo realizado al nivel de la planificación académica que exige la norma:

“Al iniciar la gestión se coordinan los 'PSP', Proyectos Socio Productivos, en las diferentes unidades educativas y como consecuencia de ello se ha ido estructurando el plan anual bimestralizado y el plan de desarrollo curricular en los diferentes años de escolaridad. En ese marco se está trabajando con el modelo”, recalca.

UN PROBLEMA MENOS
Este año se prevé la construcción inmediata de tres centros tecnológicos piloto que albergarán diversos talleres técnicos plenamente equipados, a los que podrán acudir los alumnos para complementar su formación productiva.

“Estamos precisando los últimos detalles del proyecto de construcción y equipamiento de varios centros educativos tecnológicos para Sucre, que inicialmente se distribuirán uno por distrito y donde los alumnos de los diferentes colegios podrán cursar su formación técnica”, informa Enrique Leaño, Secretario General de la Alcaldía.

El proyecto tiene previsto construir inicialmente tres centros tecnológicos en este primer semestre, los fondos los preveerá el municipio y el Gobierno central, con un presupuesto que asciende aproximadamente al millón de bolivianos por cada centro, incluyendo el equipamiento, añade Leaño.

Por su parte, el dirigente de la Junta de Padres de Familia de Sucre, Juan Carlos Durán, informa que la pasada semana sostuvo reuniones con el alcalde Iván Arciénega, quien aseguró estas obras que serán anunciadas oficialmente en las próximas semanas.

UN CONFLICTO ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA
Mientras que el anuncio de esta importante inversión en infraestructura dedicada a la educación técnica-productiva subsana uno de los problemas prácticos para la concretización del proyecto educativo, el sector docente se moviliza ante el recorte de horas en materias como física y química, así como la fusión de materias en áreas comunes, que según ellos, plantea otro problema de orden práctico mucho más complejo.

“Si antes se dedicaban 12 horas académicas al mes para química y física, ahora se restan cuatro horas para que se empleen en las materias técnicas, que está bien que los alumnos estudien, pero no, en detrimento de las materias científicas que proveen un conocimiento imprescindible para que puedan desenvolverse en el nivel universitario”, explica el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos.

De acuerdo con algunos profesores consultados, este es sólo un nuevo conflicto con la aplicación de la reforma. Desde 2013 se identificaron problemas con el sistema de evaluación basado en las cuatro dimensiones “ser, saber, hacer y decidir”, que según los educadores se encuentra mediado por criterios subjetivos.
¿Cómo valorar en la calificación el ser?, se pregunta un maestro, añadiendo que desde 2013 cada unidad educativa desarrolló su forma de interpretar la evaluación de esta dimensión y que no se trabaja con el mismo criterio en las distintas casas de estudios.

“Este fue el primer problema que tuvimos y lo resolvimos entre los maestros, no nos aclararon cómo hacerlo, con la experiencia vimos los medios para trabajar con esta categoría y luego la mejor forma fue la que se impuso en nuestras reuniones de evaluación docente, ahí compartimos nuestras observaciones, pero es nuestra forma, no es la misma en otras unidades educativas”, añadió.

Otra cuestión señalada como negativa es la fusión de las materias en áreas, este tema es especialmente resistido en secundaria donde existe una especialización docente, a diferencia de primaria donde el mismo profesor dicta la mayoría de las materias del currículo.

“Ya no hay por ejemplo biología y geografía, ahora son una misma área y el problema es que no hay profesores de ambas materias, entonces si un profesor de biología va dar esa área, va terminar improvisando la parte de geografía y a la inversa”, explica Hurtado.

Pero las observaciones tienen diversos matices, por ejemplo con relación a la articulación de todas las áreas de conocimiento que estipula la 070, es vista de forma positiva en su aplicación para el ciclo primario, precisamente porque un mismo docente se encarga de varias áreas; entonces, esto favorece al establecimiento de un diálogo entre las distintos conocimientos que se transmiten a los estudiantes, apunta una maestra. No obstante, no sucede lo mismo en secundaria, ya que la especialización de los docentes y la fragmentación de la jornada educativa en “horas” dedicadas a una y otra materia, no lo permiten.

