El proyecto de Ley 007/2015-2016 -aprobado en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados- modifica la Ley 064 y establece nuevas atribuciones y facultades para la Procuraduría General del Estado.
La diputada Mireya Montaño, integrante de dicha Comisión, explicó que la norma “establece que el Procurador va a intervenir en cualquier proceso judicial en el que exista un daño al Estado de siete millones de bolivianos para arriba”.
Agregó que la intervención del Procurador será en los procesos en contra del gobierno nacional o cualquier otro gobierno subnacional.
Además, “el abogado defensor del Estado” podrá intervenir en cualquier juicio ordinario en el que se encuentren afectados los intereses del Estado y la defensa de los recursos del Estado, a pedido expreso del Presidente.
El proyecto normativo también indica que se realice un registro de los juicios que involucra a las instituciones del Estado, así como la inscripción de los abogados que se encuentran en las asesorías legales de las diferentes reparticiones estatales y a niveles de gobierno a escala nacional.
Producción legislativa
En el primer mes de trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se sancionó una ley y otras tres fueron aprobadas: dos en el Senado y una en Diputados.
La Ley sancionada es la que declara a Oruro como Centro Natural de Aguas Termales. Las otras normas, que sólo fueron aprobadas en una instancia legislativa, son de transferencia de predios públicos en Guayaramerín, Tupiza, Mizque y Camargo, señala un informe de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
Todo lo que tienes que saber de las leyes en Bolivia, Leyes estan en la Gaceta Oficial de Bolivia. En este Blog estan desde la Ley 0 hasta 1512 Desde el Decreto 1 hasta 4956
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viernes, 27 de febrero de 2015
miércoles, 25 de febrero de 2015
Notarías ya ofrecen servicios con la nueva ley
Las notarías realizan desde el lunes pasado trámites de divorcios para parejas sin hijos, declaratoria de herederos y autorización de viajes a menores al extranjero y otros procesos, tras la puesta en vigencia plena de la Ley del Notariado.
En Sucre, el Consejo de la Magistratura entregó toda la documentación sobre trámites que tenía en su poder al Consejo Nacional del Notariado que depende del Órgano Ejecutivo.
Los notarios en Cochabamba fueron capacitados y hacen cambios en sus oficinas para atender según establece la nueva norma.
La presidenta de la Asociación de Notarios de Bolivia, Stenka Udaeta, dijo que lo que se pretende es hacer una transición ordenada para evitar que la sociedad no se vea perjudicada y sobre todo “no note este proceso, por lo mismo se ha pedido la colaboración del Consejo de la Magistratura, de los tribunales departamentales de justicia, dirección administrativa y financiera del poder judicial”.
En este marco, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani hizo ayer la entrega a la Dirección Nacional del Notariado de los documentos referidos a los archivos correspondientes a los reconocimientos, los archivos de los notarios de fe pública, la información sobre algunos procesos disciplinarios que se estuvieran llevando a cabo o que ya fueron sancionados.
“A partir de la fecha, la Dirección del Notariado Plurinacional con sus delegados distritales en cada departamento son los que van a asumir las competencias tanto en la venta del formularios, valorados, el control disciplinario, las inspecciones y las autorizaciones”, dijo Udaeta.
En Cochabamba, según la presidenta del Colegio de Notarios, Orieta Alba, la dirección departamental de venta de valorados se encuentra en la plaza 14 de septiembre donde las 66 oficinas notariales podrán adquirir los formularios, carátulas y reconocimientos previa cancelación en una cuenta del Banco Unión.
Alba dijo que los notarios fueron capacitados y está listos para atender a la ciudadanía en los casos que marca la Ley del Notariado, al momento todas están haciendo un proceso de adecuación porque deben contar con tres ambientes: para la recepción, transcripción y archivos; y otra para las audiencias.
Ahora el notario tienen una gama de trámites que podrá realizar según establece la norma; entre ellos está: los divorcios notariales o voluntarios, las autorizaciones de viajes del menor, las legalizaciones de documentos para el exterior, deslinde, amojonamiento, declaratoria de herederos, apertura de testamentos, entre otros.
Este proceso, que inició el lunes, será evaluado en 15 días, con el objetivo de mejorar y optimizar el trabajo, dando soluciones a las dificultades.
La meta de la nueva norma es descongestionar el sistema judicial y acortar los tiempos en este tipo de trámites voluntarios.
En Sucre, el Consejo de la Magistratura entregó toda la documentación sobre trámites que tenía en su poder al Consejo Nacional del Notariado que depende del Órgano Ejecutivo.
Los notarios en Cochabamba fueron capacitados y hacen cambios en sus oficinas para atender según establece la nueva norma.
La presidenta de la Asociación de Notarios de Bolivia, Stenka Udaeta, dijo que lo que se pretende es hacer una transición ordenada para evitar que la sociedad no se vea perjudicada y sobre todo “no note este proceso, por lo mismo se ha pedido la colaboración del Consejo de la Magistratura, de los tribunales departamentales de justicia, dirección administrativa y financiera del poder judicial”.
En este marco, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani hizo ayer la entrega a la Dirección Nacional del Notariado de los documentos referidos a los archivos correspondientes a los reconocimientos, los archivos de los notarios de fe pública, la información sobre algunos procesos disciplinarios que se estuvieran llevando a cabo o que ya fueron sancionados.
“A partir de la fecha, la Dirección del Notariado Plurinacional con sus delegados distritales en cada departamento son los que van a asumir las competencias tanto en la venta del formularios, valorados, el control disciplinario, las inspecciones y las autorizaciones”, dijo Udaeta.
En Cochabamba, según la presidenta del Colegio de Notarios, Orieta Alba, la dirección departamental de venta de valorados se encuentra en la plaza 14 de septiembre donde las 66 oficinas notariales podrán adquirir los formularios, carátulas y reconocimientos previa cancelación en una cuenta del Banco Unión.
Alba dijo que los notarios fueron capacitados y está listos para atender a la ciudadanía en los casos que marca la Ley del Notariado, al momento todas están haciendo un proceso de adecuación porque deben contar con tres ambientes: para la recepción, transcripción y archivos; y otra para las audiencias.
Ahora el notario tienen una gama de trámites que podrá realizar según establece la norma; entre ellos está: los divorcios notariales o voluntarios, las autorizaciones de viajes del menor, las legalizaciones de documentos para el exterior, deslinde, amojonamiento, declaratoria de herederos, apertura de testamentos, entre otros.
Este proceso, que inició el lunes, será evaluado en 15 días, con el objetivo de mejorar y optimizar el trabajo, dando soluciones a las dificultades.
La meta de la nueva norma es descongestionar el sistema judicial y acortar los tiempos en este tipo de trámites voluntarios.
martes, 24 de febrero de 2015
Ley del Notariado entra en vigencia
Desde ayer entró en vigencia la Ley del Notariado, norma que agiliza trámites de divorcios de mutuo acuerdo, autorización de viajes de menores, retención y recuperación de bienes inmuebles, aclaración de límites, partición de herencias y otras diligencias que eran de competencia exclusiva de los juzgados y que a partir de ahora podrán resolverse en las notarías del país informó el senador Efraín Chambi, secretario del Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa.
