El Gobierno redacta una nueva norma para regular y definir las áreas en las que las organizaciones no gubernamentales (ONG) ejecutarán sus proyectos y programas de apoyo, anunció ayer la ministra de Planificación, Viviana Caro.
En el MAS aseguran que en Bolivia ya no es necesaria la presencia de estas entidades no gubernamentales.
Caro precisó que la nueva ley es redactada a solicitud del presidente Evo Morales y que en la próxima gestión será enviada a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
"Se está discutiendo y trabajando en una norma. Lo solicitó el Presidente y como Órgano Ejecutivo estamos trabajando. Es una norma que establece el marco en el que funcionarán las ONG en el país”, explicó Caro.
De acuerdo con la autoridad, la redacción de una nueva ley se debe a que varias ONG no operan conforme establecen las leyes, entre éstas está la que ordena a las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro adecuar sus estatutos para garantizar su permanencia en Bolivia.
El Ministerio de Autonomías informó que cerca de 2.000 ONG operan en Bolivia de las cuales sólo 50 iniciaron el trámite de adecuación de sus estatutos y reglamentos internos conforme al Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución Política del Estado. Mientras, el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, afirmó que en Bolivia ya no son necesarias las ONG. "Antes las ONG hacían presencia en regiones donde el Estado estaba ausente. Eso cambió, ahora el Estado encara proyectos en las regiones más necesitadas con los proyectos Evo Cumple, Mi Agua y otros”, sostuvo.
"Además, varios financiadores externos se retiraron de forma voluntaria porque consideran que Bolivia dejó de ser un país pobre”, indicó.
El jueves el Ejecutivo oficializó la expulsión de la ONG IBIS de Dinamarca tras acusarla de intentar desestabilizar al gobierno de Evo Morales y de pretender dividir a sectores indígenas.
Ejecutivo busca hegemonía
El analista político Marcelo Silva aseguró que con la nueva norma el Gobierno pretende "anular” y evitar que las ONG se conviertan en refugios de los intelectuales y líderes de oposición que critican la gestión del presidente Evo Morales y al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Las ONG eran el espacio primordial para establecer fuentes laborales y espacios interesantes para hacer críticas. Por esa razón el Órgano Ejecutivo busca regular a las ONG”, señaló el analista Silva.
Otra de las razones -según Silva- es evitar que las ONG se transformen en entidades supletorias del Estado boliviano.
"El rol de las ONG era llegar a regiones donde no había presencia del Estado y capacitar a los pobladores y miembros de organizaciones sociales”, sostuvo.
"Ahora el Gobierno busca suplir a las ONG y captar a todos con fines políticos tomando en cuenta que en 2014 se realizarán las elecciones presidenciales”, agregó Marcelo Silva.
Todo lo que tienes que saber de las leyes en Bolivia, Leyes estan en la Gaceta Oficial de Bolivia. En este Blog estan desde la Ley 0 hasta 1512 Desde el Decreto 1 hasta 4956
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martes, 31 de diciembre de 2013
lunes, 30 de diciembre de 2013
Siete leyes serán debatidas tras receso
Los códigos que faltan ser aprobados serán trabajados en la siguiente legislatura.
Tres días antes del 22 de enero se realizarán las sesiones preparatorias para la elección de las directivas camarales.
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, anticipó que por lo menos siete leyes serán trabajadas en la Asamblea Legislativa en el retorno del receso y antes de cerrar la presente legislatura, el 21 de enero de 2014.
“Va a quedar el Código Niño, Niña y Adolescente. Hay otras leyes que fueron muy complejas, como la Ley General de Aguas, la Ley de Minería, la Ley de Inversiones, la Ley de Exportaciones. Son leyes que ya están concluidas, sólo faltan consensuar un poco. Pero, además, hay muchas leyes que se quedaron para la siguiente gestión. Eso tenemos que planificar de acuerdo con los plazos” dijo.
Una de las primeras normas que será retomada de forma inmediata, dijo Rojas, es el Código Niño, Niña y Adolescente, que quedó pendiente en su tratamiento antes de las fiestas de fin de año en lo referido al trabajo infantil.
Al respecto, indicó que el objetivo es llegar a 2025, año del bicentenario, sin niños trabajadores, ya que en la norma se quiere erradicar el trabajo infantil por necesidad, y para ello se planifican políticas de atención a los menores trabajadores.
ELECCIÓN DE DIRECTIVAS
La conformación de las directivas para la última gestión de la presente legislatura será parte del trabajo que se desarrollará en la Asamblea Legislativa desde el 6 de enero, señaló por su parte el segundo secretario de la Cámara de Diputados, Galo Bonifaz.
El tratamiento de leyes no será detenido durante este período, pero se le dará mayor énfasis a la conformación de la directiva y las comisiones legislativas, puntualizó.
La directiva está conformada, en Diputados, por una presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarías. En el Senado se compone de una presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías.
En esta gestión, las asambleístas cruceñas Gabriela Montaño y Betty Tejada presidieron las Cámara de Senadores y Diputados, respectivamente.
“La ley general de aguas, la ley de minería, la ley de inversiones, la ley de exportaciones ya están concluidas. Sólo falta consensuar un poco.
Eugenio Rojas
Jefe de Bancada MAS-IPSP
Tres días antes del 22 de enero se realizarán las sesiones preparatorias para la elección de las directivas camarales.
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, anticipó que por lo menos siete leyes serán trabajadas en la Asamblea Legislativa en el retorno del receso y antes de cerrar la presente legislatura, el 21 de enero de 2014.
“Va a quedar el Código Niño, Niña y Adolescente. Hay otras leyes que fueron muy complejas, como la Ley General de Aguas, la Ley de Minería, la Ley de Inversiones, la Ley de Exportaciones. Son leyes que ya están concluidas, sólo faltan consensuar un poco. Pero, además, hay muchas leyes que se quedaron para la siguiente gestión. Eso tenemos que planificar de acuerdo con los plazos” dijo.
Una de las primeras normas que será retomada de forma inmediata, dijo Rojas, es el Código Niño, Niña y Adolescente, que quedó pendiente en su tratamiento antes de las fiestas de fin de año en lo referido al trabajo infantil.
Al respecto, indicó que el objetivo es llegar a 2025, año del bicentenario, sin niños trabajadores, ya que en la norma se quiere erradicar el trabajo infantil por necesidad, y para ello se planifican políticas de atención a los menores trabajadores.
ELECCIÓN DE DIRECTIVAS
La conformación de las directivas para la última gestión de la presente legislatura será parte del trabajo que se desarrollará en la Asamblea Legislativa desde el 6 de enero, señaló por su parte el segundo secretario de la Cámara de Diputados, Galo Bonifaz.
El tratamiento de leyes no será detenido durante este período, pero se le dará mayor énfasis a la conformación de la directiva y las comisiones legislativas, puntualizó.
La directiva está conformada, en Diputados, por una presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarías. En el Senado se compone de una presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías.
En esta gestión, las asambleístas cruceñas Gabriela Montaño y Betty Tejada presidieron las Cámara de Senadores y Diputados, respectivamente.
“La ley general de aguas, la ley de minería, la ley de inversiones, la ley de exportaciones ya están concluidas. Sólo falta consensuar un poco.
Eugenio Rojas
Jefe de Bancada MAS-IPSP
sábado, 28 de diciembre de 2013
Legislatura 2014 tratará las leyes ‘complejas’
La Asamblea Legislativa, al volver del receso (7 de enero), no tratará ninguna ley, porque hasta el 22 de ese mes (al concluir la legislatura) trabajará únicamente en la organización interna para encarar el próximo año.
El segundo secretario de la Cámara de Diputados, Galo Bonifaz, argumentó que para dar continuidad a los nueve proyectos normativos que quedaron pendientes este año, se debe tener definida a la nueva directiva, las comisiones y los comités que darán cuerpo a la legislatura 2014.
“Nos vamos a enfocar en la reestructuración de las directivas de la Cámara Baja y Alta, de las brigadas, de las comisiones, de comités; es decir, un trabajo interno para que la nueva directiva trate las leyes pendientes en la gestión 2014”, argumentó.
El 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, concluye la legislatura 2013. Para la ocasión se prevé un mensaje a la nación del presidente Evo Morales y la posesión de las nuevas autoridades legislativas.
En ese entendido, Bonifaz reconoció que no será “sencillo” conformar las nuevas instancias parlamentarias, porque la labor previa será llegar a acuerdos y consensos entre los legisladores lo que podría ser una “dificultad”.
La anterior semana, el partido oficialista admitió que la ausencia de diálogo y consenso, incluso “problemas internos”, dificultaron la aprobación de nueve leyes “complejas”, cuyo tratamiento se postergó para el próximo año.
Legislación. El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, señaló que varias de las propuestas normativas que llegaron, en los últimos tres meses al Legislativo, son extensas y “muy complejas”.
Las leyes que no se debatirán este año son: el Código Niño, Niña y Adolescente, el Procesal Penal, el de Familia, la Ley General de Agua, de Trabajo, Minería, de Inversiones y la que regulará a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). A la lista se suma la ley que creará una Comisión de la Verdad para investigar a los delitos durante las dictaduras.
Sobre la nueva directiva, Bonifaz indicó que se hará una evaluación sobre las regiones que accedieron a esa estructura. “Si hablamos de bancadas mayoritarias, puede ser que quien reemplace a Betty Tejada sea de La Paz”, dijo.
viernes, 27 de diciembre de 2013
Oposición propone derogar 'algunas' leyes
Al concluir la presente gestión, el Órgano Legislativo aprobó 131 leyes, de las cuales, según el diputado suplente de oposición Andrés Ortega (CN), muchas de ellas deben ser derogadas porque "no se cumplen". Según Ortega, las leyes que deben ser derogadas son las de Seguridad Ciudadana, Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y otras que impiden el desarrollo de las pequeñas empresas. "Son leyes que no se cumplen, cada vez hay más mujeres golpeadas, más violencia contra los niños y por lo tanto son leyes que no se cumplen. El gran problema es que en la Asamblea no hay un debate posible, porque el MAS apela a los golpes, insultos y a su mayoría para imponer leyes", cuestionó Ortega.
El oficialismo. Para Ortega, a pesar de aprobarse 131 leyes, la realidad objetiva es que ninguna de esas leyes trae un beneficio para la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Rodolfo Calle (MAS) rechazó esas observaciones al sostener que en anteriores administraciones no se aprobaron leyes de protección a la sociedad, sino más bien normas que "desbarataron" todo el patrimonio del país y dejaron en la indefensión a muchos sectores de la sociedad boliviana. "Es curioso que ahora quienes defienden al neoliberalismo no propongan leyes que vayan a favor de los sectores más vulnerables. Además de la diputada de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, que propuso un proyecto de Ley para generar políticas sociales para luchar contra el cáncer de mama, la oposición nunca ha propuesto leyes sociales y sólo se opone por oponerse", sostuvo.
El oficialismo. Para Ortega, a pesar de aprobarse 131 leyes, la realidad objetiva es que ninguna de esas leyes trae un beneficio para la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Rodolfo Calle (MAS) rechazó esas observaciones al sostener que en anteriores administraciones no se aprobaron leyes de protección a la sociedad, sino más bien normas que "desbarataron" todo el patrimonio del país y dejaron en la indefensión a muchos sectores de la sociedad boliviana. "Es curioso que ahora quienes defienden al neoliberalismo no propongan leyes que vayan a favor de los sectores más vulnerables. Además de la diputada de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, que propuso un proyecto de Ley para generar políticas sociales para luchar contra el cáncer de mama, la oposición nunca ha propuesto leyes sociales y sólo se opone por oponerse", sostuvo.
Evo promulga ley que recupera modelo de la economía estatal
El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley de la Empresa Pública que restablece el “modelo de la economía estatal”. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) aseguró que esta norma “profundiza el camino hacia el estatismo en la economía”. Tras promulgar la norma, el Jefe del Estado pidió al empresariado privado no sentir “celos” de esta ley, sino que más bien lo vean como un complemento al trabajo entre lo público y privado.
Horas más tarde, el presidente de la CNI, Mario Antonio Yaffar, manifestó su preocupación por la aprobación de esta norma que otorga “vía libre” para que las empresas públicas puedan realizar diversas actividades en sectores estratégicos y no estratégicos de la economía. “El Estado incursionará bajo el concepto de ‘carácter social’ en todas las actividades de la economía generando una competencia asimétrica para las empresas privadas formalmente establecidas (...). Esta ley profundiza el camino hacia el estatismo en la economía”, aseguró el empresario.
Labor. “Con esta ley estamos demostrando que no somos un país pequeño, que no somos un país atrasado (...). Lo que no hicieron (los anteriores gobiernos) en más de 100 años, (nosotros) lo estamos haciendo en estos siete años de Gobierno”, dijo Morales en el acto realizado en Palacio de Gobierno.
Exhortó a los servidores públicos a “demostrar que los bolivianos sí sabemos administrar nuestras empresas” y que éstas deben ser “rentables” para generar utilidades y no ser “ineficientes” ni “improductivas”, porque esto puede ser utilizado como pretexto por otros gobiernos para volver al pasado.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa, recordó que antes de 2006 el modelo neoliberal cuestionó la presencia del Estado en la economía, porque consideraba que la intervención estatal era “nociva” para el país.
Por este motivo, dijo, se aplicaron procesos de capitalización y privatización, especialmente de las empresas estratégicas del Estado como YPFB, LAB, Vinto, entre otras, que fueron “vendidas” a transnacionales “desarmando todo el ordenamiento jurídico que lo sostenía”. Ahora “estamos estableciendo nuevamente el marco de la economía estatal”, es un marco que permite que el Estado, desde sus máximas instancias, pueda realizar una planificación estratégica con lineamientos propios”, añadió la funcionaria.
Explicó que la actual norma establece cuatro tipos de firmas: Empresas Estatales (EE), Empresas Estatales Mixtas (EEM), Empresas Mixtas (EM) y Empresas Estatales Intergubernamentales (EEI) “para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica” del Estado boliviano.
La nueva Ley de la Empresa Pública indica que éstas podrán tener carácter estratégico o social, y varios tipos de gobernanzas, dependiendo de su estructura societaria. Se denominan empresas estratégicas las que están en el rubro de hidrocarburos, minería, energía, transporte, telecomunicaciones y otros con el fin de producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo del país.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, enfatizó que esta ley “obliga a las empresas estatales a adecuarse al Código de Comercio” y dejar de ser reguladas por la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), que regula y controla el manejo de los recursos públicos.
Villegas precisó que en 2014 todas las empresas subsidiarias de YPFB Corporación ingresarán a un proceso de reestructuración, toma de decisiones y adaptación al Código de Comercio, que permita agilidad en la administración para generar ingresos y excedentes a favor del Estado, además de consolidar condiciones laborales favorables para los trabajadores.
Confirman crecimiento del 6,5%
Récord
El presidente Evo Morales confirmó ayer que Bolivia cerrará este año con un crecimiento económico del 6,5% frente a las previsiones iniciales del 5,5%, lo que marca —dijo— un nuevo récord para el país.
Inversión
El Jefe del Estado también destacó en su discurso en Palacio de Gobierno el aumento de la participación estatal en la economía, que cifró en 35%, con una inversión pública de $us 6.395 millones desde 2006.
jueves, 26 de diciembre de 2013
Leyes sólo sancionan efectos de la inseguridad informática
Personajes públicos y la población están expuestos a delitos provenientes de la inseguridad informática, pero las normas sólo sancionan los efectos que causan éstos y no el delito en sí, señalan los expertos.
El sexting (difusión de videos y fotos íntimas sin el consentimiento de la víctima), ciberbulling (agresiones e insultos en las redes sociales), grooming (el agresor finge ser alguien de confianza), fishing (obtención ilegal de información de las empresas) son algunos de los riesgos a los que está expuesta la sociedad, además de los secuestros, violaciones y amenazas.
"Lo que se ha hecho es asociar los delitos informáticos con delitos ya existentes y de esta manera lo que se sanciona es la consecuencia del delito y no el delito en sí mismo”, explicó a Página Siete Guido Rosales, especialista en seguridad informática.
Según Rosales, los delitos informáticos se dividen en dos. Por un lado, la tecnología es el objeto directo del delito al manipular y alterar datos informáticos y por otro, la tecnología es el medio por el cual se cometen dichos delitos, es decir, cuando se secuestra se realiza la negociación con la familia de las víctimas o en otros casos se concretan negocios del narcotráfico, entre otros.
Claudia Araujo, abogada en derecho informático, coincidió con Rosales y explicó que en Bolivia hay un vacío legal sobre los delitos que se cometen en y a través de internet. "Actualmente se aplican las leyes que tenemos vigentes y se trata de aplicarlas y se utilizan delitos tradicionales para complementar la sanción, pero en realidad se está sancionando la consecuencia del delito”.