“Digamos, si salimos a ver un museo, entonces podemos articular varias áreas en esa visita quenos sirve para luego trabajar en clases, pero en el caso de secundaria ni siquiera se pueden planificar este tipo de actividades y no se pueden planificar por algo práctico, se necesita todo el turno y los docentes no trabajamos sólo con ese curso toda la jornada, salimos de un curso y entramos al otro”, explica una maestra.

En todo caso para los educadores este es un aspecto positivo de la reforma, pero que adolece de una visión de la práctica docente en el aula, tal como realmente acontece en la cotidianeidad de su labor.

“Son teorías buenas, interesantes, pero la cosa es llevarlas a la práctica y no han logrado decirnos eso, ni con el PROFOCOM, muchas veces nosotros les enseñamos a sus facilitadores, que nos explican todo lo que dicen las guías, porque el papel soporta todo, pero no saben responder a nuestras preguntas”, recalca un maestro en tono jocoso.

El Programa de Profesionalización Complementaria para Maestros y Maestras en Ejercicios (PROFOCOM), es un espacio de formación de los docentes a nivel licenciatura que se puso en marcha junto a la Ley “Avelino-Siñani” como un requisito obligatorio para el ejercicio de los profesores, sin embargo fue duramente criticado por adolecer de las mismas falencias que arrastra el nuevo modelo educativo.

FALTA DE CONSENSOS
“El problema central es que no quieren saber nada de los maestros, nosotros somos los especialistas, nosotros trabajamos años en la educación, ya han pasado tres años y deberían habernos convocado para conocer nuestras experiencias y nuestras críticas para mejorar”, expresa una maestra al sostener que la verdadera aplicación de la Ley 070 la realizan ellos y que las mejores experiencias que pueden aportar, servirían para uniformizar una buena implementación de la reforma.

“Nosotros hemos llamado a un evento departamental, lo hemos hecho y no hemos recibido respuesta, de cualquier modo lo vamos a hacer, esperamos en marzo o abril, porque es necesario. Para el Gobierno esta Ley ha sido consensuada con todos pero eso es falso, es verdad varios eventos nacionales la ratificaron en su momento, pero habría que ver cuántos docentes participaban y cuántos militantes…”, reclama Hurtado.

PERSPECTIVAS
Sin visos de conciliación entre el Magisterio y el Gobierno la implementación de la Ley “Avelino-Siñani” es una política de Estado que se ejerce con un mandato de cumplimiento cerrado. Este año se prevé un gran salto en su aplicación, sin embargo el panorama podría vislumbrar que esta pretensión podría quedarse en un plano nominal. El problema es que de uno u otro modo el modelo educativo marcará de modo definitivo a generaciones de jóvenes bolivianos.

INFRAESTRUCTURA
En el primer semestre del año la Alcaldía tiene planificado construir tres centros tecnológicos para cubrir la demanda de infraestructura en área de formación técnica.

MALLA CURRICULAR
"El problema principal en la aplicación de la Ley Avelino Siñani es la malla curricular."
Orlando Hurtado
dirigente del magisterio

Entra en vigencia Ley de Planimetrías

Con la nueva Ley de Planimetrías que fue aprobada en grande y en detalle por el Concejo Municipal de El Alto, la población alteña que habita en diferentes urbanizaciones, tendrán mayores facilidades para obtener este documento que acredita la ubicación y la pertenencia a este municipio.

La concejala de la comisión de Infraestructura Pública y Control Ambiental, Rebeca Cruz, informó que la norma legal ya está en vigencia, y que a partir de la obtención de este “certificado de nacimiento” (como lo llaman muchos vecinos), muchas nuevas urbanizaciones y barrios accederán a obras para su desarrollo.

“En esta nueva Ley de Planimetrías, los requisitos han disminuido en comparación con la anterior Ordenanza Municipal 064/2013 que requería entre otros aspectos una certificación de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), que en muchos casos los dirigentes no daban curso”, explicó la Concejala.