“Con esta ley que está entrando en vigencia a partir de hoy, los trámites procesales en sede notarial serán más rápidos y económicos, los usuarios no necesitan contratar abogados sino consultar directamente con el notario que tiene la obligación de asesorarlos”, dijo.
Según la nueva norma los divorcios en las notarías sólo proceden cuando hay acuerdo mutuo entre partes, si no hay hijos en común o los hijos son mayores de 25 años; cuando no existen bienes sujetos a registro en Derechos Reales y cuando ambos estén dispuestos a no recibir ningún tipo de asistencia familiar.
“Con esta ley que está entrando en vigencia a partir de hoy, los trámites procesales en sede notarial serán más rápidos y económicos, los usuarios no necesitan contratar abogados sino consultar directamente con el notario que tiene la obligación de asesorarlos”, dijo.
Según la nueva norma los divorcios en las notarías sólo proceden cuando hay acuerdo mutuo entre partes, si no hay hijos en común o los hijos son mayores de 25 años; cuando no existen bienes sujetos a registro en Derechos Reales y cuando ambos estén dispuestos a no recibir ningún tipo de asistencia familiar.
domingo, 22 de febrero de 2015
Proyecto de ley de protección informática
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Nélida Sifuentes, presentó un proyecto de ley para desarrollar la denominada “Nube Soberana”, una plataforma tecnológica para albergar información y servicios estatales para fortalecer la soberanía y seguridad informática del país.
“He presentado a la Cámara de Senadores una ley que declara de prioridad, la creación de una nube soberana sobre el tema de tecnología que se llama Sumaj Wakaycha, como una infraestructura de servicios de información, informáticos, comunicación, almacenamiento y servicios web nacionales”, explicó a los periodistas.
El objetivo es “mejorar los servicios públicos virtuales”, fortaleciendo la soberanía y seguridad informática del Estado boliviano, en la gestión de la información digital de las instituciones estatales y la privacidad de los datos de los usuarios.
El financiamiento de este espacio virtual será con presupuestos concurrentes de todas las instituciones del Estado que usufructúen los servicios de la nube soberana, los montos de aporte serán proporcionales a la capacidad financiera.
La iniciativa tiene respaldo constitucional que establece que el Estado boliviano debe contar con soberanía e independencia tecnológica de las instituciones o empresas del Estado.
“He presentado a la Cámara de Senadores una ley que declara de prioridad, la creación de una nube soberana sobre el tema de tecnología que se llama Sumaj Wakaycha, como una infraestructura de servicios de información, informáticos, comunicación, almacenamiento y servicios web nacionales”, explicó a los periodistas.
El objetivo es “mejorar los servicios públicos virtuales”, fortaleciendo la soberanía y seguridad informática del Estado boliviano, en la gestión de la información digital de las instituciones estatales y la privacidad de los datos de los usuarios.
El financiamiento de este espacio virtual será con presupuestos concurrentes de todas las instituciones del Estado que usufructúen los servicios de la nube soberana, los montos de aporte serán proporcionales a la capacidad financiera.
La iniciativa tiene respaldo constitucional que establece que el Estado boliviano debe contar con soberanía e independencia tecnológica de las instituciones o empresas del Estado.
sábado, 21 de febrero de 2015
Promulgan ley de impuesto a la transmisión de bienes
La gobernadora Ruth Lozada promulgó ayer el Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes (IDTGB) que tiene por objeto gravar la sucesión hereditaria, las donaciones y cualquier otro acto o hecho jurídico por el que se transfiere gratuitamente alguna propiedad inmueble o mueble (casas, autos, otros). Con esta ley la Gobernación de Santa Cruz prevé recaudar cada año más de Bs 18 millones.
"Los recursos que recibe la Gobernación de Santa Cruz son tres veces menos de los que recibe el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces con esta ley se va a ayudar un poco a los programas de salud, vivienda, seguridad ciudadana y salud. El impuesto es 1% para descendientes y cónyuges, 10% para hermanos y 20% otros (legatarios y donatarios gratuitos) sobre el valor que se da de herencia", dijo Lozada.
Los recursos se quedarán en Santa Cruz. Por su parte, José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación, señaló que este impuesto se viene cobrando hace 20 años, pero los recursos se dirigían al nivel central, ahora con la Ley No 90 los recursos se quedarán en el departamento.
"Se ha trabajado dos años para poder tener esta ley, es un impuesto que no es muy alto en tema de recaudación, pero es el primer experimento de creación impositiva, se ha trabajado con el Servicio de Impuestos Nacional y el Servicio Estatal de Economía", dijo Parada.
De acuerdo a los porcentajes establecidos, si un padre de familia deja como herencia su vivienda de $us 100.000 a su hijo, el impuesto es de $us 1.000. Si una persona entrega un terreno de un valor de $us 50.000 a su cónyuge, el valor del impuesto es de $us 500. En el caso de los hermanos, si una persona deja como herencia un vehículo de $us 30.000 a su hermano, se deberá pagar el 10%, es decir, $us 3.000.
En traspaso de bienes sin ningún parentesco familiar, el impuesto se incrementa a un 30%.
"Los recursos que recibe la Gobernación de Santa Cruz son tres veces menos de los que recibe el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces con esta ley se va a ayudar un poco a los programas de salud, vivienda, seguridad ciudadana y salud. El impuesto es 1% para descendientes y cónyuges, 10% para hermanos y 20% otros (legatarios y donatarios gratuitos) sobre el valor que se da de herencia", dijo Lozada.
Los recursos se quedarán en Santa Cruz. Por su parte, José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación, señaló que este impuesto se viene cobrando hace 20 años, pero los recursos se dirigían al nivel central, ahora con la Ley No 90 los recursos se quedarán en el departamento.
"Se ha trabajado dos años para poder tener esta ley, es un impuesto que no es muy alto en tema de recaudación, pero es el primer experimento de creación impositiva, se ha trabajado con el Servicio de Impuestos Nacional y el Servicio Estatal de Economía", dijo Parada.
De acuerdo a los porcentajes establecidos, si un padre de familia deja como herencia su vivienda de $us 100.000 a su hijo, el impuesto es de $us 1.000. Si una persona entrega un terreno de un valor de $us 50.000 a su cónyuge, el valor del impuesto es de $us 500. En el caso de los hermanos, si una persona deja como herencia un vehículo de $us 30.000 a su hermano, se deberá pagar el 10%, es decir, $us 3.000.
En traspaso de bienes sin ningún parentesco familiar, el impuesto se incrementa a un 30%.
viernes, 20 de febrero de 2015
Proyectan crear plataforma tecnológica soberana mediante una ley en Bolivia
La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, presentó hoy un proyecto de Ley para desarrollar la Nube Soberana, una plataforma tecnológica para albergar información y servicios del Estado Plurinacional de Bolivia, con sede en Sucre, esto con el objetivo de fortalecer la soberanía y seguridad informática del país.