La Constitución Política del Estado, en el artículo 21, reconoce el derecho a la privacidad pero no especifica sanciones que incluyan los delitos informáticos, explicó Araujo. El Código Penal, en su artículo 363, determina como delito la manipulación de datos informáticos para obtener beneficio propio. En diciembre, un video fue difundido por internet, el cual contenía imágenes íntimas de la presentadora Paola Belmonte y un joven. Meses antes, la mujer fue extorsionada para no difundir las imágenes. "En este caso se puede aplicar la CPE, pero se debe comprobar los daños que le han causado”, dijo la jurista.
Lo mismo sucede en el caso de la joven universitaria Blanca Rubí, quien fue secuestrada tras ser contactada por su asesino mediante Facebook. El agresor creó una cuenta falsa para lograr su objetivo pero este delito no se sancionó sino sólo el asesinato. Las denuncias y los riesgos son constantes. Rosales relató que este año una conocida empresa despidió a un grupo de empleados quienes, en represalia, crearon una página idéntica a la que tenía la empresa para la cual trabajaron y difundieron información confidencial.
En otro caso, una mujer recibía mensajes de texto, en los que se le pedía fotografías íntimas, luego recibió amenazas de muerte. En un colegio de El Alto, los estudiantes crearon una cuenta falsa en Facebook de una profesora, en la que publicaron comentarios y fotografías burlescas a nombre de ella. Mientras no existan normas que sancionen los delitos informáticos, una persona es responsable de cuidarse a sí misma, afirmó la abogada Claudia Araujo.
Internet, un medio para cometer delitos
El director departamental de la FELCC, Julio Mariscal, afirmó que los delitos como secuestros, asesinatos, extorsión, amenazas y acoso se cometen a través de las redes sociales y de internet, aunque éstas son utilizadas sólo como un medio para concretar el delito.
"Ése es sólo un medio por el cual se comete un delito, no es determinante. Uno puede recibir amenazas por ese medio o por cualquier otro, igual los secuestros u otros delitos se pueden concretar con o sin el uso de internet”. Mariscal aseguró que la instancia policial recibe este tipo de casos, aunque no con mucha frecuencia.
El director nacional de la FELCC, Fernando Mercado, lamentó que la legislación boliviana no trate los delitos informáticos, por lo que planteó la necesidad de incluirlos en las normas.
"En la judicatura boliviana sólo hay dos artículos que mencionan los delitos informáticos y sólo cuando hay amenazas a través de un correo electrónico podemos llegar al IP o internet de protocolo, pero sólo llegamos al internet público”, afirmó el jefe policial.
Nueva normativa sólo regulará uso de internet
Un proyecto de ley que pretende regular el uso de las páginas de internet en el país es un buen comienzo para controlar los delitos que provienen de la inseguridad informática, afirmó el diputado por Alianza Social (AS), Willman Cardozo.
"Es un proyecto que está en la Comisión de Gobierno (Cámara de Diputados) y surgió a raíz de la falta de control en las páginas, para que los menores y adultos, ya sea que estén en su casa o en un local externo no accedan a cualquier tipo de páginas”, explicó el parlamentario.
Cardozo admitió los vacíos legales que existen en Bolivia respecto a los delitos informáticos.
"Para solucionar esto, se podría enriquecer este proyecto o el Código Niño, Niña, Adolescente (actualmente en tratamiento en el pleno de la Cámara Baja) que tampoco incluye este tipo de sanciones”, agregó.
En tanto, la diputada Verónica Aguilera, de Convergencia Nacional (CN), dijo que es importante regular lo más antes posible las sanciones para los delitos informáticos.
"Sólo existe este proyecto de ley que ayuda poco a resolver los constantes riesgos a los que están expuestos los niños”, dijo.
La presidenta del Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, pidió a los padres de familia educar a sus hijos respecto al uso adecuado de internet y en especial de las redes sociales (Facebook, Twitter y otros) para evitar la propagación de los delitos.
Joven asesinada
El 28 de noviembre, el cuerpo de la universitaria de 20 años Blanca Rubí Limachi fue hallado enterrado en el patio de la casa de la familia Choque Flores, en la urbanización San Martín de El Alto. El cadáver de la joven estaba envuelto en un yute azul.
Blanca fue contactada por Richard Ch. a través del Facebook. Éste creó una cuenta falsa y fingió ser un docente del Colegio Militar. Prometió "ayudar” a Blanca a ingresar a esta instancia si le daba cierta suma de dinero. Luego la citó en su vivienda y allí fue torturada, violada, golpeada por Richard Ch. y José Luis C. La víctima falleció a raíz de asfixia mecánica y sofocación, según un informe policial.
Video íntimo
La presentadora de televisión Paola Belmonte fue víctima de extorsión presuntamente por parte de un joven con quien mantuvo una relación. Un video íntimo de la pareja fue difundido por una página de internet para adultos, pero meses antes su expareja le pidió una gran suma de dinero para que las imágenes no sean difundidas. Según la defensa de Belmonte, la denuncia fue puesta en junio de este año, pero la Fiscalía no avanzó con la investigación sino hasta que el video fue difundido y la presentadora fue víctima de insultos y agresiones en las redes sociales. El presunto extorsionador, desde diciembre, tiene detención domiciliaria por determinación de un juez cautelar.
Niño fue acosado
El pasado fin de semana, la Policía capturó a Juan Pablo, de 26 años, por acosar a un niño de 11 años, desde que éste tenía nueve. Envió dos cartas a la madre de la víctima en las que pedía permiso para tener una relación con el menor, lo que permitió atraparlo. El detenido trabajaba en una agencia de turismo y conoció al niño cuando su familia tomó un paquete para viajar a Perú. Juan Pablo creó una cuenta falsa en Facebook con el nombre de "Andrea” y pudo contactarse con el niño, obtener datos de su vida personal y comenzar con el acoso, incluso llegando a llamar a su casa y enviar mensajes de texto al teléfono celular del menor sin que su familia se percatara de ello.
El sexting (difusión de videos y fotos íntimas sin el consentimiento de la víctima), ciberbulling (agresiones e insultos en las redes sociales), grooming (el agresor finge ser alguien de confianza), fishing (obtención ilegal de información de las empresas) son algunos de los riesgos a los que está expuesta la sociedad, además de los secuestros, violaciones y amenazas.
"Lo que se ha hecho es asociar los delitos informáticos con delitos ya existentes y de esta manera lo que se sanciona es la consecuencia del delito y no el delito en sí mismo”, explicó a Página Siete Guido Rosales, especialista en seguridad informática.
Según Rosales, los delitos informáticos se dividen en dos. Por un lado, la tecnología es el objeto directo del delito al manipular y alterar datos informáticos y por otro, la tecnología es el medio por el cual se cometen dichos delitos, es decir, cuando se secuestra se realiza la negociación con la familia de las víctimas o en otros casos se concretan negocios del narcotráfico, entre otros.
Claudia Araujo, abogada en derecho informático, coincidió con Rosales y explicó que en Bolivia hay un vacío legal sobre los delitos que se cometen en y a través de internet. "Actualmente se aplican las leyes que tenemos vigentes y se trata de aplicarlas y se utilizan delitos tradicionales para complementar la sanción, pero en realidad se está sancionando la consecuencia del delito”.
La Constitución Política del Estado, en el artículo 21, reconoce el derecho a la privacidad pero no especifica sanciones que incluyan los delitos informáticos, explicó Araujo. El Código Penal, en su artículo 363, determina como delito la manipulación de datos informáticos para obtener beneficio propio. En diciembre, un video fue difundido por internet, el cual contenía imágenes íntimas de la presentadora Paola Belmonte y un joven. Meses antes, la mujer fue extorsionada para no difundir las imágenes. "En este caso se puede aplicar la CPE, pero se debe comprobar los daños que le han causado”, dijo la jurista.
Lo mismo sucede en el caso de la joven universitaria Blanca Rubí, quien fue secuestrada tras ser contactada por su asesino mediante Facebook. El agresor creó una cuenta falsa para lograr su objetivo pero este delito no se sancionó sino sólo el asesinato. Las denuncias y los riesgos son constantes. Rosales relató que este año una conocida empresa despidió a un grupo de empleados quienes, en represalia, crearon una página idéntica a la que tenía la empresa para la cual trabajaron y difundieron información confidencial.
En otro caso, una mujer recibía mensajes de texto, en los que se le pedía fotografías íntimas, luego recibió amenazas de muerte. En un colegio de El Alto, los estudiantes crearon una cuenta falsa en Facebook de una profesora, en la que publicaron comentarios y fotografías burlescas a nombre de ella. Mientras no existan normas que sancionen los delitos informáticos, una persona es responsable de cuidarse a sí misma, afirmó la abogada Claudia Araujo.
Internet, un medio para cometer delitos
El director departamental de la FELCC, Julio Mariscal, afirmó que los delitos como secuestros, asesinatos, extorsión, amenazas y acoso se cometen a través de las redes sociales y de internet, aunque éstas son utilizadas sólo como un medio para concretar el delito.
"Ése es sólo un medio por el cual se comete un delito, no es determinante. Uno puede recibir amenazas por ese medio o por cualquier otro, igual los secuestros u otros delitos se pueden concretar con o sin el uso de internet”. Mariscal aseguró que la instancia policial recibe este tipo de casos, aunque no con mucha frecuencia.
El director nacional de la FELCC, Fernando Mercado, lamentó que la legislación boliviana no trate los delitos informáticos, por lo que planteó la necesidad de incluirlos en las normas.
"En la judicatura boliviana sólo hay dos artículos que mencionan los delitos informáticos y sólo cuando hay amenazas a través de un correo electrónico podemos llegar al IP o internet de protocolo, pero sólo llegamos al internet público”, afirmó el jefe policial.
Nueva normativa sólo regulará uso de internet
Un proyecto de ley que pretende regular el uso de las páginas de internet en el país es un buen comienzo para controlar los delitos que provienen de la inseguridad informática, afirmó el diputado por Alianza Social (AS), Willman Cardozo.
"Es un proyecto que está en la Comisión de Gobierno (Cámara de Diputados) y surgió a raíz de la falta de control en las páginas, para que los menores y adultos, ya sea que estén en su casa o en un local externo no accedan a cualquier tipo de páginas”, explicó el parlamentario.
Cardozo admitió los vacíos legales que existen en Bolivia respecto a los delitos informáticos.
"Para solucionar esto, se podría enriquecer este proyecto o el Código Niño, Niña, Adolescente (actualmente en tratamiento en el pleno de la Cámara Baja) que tampoco incluye este tipo de sanciones”, agregó.
En tanto, la diputada Verónica Aguilera, de Convergencia Nacional (CN), dijo que es importante regular lo más antes posible las sanciones para los delitos informáticos.
"Sólo existe este proyecto de ley que ayuda poco a resolver los constantes riesgos a los que están expuestos los niños”, dijo.
La presidenta del Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, pidió a los padres de familia educar a sus hijos respecto al uso adecuado de internet y en especial de las redes sociales (Facebook, Twitter y otros) para evitar la propagación de los delitos.
Joven asesinada
El 28 de noviembre, el cuerpo de la universitaria de 20 años Blanca Rubí Limachi fue hallado enterrado en el patio de la casa de la familia Choque Flores, en la urbanización San Martín de El Alto. El cadáver de la joven estaba envuelto en un yute azul.
Blanca fue contactada por Richard Ch. a través del Facebook. Éste creó una cuenta falsa y fingió ser un docente del Colegio Militar. Prometió "ayudar” a Blanca a ingresar a esta instancia si le daba cierta suma de dinero. Luego la citó en su vivienda y allí fue torturada, violada, golpeada por Richard Ch. y José Luis C. La víctima falleció a raíz de asfixia mecánica y sofocación, según un informe policial.
Video íntimo
La presentadora de televisión Paola Belmonte fue víctima de extorsión presuntamente por parte de un joven con quien mantuvo una relación. Un video íntimo de la pareja fue difundido por una página de internet para adultos, pero meses antes su expareja le pidió una gran suma de dinero para que las imágenes no sean difundidas. Según la defensa de Belmonte, la denuncia fue puesta en junio de este año, pero la Fiscalía no avanzó con la investigación sino hasta que el video fue difundido y la presentadora fue víctima de insultos y agresiones en las redes sociales. El presunto extorsionador, desde diciembre, tiene detención domiciliaria por determinación de un juez cautelar.
Niño fue acosado
El pasado fin de semana, la Policía capturó a Juan Pablo, de 26 años, por acosar a un niño de 11 años, desde que éste tenía nueve. Envió dos cartas a la madre de la víctima en las que pedía permiso para tener una relación con el menor, lo que permitió atraparlo. El detenido trabajaba en una agencia de turismo y conoció al niño cuando su familia tomó un paquete para viajar a Perú. Juan Pablo creó una cuenta falsa en Facebook con el nombre de "Andrea” y pudo contactarse con el niño, obtener datos de su vida personal y comenzar con el acoso, incluso llegando a llamar a su casa y enviar mensajes de texto al teléfono celular del menor sin que su familia se percatara de ello.
Evo promulgó la ley de la Empresa Pública
El presidente Evo Morales promulgó hoy en la mañana la Ley de la Empresa Pública, instrumento que tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, informó ANF.
Según la norma, citada en un boletín de prensa del Ministerio de Comunicación, se establecen tres tipos de empresa pública: la Empresa Estatal (EE), cuyo patrimonio pertenece en un 100% al nivel central del Estado; la Empresa Estatal Mixta (EEM), con un patrimonio constituido por aportes del nivel central mayores al 70% y aportes privados de origen interno y/o aportes de las empresas públicas o privadas extranjeras; en este tipo de empresas podrán participar como otro socio las empresas territoriales autónomas (ETAs), según la agencia estatal ABI.
También la Empresa Mixta (EM), con patrimonio constituido por el nivel central de Estado desde el 51% hasta el 70% y aportes de empresas públicas o privadas extranjeras, allí podrán, de igual manera, participar como socios las ETAs; la Empresa Estatal Intergubernamental (EEI), cuyo patrimonio está conformado por los aportes del nivel central del Estado desde el 51% y aportes de ETAs.
La nueva ley, dijo establece en el ámbito jurídico un conjunto de normas de derecho público y privado que se complementan manteniendo su singularidad.
Bajo ese marco jurídico, según un boletín de prensa del Ministerio de Comunicación, estarán unas 23 empresas estatales y otras 20 con participación mayoritaria estatal. Las empresas estables contribuyen con un 30% a la economía del sector productivo.
En el acto realizado en Palacio de Gobierno estuvieron presentes, además, el vicepresidente Álvaro García Linera, los presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, el presidente de Entel, Óscar Coca, y varios directores de empresas públicas.
La norma establece también las condiciones para un desenvolvimiento ágil, flexible y transparente de las empresas públicas del nivel central del Estado, informó ABI.
'Con el Ministerio de Planificación programamos esta actividad de promulgar la primera ley de empresas públicas, nunca en el pasado hubo una ley sobre nuestras empresas', destacó el Jefe de Estado.
La ministra de Planificación, Viviana Caro, explicó que la norma es resultado del trabajo de dos años de talleres, discusiones y debates con los representantes de las empresas estatales y los asambleístas.
Enfatizó que el modelo neoliberal que incursionó en América Latina en los años 80 cuestionó la presencia del Estado en la administración y consideraba nociva su presencia, por lo que se aplicaron procesos de privatización y capitalización, y precisamente en compañías de mayor rentabilidad.
Sin embargo, dijo, en el país se aplicó desde 2006 una política de recuperación de las empresas estratégicas como parte del cambio de la estructura y la creación de un nuevo modelo productivo que se orienta a generar empleo, excedentes económicos y la redistribución de esos montos de modo justo y equilibrado.
'El Estado asume el control de empresas públicas e invierte en sectores productivos', dijo.
Según la norma, citada en un boletín de prensa del Ministerio de Comunicación, se establecen tres tipos de empresa pública: la Empresa Estatal (EE), cuyo patrimonio pertenece en un 100% al nivel central del Estado; la Empresa Estatal Mixta (EEM), con un patrimonio constituido por aportes del nivel central mayores al 70% y aportes privados de origen interno y/o aportes de las empresas públicas o privadas extranjeras; en este tipo de empresas podrán participar como otro socio las empresas territoriales autónomas (ETAs), según la agencia estatal ABI.
También la Empresa Mixta (EM), con patrimonio constituido por el nivel central de Estado desde el 51% hasta el 70% y aportes de empresas públicas o privadas extranjeras, allí podrán, de igual manera, participar como socios las ETAs; la Empresa Estatal Intergubernamental (EEI), cuyo patrimonio está conformado por los aportes del nivel central del Estado desde el 51% y aportes de ETAs.
La nueva ley, dijo establece en el ámbito jurídico un conjunto de normas de derecho público y privado que se complementan manteniendo su singularidad.