Aclaró que otro de los requisitos más sobresalientes, refiere a la reducción de espacio en metros cuadrados y lineales de áreas verdes, equipamiento y de vías, que una nueva urbanización debe contemplar para adquirir este documento.

“Con la anterior Ordenanza Municipal, el porcentaje de equipamiento era alto, con la nueva Ley, el desglose de áreas de cesión se redujo a: (vías 20%, áreas de equipamiento 15% y áreas verdes 5%). Este es otro beneficio para los habitantes”, precisó la Concejala.

PLANIMETRÍAS

Según datos oficiales, en la ciudad de El Alto, existen 850 zonas, de ese total solo 500 tienen el documento de planimetría que acredita la pertenencia a esta ciudad, 100 están en oficinas de catastro para su revisión y el resto aun no cuentan con sus planimetrías.

“La nueva Ley de planimetrías que pronto será promulgada por la alcaldesa Soledad Chapetón, facilita y agiliza los trámites para adquirir este documento. La finalidad de los cambios que se ha hecho, es que la mayoría de las zonas que cumplen con los requisitos puedan acceder a la misma”, dijo la autoridad.

Invitó a la población a que puedan aproximarse a las oficinas de esta Comisión que está ubicada en la Alcaldía Quemada, para recabar más información.

Durante el primer trimestre Ley de apoyo educativo beneficiará a 100 colegios

El presidente del Concejo Municipal, Oscar Huanca, informó que la Ley de Declaración en Emergencia 2016 para la refacción, reparación y mejoramiento en las unidades educativas de El Alto atenderá, en el primer trimestre, las necesidades de 100 colegios con la mejora de infraestructura y compra de mobiliario.

Asimismo, aseguró que la norma establece, en su artículo quinto, que todos los procesos de contratación de bienes y servicios destinados a la atención de emergencia deberán ser realizados de acuerdo a normativa legal vigente.

Añadió que en una segunda fase se continuará con ese proceso tomando en cuenta el orden de prioridades de las diferentes unidades educativas.

Por otra parte, la autoridad del Concejo Municipal, aseguró que una vez se promulgue la ley se procederá a encarar los trabajos y obras para mejora de la infraestructura de las unidades educativas y la compra de mobiliario.

VALORACIÓN

Huanca dijo también que la aplicación de esta norma, aprobada hace algunos días, se realizará a través de una valoración técnica de unidades educativas que se encuentran dentro la jurisdicción del Municipio de El Alto.

Según la Ley Municipal, se ha identificado que las mismas no cumplen con las normas de infraestructura adecuadas para el cobijo de sus estudiantes, todo esto a consecuencia de la dejadez de las administraciones municipales pasadas y las constantes presiones sociales sin justificativo técnico social y calidad.

“Esperamos que a partir del lunes (hoy) o martes ya este entrando en vigencia esta Ley Municipal de Emergencias en todas las unidades educativas, tenemos entendido que se ha hecho una valoración técnica y en el primer trimestre se pretende encarar por lo hemos 100 unidades educativas”, aseveró Huanca.

Asimismo, agregó que el Ejecutivo Municipal hará una valoración y, si amerita, una licitación para realizar compras directas o invitaciones directas, lo cual será conforme a lo que establece la normativa jurídica que rige en la urbe alteña y en el país.

El artículo uno de esta norma establece que el objetivo de la declaración en emergencia 2016 para la refacción, reparación y mejoramiento en las unidades educativas del Municipio de El Alto, es mejorar los establecimientos conforme a un plan de contingencias correspondiente, priorizando la protección a la vida, salud, integridad física de la población estudiantil vulnerable del municipio de El Alto.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que poco antes del inicio de las labores educativas en esta gestión y durante todo el presente mes, se dieron a conocer casos en los que los estudiantes deben pasar clases en aulas improvisadas al interior de sedes sociales de las zonas alteñas, o en aulas hechas de material improvisado.

Además, en otros establecimientos educativos, el mobiliario es escaso y el poco material que se ven obligados a usar se encuentra en pésimo estado.