La nueva norma busca declarar de prioridad nacional la creación de la nube soberana denominada, preliminarmente, Sumaj Wakaycha, como una infraestructura de servicios de información, informáticos, comunicación, almacenamiento y servicios web nacionales.
“Quiero informar a la población boliviana que hoy he presentado a la Cámara de Senadores una ley que declara de prioridad, la creación de una nube soberana sobre el tema de tecnología que se llama Sumaj Wakaycha”, declaró Sifuentes.
La senadora proyectista, dijo que la iniciativa está enmarcada en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que establecen que el Estado Plurinacional de Bolivia debe tener la soberanía y la independencia tecnológica.
El financiamiento de este espacio virtual será con presupuestos concurrentes de todas las instituciones del Estado que usufructúen los servicios de la nube soberana, los montos de aporte serán proporcionales a la capacidad financiera de las instituciones o empresas del Estado.
Para la implementación de la nube soberana, la propuesta crea la Dirección de Servicios Tecnológicos y Virtualización (DSTV) bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas. El plazo para la operativización del proyecto es hasta dos años, a partir de la promulgación de la ley.
Los principales beneficiarios de la implementación de la nube soberana serán las instituciones, las empresas públicas y los ciudadanos, quienes gestionarán su información o servicios con seguridad, privacidad y alta disponibilidad.
La nueva norma busca declarar de prioridad nacional la creación de la nube soberana denominada, preliminarmente, Sumaj Wakaycha, como una infraestructura de servicios de información, informáticos, comunicación, almacenamiento y servicios web nacionales.
“Quiero informar a la población boliviana que hoy he presentado a la Cámara de Senadores una ley que declara de prioridad, la creación de una nube soberana sobre el tema de tecnología que se llama Sumaj Wakaycha”, declaró Sifuentes.
La senadora proyectista, dijo que la iniciativa está enmarcada en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que establecen que el Estado Plurinacional de Bolivia debe tener la soberanía y la independencia tecnológica.
El financiamiento de este espacio virtual será con presupuestos concurrentes de todas las instituciones del Estado que usufructúen los servicios de la nube soberana, los montos de aporte serán proporcionales a la capacidad financiera de las instituciones o empresas del Estado.
Para la implementación de la nube soberana, la propuesta crea la Dirección de Servicios Tecnológicos y Virtualización (DSTV) bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas. El plazo para la operativización del proyecto es hasta dos años, a partir de la promulgación de la ley.
Los principales beneficiarios de la implementación de la nube soberana serán las instituciones, las empresas públicas y los ciudadanos, quienes gestionarán su información o servicios con seguridad, privacidad y alta disponibilidad.
miércoles, 18 de febrero de 2015
EL SENADO REPONE UN PROYECTO DE LEY PARA VIGILAR A REOS
La aplicación de manillas electrónicas permitirá que las cárceles no estén hacinadas.
La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, informó que solicitó la reposición del proyecto de Ley 013 de Vigilancia Electrónica mediante manillas que beneficiará a los privados de libertad por delitos menores.
La medida debe reemplazar a la detención preventiva.
"El proyecto de ley de alcance nacional es la vigilancia electrónica para las personas privadas de libertad que están en las cárceles bajo detención preventiva y con las manillas electrónicas podrán ser controlados durante ese periodo" de investigación fiscal.
El documento se encuentra en la comisión de Justicia Plural, a cargo del senador Jorge Choque, que además es impulsado por las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los aspectos fundamentales del proyecto. El proyecto contempla que el uso de manillas electrónicas será aplicada como una medida cautelar para reemplazar, en algunos casos, a la detención preventiva.
El objetivo es evitar el hacinamiento en las cárceles.
De acuerdo con el documento, será un juez quien determine la aplicación de una manilla electrónica, en lugar de disponer la detención domiciliaria bajo custodia policial a una persona encausada, con las restricciones que ello implica.
En principio se estima que las manillas funcionarán con una especie de sensores ligados a líneas telefónicas fijas para posteriomente implementar el control satelital, lo que permitirá tener el registro de las personas, saber dónde están y todos los movimientos que realizan.
Los datos del hacinamiento penitenciario. Según Régimen Penitenciario, hay 14.770 privados de libertad en todas las cárceles del país, de quienes el 84 por ciento está bajo detención preventiva.
En algunos centros el hacinamiento supera en más del 300% la capacidad de los penales y este sistema permitirá que algunos recuperen su libertad y no tengan la posibilidad de reincidir.
"Antes de su debate en el pleno del Senado el proyecto de ley será socializado con varias instituciones de la sociedad civil". Nélida Sifuentes - VICEPRESIDENTA DEL SENADO
ENTRE LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO SE ASEGURA LA VIGILANCIA DEL SOSPECHOSO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y DURANTE EL TIEMPO QUE SEÑALE EL JUEZ. NO PODRÁN BENEFICIARSE CON ESTE TIPO DE CONTROL A PERSONAS INVOLUCRADAS EN DELITOS SOCIALES.
14.770 hay en las cárceles de Bolivia en una infraestructura diseñada para 4.880, según el Defensor del Pueblo.
"Con las manillas electrónicas podrán ser controlados durante la investigación fiscal. El sistema se aplicará a nivel nacional". Nélida Sifuentes VICEPRESIDENTA DEL SENADO
La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, informó que solicitó la reposición del proyecto de Ley 013 de Vigilancia Electrónica mediante manillas que beneficiará a los privados de libertad por delitos menores.
La medida debe reemplazar a la detención preventiva.
"El proyecto de ley de alcance nacional es la vigilancia electrónica para las personas privadas de libertad que están en las cárceles bajo detención preventiva y con las manillas electrónicas podrán ser controlados durante ese periodo" de investigación fiscal.
El documento se encuentra en la comisión de Justicia Plural, a cargo del senador Jorge Choque, que además es impulsado por las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los aspectos fundamentales del proyecto. El proyecto contempla que el uso de manillas electrónicas será aplicada como una medida cautelar para reemplazar, en algunos casos, a la detención preventiva.
El objetivo es evitar el hacinamiento en las cárceles.
De acuerdo con el documento, será un juez quien determine la aplicación de una manilla electrónica, en lugar de disponer la detención domiciliaria bajo custodia policial a una persona encausada, con las restricciones que ello implica.
En principio se estima que las manillas funcionarán con una especie de sensores ligados a líneas telefónicas fijas para posteriomente implementar el control satelital, lo que permitirá tener el registro de las personas, saber dónde están y todos los movimientos que realizan.
Los datos del hacinamiento penitenciario. Según Régimen Penitenciario, hay 14.770 privados de libertad en todas las cárceles del país, de quienes el 84 por ciento está bajo detención preventiva.
En algunos centros el hacinamiento supera en más del 300% la capacidad de los penales y este sistema permitirá que algunos recuperen su libertad y no tengan la posibilidad de reincidir.