Bajo ese marco jurídico, según un boletín de prensa del Ministerio de Comunicación, estarán unas 23 empresas estatales y otras 20 con participación mayoritaria estatal. Las empresas estables contribuyen con un 30% a la economía del sector productivo.
En el acto realizado en Palacio de Gobierno estuvieron presentes, además, el vicepresidente Álvaro García Linera, los presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, el presidente de Entel, Óscar Coca, y varios directores de empresas públicas.
La norma establece también las condiciones para un desenvolvimiento ágil, flexible y transparente de las empresas públicas del nivel central del Estado, informó ABI.
'Con el Ministerio de Planificación programamos esta actividad de promulgar la primera ley de empresas públicas, nunca en el pasado hubo una ley sobre nuestras empresas', destacó el Jefe de Estado.
La ministra de Planificación, Viviana Caro, explicó que la norma es resultado del trabajo de dos años de talleres, discusiones y debates con los representantes de las empresas estatales y los asambleístas.
Enfatizó que el modelo neoliberal que incursionó en América Latina en los años 80 cuestionó la presencia del Estado en la administración y consideraba nociva su presencia, por lo que se aplicaron procesos de privatización y capitalización, y precisamente en compañías de mayor rentabilidad.
Sin embargo, dijo, en el país se aplicó desde 2006 una política de recuperación de las empresas estratégicas como parte del cambio de la estructura y la creación de un nuevo modelo productivo que se orienta a generar empleo, excedentes económicos y la redistribución de esos montos de modo justo y equilibrado.
'El Estado asume el control de empresas públicas e invierte en sectores productivos', dijo.
domingo, 22 de diciembre de 2013
POLÍTICA Asamblea Legislativa cierra gestión con 131 leyes aprobadas
El presidente nato de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en la X Sesión Ordinaria de esa instancia, que se inició a las 8:00, calificó de bueno el número de normas aprobadas en esta gestión, en particular las que se encentran vinculadas a la economía y la producción.
“A modo de cierre (de gestión), hemos promulgado como Asamblea 131 leyes, en lo personal es un buen número. Las más importantes (están) vinculadas a temas económicos, créditos, financiamientos para distintas actividades productivas para el país que han viabilizado la construcción de infraestructura en nuestro país”, manifestó.
García Linera informó que de esas 131 normas aprobadas, 29 son parte de las 70 propuestas efectuadas en el I Encuentro Plurinacional que se verificó entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en el que participaron organizaciones sociales, cívicas, de profesionales y juventudes del país.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, aclaró que con la X Sesión Ordinaria de la ALP, en la que participaron 80 de los 166 asambleístas, sólo se cerró la gestión 2013 y no así la legislatura, que concluirá en enero del próximo año.
Además, informó que quedó pendiente la aprobación del Código Niña, Niño y Adolecente y el Código de Procedimiento Penal, entre otras normas, que serán retomadas en 2014.
“Tendremos ya el próximo año suficientes avances y debates para poderlos aprobar y muchas otras normas que tienen que ver con el ámbito social”, indicó.
“A modo de cierre (de gestión), hemos promulgado como Asamblea 131 leyes, en lo personal es un buen número. Las más importantes (están) vinculadas a temas económicos, créditos, financiamientos para distintas actividades productivas para el país que han viabilizado la construcción de infraestructura en nuestro país”, manifestó.
García Linera informó que de esas 131 normas aprobadas, 29 son parte de las 70 propuestas efectuadas en el I Encuentro Plurinacional que se verificó entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en el que participaron organizaciones sociales, cívicas, de profesionales y juventudes del país.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, aclaró que con la X Sesión Ordinaria de la ALP, en la que participaron 80 de los 166 asambleístas, sólo se cerró la gestión 2013 y no así la legislatura, que concluirá en enero del próximo año.
Además, informó que quedó pendiente la aprobación del Código Niña, Niño y Adolecente y el Código de Procedimiento Penal, entre otras normas, que serán retomadas en 2014.
“Tendremos ya el próximo año suficientes avances y debates para poderlos aprobar y muchas otras normas que tienen que ver con el ámbito social”, indicó.
Cámara Baja sanciona ley que penaliza el avasallamiento
La Cámara de Diputados sancionó ayer la Ley contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras y fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Al incorporar al Código Penal la figura o tipo de tráfico de tierras, quien incurra en la invasión de un predio o inmueble privado recibirá una pena de hasta ocho años de privación de libertad o cárcel.
La norma tiene el objetivo de dotar al Estado de instrumentos necesarios para resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual, colectiva y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.
"Resolverá, al fin, el tema de los avasallamientos no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima”, afirmó la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada.
La nueva norma incorpora al Código Penal el tráfico de tierras, que se define como el arriendo, negocio, donación, la compra-venta o permuta de tierras individuales o colectivas ajenas.
Estas conductas tendrán penas de privación de libertad de tres hasta ocho años.
Además, se incluye el tipo penal del avasallamiento, que está descrito como la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público o bienes de patrimonio del Estado.
Quienes cometan estas acciones estarán sujetos a penas de privación de libertad de tres a ocho años. La ley era esperada en el sector productivo del país.
Al incorporar al Código Penal la figura o tipo de tráfico de tierras, quien incurra en la invasión de un predio o inmueble privado recibirá una pena de hasta ocho años de privación de libertad o cárcel.
La norma tiene el objetivo de dotar al Estado de instrumentos necesarios para resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual, colectiva y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.
"Resolverá, al fin, el tema de los avasallamientos no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima”, afirmó la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada.
La nueva norma incorpora al Código Penal el tráfico de tierras, que se define como el arriendo, negocio, donación, la compra-venta o permuta de tierras individuales o colectivas ajenas.
Estas conductas tendrán penas de privación de libertad de tres hasta ocho años.
Además, se incluye el tipo penal del avasallamiento, que está descrito como la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público o bienes de patrimonio del Estado.
Quienes cometan estas acciones estarán sujetos a penas de privación de libertad de tres a ocho años. La ley era esperada en el sector productivo del país.
viernes, 20 de diciembre de 2013
Ley del Patrimonio Cultural es aprobada en el Senado
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en sus estaciones en grande y detalle, la Ley Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano. Tiene como objetivo normar y definir políticas públicas que regulen nuestro patrimonio, su clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia.
La norma clasifica al Patrimonio Cultural Boliviano en:
Patrimonio Material, que abarca edificios, casas o casonas, palacios iglesias, fábricas, monumentos, pirámides, cuevas y abrigos rocosos, pintura, escultura arquitectura, cerámica, cristalería, entre otros.
Patrimonio Inmaterial, que comprende las expresiones y saberes que las naciones y pueblos indígena originarios aportan como parte integral de cada identidad. Este patrimonio se transmite de generación en generación y abarca: prácticas y formas de expresión cultural, creencias religiosas, espiritualidades, rituales, medicina tradicional, etc.
Asimismo, la norma establece la gestión descentralizada del patrimonio cultural boliviano, conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Será el Ministerio de Culturas y Turismo su órgano rector.
El proyecto de ley también prevé crear el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano, bajo responsabilidad del órgano rector, que junto al nivel central de Estado, reglamentarán su registro. Además, será de libre acceso y consulta para fines investigativos y científicos, siempre que los mismos sean justificados con documentación que demuestre su utilidad.
“Tenemos varios patrimonios culturales, ya sean materiales o inmateriales, el registro debe llevarlo el Estado boliviano y los gobiernos autónomos regionales y municipales (…) muchas veces abandonamos nuestro patrimonio, para evitar eso, se debe tener un registro. No se puede llevar al exterior ni comercializar el patrimonio cultural, habrá un registro del mismo”, indicó Eugenio Rojas, senador del Movimiento al Socialismo (MAS).
Finalmente, se creará el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (Fonpac), dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, con la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano.
La Ley nacional del patrimonio cultural boliviano fue remitida de la Comisión de Naciones y Pueblo Indígena Originarios Campesinos e Interculturalidad, e impulsada por el Ministerio de Culturas, obedeciendo al artículo 99 de la Constitución Política del Estado (CPE), que en sus parágrafos II y III establece:
“El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley” y ”La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley”.
Luego de ser aprobada en la Cámara de Senadores, fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior análisis y tratamiento. (Agencia y EL DIARIO)
La norma clasifica al Patrimonio Cultural Boliviano en:
Patrimonio Material, que abarca edificios, casas o casonas, palacios iglesias, fábricas, monumentos, pirámides, cuevas y abrigos rocosos, pintura, escultura arquitectura, cerámica, cristalería, entre otros.
Patrimonio Inmaterial, que comprende las expresiones y saberes que las naciones y pueblos indígena originarios aportan como parte integral de cada identidad. Este patrimonio se transmite de generación en generación y abarca: prácticas y formas de expresión cultural, creencias religiosas, espiritualidades, rituales, medicina tradicional, etc.
Asimismo, la norma establece la gestión descentralizada del patrimonio cultural boliviano, conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Será el Ministerio de Culturas y Turismo su órgano rector.
El proyecto de ley también prevé crear el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano, bajo responsabilidad del órgano rector, que junto al nivel central de Estado, reglamentarán su registro. Además, será de libre acceso y consulta para fines investigativos y científicos, siempre que los mismos sean justificados con documentación que demuestre su utilidad.
“Tenemos varios patrimonios culturales, ya sean materiales o inmateriales, el registro debe llevarlo el Estado boliviano y los gobiernos autónomos regionales y municipales (…) muchas veces abandonamos nuestro patrimonio, para evitar eso, se debe tener un registro. No se puede llevar al exterior ni comercializar el patrimonio cultural, habrá un registro del mismo”, indicó Eugenio Rojas, senador del Movimiento al Socialismo (MAS).
Finalmente, se creará el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (Fonpac), dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, con la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano.
La Ley nacional del patrimonio cultural boliviano fue remitida de la Comisión de Naciones y Pueblo Indígena Originarios Campesinos e Interculturalidad, e impulsada por el Ministerio de Culturas, obedeciendo al artículo 99 de la Constitución Política del Estado (CPE), que en sus parágrafos II y III establece:
“El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley” y ”La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley”.
Luego de ser aprobada en la Cámara de Senadores, fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior análisis y tratamiento. (Agencia y EL DIARIO)
Suspenden Ley Niña Niño Adolescente para el próximo año
El proyecto Ley del Código Niña, Niño, Adolescente que fue aprobado en la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara de Senadores queda suspendido en su tratamiento hasta después del receso legislativo, toda vez que debe analizarse con profundidad ante tantas observaciones que tuvo, incluso desde representantes de los niños trabajadores.
La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sufuentes, dio a conocer que la normativa ya fue remitida a la Comisión correspondiente para su debate en grande y en detalle y posteriormente se discuta en el plenario de la Cámara Alta al retorno del receso previsto para el 6 de enero.
“No vamos a aprobar por apurados una norma tan delicada como es el Código Niña Niño Adolescente, hemos decidido que tras el receso que vamos a iniciar este lunes y al retorno en la primera semana de enero volveremos a reabrir el debate cuidadosamente ya que según el reglamento de la Asamblea Legislativa la Cámara de Senadores es la instancia revisora”, mencionó.
Este domingo la Asamblea Legislativa cierra la gestión 2013 a través de un acto que se desarrollará en esas instalaciones a partir de las 8.00 de la mañana, anunció la legisladora.
La Ley tuvo observaciones por sectores sociales durante el tratamiento en Diputados. El primero es el art. 5 donde se mencionaba que al niño se lo reconoce desde su nacimiento y no desde su concepción, lo que fue modificado en días pasados.
Posteriormente ingresa la observación al artículo 126, donde se reconoce el trabajo infantil desde los 14 años, lo que es rechazado por organizaciones que aglutinan a niños trabajadores en el país, demandando su modificación a anulación, puesto que el trabajo de menores debe ser un derecho por necesidad ante la realidad que vive el país.
La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sufuentes, dio a conocer que la normativa ya fue remitida a la Comisión correspondiente para su debate en grande y en detalle y posteriormente se discuta en el plenario de la Cámara Alta al retorno del receso previsto para el 6 de enero.
“No vamos a aprobar por apurados una norma tan delicada como es el Código Niña Niño Adolescente, hemos decidido que tras el receso que vamos a iniciar este lunes y al retorno en la primera semana de enero volveremos a reabrir el debate cuidadosamente ya que según el reglamento de la Asamblea Legislativa la Cámara de Senadores es la instancia revisora”, mencionó.
Este domingo la Asamblea Legislativa cierra la gestión 2013 a través de un acto que se desarrollará en esas instalaciones a partir de las 8.00 de la mañana, anunció la legisladora.
La Ley tuvo observaciones por sectores sociales durante el tratamiento en Diputados. El primero es el art. 5 donde se mencionaba que al niño se lo reconoce desde su nacimiento y no desde su concepción, lo que fue modificado en días pasados.
Posteriormente ingresa la observación al artículo 126, donde se reconoce el trabajo infantil desde los 14 años, lo que es rechazado por organizaciones que aglutinan a niños trabajadores en el país, demandando su modificación a anulación, puesto que el trabajo de menores debe ser un derecho por necesidad ante la realidad que vive el país.
Proyecto de ley fija hasta 8 años de cárcel para los avasalladores
Los avasalladores de tierras e inmuebles serán castigados con penas de cárcel que van desde los dos hasta los ocho años, según establece el proyecto de ley que legisla sobre esa materia y que está en el Senado.
El documento establece que serán sancionados con privación de libertad quienes mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio ocupen "total o parcialmente” tierras o inmuebles privados o de dominio público.
Ese proyecto además crea la figura o tipo penal del "tráfico de tierras”, con una sanción a cumplir, a quien incurra en ese delito, de hasta ocho años de privación de libertad o cárcel.
El tipo penal expresa que quienes arrienden, negocien o donen, hagan "compraventa” o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad serán sancionados con hasta ocho años de cárcel.
El documento también dispone que los sentenciados por avasallar o traficar tierras no podrán ser beneficiarios de "procesos de distribución de tierras” ni de "derechos de uso y aprovechamiento de recursos” por un periodo de 10 años.
"Es una ley que es necesaria dentro de nuestra estructura jurídico-política y que contribuirá a la seguridad jurídica en el país, para frenar a los que se mueven al margen de la ley, avasallando la propiedad privada, rural y estatal”, sostuvo Marcelo Antezana, miembro de la Comisión de Constitución que analizó el proyecto y recomendó su aprobación con las respectivas modificaciones.
El legislador de oposición destacó que con la norma se crea una especie de "registro” de infractores, el cual permitirá que, por 10 años, los culpables no "tengan opción de acceder a tierras fiscales”.
El proyecto de ley, según calificaron la pasada semana las presidentas de Diputados y del Senado, Betty Tejada y Gabriela Montaño, respectivamente, establece "procedimientos ágiles” para resolver un caso de avasallamiento y para evitar daños en los casos de tierras productivas.
Las instancias competentes para el procesamiento y resolución de este tipo de delitos, según el documento, serán los juzgados agroambientales y los de materia penal.
El 5 de diciembre pasado, el presidente Evo Morales se comprometió a enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre esta materia, después de que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunciara que al menos 70 predios en el departamento de Santa Cruz fueron tomados por avasalladores.
Hasta el cierre de esta edición, la norma aún era tratada en el pleno de la Cámara Alta.
Piden incautación de bienes
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), Demetrio Pérez, pidió la incautación de los bienes de los loteadores y avasalladores y que se incrementen los años de la condena de estas personas.
Hasta la fecha, el ilícito tiene una condena de cuatro años de cárcel y bajo otra figura legal, mientras Anapo pidió un incremento a ocho años de privación de libertad.
Pérez dijo que es importante atender esta demanda en beneficio del país, para que los avasalladores sean arrestados.
Pidió que la figura de la incautación de bienes sea incorporada en la reglamentación de la normativa, porque se supone que los avasalladores los adquirieron de manera ilegal.
Álvaro García Linera anunció el pasado miércoles que la ley contra el avasallamiento será aprobada en grande este sábado.
Dijo que en detalle la normativa podría ser aprobada entre el 12 y 13 de enero, cuando la Asamblea Legislativa reanude sus labores.
Este año en Santa Cruz los afectados por avasallamientos calcularon una pérdica de 250 mil dólares.
Proyecto normativo
Objeto La ley apunta a establecer el "régimen jurisdiccional” que permita al Estado "resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva”, además de la "propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras”.
Definición El proyecto normativo establece que los avasallamientos son las ocupaciones, asentamientos e invasiones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua por parte de una o varias personas.
Competencia El documento dispone que los juzgados agroambientales y los de materia penal son competentes para conocer y resolver los casos de los delitos definidos en este proyecto de ley, que se debate en el Senado.