Ante esto, la Comuna impulsó en las últimas semanas un proyecto de trabajo en cooperación con los padres de familia, donde la Comuna dota material de construcción y los padres colaboran con la mano de obra para la edificación de nuevas aulas, plan con el que se espera mejorar las condiciones de los estudiantes en los diferentes establecimientos educativos.

Cochabamba Desacuerdos frenan Ley de la Bicicleta

Las contradicciones que hay entre la propuesta de Ley Municipal de la Bicicleta y el Código Nacional de Tránsito frenan el avance de la normativa. El propósito es implementar espacios de circulación exclusiva que promuevan el uso de este medio de transporte. La iniciativa quedó paralizada hace seis meses en el Concejo Municipal, informaron ayer integrantes de la Masa Crítica en Cochabamba y el concejal Iván Tellería.

“Esos artículos (del Código de Tránsito) no deben ser válidos en el municipio, porque la idea de esta Ley es empujar el ciclismo urbano y no reducirlo con estos requisitos”, aseguró un participante del movimiento Masa Crítica, Martín Weiser.

El Código de Tránsito establece, entre algunos requisitos, que los ciclistas deben portar licencia de conducir, placa de circulación y carnet de propiedad de la bicicleta. Los requisitos fueron observados por el movimiento, porque coartan el uso de este medio de transporte.

Otro integrante del movimiento, Carlos Bellot, aseguró que esta situación ya fue resuelta con la respuesta a una carta enviada al Servicio Estatal de Autonomías que explicó que la nueva Constitución Política del Estado determina la capacidad de los gobiernos municipales para emitir leyes a cumplir en el marco de sus autonomías.

El concejal Iván Tellería aseveró que la Ley estaba aprobada en grande en el Concejo Municipal y sólo faltaba el detalle, pero el movimiento de Masa Crítica decidió retirar la propuesta, debido “a que no querían acogerse a las normas de tránsito”, que reconoció que son obsoletas.

Esta ley prevé en sus partes sobresalientes generar condiciones para que la población tenga espacios destinados a manejar las bicicletas con la apertura de parqueos y ciclovías; campañas de educación vial y fijar reglas de circulación con los derechos de los ciclistas.

La Alcaldía de Cercado firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el movimiento Masa Crítica el 25 de julio del pasado año para la promulgación de esta normativa el 6 de septiembre de 2015, pero no se realizó.

“Las autoridades sólo piensan en el auto”, deploró Weiser, a tiempo de recordar que el pasado año Cochabamba se constituyó en la tercera ciudad más contaminada de Latinoamérica, siendo que el 95 por ciento de la contaminación del aire proviene del parque automotor. El movimiento pidió a la Alcaldía cumplir con el convenio firmado y aplicar la Ley propuesta.

Es un movimiento mundial

La Masa Crítica es un movimiento mundial de ciclistas, presente en Cochabamba, que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte rápido, económico, saludable y libre de generar cualquier tipo de contaminación.

Actualmente, el movimiento tiene 5 mil seguidores en su página de Facebook y un número fluctuante de personas que participan de las caravanas ciclísticas realizadas el último sábado de cada mes denominadas “masa mensual”.

Este año las caravanas están centradas en impulsar la promulgación de la Ley Municipal de la Bicicleta y siguen la campaña del incentivo del uso de la bicicleta planteada por una joven de 17 años “Enbiciate”. Esta iniciativa está presente en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz.

Ley prevé nuevos hábitos alimenticios

Consumo más saludable de los productos

La Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable fue promulgada el 8 de enero pasado y la ministra de Salud, Ariana Campero Nava, informó que se reglamentará el uso de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas y el etiquetado de los productos para informar al consumidor sobre los niveles de sodio, grasas trans, grasas saturadas y azúcar.

Si bien el Ministerio de Salud parece sensibilizado por el incremento de casos de problemas crónicos como la diabetes, la insuficiencia renal o los problemas cardíacos, su intención de revertir este avance requiere aún mucho trabajo para lograr que la promulgación de una ley contribuya a cambiar comportamientos y patrones culturales enraizados en la cultura boliviana.