"Antes de su debate en el pleno del Senado el proyecto de ley será socializado con varias instituciones de la sociedad civil". Nélida Sifuentes - VICEPRESIDENTA DEL SENADO
ENTRE LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO SE ASEGURA LA VIGILANCIA DEL SOSPECHOSO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y DURANTE EL TIEMPO QUE SEÑALE EL JUEZ. NO PODRÁN BENEFICIARSE CON ESTE TIPO DE CONTROL A PERSONAS INVOLUCRADAS EN DELITOS SOCIALES.
14.770 hay en las cárceles de Bolivia en una infraestructura diseñada para 4.880, según el Defensor del Pueblo.
"Con las manillas electrónicas podrán ser controlados durante la investigación fiscal. El sistema se aplicará a nivel nacional". Nélida Sifuentes VICEPRESIDENTA DEL SENADO
martes, 10 de febrero de 2015
Morales promulga Ley para expropiar balneario Obrajes
El presidente Evo Morales promulgó el lunes por la tarde una Ley que autoriza la expropiaciónn de las aguas termales de Obrajes, en el departamento de Oruro, para evitar un saqueo de los recursos hídricos de esa región y para darles utilidad pública.
"En una reunión nos ha explicado las reivindicaciones del departamento, una linda investigación sobre las aguas termales de obrajes. Yo no sabía que había un saqueo en proporción y por eso hemos decidido estatizar Obrajes para el departamento y para Bolivia", explicó en la Sesión de Honor, que se realizó en la Gobernación para celebrar el 234 aniversario del grito libertario de esa región.
En esa línea, Morales promulgó la ley que autoriza "la expropiación del área de Obrajes estableciendo el procedimiento para ese efecto".
La norma instruye a los ministerios de Salud y Culturas "identificar las potencialidades de las aguas termales, minerales y medicinales de Obrajes, así como la elaboración de un proyecto final para su uso tradicional terapéutico, medicinal turístico y recreacional".
El Presidente boliviano dijo que esa investigación se debe realizar en coordinación con las entidades territoriales autónomas del departamento de Oruro.
En Obrajes, a 52 kilómetros de la ciudad de Oruro, se encuentra un complejo turístico del mismo nombre, con una piscina de aguas termales, pozas familiares e individuales que permiten sesiones de terapia con esas aguas consideradas curativas.
Por otra parte, el Jefe de Estado comprometió la construcción de carreteras de doble vía, entre ellas, Oruro-Caracollo, Oruro-Pazña y Oruro-Pisiga.
"Va a ser tan importante porque hay un crecimiento tan importante en términos de exportación y comercio", sustentó.
En cuanto a la minería, Morales anunció la construcción de una planta fundidora de zinc, que contará con un nuevo horno Ausmelt, proyecto que dijo ya tiene estudio a diseño final.
"Lo más importante va a ser garantizar recursos económicos para el proyecto", remarcó.
Finalmente, informó que para el sector productivo, se concretará la construcción de un silo en la localidad de Caracollo, mientras en el sector energético se construirá una planta fotovoltaica en la ciudad de Oruro, para generar 20 megavatios de energía eléctrica.
"En una reunión nos ha explicado las reivindicaciones del departamento, una linda investigación sobre las aguas termales de obrajes. Yo no sabía que había un saqueo en proporción y por eso hemos decidido estatizar Obrajes para el departamento y para Bolivia", explicó en la Sesión de Honor, que se realizó en la Gobernación para celebrar el 234 aniversario del grito libertario de esa región.
En esa línea, Morales promulgó la ley que autoriza "la expropiación del área de Obrajes estableciendo el procedimiento para ese efecto".
La norma instruye a los ministerios de Salud y Culturas "identificar las potencialidades de las aguas termales, minerales y medicinales de Obrajes, así como la elaboración de un proyecto final para su uso tradicional terapéutico, medicinal turístico y recreacional".
El Presidente boliviano dijo que esa investigación se debe realizar en coordinación con las entidades territoriales autónomas del departamento de Oruro.
En Obrajes, a 52 kilómetros de la ciudad de Oruro, se encuentra un complejo turístico del mismo nombre, con una piscina de aguas termales, pozas familiares e individuales que permiten sesiones de terapia con esas aguas consideradas curativas.
Por otra parte, el Jefe de Estado comprometió la construcción de carreteras de doble vía, entre ellas, Oruro-Caracollo, Oruro-Pazña y Oruro-Pisiga.
"Va a ser tan importante porque hay un crecimiento tan importante en términos de exportación y comercio", sustentó.
En cuanto a la minería, Morales anunció la construcción de una planta fundidora de zinc, que contará con un nuevo horno Ausmelt, proyecto que dijo ya tiene estudio a diseño final.
"Lo más importante va a ser garantizar recursos económicos para el proyecto", remarcó.
Finalmente, informó que para el sector productivo, se concretará la construcción de un silo en la localidad de Caracollo, mientras en el sector energético se construirá una planta fotovoltaica en la ciudad de Oruro, para generar 20 megavatios de energía eléctrica.
lunes, 9 de febrero de 2015
CPE de Bolivia es modelo en la región y Latinoamérica
A seis años de su promulgación, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se transformó en una ley fundamental modelo no sólo de Sudamérica, sino de Latinoamérica, así lo reconoció ayer la expresidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte.
Entre las principales características que valieron dicha inscripción en el contexto internacional están sus principios, especialmente el que se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación.
Dicho principio se complementa con el bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien.
“Para mí y para quienes contribuimos con un granito de arena en la construcción de la nueva Constitución Política del Estado, que nos garantiza la refundación de Bolivia, creo que es motivo de orgullo, ya que trabajamos por el engrandecimiento de nuestra Patria, y los resultados en su corto tiempo de vida —seis años— no se dejaron esperar, son favorables y con un reconocimiento internacional”, apuntó la exautoridad.
Valores morales
Al margen de los principios fundamentales, Lazarte destacó los valores ético-morales de la sociedad plural que fueron considerados y aprobados en la Cumbre del G77 más China, realizada en Santa Cruz en 2014, siendo estos: el ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso), ama quilla (no seas flojo) y el suma qamaña (vivir bien).
“No podemos olvidar la soberanía que reside en el pueblo boliviano, se ejerce de manera directa y delegada. Además, constituye una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidad las identidades plurinacionales”, remarcó Lazarte.
Nostálgica y con vos entrecortada, la entrevistada recordó que la Asamblea Constituyente empezó a sesionar el 6 de agosto de 2006 en Sucre, con el propósito de redactar una nueva Constitución.
Tras sortear un cúmulo de adversidades, finalmente la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política en la ciudad de Oruro el 10 de diciembre de 2007.
Posterior a ella, se la puso a un referéndum constitucional, y la nueva CPE entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, a poco de ser promulgada en la ciudad de El Alto.
“Aprobar la nueva CPE fue un hecho histórico porque batallamos contra 16 organizaciones políticas de tendencia neoliberal. Me costó creer que habíamos logrado nuestro objetivo, de darle a Bolivia una nueva Ley de Leyes actualizada”, puntualizó.