Medidas El proyecto establece al menos cuatro medidas precautorias. Entre ellas, la paralización y suspensión de todo tipo de trabajos y el decomiso preventivo de los medios de perpetración del delito.
Tipo 1 Se establece la creación de la figura penal "tráfico de tierras” y define que quien incurra en ese delito es quien por sí o por tercero arriende, negocie o done, realice "compraventa” o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad. Éstos serán sancionados con dos a ocho años de cárcel.
Tipo 2 El proyecto normativo también crea la figura penal del "avasallamiento”, y define que quienes estén involucrados, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio ocupen tierras o inmuebles públicos o privados serán sancionados con condenas desde dos hasta ocho años de cárcel.
Cárcel El documento, todavía en análisis y discusión, establece que quienes sean sentenciados por los delitos de tráfico de tierras o de avasallamiento no podrán acceder a procesos de distribución de tierras fiscales por 10 años.
El documento establece que serán sancionados con privación de libertad quienes mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio ocupen "total o parcialmente” tierras o inmuebles privados o de dominio público.
Ese proyecto además crea la figura o tipo penal del "tráfico de tierras”, con una sanción a cumplir, a quien incurra en ese delito, de hasta ocho años de privación de libertad o cárcel.
El tipo penal expresa que quienes arrienden, negocien o donen, hagan "compraventa” o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad serán sancionados con hasta ocho años de cárcel.
El documento también dispone que los sentenciados por avasallar o traficar tierras no podrán ser beneficiarios de "procesos de distribución de tierras” ni de "derechos de uso y aprovechamiento de recursos” por un periodo de 10 años.
"Es una ley que es necesaria dentro de nuestra estructura jurídico-política y que contribuirá a la seguridad jurídica en el país, para frenar a los que se mueven al margen de la ley, avasallando la propiedad privada, rural y estatal”, sostuvo Marcelo Antezana, miembro de la Comisión de Constitución que analizó el proyecto y recomendó su aprobación con las respectivas modificaciones.
El legislador de oposición destacó que con la norma se crea una especie de "registro” de infractores, el cual permitirá que, por 10 años, los culpables no "tengan opción de acceder a tierras fiscales”.
El proyecto de ley, según calificaron la pasada semana las presidentas de Diputados y del Senado, Betty Tejada y Gabriela Montaño, respectivamente, establece "procedimientos ágiles” para resolver un caso de avasallamiento y para evitar daños en los casos de tierras productivas.
Las instancias competentes para el procesamiento y resolución de este tipo de delitos, según el documento, serán los juzgados agroambientales y los de materia penal.
El 5 de diciembre pasado, el presidente Evo Morales se comprometió a enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre esta materia, después de que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunciara que al menos 70 predios en el departamento de Santa Cruz fueron tomados por avasalladores.
Hasta el cierre de esta edición, la norma aún era tratada en el pleno de la Cámara Alta.
Piden incautación de bienes
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), Demetrio Pérez, pidió la incautación de los bienes de los loteadores y avasalladores y que se incrementen los años de la condena de estas personas.
Hasta la fecha, el ilícito tiene una condena de cuatro años de cárcel y bajo otra figura legal, mientras Anapo pidió un incremento a ocho años de privación de libertad.
Pérez dijo que es importante atender esta demanda en beneficio del país, para que los avasalladores sean arrestados.
Pidió que la figura de la incautación de bienes sea incorporada en la reglamentación de la normativa, porque se supone que los avasalladores los adquirieron de manera ilegal.
Álvaro García Linera anunció el pasado miércoles que la ley contra el avasallamiento será aprobada en grande este sábado.
Dijo que en detalle la normativa podría ser aprobada entre el 12 y 13 de enero, cuando la Asamblea Legislativa reanude sus labores.
Este año en Santa Cruz los afectados por avasallamientos calcularon una pérdica de 250 mil dólares.
Proyecto normativo
Objeto La ley apunta a establecer el "régimen jurisdiccional” que permita al Estado "resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva”, además de la "propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras”.
Definición El proyecto normativo establece que los avasallamientos son las ocupaciones, asentamientos e invasiones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua por parte de una o varias personas.
Competencia El documento dispone que los juzgados agroambientales y los de materia penal son competentes para conocer y resolver los casos de los delitos definidos en este proyecto de ley, que se debate en el Senado.
Medidas El proyecto establece al menos cuatro medidas precautorias. Entre ellas, la paralización y suspensión de todo tipo de trabajos y el decomiso preventivo de los medios de perpetración del delito.
Tipo 1 Se establece la creación de la figura penal "tráfico de tierras” y define que quien incurra en ese delito es quien por sí o por tercero arriende, negocie o done, realice "compraventa” o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad. Éstos serán sancionados con dos a ocho años de cárcel.
Tipo 2 El proyecto normativo también crea la figura penal del "avasallamiento”, y define que quienes estén involucrados, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio ocupen tierras o inmuebles públicos o privados serán sancionados con condenas desde dos hasta ocho años de cárcel.
Cárcel El documento, todavía en análisis y discusión, establece que quienes sean sentenciados por los delitos de tráfico de tierras o de avasallamiento no podrán acceder a procesos de distribución de tierras fiscales por 10 años.
jueves, 19 de diciembre de 2013
En debate ley para penalizar avasallamientos con 4, 8 y 15 años de cárcel
El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, informó hoy que las propuestas para sancionar a los avasalladores, en el marco del debate del proyecto de ley contra la toma ilegal de predios, van desde los cuatro, ocho y 15 años de cárcel.
'El debate va a ser cuánto de cárcel merece, de cuatro a ocho años, ese es un planteamiento, pero hay otro planteamiento que dice quince años, esto hay que debatir', indicó.
El legislador explicó que esa norma ingresó por conducto regular a la Cámara de Senadores, por lo que se prevé que en las próximas horas pueda ser debatida y analizada en el pleno de la Cámara Alta.
Ese proyecto de ley crea tres tipos penales: avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta o compra ilegal de recursos minerales.
ASFI aprobó 10 de 48 reglamentos de Ley de Servicios Financieros
10 de 48 reglamentos de la nueva Ley de Servicios Financieros fueron aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), informó su titular, Lenny Valdivia, este miércoles en conferencia de prensa.
"Hemos hecho la consolidación de 48 reglamentos que en este momento están en plena elaboración, de los cuales diez reglamentos ya han sido emitidos", señaló Valdivia.
Entre estos Reglamentos se emitió, por ejemplo, el referido a Cámaras de Compensación y Liquidación; el Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo que se modificó a través de una Resolución; la Resolución de la denominación de recopilación de normas para Bancos y Entidades Financieras que ahora se denomina Recopilación de Normas para Servicios Financieros; el Reglamento de Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago; el Reglamento para Control de Auditores Internos en Entidades Financieras; el Reglamento para Operaciones de Consumo debidamente Garantizados; el Reglamento para la emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda, entre otros.
Según la ASFI existen 12 reglamentos en proceso de elaboración, 16 en proceso de modificación, tres "circularizados" a las Direcciones de la ASFI, siete presentados y aprobados en Comité de Normas y diez publicados al sistema financiero.
Explicó que en la ASFI se ha venido trabajando en el desarrollo de bases de datos que se está poniendo a disposición de las entidades financieras para la implementación de los reglamentos.
"Hemos hecho la consolidación de 48 reglamentos que en este momento están en plena elaboración, de los cuales diez reglamentos ya han sido emitidos", señaló Valdivia.
Entre estos Reglamentos se emitió, por ejemplo, el referido a Cámaras de Compensación y Liquidación; el Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo que se modificó a través de una Resolución; la Resolución de la denominación de recopilación de normas para Bancos y Entidades Financieras que ahora se denomina Recopilación de Normas para Servicios Financieros; el Reglamento de Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago; el Reglamento para Control de Auditores Internos en Entidades Financieras; el Reglamento para Operaciones de Consumo debidamente Garantizados; el Reglamento para la emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda, entre otros.
Según la ASFI existen 12 reglamentos en proceso de elaboración, 16 en proceso de modificación, tres "circularizados" a las Direcciones de la ASFI, siete presentados y aprobados en Comité de Normas y diez publicados al sistema financiero.
Explicó que en la ASFI se ha venido trabajando en el desarrollo de bases de datos que se está poniendo a disposición de las entidades financieras para la implementación de los reglamentos.
miércoles, 18 de diciembre de 2013
LISTA LA LEY CONTRA AVASALLAMIENTOS
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, informó que el proyecto de Ley Contra los Avasallamientos de tierras se encuentra lista para ser debatida en las cámaras legislativas y aprobada antes del 24 de diciembre.
Según la autoridad, el proyecto normativo ya fue remitido a la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, donde comenzará su análisis en esta semana y posteriormente remitida al plenario para su tratamiento.
El proyecto de ocho artículos tipifica el avasallamiento de la propiedad privada y la incluye dentro el Código Penal.
Según la autoridad, el proyecto normativo ya fue remitido a la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, donde comenzará su análisis en esta semana y posteriormente remitida al plenario para su tratamiento.
El proyecto de ocho artículos tipifica el avasallamiento de la propiedad privada y la incluye dentro el Código Penal.
La ciudad de La Paz tiene su Ley de Catastro Urbano
El municipio paceño ya cuenta con la Ley de Catastro Urbano Municipal, que fue aprobada ayer, informó el concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva.
“Es la primera Ley de Catastro Urbano que tenemos en el municipio de La Paz; esperemos que sea respetada y mejore el desarrollo urbano de nuestro municipio, además de hacer respetar aquellos territorios que fueron declarados zonas negras o áreas rojas para las edificaciones”, dijo.
El legislador municipal expresó su confianza en que la norma “sea aplicada y respetada”, porque leyes como la del uso de suelos y otras “nunca” fueron acatadas por la población. Según Silva, ese hecho explica que en la actualidad más del 60 por ciento de las construcciones en La Paz esté fuera de norma municipal.
Precisamente, uno de los principales beneficios de la Ley de Catastro —de acuerdo con el concejal— es que el ciudadano podrá adecuar y legalizar la edificación de su vivienda que está fuera de norma.
El catastro es un inventario de todos los predios y construcciones que existen en un área determinada, codifica la superficie, áreas construidas, valor de la edificación y a los propietarios. Además, sobre la base de la utilidad del inmueble, se hace el cálculo para el pago de impuestos.
Silva recordó que el alcalde Luis Revilla tiene diez días para promulgar la norma a partir de su aprobación en el Concejo.
“Es la primera Ley de Catastro Urbano que tenemos en el municipio de La Paz; esperemos que sea respetada y mejore el desarrollo urbano de nuestro municipio, además de hacer respetar aquellos territorios que fueron declarados zonas negras o áreas rojas para las edificaciones”, dijo.
El legislador municipal expresó su confianza en que la norma “sea aplicada y respetada”, porque leyes como la del uso de suelos y otras “nunca” fueron acatadas por la población. Según Silva, ese hecho explica que en la actualidad más del 60 por ciento de las construcciones en La Paz esté fuera de norma municipal.
Precisamente, uno de los principales beneficios de la Ley de Catastro —de acuerdo con el concejal— es que el ciudadano podrá adecuar y legalizar la edificación de su vivienda que está fuera de norma.
El catastro es un inventario de todos los predios y construcciones que existen en un área determinada, codifica la superficie, áreas construidas, valor de la edificación y a los propietarios. Además, sobre la base de la utilidad del inmueble, se hace el cálculo para el pago de impuestos.
Silva recordó que el alcalde Luis Revilla tiene diez días para promulgar la norma a partir de su aprobación en el Concejo.
martes, 17 de diciembre de 2013
Senado aprueba ley para formar Comisión de la Verdad e investigar violación de DDHH en dictaduras 1964-1982
La Cámara de Senadores aprobó una ley que crea la Comisión de la Verdad para la identificación de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y ubicación de los restos de las personas declaradas desaparecidas en las dictaduras desde el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. La Comisión trabajará 36 meses.
La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, justificó la aprobación de la norma asegurando que existe una herida abierta desde hace 50 años porque no hubo voluntad política para cerrarla.
“No conozco antecedentes de que haya existido un gobierno en todo este periodo, que haya planteado esta Comisión de la Verdad porque no le interesaba hacerlo, probablemente, porque algunos de sus miembros eran parte de los procesos de dictadura”, sostuvo Montaño, según boletín de prensa de la Cámara Alta.
La Comisión de la Verdad tendrá entre sus funciones el solicitar de manera fundada y obtener información de entidades públicas o privadas, con fines de investigación; recepcionar denuncias, pruebas y presentarlas en su caso al Ministerio Público; coordinar acciones con entidades públicas y privadas para la ubicación del paradero de restos de las víctimas de desaparición forzada; coordinar y coadyuvar acciones con entidades públicas y privadas para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Tendrá una vigencia de 36 meses, computables a partir de la aprobación de su reglamento interno y el plazo podrá ser ampliado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia por 18 meses. Estará constituida por un representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), dos de organizaciones de derechos humanos, un representante del Ministerio de Justicia, uno del Ministerio de Defensa, otro del Ministerio de Gobierno y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Encontrar la verdad significa cerrar las brechas de impunidad, significa devolverle al país la posibilidad de mirar hacia atrás (…) Sí, podremos haber zanjado como sociedad una deuda histórica”, insistió Montaño y explicó que la instancia creada pasará toda la información recopilada y sistematizada al Ministerio Público para encontrar a los culpables de la muerte, desaparición y tortura de cientos de bolivianos.
La legisladora aclaró que este gobierno y la bancada del MAS no va a ocultar o manipular información para esconder a ningún asesino, torturador y victimario de bolivianas y bolivianos. “No tenemos por qué hacerlo, no convivimos con ellos, no tenemos nada tranzado con ellos, no los necesitamos para mantener y sostener nuestro poder, no necesitamos de ellos para ser gobierno ni para ser la bancada mayoritaria en el Senado y en Diputados”, afirmó
Diputados aprueban nuevo artículo 5 del Código Niño y Niña que garantiza derechos desde la concepción
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el lunes la modificación del artículo quinto del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, que en su nueva redacción reconoce como sujetos de derecho a los niños y niñas desde el momento de su concepción, informó la presidenta de esa instancia legislativa, Betty Tejada.
Según un boletín institucional, la modificación del artículo quinto establece que son sujetos de derechos del presente Código, las personas hasta los 18 años cumplidos de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, b) Adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos.
'Ni este Gobierno, ni esta bancada, ni esta Presidencia está apoyando el aborto', señaló Tejada al explicar que la modificación de ese artículo se dio en base a un análisis técnico legal y a la decisión política tomada por el presidente Evo Morales, en base a la Constitución Política del Estado (CPE) vigente.
'Lo primero que el Presidente Morales nos recomendó, tras conocer el contenido del artículo, es que quede claramente establecido que este gobierno que ha luchado por una CPE garantista de la vida, que se trabaje en una redacción que atienda a los niños y niñas desde su concepción', explicó.
La titular de la Cámara Baja informo que a la futura norma se añadirá una disposición adicional en la que se hará alusión al artículo 266 del Código Penal, que establece el derecho de la niña o la adolecente al 'aborto impune', cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.
Tampoco será punible, si el aborto hubiese sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida y la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.
En este sentido la disposición adicional del Código Niña, Niño y Adolecente sostiene que: 'las niñas y adolecentes mujeres gozan de protección y garantía plena, a circunstancias previstas en el artículo 266 del Código Penal bajo procedimiento inmediato'.
'Con esta medida subsanaríamos el problema, protegeríamos a los niños incluyendo a las niñas y adolecentes', afirmó Tejada.
Según un boletín institucional, la modificación del artículo quinto establece que son sujetos de derechos del presente Código, las personas hasta los 18 años cumplidos de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, b) Adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos.
'Ni este Gobierno, ni esta bancada, ni esta Presidencia está apoyando el aborto', señaló Tejada al explicar que la modificación de ese artículo se dio en base a un análisis técnico legal y a la decisión política tomada por el presidente Evo Morales, en base a la Constitución Política del Estado (CPE) vigente.
'Lo primero que el Presidente Morales nos recomendó, tras conocer el contenido del artículo, es que quede claramente establecido que este gobierno que ha luchado por una CPE garantista de la vida, que se trabaje en una redacción que atienda a los niños y niñas desde su concepción', explicó.
La titular de la Cámara Baja informo que a la futura norma se añadirá una disposición adicional en la que se hará alusión al artículo 266 del Código Penal, que establece el derecho de la niña o la adolecente al 'aborto impune', cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.
Tampoco será punible, si el aborto hubiese sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida y la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.
En este sentido la disposición adicional del Código Niña, Niño y Adolecente sostiene que: 'las niñas y adolecentes mujeres gozan de protección y garantía plena, a circunstancias previstas en el artículo 266 del Código Penal bajo procedimiento inmediato'.