Países como Estados Unidos cuentan con este tipo de reglamentaciones desde hace mucho porque sus índices de obesidad son alarmantes y su población está expuesta a muchas afecciones que en poco tiempo reducirán sus expectativas de vida dramáticamente. Sin embargo, estos índices siguen en aumento y la realidad muestra que hace falta más que ordenanzas para que las personas logren estilos de vida más saludables.

Bolivia es reconocida por su exquisita culinaria y cada región del país tiene su sello propio en la elaboración de platillos y en su forma de consumirlos. Será difícil cambiar desde arriba la forma de prepararlos y consumirlos; habrá que educar a la población sobre lo bueno y no bueno de estas prácticas culturales y habrá que hacerlo desde la escuela para que cualquier reglamentación tenga futuro y no quede como una etiqueta más en los productos nacionales.

La promulgación de esta ley es un buen inicio pero su reglamentación debería estar coordinada con el Ministerio de Educación para que éste incluya en la currícula de la educación formal contenidos que eduquen desde los primeros cursos sobre una nutrición saludable y sobre la prevención de la obesidad, la presión arterial elevada y las consecuencias de la falta de actividad física y ejercicio.

Y, una vez reglamentada, su aplicación requerirá además del apoyo de instancias como el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para que controle lo que se expende en los colegios y promueva el consumo de alimentos saludables en los recreos. Por su parte, el Ministerio de Comunicación debería crear espacios regulares de difusión de mensajes para sensibilizar a la comunidad sobre un tema que interesa a todos: prevenir enfermedades.

Breves de la salud

Malos hábitos

Psicólogos de la Universidad de Bath, Inglaterra, sostienen que los acontecimientos importantes de nuestra vida, como la compra de una vivienda o el cambio de trabajo, tienen un papel clave en la eliminación de los malos hábitos, informa ´The Telegraph´.

Comida chatarra

El hábito del consumo de la comida denominada chatarra creció significativamente en las ciudades Latinoamericanas, según un informe reciente de una universidad en México.

Concejales aprobaron ley que sanciona “trameajes”

Concejo aprobó ayer la Ley Municipal Autonómica para el Servicio de Transporte de Pasajeros, el cual califica al “trameaje” como una falta gravísima y pasible a sanción económica, informó el legislador Fabián Siñani.

La ley, aprobada con los votos de los concejales de Soberanía y Libertad (Sol.bo) establece sanciones tanto para conductores como para operadores (sindicatos de transporte). Asimismo, las faltas están categorizadas como: leves, graves y gravísimas.

Entre las infracciones gravísimas se encuentran la modificación de la ruta asignada y los recorridos aprobados y autorizados, exceptuando casos de fuerza mayor o caso fortuito.

El incumplimiento del recorrido aprobado y autorizado, exceptuando casos de fuerza mayor o caso fortuito, además el fraccionar el recorrido aprobado y autorizado genera el cobro de la tarifa vigente, por tramos (trameaje). Negarse a llevar pasajeros, entre otros aspectos.

Las infracciones graves son para quienes no respeten los derechos de los usuarios, la capacidad del vehículo motorizado, utilizar los espacios públicos como mingitorios y otros.

Las infracciones leves son para quienes no exhiban las tarifas aprobadas por la autoridad municipal competente, también para quienes exhiban anuncios o letreros con contenido lascivo o discriminador, entre otros.

El concejal Siñani afirmó que también presentó al pleno del Concejo un documento para reglamentar la norma, en la cual sugiere la sanción con Bs 100 para los choferes que comentan las faltas gravísimas.

Recordó que la nueva ley aprobada por el Concejo Municipal es complementaria a la Ley Municipal de Transporte aprobada el año 2012.

“Hay una sanción de Bs 15 para las infracciones graves, 20 para las gravísimas, que es absolutamente insuficientes y que no está a la altura de las infracciones que cometen los transportistas”, declaró en conferencia de prensa el concejal Siñani.

Anteproyecto prevé 20 días para acceder a la información pública

El anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, entregado ayer por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) al Senado, prevé un plazo máximo de 20 días hábiles para que todas las instituciones del Estado proporcionen datos requeridos con “dificultoso acceso”.