Explicó que aymaras, quechuas, tupiguaraníes, entre otros sectores, se unieron en un abrazo, ya que se tenía una nación conformada por la totalidad de los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
“Habíamos fundado una Bolivia en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador de país”, aseveró.
Nacionalización
Para Lazarte, quien tras ese logró retornó a sus labores habituales de agricultura, la nueva CPE contribuye al vivir bien de los bolivianos, ya que profundizó el proceso constitucional de la nacionalización de los hidrocarburos.
“Gracias a la conciencia del pueblo boliviano aprobamos en la CPE lo concerniente a la nacionalización de nuestros hidrocarburos”, prosiguió.
Aclaró que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo”.
Servicios básicos
Otro de los hechos trascendentales en el cuerpo de la Ley Fundamental de Bolivia es el referido a los servicios básicos, y que a partir de su promulgación la nueva CPE los reconoce como un derecho fundamental.
“En el punto del agua nuestro texto constitucional es sabio, ya que establece que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo”, insistió a tiempo de reconocer que su aprobación mereció una acalorada discusión en el interior de la Asamblea Constituyente..
Medioambiente
En esa misma línea, la expresidenta de la Asamblea Constituyente señaló que otra razón que mereció la atención de otros países de Sudamérica y otros continentes es la relacionada con el medioambiente y la Madre Tierra.
“A nivel internacional, en conferencias, foros, y otros, nuestro presidente Evo Morales siempre se refirió al cuidado de la Madre Tierra, ya que para nuestra CPE es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medioambiente.
Coincidente con el exdiputado Medina, en sentido de que esta CPE terminó con la Bolivia neoliberal e instauró una revolución democrática y cultural y que hoy en día posibilita el suma qamaña, Lazarte se convirtió en parte de la historia boliviana, ya que gracias a su lucha se estableció la incorporación de la mujer en la vida social y política de Bolivia.
“Antes en el país nadie quería saber nada de la mujer, a partir de la asunción de nuestro presidente Morales el respecto a la mujer creció ostensiblemente en el país y fuera de sus fronteras”, concluyó.
Entre las principales características que valieron dicha inscripción en el contexto internacional están sus principios, especialmente el que se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación.
Dicho principio se complementa con el bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien.
“Para mí y para quienes contribuimos con un granito de arena en la construcción de la nueva Constitución Política del Estado, que nos garantiza la refundación de Bolivia, creo que es motivo de orgullo, ya que trabajamos por el engrandecimiento de nuestra Patria, y los resultados en su corto tiempo de vida —seis años— no se dejaron esperar, son favorables y con un reconocimiento internacional”, apuntó la exautoridad.
Valores morales
Al margen de los principios fundamentales, Lazarte destacó los valores ético-morales de la sociedad plural que fueron considerados y aprobados en la Cumbre del G77 más China, realizada en Santa Cruz en 2014, siendo estos: el ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso), ama quilla (no seas flojo) y el suma qamaña (vivir bien).
“No podemos olvidar la soberanía que reside en el pueblo boliviano, se ejerce de manera directa y delegada. Además, constituye una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidad las identidades plurinacionales”, remarcó Lazarte.
Nostálgica y con vos entrecortada, la entrevistada recordó que la Asamblea Constituyente empezó a sesionar el 6 de agosto de 2006 en Sucre, con el propósito de redactar una nueva Constitución.
Tras sortear un cúmulo de adversidades, finalmente la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política en la ciudad de Oruro el 10 de diciembre de 2007.
Posterior a ella, se la puso a un referéndum constitucional, y la nueva CPE entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, a poco de ser promulgada en la ciudad de El Alto.
“Aprobar la nueva CPE fue un hecho histórico porque batallamos contra 16 organizaciones políticas de tendencia neoliberal. Me costó creer que habíamos logrado nuestro objetivo, de darle a Bolivia una nueva Ley de Leyes actualizada”, puntualizó.
Explicó que aymaras, quechuas, tupiguaraníes, entre otros sectores, se unieron en un abrazo, ya que se tenía una nación conformada por la totalidad de los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
“Habíamos fundado una Bolivia en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador de país”, aseveró.
Nacionalización
Para Lazarte, quien tras ese logró retornó a sus labores habituales de agricultura, la nueva CPE contribuye al vivir bien de los bolivianos, ya que profundizó el proceso constitucional de la nacionalización de los hidrocarburos.
“Gracias a la conciencia del pueblo boliviano aprobamos en la CPE lo concerniente a la nacionalización de nuestros hidrocarburos”, prosiguió.
Aclaró que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo”.
Servicios básicos
Otro de los hechos trascendentales en el cuerpo de la Ley Fundamental de Bolivia es el referido a los servicios básicos, y que a partir de su promulgación la nueva CPE los reconoce como un derecho fundamental.
“En el punto del agua nuestro texto constitucional es sabio, ya que establece que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo”, insistió a tiempo de reconocer que su aprobación mereció una acalorada discusión en el interior de la Asamblea Constituyente..
Medioambiente
En esa misma línea, la expresidenta de la Asamblea Constituyente señaló que otra razón que mereció la atención de otros países de Sudamérica y otros continentes es la relacionada con el medioambiente y la Madre Tierra.
“A nivel internacional, en conferencias, foros, y otros, nuestro presidente Evo Morales siempre se refirió al cuidado de la Madre Tierra, ya que para nuestra CPE es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medioambiente.
Coincidente con el exdiputado Medina, en sentido de que esta CPE terminó con la Bolivia neoliberal e instauró una revolución democrática y cultural y que hoy en día posibilita el suma qamaña, Lazarte se convirtió en parte de la historia boliviana, ya que gracias a su lucha se estableció la incorporación de la mujer en la vida social y política de Bolivia.
“Antes en el país nadie quería saber nada de la mujer, a partir de la asunción de nuestro presidente Morales el respecto a la mujer creció ostensiblemente en el país y fuera de sus fronteras”, concluyó.
domingo, 8 de febrero de 2015
Ley 070 ignora condiciones técnico pedagógicas
Dentro de la Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez no se toman en cuenta las condiciones técnico pedagógicas para el aprendizaje. Esa fue una de las conclusiones a las que se llegó en el programa Estamos a tiempo. “Estamos entrando a una situación de cambio profundo de ciencia y tecnología, para lo cual nuestros estudiantes no están siendo preparados”, advirtió Édgar Cadima, máster en Educación y Desarrollo.
Agregó que, desde el punto de vista educativo, no es suficiente distribuir computadoras sin base de ciencia y de tecnología para que sean utilizadas adecuadamente. Por eso, para él esta política educativa es parte de una improvisación.
Por su parte, Eduardo González, exdirector de la Comisión Episcopal de Educación, señaló que esa crítica que va en la línea de improvisación no tiene asidero, ya que “hay un acumulado histórico que es resultado de estas búsquedas en eventos nacionales pedagógicos. Los compañeros conocen los procesos y resultados”.
Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial, expresó que la educación va de la mano del proceso de cambio. Por eso, 140.000 computadoras fueron entregadas a los estudiantes y habrá otras 140.000 con la plataforma en el esquema de la malla.