'Con esta medida subsanaríamos el problema, protegeríamos a los niños incluyendo a las niñas y adolecentes', afirmó Tejada.
El MAS dejará pendiente cinco leyes para 2014
Parlamentarios del oficialismo anunciaron que dejarán este año al menos cinco proyectos de ley pendientes para ser aprobados en enero de 2014, porque sólo restan 17 días para el receso de fin de año.
El jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó que hasta la próxima semana el Senado podría aprobar el Código del Niño Niña y Adolescente, que actualmente se debate en Diputados.
"Unos cinco o seis sería (o quedaría) hasta el mes de enero, depende mucho de cómo trabajamos esta semana ”, declaró.
En la víspera, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y fue remitido al Senado con modificaciones, e inmediatamente empezó el tratamiento del proyecto de Código Niño, Niña y Adolescente.
Por otra parte, el asambleísta informó que el proyecto de ley de avasallamientos ya fue concluido y se busca que sea aprobado hasta el fin de semana.
"Ya está concluido. Oficialmente puede que ingrese hasta fines de semana. No es una ley muy larga, tiene 12 o 13 artículos”, señaló el senador.
La norma pretende evitar los avasallamientos en el área rural y los loteamientos en las áreas urbanas, hechos que permanentemente se han producido y que el Gobierno se comprometió a proponer un proyecto que sancione estos actos incluso con la cárcel.
Los empresarios, en particular de Santa Cruz, demandaron a las autoridades una norma. Juntas vecinales de Oruro y El Alto también demandaron que se tomen medidas para evitar los avasallamientos de terrenos urbanos.
El jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó que hasta la próxima semana el Senado podría aprobar el Código del Niño Niña y Adolescente, que actualmente se debate en Diputados.
"Unos cinco o seis sería (o quedaría) hasta el mes de enero, depende mucho de cómo trabajamos esta semana ”, declaró.
En la víspera, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y fue remitido al Senado con modificaciones, e inmediatamente empezó el tratamiento del proyecto de Código Niño, Niña y Adolescente.
Por otra parte, el asambleísta informó que el proyecto de ley de avasallamientos ya fue concluido y se busca que sea aprobado hasta el fin de semana.
"Ya está concluido. Oficialmente puede que ingrese hasta fines de semana. No es una ley muy larga, tiene 12 o 13 artículos”, señaló el senador.
La norma pretende evitar los avasallamientos en el área rural y los loteamientos en las áreas urbanas, hechos que permanentemente se han producido y que el Gobierno se comprometió a proponer un proyecto que sancione estos actos incluso con la cárcel.
Los empresarios, en particular de Santa Cruz, demandaron a las autoridades una norma. Juntas vecinales de Oruro y El Alto también demandaron que se tomen medidas para evitar los avasallamientos de terrenos urbanos.
viernes, 13 de diciembre de 2013
Ley volvería a imponer contenidos a medios
La Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande el proyecto de Ley 321/2013-2104, Código Niña, Niño y Adolescente, que establece en una de sus disposiciones que los medios de comunicación están obligados a dar espacios gratuitos para difundir los preceptos de la norma relacionada con los derechos de la niñez y la adolescencia sumándose a otras leyes que ya copan los espacios mediáticos.
En la sección de Disposiciones Adicionales, Segunda cita que: “Los medios de Comunicación están obligados a contribuir a la formación de la niña, niño o adolescente, brindando información de interés social y cultural, dando cobertura a las necesidades informativas y educativas de esta población, promoviendo la difusión de los derechos, deberes y garantías establecidos en el presente Código, a través de espacios publicitarios gratuitos, de forma obligatoria. Asimismo deberán emitir y publicar programas y secciones culturales, artístico, informativos y educativos plurilingües así como el lenguaje alternativo, dirigidos a la niña, niño o adolescente, de acuerdo a reglamentación”.
Ante esta disposición, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, sostuvo que los medios de comunicación tienen la función de informar a la población, que tienen obligaciones y derechos, pero con esta disposición se está atropellando y violando los derechos constitucionales que por Ley les corresponden a los medios informativos.
Según expresó, las normas deberían respetar los derechos de los medios de comunicación que tienen potestad sobre sus propios espacios y no se puede atropellar con imposiciones más allá de causas nobles como la expuesta en la Ley.
Acotó que el Estado no debe obligar a los medios de información a poner en sus espacios contenidos brindando información social, por cuanto estos tienen un costo económico para la empresa y obligarlos es atropellar sus derechos.
“No quiere decir que esté en desacuerdo, está bien que los medios apoyen causas nobles, pero no pueden hacerlo de manera exigida porque ya de hecho tenemos algunas cargas que son numerosas”, recalcó la autoridad de la ANP recordando que los medios televisivos, radiofónicos e impresos, así como portales virtuales deben emitir contenidos antirracismo, de prevención de la trata y tráfico de personas, entre otros, citando a las instituciones públicas que ejecutan y regulan esas normativas.
Sugirió a los representantes de los medios de comunicación presentar una acción de inconstitucionalidad ante todas estas imposiciones. La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 46, Numeral 2 inciso III menciona: “Nadie debe ser obligado a prestar un servicio sin consentimiento, ni justa retribución”.
El Código de Niña, Niño Adolescente está compuesto de 380 artículos y con sus disposiciones transitorias, adicionales y finales, entrará a la Cámara de Senadores posiblemente en los siguientes días, en otra jornada de trabajo en fin de semana.
La Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación establece que los canales de televisión deben dar al menos 20 minutos libres al mes, en horarios preferenciales; para radios son mínimo 40 minutos al mes, también en horarios preferenciales. En diarios y semanarios una página al mes y en revistas media página al mes. En periódicos digitales e Internet un espacio al mes.
Otra norma, la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, también reglamentada mediante dercreto, impone a los medios impresos difundir publicidad con contenido educativo contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, destinando toda la mitad de la contratapa cuerpo A, una vez a la semana”.
Los canales de televisión deben difundir obligadamente 10 minutos al mes “en el horario de 7.30 a 9.30 y 10 minutos al mes en el horario de 20.00 a 22.00” y las radios 20 minutos al mes “en el horario de 7.30 a 9.30” y otros “20 minutos al mes en el horario de 20.00 a 22.00”.
“Los medios digitales difundirán los mensajes de prevención contra la trata y tráfico de personas de manera permanente y exclusiva”, agrega el referido decreto.
En la sección de Disposiciones Adicionales, Segunda cita que: “Los medios de Comunicación están obligados a contribuir a la formación de la niña, niño o adolescente, brindando información de interés social y cultural, dando cobertura a las necesidades informativas y educativas de esta población, promoviendo la difusión de los derechos, deberes y garantías establecidos en el presente Código, a través de espacios publicitarios gratuitos, de forma obligatoria. Asimismo deberán emitir y publicar programas y secciones culturales, artístico, informativos y educativos plurilingües así como el lenguaje alternativo, dirigidos a la niña, niño o adolescente, de acuerdo a reglamentación”.
Ante esta disposición, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, sostuvo que los medios de comunicación tienen la función de informar a la población, que tienen obligaciones y derechos, pero con esta disposición se está atropellando y violando los derechos constitucionales que por Ley les corresponden a los medios informativos.
Según expresó, las normas deberían respetar los derechos de los medios de comunicación que tienen potestad sobre sus propios espacios y no se puede atropellar con imposiciones más allá de causas nobles como la expuesta en la Ley.
Acotó que el Estado no debe obligar a los medios de información a poner en sus espacios contenidos brindando información social, por cuanto estos tienen un costo económico para la empresa y obligarlos es atropellar sus derechos.
“No quiere decir que esté en desacuerdo, está bien que los medios apoyen causas nobles, pero no pueden hacerlo de manera exigida porque ya de hecho tenemos algunas cargas que son numerosas”, recalcó la autoridad de la ANP recordando que los medios televisivos, radiofónicos e impresos, así como portales virtuales deben emitir contenidos antirracismo, de prevención de la trata y tráfico de personas, entre otros, citando a las instituciones públicas que ejecutan y regulan esas normativas.
Sugirió a los representantes de los medios de comunicación presentar una acción de inconstitucionalidad ante todas estas imposiciones. La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 46, Numeral 2 inciso III menciona: “Nadie debe ser obligado a prestar un servicio sin consentimiento, ni justa retribución”.
El Código de Niña, Niño Adolescente está compuesto de 380 artículos y con sus disposiciones transitorias, adicionales y finales, entrará a la Cámara de Senadores posiblemente en los siguientes días, en otra jornada de trabajo en fin de semana.
La Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación establece que los canales de televisión deben dar al menos 20 minutos libres al mes, en horarios preferenciales; para radios son mínimo 40 minutos al mes, también en horarios preferenciales. En diarios y semanarios una página al mes y en revistas media página al mes. En periódicos digitales e Internet un espacio al mes.
Otra norma, la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, también reglamentada mediante dercreto, impone a los medios impresos difundir publicidad con contenido educativo contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, destinando toda la mitad de la contratapa cuerpo A, una vez a la semana”.
Los canales de televisión deben difundir obligadamente 10 minutos al mes “en el horario de 7.30 a 9.30 y 10 minutos al mes en el horario de 20.00 a 22.00” y las radios 20 minutos al mes “en el horario de 7.30 a 9.30” y otros “20 minutos al mes en el horario de 20.00 a 22.00”.
“Los medios digitales difundirán los mensajes de prevención contra la trata y tráfico de personas de manera permanente y exclusiva”, agrega el referido decreto.
Apreciaciones de entendidos sobre la nueva ley minera
En la medida que demora la aprobación de la nueva ley minera, aumentan las apreciaciones que surgen en círculos muy próximos a esa importante actividad productiva y que muestran ciertas preocupaciones propias del interés que cada sector tiene en la expectativa de contar con un instrumento válido que active el uso de nuestros recursos mineralógicos.
Por supuesto que las consideraciones en torno al contenido de la ley minera son contradictorias y tienen un matiz particular dependiendo dónde y en qué conglomerado sectorial se analizan sus ventajas o sus limitaciones, las que sólo son conocidas por trascendidos y algunos adelantos nada oficiales, pero que podrían ser parte de cambios sustanciales en el régimen impositivo o en el uso de las áreas de producción.
Se dice también que la nueva ley profundizará el saqueo de los minerales a favor de las cooperativas mineras y las empresas transnacionales porque el proyecto que está en consideración se basa en un modelo neoliberal, según las conclusiones del Segundo Encuentro de Líderes Ambientales, además de algunos representantes de organizaciones sociales y pueblos indígenas que se sienten afectados por la contaminación minera.
El encuentro medioambientalista reunió a delegados de organismos del ramo de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, que analizaron una agenda en la que principalmente se criticó la posición del Estado que permite el saqueo de minerales y lo peor es que admite la contaminación ambiental sin exigir garantías y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Por otra parte y en una conferencia de prensa el diputado nacional Franz Choque Ulloa cuestionó el proyecto de la ley minera, especialmente su Art. 22 que menciona la creación de empresas públicas minero – estratégicas para monopolizar la actividad minera centralizándola a nivel nacional y excluyendo a los departamentos, las provincias y los municipios mineros.
A propósito el referido Art 22 de la Ley Minera señala: "Por ser los recursos minerales de carácter estratégico y la creación de empresas públicas minero estratégicas competencia privativa y exclusiva del nivel central del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, no podrán constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales ni participar de la cadena productiva minera directa o indirectamente". Según las apreciaciones legislativas se estarían vulnerando derechos departamentales que se supone contradicen los propósitos del derecho a utilizar libremente los recursos naturales de cada región, en armonía con su estatuto autonómico.
Las observaciones que se hacen actualmente al proyecto de la ley minera tienen una incidencia sumamente preocupante y en su caso merecen algunas aclaraciones de representantes de los organismos que han estado involucrados en la elaboración de las normas y que por lo visto no han denunciado algunos aspectos que realmente pueden afectar los derechos departamentales sobre el uso de sus recursos naturales que decididamente son la base para alcanzar el objetivo de la descentralización administrativa
Por supuesto que las consideraciones en torno al contenido de la ley minera son contradictorias y tienen un matiz particular dependiendo dónde y en qué conglomerado sectorial se analizan sus ventajas o sus limitaciones, las que sólo son conocidas por trascendidos y algunos adelantos nada oficiales, pero que podrían ser parte de cambios sustanciales en el régimen impositivo o en el uso de las áreas de producción.
Se dice también que la nueva ley profundizará el saqueo de los minerales a favor de las cooperativas mineras y las empresas transnacionales porque el proyecto que está en consideración se basa en un modelo neoliberal, según las conclusiones del Segundo Encuentro de Líderes Ambientales, además de algunos representantes de organizaciones sociales y pueblos indígenas que se sienten afectados por la contaminación minera.
El encuentro medioambientalista reunió a delegados de organismos del ramo de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, que analizaron una agenda en la que principalmente se criticó la posición del Estado que permite el saqueo de minerales y lo peor es que admite la contaminación ambiental sin exigir garantías y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Por otra parte y en una conferencia de prensa el diputado nacional Franz Choque Ulloa cuestionó el proyecto de la ley minera, especialmente su Art. 22 que menciona la creación de empresas públicas minero – estratégicas para monopolizar la actividad minera centralizándola a nivel nacional y excluyendo a los departamentos, las provincias y los municipios mineros.
A propósito el referido Art 22 de la Ley Minera señala: "Por ser los recursos minerales de carácter estratégico y la creación de empresas públicas minero estratégicas competencia privativa y exclusiva del nivel central del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, no podrán constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales ni participar de la cadena productiva minera directa o indirectamente". Según las apreciaciones legislativas se estarían vulnerando derechos departamentales que se supone contradicen los propósitos del derecho a utilizar libremente los recursos naturales de cada región, en armonía con su estatuto autonómico.
Las observaciones que se hacen actualmente al proyecto de la ley minera tienen una incidencia sumamente preocupante y en su caso merecen algunas aclaraciones de representantes de los organismos que han estado involucrados en la elaboración de las normas y que por lo visto no han denunciado algunos aspectos que realmente pueden afectar los derechos departamentales sobre el uso de sus recursos naturales que decididamente son la base para alcanzar el objetivo de la descentralización administrativa
jueves, 12 de diciembre de 2013
El nuevo Código de Familias plantea al menos seis cambios
El nuevo Código de Familias plantea cambios en la filiación, emancipación, asistencia familiar, matrimonio, divorcio y unión libre; los mismos fueron calificados como “grandes innovaciones” por parte de la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón.
“La propuesta conlleva a grandes innovaciones, por ejemplo, se plantea a la familia como sujeto de derechos. La filiación es un instituto totalmente innovador porque en caso de existir controversia, la prueba principal es el examen biológico o de ADN”, indicó Ayllón, a tiempo de destacar los principales cambios de la norma.
Detalló que se garantiza la filiación por indicación, al igual que la posibilidad de objetarla a través de la acción de negación de paternidad o maternidad, o de la acción de impugnación de filiación.
La emancipación es el segundo cambio, pues el nuevo código establece que las personas podrán solicitar la declaración a partir de los 16 años de edad y mediante una Notaría de Fe Pública, cuando ambas partes estén de acuerdo. La actual norma dispone únicamente la vía judicial.
Jorge Mercado, director de Desarrollo Constitucional del Ministerio de Justicia, indicó que este tipo de emancipación es más común en el área rural porque la población empieza a trabajar a más corta edad.
“La asistencia familiar, excepcionalmente, podrá extenderse hasta los 25 años si la o el beneficiario demuestra dedicación a la formación técnica profesional, o de un arte u oficio que no tenga interrupciones y se obtenga un resultado efectivo”, mencionó Ayllón, como tercera modificación. Mercado agregó que el tema está sujeto a discusión, porque “existe el rechazo de algunos”.
Los dependientes con discapacidad y menores de edad no requerirán probar la necesidad de la asistencia, pero sí la proporcionalidad. El pago se realizará a través del sistema financiero. La eliminación del plazo para el nuevo matrimonio de la mujer, posterior al divorcio, es el cuarto cambio. El código vigente establece que la mujer debe esperar un año antes de contraer nuevamente nupcias, para descartar cualquier probabilidad de embarazo.
El quinto está referido a la incorporación de la afectación del proyecto de vida en común, como nuevo causal de divorcio. “Se refiere a que la relación de la pareja simplemente no funciona por diferentes motivos”, dijo Mercado. La certificación de la unión libre en registros civiles, sin necesidad de un juez, es el sexto cambio.
Registrarán a deudores morosos de asistencia
El artículo 129 del nuevo Código de Familias establece la creación de un registro de deudores morosos de asistencia familiar, bajo dependencia funcional y administrativa del Consejo de la Magistratura.
La función principal del registro será llevar un listado de todas aquellas personas que adeuden total o parcialmente tres cuotas de asistencia familiar consecutivas o cinco alternadas, ya sean provisorias o definitivas.