“(...) Las entidades públicas deberán proporcionar la información en el plazo máximo de 10 días hábiles. II. Si la información solicitada es compleja o de dificultoso acceso, fenecido el plazo se fijará uno adicional de 10 días (20 en total), mismo que le será comunicado al peticionario”, señala el artículo 9 del anteproyecto de ley.

El documento con 18 artículos fue enviado al presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó la presidenta de la APLP, Lupe Cajías. Agregó que la propuesta tiene base en la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agregó que la persona individual o colectiva que pida información no necesita justificar razones porque simplemente estaría ejerciendo su derecho a solicitarla; y la entidad tiene el plazo de 10 días para resolverlo, y un máximo, pidiendo un plazo especial, de 20 días si es complejo.

“Si una persona no recibe la información, puede acudir al juez y aquí se plantea un trámite muy rápido para que el jurista resuelva a favor del peticionario”, explicó Cajías, tras indicar que este punto debe ser tratado en la Cumbre Judicial prevista para abril.

Derecho. La Constitución Política del Estado, en su artículo 21, señala como uno de los derechos el “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. El 26 de enero, el Concejo Municipal de La Paz aprobó la Ley de Acceso a la Información Municipal, que establece suspensión de la función del servidor como sanción para quien incumpla la obligación de entregar los datos y la documentación de manera amplia y en tiempo oportuno.

La propuesta de la APLP no incluye una sanción a la institución ni a un funcionario en específico, sino deja que sea la ciudadanía la que evalúe; pero “entidad que no cumpla será aplazada en transparencia”, resaltó su presidenta. Añadió que el documento no necesita de una reglamentación.

Una vez aprobada la normativa, las instituciones públicas tendrán el plazo de un año para crear un portal de transparencia que incluya datos como la hoja de vida de sus funcionarios, la escala salarial, el Plan Operativo Anual y formas de contratación. La propuesta de ley será derivada a una comisión. Cajías recordó que hay un plazo de 15 días para su revisión. Según el presidente de la Comisión de Constitución, Milton Barón, no hay plazos para la aprobación.

Detalles sobre el Contenido

Pago

El solicitante deberá pagar solo el costo del material que origine la reproducción de la información requerida.

Oficial

Se propone el nombramiento de un oficial de información, quien será responsable de velar la entrega de datos y la actualización de éstos de forma permanente.

Formato

Si la institución tiene distintos formatos, el oficial asignado consultará al solicitante cuál de ellos prefiere.

Opiniones sobre la propuesta de la APLP

‘Analizaremos el contenido’: Rolando Villena, defensor del Pueblo

“El acceso a la información pública es un derecho fundamental para la democracia, la transparencia en la gestión estatal y para la rendición de cuentas. Analizaremos su contenido para saber el alcance, el enfoque y orientación, y el contexto en el que se aplica”.

‘Se le dará la mayor celeridad’: Milton Barón, Comisión de Constitución

“Me parece pertinente, de hecho los servidores públicos tenemos la obligación de informar a la ciudadanía; lo público es de todos y el acceso a la información, obviamente, debe ser irrestricto. Si llega a la Comisión de Constitución se dará la mayor celeridad”.

‘Que tenga mejor suerte’: Franz Chávez, Asociación Nacional de la Prensa

“La ANP espera que la iniciativa de la APLP tenga mejor suerte que el truncado proyecto del Ministerio de Transparencia, que adolecía de restricciones, las cuales terminaban por anular el propósito de facilitar el conocimiento ciudadano sobre el accionar de funcionarios”.

APLP presenta proyecto de ley de acceso a información

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) presentará hoy ante la Asamblea Legislativa (ALP) el proyecto de ley sobre Acceso a la Información Pública, cuya característica es garantizar a la ciudadanía el derecho constitucional que le asiste de acceder a la información de instituciones públicas que deben transparentar su información con el principio de apertura y no de secretismo.

Este proyecto de ley tiene el respaldo logístico de la Fundación Konrad Adenauer, según informa el periódico digital Oxigeno.