Además de eso, “127.000 computadoras fueron entregadas a los maestros que ya están trabajando en el sitio web www.innovabolivia.bo, en el que hay redes de maestros haciendo educación por internet”. Estamos a tiempo es una iniciativa de La Razón, el Instituto Prisma y Cadena A. Se emite los sábados a las 16.30 y los domingos a las 23.00.
sábado, 7 de febrero de 2015
A 6 años de la CPE, aún faltan leyes para su vigencia plena
Un día como hoy entró en vigencia la “nueva” Constitución Política del Estado (CPE). A seis años de su promulgación aún hay normas pendientes que impiden una eficaz y plena vigencia de la máxima ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Aquella mañana, miles de representantes de sectores sociales de Bolivia y la ciudadanía que se concentraron desde tempranas horas en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto, fueron testigos del histórico evento. Los presentes ese día, juraron defender la flamante Carta Magna.
El vicepresidente Álvaro García enfatizó que, a pesar todo, “vale la pena defender (la Constitución), luchar por ella va a valer la pena, si es necesario entregar la vida para defender su vigencia y su aplicación”. Empero, la Asamblea no priorizó el tratamiento de normativas procedimentales e incluso orgánicas, como la ley sobre la cual se debe regir el propio Órgano Legislativo. Así lo admite el diputado Javier Zabaleta, del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Falta el trabajo de detalles que en algunos casos son leyes muy específicas de temas muy concretos o en algunos casos, del Ejecutivo”.
Aunque precisó que los lineamientos generales que “mandaba” la nueva Constitución “han sido ya cumplidos”. Criterio que es rebatido por el exconstituyente del extinto Poder Democrático Social (Podemos) Gilbert Méndez, quien consideró que solo un 30% del total de los mandatos se han llegado a aplicar efectivamente. “Existen candados que impiden su total aplicación, los del MAS están pagando por sus propios errores”, sostuvo.
Un artículo publicado por el expresidente Carlos Mesa en el diario español El País reseña que “las dos incorporaciones fundamentales del texto ganador son la inclusión explícita de los derechos de los indígenas (aproximadamente el 45% del total de la población de Bolivia) y la incorporación de las autonomías, tomadas en términos generales del modelo español”.
Periplo. Esos fueron los logros de la iniciativa que le fue encomendada al presidente Evo Morales y que el producto de la denominada “agenda de octubre”, que surgió tras los hechos luctuosos de 2003. Así, había caído el “viejo” sistema de partidos y se allanaba el camino para la refundación del país como Estado Plurinacional.
“Aquí estamos sus hijos para garantizar la segunda independencia, la verdadera liberación”, afirmó el Jefe del Estado ese día cuando además convocó a la “‘reconciliación’, aunque contradictoriamente atacó a la oposición política y regional”, reseña una crónica de La Razón del 8 de febrero.
Los cambios fueron trascendentales. El nuevo Estado dejaba de ser católico para convertirse en laico, por ejemplo. En economía, según Mesa, es la más estatista de la historia boliviana, más que la que emanó de la revolución nacionalista de 1952, estableciendo preeminencia casi total del Estado en la economía y dándole un papel muy secundario a la iniciativa privada.
El texto constitucional fue redactado por el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Constituyente. La oposición abandonó el foro por los conflictos derivados por la capitalidad y las autonomías. En Sucre se produjeron tres muertos y decenas de heridos durante su redacción. Méndez recuerda que en su aprobación en Oruro, unos 13 colegas suyos fueron impedidos de participar del acto final. “No fue consensuada”, lamentó.
El nuevo estado y su ley de leyes
Artículos
La Constitución tiene 411 artículos; 177 más de la que se derogó.
Consulta
La norma fue aprobada con el 61,43% de votos por el “sí” en un referéndum que se realizó el 25 de enero de 2009. El 38,57% reprobó la Carta.
viernes, 6 de febrero de 2015
Bolivia necesita una ley que sancione delitos cibernéticos
Modernizar el Código Penal e incorporar una tipificación jurídica penal para sancionar estas transgresiones, son las propuestas del senadore por el departamento de Santa Cruz, Carlos Romero, para hacer frente a los recientes ataques cibernéticos de "hackers" en contra de páginas web bolivianas.
"Los delitos informáticos no están regulados en nuestro ordenamiento jurídico lamentablemente, hace falta modernizar el Código Penal e incorporar una tipificación jurídico penal, referida a los delitos informáticos, no solamente en este tema del hackeo que se pueda producir a determinadas comunicaciones virtuales, sino también otras modalidades", manifestó.
Asimismo, Romero califica a estos ataques como "peligrosos" para el país e instó hacer una investigación sobre el tema ya que es nuevo para el país, pero que el en ámbito internacional ya es conocido, por eso sugiere recoger experiencias de otros lugares que pasaron por los mismos abusos.
"Yo creo que hay que hacer una investigación muy rigurosa para que el Estado se dote de algunos dispositivos técnicos que le permitan también tener seguridad en este ámbito", concluyó.
Durante el mes de enero, páginas web bolivianas de instituciones oficiales vienen sufriendo el "hackeo" o bloqueo informático en sus cuentas a manos de un grupo de "hackers" o piratas cibernéticos supuestamente chilenos, mismos que dejan una foto de la bandera chilena y mensajes referidos al pedido de mar para Bolivia.
"Los delitos informáticos no están regulados en nuestro ordenamiento jurídico lamentablemente, hace falta modernizar el Código Penal e incorporar una tipificación jurídico penal, referida a los delitos informáticos, no solamente en este tema del hackeo que se pueda producir a determinadas comunicaciones virtuales, sino también otras modalidades", manifestó.
Asimismo, Romero califica a estos ataques como "peligrosos" para el país e instó hacer una investigación sobre el tema ya que es nuevo para el país, pero que el en ámbito internacional ya es conocido, por eso sugiere recoger experiencias de otros lugares que pasaron por los mismos abusos.
"Yo creo que hay que hacer una investigación muy rigurosa para que el Estado se dote de algunos dispositivos técnicos que le permitan también tener seguridad en este ámbito", concluyó.
Durante el mes de enero, páginas web bolivianas de instituciones oficiales vienen sufriendo el "hackeo" o bloqueo informático en sus cuentas a manos de un grupo de "hackers" o piratas cibernéticos supuestamente chilenos, mismos que dejan una foto de la bandera chilena y mensajes referidos al pedido de mar para Bolivia.
Ley pretendía expropiar áreas protegidas del Sajama
El proyecto de Ley 003/2015 que declara al departamento de Oruro “Centro Natural de Aguas Termales”, aprobado la madrugada de ayer en diputados, iba en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) ya que pretendían afectar a por lo menos 19 pueblos indígenas, sin previa consulta.
Pese a las correcciones la nueva norma genera inseguridad jurídica ya que esa área estaba administrada por privados y ahora pasará a control del Estado, denunció la presidente de la bancada de UD, Jimena Costa.