Asimismo, expedirá certificados de solvencia de asistencia familiar ante cualquier requerimiento, de persona pública o privada, de forma gratuita. Una vez realizado el pago, se dispondrá el retiro del nombre en el registro. Jorge Mercado, director de Desarrollo Constitucional, aclaró que dicho registro será un castigo moral más que punitivo, porque el acceso al registro será público y cualquier persona podrá revisar la información.
El Código de Familias fue aprobado en grande en la Comisión Integrada de Constitución y Derechos Humanos, y sera tratado en detalle la próxima semana, según el cronograma. El documento posee 475 artículos. Expertos internacionales destacaron en un seminario la cantidad de contenido, pues aseguraron que la norma de otros países llegan a 200 artículos.
Proyecto de ley baja a 14 años edad de imputabilidad
El proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente, en tratamiento en Diputados, amplía la imputabilidad de adolescentes a partir de los 14 años (actualmente es desde los 16) y crea una “nueva justicia penal” para las personas entre los 14 y 18 años.
“Es un sistema que los reconoce (a los adolescentes a partir de los 14 años) como personas, los reconoce como sujetos de derecho, como personas capaces de defenderse”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.
Un grupo de diputados de la oposición expresaron ayer su rechazó a la ampliación de la imputabilidad de los adolescentes, desde los 16 años a los 14 años, establecida en el proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente, que se empezó ayer tratar en grande en la Cámara de Diputados. Asimismo, expresaron su preocupación por el reconocimiento en el proyecto de los derechos de los niños o niñas a partir de su nacimiento y no de su concepción como actualmente esta instituido.
Advirtieron que esa modificación deja abierta la posibilidad de la legalización del aborto, que plantean varios sectores.
El diputado Javier Zavaleta informó que el proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente implementará una nueva justicia penal para adolescentes entre 14 y 18 años. Desarrolla, entre otras medidas, el procedimiento para adolescentes con responsabilidad penal. Este amplía el margen de protección hasta los 18 años.
Además, dijo que la normativa propone mecanismos de justicia restaurativa y medidas socioeducativas, para reintegrar al adolescente con la familia, el entorno y la comunidad a través de centros especializados.
Según Zabaleta, estas disposiciones obligaran a las Gobernaciones a construir y administrar centros de orientación y rehabilitación para adolescentes en los cuales puedan ser segregados por edad y género, para la aplicación de programas de orientación socioeducativa.
Por otro lado, el proyecto de ley establece que la responsabilidad de los adolescentes cuando cometen algún delito es una responsabilidad penal atenuada en cuatro quintas partes respecto al máximo penal correspondiente al delito.
El texto señala asimismo que para delitos cuyo máximo penal sea entre 15 y 30 años en la Ley Penal, la pena deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. Y para delitos cuyo máximo penal sea menor a 15 años, se aplicarán medidas socioeducativas en libertad.
El Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026) aprobada en 1999 establece que los mayores de 16 años y menores de 21 años, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero contarán con la protección a que se refieren las normas.
Derechos laborales
“Lo que hace el actual Código es simplemente prohibir el trabajo infantil (y con esto) lo que hacía era permitir una serie de abusos y atropellos, (en el nuevo Código) hay una serie de prohibiciones expresas para este ámbito pero también hay un reconocimiento de las condiciones laborales para los adolescentes mayores de 14 años” señaló el presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce.
Sobre el tema, el diputado Javier Zavaleta detalló que “cualquier adolescente puede trabajar sin ningún inconveniente y tiene que tener todos los derechos laborales que tiene cualquier otra persona”.
Innovaciones en el proyecto de código
La propuesta de Código Niña, Niño y Adolescente remitida por la comisión integrada de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Derechos Humanos consta de 345 artículos, siete disposiciones adicionales, nueve transitorias, una abrogatoria, una derogatoria y dos legales.
Según los proyectistas, la norma incluye al menos 5 innovaciones en materia legislativa en salud, protección contra la violencia, derechos laborales, sistema penal e incremento de presupuesto por parte de todos los niveles de Estado.
El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) incluirá en su cobertura a los niños hasta los 12 años. Plantea una mayor protección de niños y adolescentes contra la violencia sexual y en el ámbito escolar. Garantiza el derecho al trabajo de adolescentes de 14 a 18 años y establece obligaciones a los empleadores de acuerdo con la ley general del trabajo, entre algunas de esas “innovaciones”.
“Es un sistema que los reconoce (a los adolescentes a partir de los 14 años) como personas, los reconoce como sujetos de derecho, como personas capaces de defenderse”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.
Un grupo de diputados de la oposición expresaron ayer su rechazó a la ampliación de la imputabilidad de los adolescentes, desde los 16 años a los 14 años, establecida en el proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente, que se empezó ayer tratar en grande en la Cámara de Diputados. Asimismo, expresaron su preocupación por el reconocimiento en el proyecto de los derechos de los niños o niñas a partir de su nacimiento y no de su concepción como actualmente esta instituido.
Advirtieron que esa modificación deja abierta la posibilidad de la legalización del aborto, que plantean varios sectores.
El diputado Javier Zavaleta informó que el proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente implementará una nueva justicia penal para adolescentes entre 14 y 18 años. Desarrolla, entre otras medidas, el procedimiento para adolescentes con responsabilidad penal. Este amplía el margen de protección hasta los 18 años.
Además, dijo que la normativa propone mecanismos de justicia restaurativa y medidas socioeducativas, para reintegrar al adolescente con la familia, el entorno y la comunidad a través de centros especializados.
Según Zabaleta, estas disposiciones obligaran a las Gobernaciones a construir y administrar centros de orientación y rehabilitación para adolescentes en los cuales puedan ser segregados por edad y género, para la aplicación de programas de orientación socioeducativa.
Por otro lado, el proyecto de ley establece que la responsabilidad de los adolescentes cuando cometen algún delito es una responsabilidad penal atenuada en cuatro quintas partes respecto al máximo penal correspondiente al delito.
El texto señala asimismo que para delitos cuyo máximo penal sea entre 15 y 30 años en la Ley Penal, la pena deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. Y para delitos cuyo máximo penal sea menor a 15 años, se aplicarán medidas socioeducativas en libertad.
El Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026) aprobada en 1999 establece que los mayores de 16 años y menores de 21 años, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero contarán con la protección a que se refieren las normas.
Derechos laborales
“Lo que hace el actual Código es simplemente prohibir el trabajo infantil (y con esto) lo que hacía era permitir una serie de abusos y atropellos, (en el nuevo Código) hay una serie de prohibiciones expresas para este ámbito pero también hay un reconocimiento de las condiciones laborales para los adolescentes mayores de 14 años” señaló el presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce.
Sobre el tema, el diputado Javier Zavaleta detalló que “cualquier adolescente puede trabajar sin ningún inconveniente y tiene que tener todos los derechos laborales que tiene cualquier otra persona”.
Innovaciones en el proyecto de código
La propuesta de Código Niña, Niño y Adolescente remitida por la comisión integrada de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Derechos Humanos consta de 345 artículos, siete disposiciones adicionales, nueve transitorias, una abrogatoria, una derogatoria y dos legales.
Según los proyectistas, la norma incluye al menos 5 innovaciones en materia legislativa en salud, protección contra la violencia, derechos laborales, sistema penal e incremento de presupuesto por parte de todos los niveles de Estado.
El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) incluirá en su cobertura a los niños hasta los 12 años. Plantea una mayor protección de niños y adolescentes contra la violencia sexual y en el ámbito escolar. Garantiza el derecho al trabajo de adolescentes de 14 a 18 años y establece obligaciones a los empleadores de acuerdo con la ley general del trabajo, entre algunas de esas “innovaciones”.
Representantes de la Sociedad Civil descontentos con Ley de Control Social
Representantes de los 35 municipios del departamento de Oruro, expusieron su descontento con la Ley 341 de Participación y Control Social, por no adecuarse al trabajo que deben realizar para fiscalizar el trabajo y ejecución de recursos municipales.
El encuentro se realizó en ambientes del Hotel Terminal, donde se recibió explicación del objetivo de la ley, la forma de participación de la población, sus actores y otros que se desglosaron a través de la explicación realizada por funcionarios de Ministerio de Autonomías y del Ministerio de Transparencia.
Florencio Choque Lapaca, director de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de la Gobernación, informó que con la participación de los representantes del Control Social de los 35 municipios, se identificaron algunos problemas por los que atraviesan en la elaboración de la normativa para tratar de resolverlos e iniciar su labor la próxima gestión, sin ningún conflicto.
"Lo que queremos es que no tengan problemas o dificultades los miembros del Control Social, porque la ley ya tendrá un año de vigencia y a mediados de febrero los municipios ya deben tener una Ley Municipal de Control Social porque hasta el momento solo cumplieron con esta disposición cinco municipios y la mayoría están en proceso de redacción", manifestó.
Choque manifestó que se espera que todos los municipios del departamento, concluyan con la elaboración de su ley para la presentación de su Plan Operativo Anual (POA), documento que debe tener el visto bueno del Control Social.
Durante la jornada de ayer, funcionarios del Ministerio de Autonomías y de Transparencia aclararon las interrogantes planteadas por los representantes de los municipios que solicitaron una reunión con responsables del Ministerio de Transparencia, para proponer algunas modificaciones a la norma como la conformación del Control Social, la disposición de recursos económicos para realizar el trabajo que con anterioridad realizaban los integrantes del Comité de Vigilancia.
El encuentro se realizó en ambientes del Hotel Terminal, donde se recibió explicación del objetivo de la ley, la forma de participación de la población, sus actores y otros que se desglosaron a través de la explicación realizada por funcionarios de Ministerio de Autonomías y del Ministerio de Transparencia.
Florencio Choque Lapaca, director de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de la Gobernación, informó que con la participación de los representantes del Control Social de los 35 municipios, se identificaron algunos problemas por los que atraviesan en la elaboración de la normativa para tratar de resolverlos e iniciar su labor la próxima gestión, sin ningún conflicto.
"Lo que queremos es que no tengan problemas o dificultades los miembros del Control Social, porque la ley ya tendrá un año de vigencia y a mediados de febrero los municipios ya deben tener una Ley Municipal de Control Social porque hasta el momento solo cumplieron con esta disposición cinco municipios y la mayoría están en proceso de redacción", manifestó.
Choque manifestó que se espera que todos los municipios del departamento, concluyan con la elaboración de su ley para la presentación de su Plan Operativo Anual (POA), documento que debe tener el visto bueno del Control Social.
Durante la jornada de ayer, funcionarios del Ministerio de Autonomías y de Transparencia aclararon las interrogantes planteadas por los representantes de los municipios que solicitaron una reunión con responsables del Ministerio de Transparencia, para proponer algunas modificaciones a la norma como la conformación del Control Social, la disposición de recursos económicos para realizar el trabajo que con anterioridad realizaban los integrantes del Comité de Vigilancia.
miércoles, 11 de diciembre de 2013
Senado sanciona Ley de Presupuesto General 2014
La Cámara de Senadores sancionó la madrugada del martes la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2014, con un incremento de recursos económicos de 14 por ciento respecto a la gestión 2013, además de una fuerte inversión pública, informaron fuentes legislativas.
“Se aprueba el Presupuesto General del Estado, para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, por un importe total agregado de 259.439.429.292 bolivianos”, remarca la resolución camaral según ABI.
La ley establece también el presupuesto consolidado de 195.409.570.082 bolivianos, según detalle de recursos y gastos consignados en los Tomos I y II adjuntos.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, que estuvo presente en la Sesión Plena, explicó que el PGE busca consolidar la estabilidad macroeconómica de los últimos ocho años de Gobierno, además de las políticas sociales y acelerar una “agresiva inversión pública”.
La ley se aplica a todas las instituciones del sector público que conforman los órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen o administren recursos públicos.
Por otra parte, Arce dijo que Bolivia será el segundo país de la región en crecimiento económico este año, a pesar de la baja de los precios internacionales, lo que lo demuestra “la musculatura del nuevo modelo económico social comunitario productivo” de Bolivia.
“Se aprueba el Presupuesto General del Estado, para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, por un importe total agregado de 259.439.429.292 bolivianos”, remarca la resolución camaral según ABI.
La ley establece también el presupuesto consolidado de 195.409.570.082 bolivianos, según detalle de recursos y gastos consignados en los Tomos I y II adjuntos.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, que estuvo presente en la Sesión Plena, explicó que el PGE busca consolidar la estabilidad macroeconómica de los últimos ocho años de Gobierno, además de las políticas sociales y acelerar una “agresiva inversión pública”.
La ley se aplica a todas las instituciones del sector público que conforman los órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen o administren recursos públicos.
Por otra parte, Arce dijo que Bolivia será el segundo país de la región en crecimiento económico este año, a pesar de la baja de los precios internacionales, lo que lo demuestra “la musculatura del nuevo modelo económico social comunitario productivo” de Bolivia.
Norma propone castigar con cárcel el doble concubinato
El nuevo Código de Familias, elaborado por el Ministerio de Justicia, plantea que las parejas que viven en unión libre -conocida como concubinato- formalicen voluntariamente su vínculo ante un Registro Civil. Además, propone sanciones, de entre dos a seis años de prisión, a quienes convivan con dos parejas.
"En la propuesta normativa se plantea que cuando exista una unión libre, la pareja acuda de forma voluntaria a un Registro Civil para que formalice ese vínculo”, afirmó el director de Desarrollo Constitucional del ministerio del área, Jorge Mercado, en el Seminario Internacional sobre el Código de Familias.
Enfatizó que se incorporó la formalización de la unión libre -o de hecho- porque, aunque actualmente la norma reconoce este tipo de vínculos ante un juez, lo hace "sólo cuando la unión ya ha desaparecido”.
Por ello, la propuesta normativa es que ahora la unión se contabilice de forma retroactiva, es decir, desde el momento en que la pareja decidió convivir.
Mercado añadió que una vez que el notario cuente con los requisitos que se exige a cada uno de los interesados -cédula de identidad que verifique que es mayor de edad y que no es casado (a) o tiene otra unión- la pareja formalizará su vínculo.
La certificación tiene los mismos efectos del matrimonio civil. Si se disuelve, habrá repartición de bienes de forma igualitaria y si hay hijos, se ejecutará el pago de la asistencia familiar.
La diferencia entre esta unión formalizada y un matrimonio civil será que el segundo es más formal, pues se celebra con padrinos y testigos; en cambio, el reconocimiento de la unión libre es sólo de la pareja. "Además, el matrimonio es reconocido desde que se celebra la boda”, dijo.
Las sanciones
El parágrafo dos del artículo 174 del nuevo Código de Familias, al cual tuvo acceso Página Siete, expresa que "quien incurra de mala fe en una unión libre o de hecho irregular deberá pagar daños y perjuicios a la persona afectada, siendo éstos cuantificados a través de un peritaje que ordenará el juez de oficio”.
También enfatiza la protección de los derechos de hijos que hayan nacido en esas uniones.
De acuerdo con la especialista en desarrollo constitucional del ministerio del área, Elizabeth Cornejo, la persona que cometiera una doble unión libre será sancionada con "la privación de libertad de dos a seis años”.
En el Seminario Internacional sobre el Código de Familias participaron jueces y abogados especialistas en el tema, además de tres expertos de Uruguay, Costa Rica y Cuba. El representante de Cuba, Oswaldo Álvarez, aseguró que el registro de uniones libres es un derecho de las personas.
Expertos destacan valor de igualdad
El experto en Derecho de Familia de Cuba, Oswaldo Álvarez, destaca que en la propuesta del nuevo Código de Familias del país, elaborado por el Ministerio de Justicia, "todos los hijos sean iguales”.
"(La norma) está eliminando todo tipo de discriminación entre los hijos, todos son iguales, no hay legítimos o ilegítimos, tal como están registrados en otros países, excepto en Cuba. Es un gran avance” .
Resaltó que la norma es completa, ya que tiene 243 artículos; normas similares de otros países llegan a 100
"En la propuesta normativa se plantea que cuando exista una unión libre, la pareja acuda de forma voluntaria a un Registro Civil para que formalice ese vínculo”, afirmó el director de Desarrollo Constitucional del ministerio del área, Jorge Mercado, en el Seminario Internacional sobre el Código de Familias.
Enfatizó que se incorporó la formalización de la unión libre -o de hecho- porque, aunque actualmente la norma reconoce este tipo de vínculos ante un juez, lo hace "sólo cuando la unión ya ha desaparecido”.
Por ello, la propuesta normativa es que ahora la unión se contabilice de forma retroactiva, es decir, desde el momento en que la pareja decidió convivir.
Mercado añadió que una vez que el notario cuente con los requisitos que se exige a cada uno de los interesados -cédula de identidad que verifique que es mayor de edad y que no es casado (a) o tiene otra unión- la pareja formalizará su vínculo.