El proyecto de ley, a entregarse a la Asamblea Legislativa, se elaboró desde el año pasado, con base en un primer anteproyecto de ley, que fue puesto a consideración de representantes de periodistas de todo el país, organismos de control social, expertos y otros, quienes aportaron con ideas y propuestas que fueron recogidas en el documento final.

La línea base del proyecto es el Modelo de Ley de Acceso a la Información que aprobó la Organización de Estados Americanos, después de la experiencia de la implementación de normativas en el continente, sus beneficios y los desafíos que enfrentaron.

El texto pasó el control de calidad constitucional y acorde con la normativa internacional y las convenciones internacionales contra la corrupción y por la transparencia, además de otros documentos que fueron suscritos por Bolivia en sus distintas etapas. Contó con el respaldo de la abogada Susana Peñaranda, quien como diputada fue la primera persona que impulsó una normativa para mejorar la transparencia pública y el control social en 2001.

Esta iniciativa de la APLP se enmarca en el objetivo primordial institucional de lograr garantizar la libertad de prensa, expresión e información que asiste constitucionalmente a los bolivianos y bolivianas dentro de un estado democrático.

El Acceso a la Información Pública es una de las mejores herramientas para prevenir la corrupción y fortalecer la democracia.

NUEVA LEY DEL DEPORTE Montaño: "tenemos que beneficiar al deporte no las entidades"

El ministro de deportes, Tito Montaño, manifestó que ya se tiene todo listo para promulgar la nueva Ley del Deporte, que según explicó está centrada en beneficiar al deporte nacional, y no así a las entidades como las asambleas departamentales y municipales que observaron esta nueva ley.

"Tenemos que privilegiar el deporte no las entidades que conforman asambleas y que el único fin que tienen son cotear el deporte y las decisiones con respecto al desenvolvimiento de los deportistas y también a lo que concierne todo el sistema deportivo nacional", manifestó Montaño.

Aportando a este concepto, afirmó que en esta nueva ley no se toman en cuenta a las asambleas municipales y departamentales, sin embargo señaló que cada departamento y municipio deberá elaborar su propia ley del deporte, obviamente basándose en la ley nacional donde tendrá la tuición de mantener o descartar a las asambleas.

"Tenemos que privilegiar principalmente al trabajo del deportista y eso es lo que ha hecho que en la Ley Nacional del Deporte no se consideran lo que son las asambleas departamentales pero es tuición también tanto de la gobernación como de la alcaldía que en su propia ley quieran incorporar o no a las asambleas", explicó.

Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Municipal del Deporte, Pedro Valda, en entrevista con LA PATRIA, señaló que esta nueva ley es una imposición ya que nunca se tuvo sociabilización con la participación de las entidades deportivas, de esta manera dijo que esta ley estaría "matando" al deporte asociado.

"Lamentablemente el estado con esta norma lo único que está haciendo es anular el sistema de fiscalización que tenían los ciudadanos bolivianos a través de las entidades deportivas, no quiere control social el Estado con esta nueva ley del deporte, es una ley centralista porque a través del Ministerio de Deportes se está centralizando el reconocimiento desde un club hasta una asociación departamental o una federación", manifestó Valda.

Asimismo dijo que una vez que se apruebe la nueva ley del deporte, cumpliendo la ley dijo que disolverán la Asamblea Municipal del Deporte, pese que según explicó el ministro será tuición de cada municipio y departamento que sigan constituidas estas entidades.

"En el marco de la ley de autonomías, en el caso de esta entidad como la asamblea municipal hemos planteado dentro la elaboración de las cartas orgánicas que se reconozca a una entidad que aglutine a las asociaciones, y esto es paradójico porque la Constitución Política del Estado, da el derecho de ser representado, pero en la ley del deporte vulneran este derecho, ahora los gobiernos municipales o departamentales teniendo la ley del deporte que van querer que se creen instituciones que van a fiscalizar será un poco difícil", afirmó.

Cabe destacar que con esta nueva ley del deporte una vez que se ponga en vigencia, se suprimirá a Ley del Deporte 2770 que hasta la fecha está en vigencia.