David Crispín Espinoza, ex Mallku de Karangas (Oruro), en declaraciones a Radio Panamericana, señaló que de acuerdo a los artículos tercero y cuarto del Proyecto de Ley se estaría expropiando de manera general las aguas termales del departamento, mismas que incluyen las del área protegida del parque Nacional Sajama
“La declaración a Oruro como Centro Natural de Aguas Termales, en su artículo tercero y cuarto se resume que estarían expropiando en favor del Gobierno central de manera general, entonces automáticamente estarían expropiando las aguas termales que están dentro el área protegida del Parque Nacional Sajama”, afirmó.
Asimismo, aclaró que esas áreas son usadas de manera comunitaria con algunos emprendimientos económicos de manera privada. “Estas aguas termales son un bien turístico que nos genera recursos económicos adicionales para poder llevar el pan a nuestras familias”, añadió.
Por su parte, Costa explicó que en una primera instancia el proyecto de ley iba en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) ya que no solamente se estaba hablando de un procedimiento de expropiación que vulnera los derechos y el debido proceso sino que además no estaba acorde a los derechos de los pueblos indígenas.
Refirió que se modificó el artículo 3, que en inicio declaraba reserva fiscal en todo el departamento de Oruro y debido a las observaciones de UD el nuevo proyecto de ley habla solamente de la expropiación de obrajes.
La expropiación, dijo, tiene una serie de vicios que van en contra del proceso porque se plantea un procedimiento distinto del que ya está contemplado para zonas agrarias como la Ley Inra o de los gobiernos municipales.
“La finalidad de la expropiación sería que nuevamente se fortalezca el estatismo y el nivel central del Estado tome el control de una iniciativa privada de turismo que funcionaba muy bien en Oruro, esto está generando inseguridad jurídica porque todos aquellos privados que invierten para el turismo en iniciativas particulares se quedan con el problema de que en cualquier momento el Estado bolivianos les puede nacionalizar”, lamentó.
Manifestó que de aprobarse el proyecto tal cual fue presentado, habría afectado a 19 pueblos de las provincias Sebastián Pagador, Avaroa, Sajama y Sayari de los 66 existentes en Oruro.
“De los 66 pueblos que existen 19 podrían ser afectados, se está decidiendo que el nivel central utilice las aguas termales sin haber aplicado la consulta previa a los pueblos indígenas y en su territorio, eso lo han corregido por las observaciones que hemos hecho por escrito”, afirmó.
El proyecto de ley fue planteado por la Comisión de Planificación, representado por su Presidente, el decano diputado Javier Zabaleta del oficialismo, de quien Costa lamentó que no haya tenido cuidado en la redacción ya que tuvo que ser modificada en su integridad por la cantidad de contradicciones e inconstitucionalidad.
Consultada sobre su posición de siempre contrariar al oficialismo por ser oposición acotó que tienen la obligación de garantizar que esta asamblea respete la CPE y la leyes. “No se trata de oponerse a la Ley, no tenemos ningún problema en que se declare Patrimonio Natural al departamento de Oruro, pero que se lo haga bajo el cumplimiento a la CPE”, agregó.
Pese a las correcciones la nueva norma genera inseguridad jurídica ya que esa área estaba administrada por privados y ahora pasará a control del Estado, denunció la presidente de la bancada de UD, Jimena Costa.
David Crispín Espinoza, ex Mallku de Karangas (Oruro), en declaraciones a Radio Panamericana, señaló que de acuerdo a los artículos tercero y cuarto del Proyecto de Ley se estaría expropiando de manera general las aguas termales del departamento, mismas que incluyen las del área protegida del parque Nacional Sajama
“La declaración a Oruro como Centro Natural de Aguas Termales, en su artículo tercero y cuarto se resume que estarían expropiando en favor del Gobierno central de manera general, entonces automáticamente estarían expropiando las aguas termales que están dentro el área protegida del Parque Nacional Sajama”, afirmó.
Asimismo, aclaró que esas áreas son usadas de manera comunitaria con algunos emprendimientos económicos de manera privada. “Estas aguas termales son un bien turístico que nos genera recursos económicos adicionales para poder llevar el pan a nuestras familias”, añadió.
Por su parte, Costa explicó que en una primera instancia el proyecto de ley iba en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) ya que no solamente se estaba hablando de un procedimiento de expropiación que vulnera los derechos y el debido proceso sino que además no estaba acorde a los derechos de los pueblos indígenas.
Refirió que se modificó el artículo 3, que en inicio declaraba reserva fiscal en todo el departamento de Oruro y debido a las observaciones de UD el nuevo proyecto de ley habla solamente de la expropiación de obrajes.
La expropiación, dijo, tiene una serie de vicios que van en contra del proceso porque se plantea un procedimiento distinto del que ya está contemplado para zonas agrarias como la Ley Inra o de los gobiernos municipales.
“La finalidad de la expropiación sería que nuevamente se fortalezca el estatismo y el nivel central del Estado tome el control de una iniciativa privada de turismo que funcionaba muy bien en Oruro, esto está generando inseguridad jurídica porque todos aquellos privados que invierten para el turismo en iniciativas particulares se quedan con el problema de que en cualquier momento el Estado bolivianos les puede nacionalizar”, lamentó.
Manifestó que de aprobarse el proyecto tal cual fue presentado, habría afectado a 19 pueblos de las provincias Sebastián Pagador, Avaroa, Sajama y Sayari de los 66 existentes en Oruro.
“De los 66 pueblos que existen 19 podrían ser afectados, se está decidiendo que el nivel central utilice las aguas termales sin haber aplicado la consulta previa a los pueblos indígenas y en su territorio, eso lo han corregido por las observaciones que hemos hecho por escrito”, afirmó.
El proyecto de ley fue planteado por la Comisión de Planificación, representado por su Presidente, el decano diputado Javier Zabaleta del oficialismo, de quien Costa lamentó que no haya tenido cuidado en la redacción ya que tuvo que ser modificada en su integridad por la cantidad de contradicciones e inconstitucionalidad.
Consultada sobre su posición de siempre contrariar al oficialismo por ser oposición acotó que tienen la obligación de garantizar que esta asamblea respete la CPE y la leyes. “No se trata de oponerse a la Ley, no tenemos ningún problema en que se declare Patrimonio Natural al departamento de Oruro, pero que se lo haga bajo el cumplimiento a la CPE”, agregó.
jueves, 5 de febrero de 2015
Cochabamba Asamblea aprobó 104 leyes de servicios y salud en el último año
Leyes que beneficiaron a las 16 provincias con proyectos de agua, salud, educación y otros servicios se aprobaron en el último año de gestión de la Asamblea Legislativa Departamental, que rindió cuentas públicas ante las organizaciones sociales, ayer.
Los asambleístas informaron que, en 2014, aprobaron 104 leyes y 155 resoluciones departamentales.
Dentro de estas normas están proyectos como Mi Agua 1, 2 y 3, además de obras de infraestructura para salud y educación, informó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Adolfo Arispe.
EJECUCIÓN La ejecución presupuestada para la gestión pasada fue de 10.875.248 bolivianos, de los cuales se ejecutaron 10.784.824.25, es decir el 99.17 por ciento de los recursos.