La certificación tiene los mismos efectos del matrimonio civil. Si se disuelve, habrá repartición de bienes de forma igualitaria y si hay hijos, se ejecutará el pago de la asistencia familiar.
La diferencia entre esta unión formalizada y un matrimonio civil será que el segundo es más formal, pues se celebra con padrinos y testigos; en cambio, el reconocimiento de la unión libre es sólo de la pareja. "Además, el matrimonio es reconocido desde que se celebra la boda”, dijo.
Las sanciones
El parágrafo dos del artículo 174 del nuevo Código de Familias, al cual tuvo acceso Página Siete, expresa que "quien incurra de mala fe en una unión libre o de hecho irregular deberá pagar daños y perjuicios a la persona afectada, siendo éstos cuantificados a través de un peritaje que ordenará el juez de oficio”.
También enfatiza la protección de los derechos de hijos que hayan nacido en esas uniones.
De acuerdo con la especialista en desarrollo constitucional del ministerio del área, Elizabeth Cornejo, la persona que cometiera una doble unión libre será sancionada con "la privación de libertad de dos a seis años”.
En el Seminario Internacional sobre el Código de Familias participaron jueces y abogados especialistas en el tema, además de tres expertos de Uruguay, Costa Rica y Cuba. El representante de Cuba, Oswaldo Álvarez, aseguró que el registro de uniones libres es un derecho de las personas.
Expertos destacan valor de igualdad
El experto en Derecho de Familia de Cuba, Oswaldo Álvarez, destaca que en la propuesta del nuevo Código de Familias del país, elaborado por el Ministerio de Justicia, "todos los hijos sean iguales”.
"(La norma) está eliminando todo tipo de discriminación entre los hijos, todos son iguales, no hay legítimos o ilegítimos, tal como están registrados en otros países, excepto en Cuba. Es un gran avance” .
Resaltó que la norma es completa, ya que tiene 243 artículos; normas similares de otros países llegan a 100
martes, 10 de diciembre de 2013
Anuncian ley para garantizar seguridad de conscriptos en centros de instrucción
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Benancia Gutiérrez, informó ayer que la bancada oficialista del departamento de La Paz y la directiva de la Cámara de Diputados se encuentran elaborando una ley para garantizar la seguridad durante el estudio de los jóvenes en las instituciones policiales del país. Señaló que este proyecto está siendo elaborado a consecuencia de la muerte de una cadete y agresiones físicas a estudiantes que se produjeron en la Academia Nacional de Policías (Anapol) y en otras entidades de formación académica.
Señaló que el informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y médicos del Instituto de Investigación Forense (Idif), en relación a la muerte de la cadete Cinthia Poma Gutiérrez, de 24 años, que falleció el 18 de noviembre, supuestamente por una crisis asmática y las agresiones físicas a otras cadetes, carecen de credibilidad.
“El informe que nos dieron el ministro Carlos Romero, la comisión y los médicos no son insuficientes y a causa de estas injusticias nosotros estamos elaborando una ley para proteger a todos los jóvenes que sufren maltratos en los recintos policiales, militares, como la Anapol”, dijo la diputada.
Sin embargo, este fin de semana, el presidente Evo Morales sostuvo que el tema de derechos humanos “perjudica” la preparación de los conscriptos. “Lamento mucho decir, que tiene su tarea y responsabilidad las instituciones de derechos humanos, entendemos perfectamente, pero cualquier institución de los derechos humanos no pude perjudicar en la preparación física de nuestros solados”, sostuvo.
En tanto, la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, manifestó su rechazo sobre ese pronunciamiento. “No comparto las declaraciones del presidente y es el primer boliviano que debería denunciar sobre las agresiones que existen en las Fuerzas Armadas y en otras instituciones”, dijo Reyes.
Reyes expresó que se debería poner un alto a la utilización de la violencia, agresión física en las instituciones policiales, militares, donde se vulnera los derechos humanos y que equivocan la idea y el concepto disciplina con violencia física. “Es algo totalmente equivocado y deberíamos de trabajar por cambiar esas prácticas institucionales que vulneran los derechos y que ninguna institución del país puede estar en una práctica de esa dimensión”, expuso.
En tanto, Gutiérrez explicó que la nueva ley que se presentará en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa, será con el propósito de proteger a los jóvenes de toda violencia física y psicológica que puedan padecer en los establecimientos militares, policiales. “Esta norma es para proteger a los jóvenes que quieran servir a la Patria y a quienes que quieren estudiar en la Anapol. No se va a permitir discriminación, ni maltratos”, expresó.
Acotó que los casos de Cinthia Poma y las tres estudiantes agredidas físicamente y que fueron internadas en noviembre en el hospital Virgen de Copacabana en la ciudad de La Paz, no serán abandonadas y que proseguirá con la investigación hasta que las autoridades informen de manera correcta sobre este último caso que volvió a poner en tela de juicio la aplicación de prácticas extremas en la formación de los cadetes, tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas.
Señaló que el informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y médicos del Instituto de Investigación Forense (Idif), en relación a la muerte de la cadete Cinthia Poma Gutiérrez, de 24 años, que falleció el 18 de noviembre, supuestamente por una crisis asmática y las agresiones físicas a otras cadetes, carecen de credibilidad.
“El informe que nos dieron el ministro Carlos Romero, la comisión y los médicos no son insuficientes y a causa de estas injusticias nosotros estamos elaborando una ley para proteger a todos los jóvenes que sufren maltratos en los recintos policiales, militares, como la Anapol”, dijo la diputada.
Sin embargo, este fin de semana, el presidente Evo Morales sostuvo que el tema de derechos humanos “perjudica” la preparación de los conscriptos. “Lamento mucho decir, que tiene su tarea y responsabilidad las instituciones de derechos humanos, entendemos perfectamente, pero cualquier institución de los derechos humanos no pude perjudicar en la preparación física de nuestros solados”, sostuvo.
En tanto, la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, manifestó su rechazo sobre ese pronunciamiento. “No comparto las declaraciones del presidente y es el primer boliviano que debería denunciar sobre las agresiones que existen en las Fuerzas Armadas y en otras instituciones”, dijo Reyes.
Reyes expresó que se debería poner un alto a la utilización de la violencia, agresión física en las instituciones policiales, militares, donde se vulnera los derechos humanos y que equivocan la idea y el concepto disciplina con violencia física. “Es algo totalmente equivocado y deberíamos de trabajar por cambiar esas prácticas institucionales que vulneran los derechos y que ninguna institución del país puede estar en una práctica de esa dimensión”, expuso.
En tanto, Gutiérrez explicó que la nueva ley que se presentará en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa, será con el propósito de proteger a los jóvenes de toda violencia física y psicológica que puedan padecer en los establecimientos militares, policiales. “Esta norma es para proteger a los jóvenes que quieran servir a la Patria y a quienes que quieren estudiar en la Anapol. No se va a permitir discriminación, ni maltratos”, expresó.
Acotó que los casos de Cinthia Poma y las tres estudiantes agredidas físicamente y que fueron internadas en noviembre en el hospital Virgen de Copacabana en la ciudad de La Paz, no serán abandonadas y que proseguirá con la investigación hasta que las autoridades informen de manera correcta sobre este último caso que volvió a poner en tela de juicio la aplicación de prácticas extremas en la formación de los cadetes, tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas.
'Presunción de inocencia, el derecho más vulnerado'
El entrevistado de la semana lleva 15 años de trayectoria como abogado, se trata de Marcelo Arrázola Weise, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, que se refiere a la situación de los Derechos Humanos en Bolivia, a tiempo de conmemorar los 65 aniversarios de la Declaración de los Derechos Humanos. Graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Arrázola tiene en su hoja de vida varios postgrados, algunos de los cargos que ocupó son: secretario general de la Prefectura, oficial mayor del Gobierno Municipal y presidente del Colegio de Abogados de Bolivia.
¿Cómo ve el colegio de abogados el tema de derechos humanos?
M.A.: Existe mucha preocupación porque teníamos la esperanza de que esta situación cambiara. No se han visto gestiones públicas para que las violaciones a los derechos humanos disminuyan, y esto se puede ver en los informes que da el Defensor del Pueblo, que año tras año señala a la Policía, Fuerzas Armadas (FFAA) y Órgano Judicial, como las instituciones que más vulneran los derechos humanos en Bolivia.
¿Cuáles son los tres derechos humanos que más se vulneran?
m.A.: Por un lado está el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho que se vulnera permanentemente. Esto en gran causa es responsabilidad de los legisladores, porque en lugar de presumir inocencia se inclinan por la culpabilidad.
¿Qué instituciones son las que más vulneran los derechos humanos?
m.A.: Según los informes del Defensor del Pueblo, la Policía Nacional es una de las instituciones que año tras año vulneran los derechos humanos en nuestro país.
¿A qué sectores de Bolivia afectan más estas vulneraciones?
m.A.: Esta demás decir que en Bolivia el sector humilde y pobre son los más golpeados, y que con estas normas lo que se quiere es poder defenderlos.
¿Y la población femenina del país?
m.A.: En el tema de la mujer y los niños también existe una tremenda vulneración. Pero aquí tenemos que considerar aspectos culturales, y por ello esto es un proceso que no lucha solo por mejorar la calidad de vida de las mujeres, niños o ancianos, sino que debe hilvanar políticas públicas para mejorar su situación.
¿Qué políticas públicas deberían considerarse?
m.A.: Básicamente se debe comenzar en el área educativa. Nosotros consideramos que dentro de la currícula debe implementarse una materia relacionada con el tema de los Derechos Humanos. Esto para que el nuevo hombre boliviano tenga otra concepción referente a la vida y el respeto a los derechos humanos en un estado de tolerancia. Esto también se propone, porque las escuelas que deberían ser centros donde se cultiven estos valores, pasa todo lo contrario.
¿Retardación de justicia es vulneración de los derechos humanos?
m.A.: Todas las personas tenemos derecho a una justicia pronta. Por ello si la misma no se resuelve en el marco de los procedimientos es una vulneración a los derechos humanos de las personas.
Caso Chaparina ¿Está politizado como indicó el exministro Llorenti?
m.A.: Considero que todo aquel que es denunciado por un hecho, fundamentalmente una autoridad pública, debe presentarse, asumir su defensa y aclarar a todo el pueblo boliviano la verdad histórica de los hechos, esto sin criticar a las lineas políticas.
Mandela fue un ícono en la lucha de los derechos humanos ¿Existe alguien parecido?
m.A.: Por el momento no se me ocurre ninguna persona. Pero viendo el tema de su legado Mandela, a pesar de que fue un hombre que sufrió violaciones a sus derechos, dejó el concepto; "de que el diálogo ayuda al crecimiento de los pueblos".
'Un gran porcentaje de los detenidos preventivamente son inocentes'.
¿Cómo ve el colegio de abogados el tema de derechos humanos?
M.A.: Existe mucha preocupación porque teníamos la esperanza de que esta situación cambiara. No se han visto gestiones públicas para que las violaciones a los derechos humanos disminuyan, y esto se puede ver en los informes que da el Defensor del Pueblo, que año tras año señala a la Policía, Fuerzas Armadas (FFAA) y Órgano Judicial, como las instituciones que más vulneran los derechos humanos en Bolivia.
¿Cuáles son los tres derechos humanos que más se vulneran?
m.A.: Por un lado está el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho que se vulnera permanentemente. Esto en gran causa es responsabilidad de los legisladores, porque en lugar de presumir inocencia se inclinan por la culpabilidad.
¿Qué instituciones son las que más vulneran los derechos humanos?
m.A.: Según los informes del Defensor del Pueblo, la Policía Nacional es una de las instituciones que año tras año vulneran los derechos humanos en nuestro país.
¿A qué sectores de Bolivia afectan más estas vulneraciones?
m.A.: Esta demás decir que en Bolivia el sector humilde y pobre son los más golpeados, y que con estas normas lo que se quiere es poder defenderlos.
¿Y la población femenina del país?
m.A.: En el tema de la mujer y los niños también existe una tremenda vulneración. Pero aquí tenemos que considerar aspectos culturales, y por ello esto es un proceso que no lucha solo por mejorar la calidad de vida de las mujeres, niños o ancianos, sino que debe hilvanar políticas públicas para mejorar su situación.
¿Qué políticas públicas deberían considerarse?
m.A.: Básicamente se debe comenzar en el área educativa. Nosotros consideramos que dentro de la currícula debe implementarse una materia relacionada con el tema de los Derechos Humanos. Esto para que el nuevo hombre boliviano tenga otra concepción referente a la vida y el respeto a los derechos humanos en un estado de tolerancia. Esto también se propone, porque las escuelas que deberían ser centros donde se cultiven estos valores, pasa todo lo contrario.
¿Retardación de justicia es vulneración de los derechos humanos?
m.A.: Todas las personas tenemos derecho a una justicia pronta. Por ello si la misma no se resuelve en el marco de los procedimientos es una vulneración a los derechos humanos de las personas.
Caso Chaparina ¿Está politizado como indicó el exministro Llorenti?
m.A.: Considero que todo aquel que es denunciado por un hecho, fundamentalmente una autoridad pública, debe presentarse, asumir su defensa y aclarar a todo el pueblo boliviano la verdad histórica de los hechos, esto sin criticar a las lineas políticas.
Mandela fue un ícono en la lucha de los derechos humanos ¿Existe alguien parecido?
m.A.: Por el momento no se me ocurre ninguna persona. Pero viendo el tema de su legado Mandela, a pesar de que fue un hombre que sufrió violaciones a sus derechos, dejó el concepto; "de que el diálogo ayuda al crecimiento de los pueblos".
'Un gran porcentaje de los detenidos preventivamente son inocentes'.
domingo, 8 de diciembre de 2013
Ley de Prevención de la Tortura creará entidad descentralizada
El proyecto de ley de Servicio para Prevención de la Tortura (SEPRET), establece la creación de una institución pública descentralizada que permita mecanismos de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, o humillantes.
Según un boletín de la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley aprobado en sus dos estaciones, se enmarca en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicóloga y sexual, y que nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
Asimismo la nueva norma cumple el mandato del artículo 111 de la CPE, que determina que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria o crímenes de guerra son imprescriptibles.
Durante su exposición ante el pleno, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, justificó la importancia de esta norma haciendo referencia a las múltiples irregularidades registradas en las academias de formación policial y militar relacionadas con malos tratos o torturas.
Asimismo, la titular recordó que el 27 de julio de 2006, a través de la ley 3454, se aprobó la ‘Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura’, por la cual Bolivia se comprometió a prevenir y sancionar esta práctica.
En este sentido, recordó que el 10 de diciembre del mismo año, el Estado boliviano puso en vigencia el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna ‘Para vivir bien 2009-2013’, que también contempla medidas contra la tortura.
Según un boletín de la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley aprobado en sus dos estaciones, se enmarca en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicóloga y sexual, y que nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
Asimismo la nueva norma cumple el mandato del artículo 111 de la CPE, que determina que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria o crímenes de guerra son imprescriptibles.
Durante su exposición ante el pleno, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, justificó la importancia de esta norma haciendo referencia a las múltiples irregularidades registradas en las academias de formación policial y militar relacionadas con malos tratos o torturas.
Asimismo, la titular recordó que el 27 de julio de 2006, a través de la ley 3454, se aprobó la ‘Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura’, por la cual Bolivia se comprometió a prevenir y sancionar esta práctica.
En este sentido, recordó que el 10 de diciembre del mismo año, el Estado boliviano puso en vigencia el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna ‘Para vivir bien 2009-2013’, que también contempla medidas contra la tortura.
Cámara Baja aprobó más leyes económicas
La Cámara de Diputados trató y aprobó un mayor número de leyes vinculadas con el área económica en lo que va de la presente gestión legislativa, mientras que solamente nueve están relacionadas con el medio ambiente.
De 140 proyectos de ley en la gestión 2013-2014, 49 pertenecen al área económica, 36 a la social, diez a la jurídica, nueve a medio ambiente y 36 a contratos, convenios y otros, informó la presidenta de Diputados, Betty Tejada, en un informe de gestión.
Las leyes de Servicios Financieros, General de Cooperativas, de Autorización de Suscripción de Contratos Mineros, y Reversión por Inexistencia de Actividades están entre las del rubro económico.
Entre las aprobadas del ámbito social están las leyes Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, del Libro y la Lectura ‘Óscar Alfaro’, de Bomberos, de Delimitación Interdepartamental Chuquisaca-Cochabamba y la de Medicina Tradicional Ancestral.