Arispe reconoció que uno de los trabajos más difíciles de la gestión fue conseguir la aprobación de los Estatutos Autonómicos, tarea que estuvo a cargo de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Recordó que el documento no pudo ser remitido debido a los cambios constantes de los magistrados relatores.
“Gracias a la insistencia que hemos tenido esta semana se nos ha entregado el documento. Ahora, debe pasar a otro proceso para realizar la consulta”, dijo.
Entre otros logros está la refacción de las instalaciones del ente legislativo para los futuros asambleístas, que comenzarán su trabajo en junio.
Los asambleístas informaron que, en 2014, aprobaron 104 leyes y 155 resoluciones departamentales.
Dentro de estas normas están proyectos como Mi Agua 1, 2 y 3, además de obras de infraestructura para salud y educación, informó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Adolfo Arispe.
EJECUCIÓN La ejecución presupuestada para la gestión pasada fue de 10.875.248 bolivianos, de los cuales se ejecutaron 10.784.824.25, es decir el 99.17 por ciento de los recursos.
Arispe reconoció que uno de los trabajos más difíciles de la gestión fue conseguir la aprobación de los Estatutos Autonómicos, tarea que estuvo a cargo de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Recordó que el documento no pudo ser remitido debido a los cambios constantes de los magistrados relatores.
“Gracias a la insistencia que hemos tenido esta semana se nos ha entregado el documento. Ahora, debe pasar a otro proceso para realizar la consulta”, dijo.
Entre otros logros está la refacción de las instalaciones del ente legislativo para los futuros asambleístas, que comenzarán su trabajo en junio.
martes, 3 de febrero de 2015
Defensoría pide al Legislativo acelerar tratamiento le la ley para sancionar la negligencia médica
La Defensoría del Pueblo pidió a la Asamblea Legislativa acelerar el tratamiento de una ley especial para sancionar todo acto de negligencia médica y comprometió brindar el respaldo y seguimiento necesario a las víctimas de esa problemática y sus familiares.
“Vamos a realizar el seguimiento que consideremos pertinente a los casos que se denuncien, velando por los derechos de las víctimas y sus familiares que merecen ser protegidos y resguardados de cualquier acción que vulnere sus derechos”, anuncia la institución en un comunicado.
La exdiputada Betty Tejada impulsó un proyecto de ley para sancionar la negligencia médica, el mismo que no prosperó en la pasada legislatura debido a varios factores, entre ellos el rechazo de galenos.
“Pedimos al Órgano Legislativo, a través de sus instancias correspondientes, que acelere el tratamiento de una ley especial, que implemente políticas claras para prevenir, investigar y sancionar todo acto de negligencia profesional en el ámbito de la salud, especialmente aquellos que tienen resultados irreversibles como la muerte o la discapacidad permanente”, exigió la institución.
Además recordó que la prestación de servicios debe ser “con calidad y calidez, aplicando el máximo cuidado en los tratamientos, sin olvidar que su trabajo implica proteger la vida, la integridad y la salud de las personas que se encuentran en indefensión y que tienen los derechos legales y constitucionales a recibir el máximo cuidado y protección”.
“Vamos a realizar el seguimiento que consideremos pertinente a los casos que se denuncien, velando por los derechos de las víctimas y sus familiares que merecen ser protegidos y resguardados de cualquier acción que vulnere sus derechos”, anuncia la institución en un comunicado.
La exdiputada Betty Tejada impulsó un proyecto de ley para sancionar la negligencia médica, el mismo que no prosperó en la pasada legislatura debido a varios factores, entre ellos el rechazo de galenos.
“Pedimos al Órgano Legislativo, a través de sus instancias correspondientes, que acelere el tratamiento de una ley especial, que implemente políticas claras para prevenir, investigar y sancionar todo acto de negligencia profesional en el ámbito de la salud, especialmente aquellos que tienen resultados irreversibles como la muerte o la discapacidad permanente”, exigió la institución.
Además recordó que la prestación de servicios debe ser “con calidad y calidez, aplicando el máximo cuidado en los tratamientos, sin olvidar que su trabajo implica proteger la vida, la integridad y la salud de las personas que se encuentran en indefensión y que tienen los derechos legales y constitucionales a recibir el máximo cuidado y protección”.
Ley contra empresas que dañan al Estado
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, manifestó que urge la creación de un Banco de Datos de empresas y personas que hayan causado daño económico al Estado con el fin de evitar posibles contrataciones.
Asimismo, abrió la posibilidad de que en los próximos días sea convocada la Asamblea Legislativa Plurinacional, para conformar una comisión mixta encargada de continuar las investigaciones sobre el proceso de privatización y capitalización en el país, sobre la base del trabajo que realizó la del pasado Período Legislativo 2010-2014.
La pasada gestión, la Cámara Alta presentó una lista de proyectos de ley que quedaron pendientes para coordinar con el Órgano Ejecutivo el 2015. Estos anteproyectos, fueron trabajados por la Cámara de Senadores y Diputados en coordinación con el Órgano Ejecutivo y Organizaciones Sociales, entre ellos figura la Ley de Creación de un Banco de Datos de empresas que hayan afectado el interés del Estado.
En ese marco, Zabaleta señaló que es vital tratar esa ley porque hay muchas empresas que son sancionadas en un municipio y vuelven a ser contratadas en otras instituciones como gobernaciones, pese a que incumplieron con el Estado.
“Hay empresas que han incumplido con el Estado, le han generado daño al Estado pero al no haber una norma clara de este tipo, terminan siendo re contratadas y terminan trabajando más allá de sus sanciones. Yo creo que tienen que haber en el Estado una base de datos de este tipo de personas y empresas pero no tenemos claro que año se aprobaría”, aclaró.
Asimismo, abrió la posibilidad de que en los próximos días sea convocada la Asamblea Legislativa Plurinacional, para conformar una comisión mixta encargada de continuar las investigaciones sobre el proceso de privatización y capitalización en el país, sobre la base del trabajo que realizó la del pasado Período Legislativo 2010-2014.
La pasada gestión, la Cámara Alta presentó una lista de proyectos de ley que quedaron pendientes para coordinar con el Órgano Ejecutivo el 2015. Estos anteproyectos, fueron trabajados por la Cámara de Senadores y Diputados en coordinación con el Órgano Ejecutivo y Organizaciones Sociales, entre ellos figura la Ley de Creación de un Banco de Datos de empresas que hayan afectado el interés del Estado.
En ese marco, Zabaleta señaló que es vital tratar esa ley porque hay muchas empresas que son sancionadas en un municipio y vuelven a ser contratadas en otras instituciones como gobernaciones, pese a que incumplieron con el Estado.
“Hay empresas que han incumplido con el Estado, le han generado daño al Estado pero al no haber una norma clara de este tipo, terminan siendo re contratadas y terminan trabajando más allá de sus sanciones. Yo creo que tienen que haber en el Estado una base de datos de este tipo de personas y empresas pero no tenemos claro que año se aprobaría”, aclaró.