Además, Tejada señaló que fueron hechas 1.711 peticiones de informe escrito: 1.253 al Ejecutivo, 274 a la Fiscalía General, 95 al Tribunal Supremo de Justicia, 28 al Tribunal Supremo Electoral, diez al Tribunal Agroambiental, ocho al Tribunal Constitucional, 64 al Consejo de la Magistratura, 27 a la Contraloría General, dos a la Procuradoría y cuatro al Defensor.
La oposición observa la Ley del Servicio Exterior
Sin modificaciones, ayer se aprobó y sancionó la Ley del Servicio Exterior, pese a las "varias” observaciones que realizó la oposición, informó la diputada de Convergencia Nacional Norma Piérola.
Al menos 13 artículos fueron criticados por la asambleísta, referidos a la visión aymara, legislar a partir del derecho interno hacia una política exterior, que rompe la carrera diplomática. "Dice que se va a respetar la carrera administrativa y diplomática, pero les dan potestad para designar a cualquiera. Lo peor es que el Presidente puede hacer designaciones a dedo en cualquier persona”, explicó.
La Cámara de Diputados sancionó la ley y ahora pasará al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La presidenta de esta instancia, Betty Tejada, dijo que "la nueva norma, que reemplazará a la descontextualizada Ley de Servicio Exterior, busca efectivizar la representación del país en las relaciones entre los Estados y los pueblos”.
Asimismo, destacó que la nueva norma es "descolonizadora” porque los servidores públicos podrán ser representantes de relaciones exteriores, pero se reconocerá a los embajadores como jefes de las misiones.
El diputado del MAS Héctor Arce negó que con la ley desaparezca la carrera diplomática, pero aclaró que ahora habrá un enfoque de plurinacionalidad con la Academia Diplomática Plurinacional.
Piérola también criticó que para la diplomacia de los pueblos tampoco se exigen requisitos y cualquier persona puede ejercerla. Lamentó que el oficialismo, pese a la argumentación que hiciera la oposición, no haya tomado en cuenta las observaciones realizadas.
Al menos 13 artículos fueron criticados por la asambleísta, referidos a la visión aymara, legislar a partir del derecho interno hacia una política exterior, que rompe la carrera diplomática. "Dice que se va a respetar la carrera administrativa y diplomática, pero les dan potestad para designar a cualquiera. Lo peor es que el Presidente puede hacer designaciones a dedo en cualquier persona”, explicó.
La Cámara de Diputados sancionó la ley y ahora pasará al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La presidenta de esta instancia, Betty Tejada, dijo que "la nueva norma, que reemplazará a la descontextualizada Ley de Servicio Exterior, busca efectivizar la representación del país en las relaciones entre los Estados y los pueblos”.
Asimismo, destacó que la nueva norma es "descolonizadora” porque los servidores públicos podrán ser representantes de relaciones exteriores, pero se reconocerá a los embajadores como jefes de las misiones.
El diputado del MAS Héctor Arce negó que con la ley desaparezca la carrera diplomática, pero aclaró que ahora habrá un enfoque de plurinacionalidad con la Academia Diplomática Plurinacional.
Piérola también criticó que para la diplomacia de los pueblos tampoco se exigen requisitos y cualquier persona puede ejercerla. Lamentó que el oficialismo, pese a la argumentación que hiciera la oposición, no haya tomado en cuenta las observaciones realizadas.
sábado, 7 de diciembre de 2013
Ley Nacional del Patrimonio Cultural fue aprobada en Cámara de Senadores
La ley promueve políticas de preservación y recuperación del patrimonio material e inmaterial.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande la Ley Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano, que tiene como objetivo normar y definir políticas públicas que regulen el patrimonio.
La clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia son las medidas que incluye esta normativa.
Este proyecto de ley clasifica el patrimonio cultural boliviano en material e inmaterial. El primero abarca edificios, casas o casonas, palacios, iglesias, fábricas, monumentos, pirámides, cuevas y abrigos rocosos, pintura, escultura arquitectura, cerámica, cristalería, entre otros. La segunda categoría comprende las expresiones y saberes que las naciones y pueblos indígena originarios aportan como parte integral de cada identidad, este patrimonio se transmite de generación en generación y abarca: prácticas y formas de expresión cultural, creencias religiosas, espiritualidades, rituales, medicina tradicional, etc.
Julio Salazar, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), resaltó la “gestión de descentralización” de la ley, conforme a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, en coordinación con los órganos del Estado y todos los niveles de gobierno. “Se están dando competencias y atribuciones a los municipios. No sólo el Estado, a nivel central, asumirá las restauraciones y refacciones del patrimonio, ahora cada entidad autónoma, como las gobernaciones, municipios y alcaldías, tendrá sus atribuciones”, indicó.
El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Culturas y Turismo, fue remitido de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturalidad, obedeciendo al artículo 99 de la Constitución Política del Estado, que en sus parágrafos II y III establece que “el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural, de acuerdo con la ley”, y “La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley”.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande la Ley Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano, que tiene como objetivo normar y definir políticas públicas que regulen el patrimonio.
La clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia son las medidas que incluye esta normativa.
Este proyecto de ley clasifica el patrimonio cultural boliviano en material e inmaterial. El primero abarca edificios, casas o casonas, palacios, iglesias, fábricas, monumentos, pirámides, cuevas y abrigos rocosos, pintura, escultura arquitectura, cerámica, cristalería, entre otros. La segunda categoría comprende las expresiones y saberes que las naciones y pueblos indígena originarios aportan como parte integral de cada identidad, este patrimonio se transmite de generación en generación y abarca: prácticas y formas de expresión cultural, creencias religiosas, espiritualidades, rituales, medicina tradicional, etc.
Julio Salazar, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), resaltó la “gestión de descentralización” de la ley, conforme a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, en coordinación con los órganos del Estado y todos los niveles de gobierno. “Se están dando competencias y atribuciones a los municipios. No sólo el Estado, a nivel central, asumirá las restauraciones y refacciones del patrimonio, ahora cada entidad autónoma, como las gobernaciones, municipios y alcaldías, tendrá sus atribuciones”, indicó.
El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Culturas y Turismo, fue remitido de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturalidad, obedeciendo al artículo 99 de la Constitución Política del Estado, que en sus parágrafos II y III establece que “el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural, de acuerdo con la ley”, y “La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley”.
Analizan varias opciones de ley contra los avasalladores
El primer secretario de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, informó ayer que no está en agenda de 2013 la aprobación del proyecto de ley contra los avasallamientos, a no ser que haya una decisión política. Adelantó que hay al menos tres proyectos.
"No creo que sea este año, a no ser que haya una orden de la dirección política para meter este año, pero nosotros no lo tenemos agendado”, insistió.
El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera comprometieron una norma contra los avasalladores y traficantes de tierras que incluirá cárcel y la prohibición de acceder a tierras fiscales.
El Gobierno aseguró que garantizará la propiedad privada y dará seguridad jurídica a los propietarios de tierras legalmente adquiridas, luego de que a principios de año la Cámara Agropecuaria del Oriente demandara una norma.
La decisión de elaborar una ley se produce luego del último caso de avasallamiento en la localidad de Limoncitos, en el departamento cruceño .
Para el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sólo hay un manejo "político” del conflicto, para ganar municipios.
"Sabemos quienes son los que instan y organizan la toma de tierras, que seguramente son tierras productivas y que cumplen una función económica social”, dijo la autoridad cruceña, sin identificar a tales personas.
Marca dice que existen tres alternativas para combatir a los avasalladores y loteadores: un anteproyecto, una ley especial o un capítulo específico en el Código Penal.
"Hay proyectos. Han presentado unos tres” y ellos deben ser analizados y consensuados, explicó.
El presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Antonio Molina, declaró a Página Siete que a esa instancia "no llegó ningún proyecto por el momento”, mientras que el presidente de similar comisión, pero del Senado, Julio Salazar, comentó que la Brigada de Cochabamba tiene una propuesta que "está siendo socializada” para sancionar no sólo a los avasalladores, sino a los loteadores.
En su criterio, la norma debe ser aplicada a toda persona que tome ilegalmente tierras privadas o fiscales, aunque cree que también hay empresarios que incurren en la ilegal posesión de tierras, al igual que los ciudadanos extranjeros.
"En Santa Cruz, las tierras fiscales están siendo avasalladas por traficantes de tierras, también por los empresarios y, peor todavía, por los extranjeros”, sostuvo el parlamentario.
Decenas de avasallamientos en el país
Datos La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) tiene el registro de al menos 70 predios avasallados. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tendría otra cifra menor.
Coordinar El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sugirió conformar una comisión interinstitucional entre el INRA y los productores para conciliar las cifras sobre el número de avasallamientos.
Acciones El presidente Evo Morales pidió celeridad en las acciones de desalojo y procesos judiciales para sancionar a los responsables de los avasallamientos.
"No creo que sea este año, a no ser que haya una orden de la dirección política para meter este año, pero nosotros no lo tenemos agendado”, insistió.
El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera comprometieron una norma contra los avasalladores y traficantes de tierras que incluirá cárcel y la prohibición de acceder a tierras fiscales.
El Gobierno aseguró que garantizará la propiedad privada y dará seguridad jurídica a los propietarios de tierras legalmente adquiridas, luego de que a principios de año la Cámara Agropecuaria del Oriente demandara una norma.
La decisión de elaborar una ley se produce luego del último caso de avasallamiento en la localidad de Limoncitos, en el departamento cruceño .
Para el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sólo hay un manejo "político” del conflicto, para ganar municipios.
"Sabemos quienes son los que instan y organizan la toma de tierras, que seguramente son tierras productivas y que cumplen una función económica social”, dijo la autoridad cruceña, sin identificar a tales personas.
Marca dice que existen tres alternativas para combatir a los avasalladores y loteadores: un anteproyecto, una ley especial o un capítulo específico en el Código Penal.
"Hay proyectos. Han presentado unos tres” y ellos deben ser analizados y consensuados, explicó.
El presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Antonio Molina, declaró a Página Siete que a esa instancia "no llegó ningún proyecto por el momento”, mientras que el presidente de similar comisión, pero del Senado, Julio Salazar, comentó que la Brigada de Cochabamba tiene una propuesta que "está siendo socializada” para sancionar no sólo a los avasalladores, sino a los loteadores.
En su criterio, la norma debe ser aplicada a toda persona que tome ilegalmente tierras privadas o fiscales, aunque cree que también hay empresarios que incurren en la ilegal posesión de tierras, al igual que los ciudadanos extranjeros.
"En Santa Cruz, las tierras fiscales están siendo avasalladas por traficantes de tierras, también por los empresarios y, peor todavía, por los extranjeros”, sostuvo el parlamentario.
Decenas de avasallamientos en el país
Datos La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) tiene el registro de al menos 70 predios avasallados. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tendría otra cifra menor.
Coordinar El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sugirió conformar una comisión interinstitucional entre el INRA y los productores para conciliar las cifras sobre el número de avasallamientos.
Acciones El presidente Evo Morales pidió celeridad en las acciones de desalojo y procesos judiciales para sancionar a los responsables de los avasallamientos.
viernes, 6 de diciembre de 2013
La Ley Minera podría quedar postergada hasta el 2015
Aunque el anuncio de un senador oficialista no ha sido confirmado en el nivel superior de área, sea en el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) o a través de la Comibol, tampoco se conoció un pronunciamiento específico de portavoz gubernamental, sin embargo dada la demora en aprobar la Ley de Minería, que data de tres años atrás, no sería ninguna novedad que se la postergue un año más, ahora con un justificativo que no corresponde a la situación, pero que sirve para "dar el tiempo suficiente" para que los encargados de su redacción efectúen una serie de ajustes en el intrincado texto normativo minero.
Según la información divulgada por el matutino nacional Página Siete, el Senador del MAS, Fidel Surco hizo saber que se acordó postergar el tratamiento de los proyectos de las leyes General de la Coca y la Ley Minera hasta que pasen las elecciones del 2014, que posiblemente se cumplirán en octubre del año venidero.
Hay más en la justificación, afirmando que ambos proyectos se trabajarán ( en su parte final) recién el 2015 porque en criterio del asambleísta "son temas complicados que pueden ser utilizados como "vendettas políticas" por la oposición en la campaña electoral del MAS para el 2014".
En el caso de la coca, los parlamentarios no quieren que la oposición se aproveche de la situación con el pretexto del uso de hectáreas legales para el cultivo de la hoja…es un tema muy complicado que debe seguir en debate y ser socializado para permitir la aprobación de la Ley sobre el consumo legal de la hoja de coca", se indicó. La Ley 1008 está en vigencia y determina los topes para plantación de coca, aumentar las hectáreas para esa producción obliga a una modificación de la ley, aspecto que aún no se tocará, aunque existe preocupación del Gobierno por el crecimiento del narcotráfico.
En lo que corresponde a la nueva Ley Minera, el Primer Mandatario y de manera pública demandó a los operadores mineros, empresas privadas, a los cooperativistas, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el MMM extremar esfuerzos para llegar a un (buen) acuerdo. El deseo presidencial era que hasta fin de año se alcance ese acuerdo y la Ley Minera sea promulgada como un regalo de Navidad, lo que parece que no sucederá.
En el largo proceso de coordinar sugerencias de los diferentes sectores de la minería nacional, tras prolongadas reuniones, el 12 de julio del año en curso los operadores mineros entregaron el documento final del anteproyecto de la ley al Ministro de Minería Mario Virreira para que esa autoridad haga conocer el documento al gabinete ministerial y de esa instancia de revisión pase a la Asamblea Legislativa para su procesamiento de aprobación, sin embargo pasado el tiempo, en septiembre pasado otro senador oficialista, Eugenio Rojas confirmó que el documento de la Ley Minera no llegó a la Asamblea Legislativa, por tanto no se ha hecho ningún tratamiento en ese nivel, por lo menos eso es lo que se sabe cuando ya se acaba la gestión.
El anteproyecto de la Ley Minera es un documento que merece un tratamiento especial en la Asamblea, pues se trata de una normativa que regulará la actividad minera nacional, considerada como importante fuente generadora de divisas para el Estado y de ingresos a las regiones y municipios donde se realizan emprendimientos mineros.
Se observó en el tiempo transcurrido que existían algunas contradicciones en las propuestas presentadas por los sectores mineros, especialmente en lo que atañe al régimen tributario, que se pretende elevarlo y cuya consecuencia serviría para desincentivar las inversiones, además de colocar a nuestra minería en condiciones poco competitivas con relación a los países vecinos que en la gestión presente movieron millones de dólares empleados para el crecimiento de macro, medianos y pequeños proyectos mineros.
EL PECADO POLÍTICO
La salida "olímpica" como califican los expertos a la omisión del asunto tributario en la Ley Minera y dejar el caso al Ministerio de Finanzas, resulta una manera sencilla de "evadir" entre los protagonistas de la actividad la resuelta responsabilidad de buscar las condiciones más apropiadas para defender la actividad minera, sin gravámenes abultados que pueden ahuyentar inversiones y proceder a la búsqueda de condiciones que satisfagan las expectativas del Estado para obtener mejores ingresos, pero cuidando de no dañar "la gallina de los huevos de oro".
Otro aspecto importante es que deberá aplicarse un sistema impositivo que sea cumplido en igualdad de condiciones y con las mismas responsabilidades por todos los sub sectores de la minería, sin exclusiones de ninguna clase para no caer en el grave error de incluir el pecado político de favoritismo sectario.
Se entiende que el ministerio de las finanzas no incurrirá en el error de separar sectorialmente la aplicabilidad tributaria minera, finalmente se trata del uso de los recursos naturales no renovables mineros que son de todos los bolivianos, que al final de un largo proceso de circulación debe favorecer a impulsar planes de desarrollo nacional, con ventajas para las regiones donde están los yacimientos y sin ninguna otra condición.
Según la información divulgada por el matutino nacional Página Siete, el Senador del MAS, Fidel Surco hizo saber que se acordó postergar el tratamiento de los proyectos de las leyes General de la Coca y la Ley Minera hasta que pasen las elecciones del 2014, que posiblemente se cumplirán en octubre del año venidero.
Hay más en la justificación, afirmando que ambos proyectos se trabajarán ( en su parte final) recién el 2015 porque en criterio del asambleísta "son temas complicados que pueden ser utilizados como "vendettas políticas" por la oposición en la campaña electoral del MAS para el 2014".
En el caso de la coca, los parlamentarios no quieren que la oposición se aproveche de la situación con el pretexto del uso de hectáreas legales para el cultivo de la hoja…es un tema muy complicado que debe seguir en debate y ser socializado para permitir la aprobación de la Ley sobre el consumo legal de la hoja de coca", se indicó. La Ley 1008 está en vigencia y determina los topes para plantación de coca, aumentar las hectáreas para esa producción obliga a una modificación de la ley, aspecto que aún no se tocará, aunque existe preocupación del Gobierno por el crecimiento del narcotráfico.
En lo que corresponde a la nueva Ley Minera, el Primer Mandatario y de manera pública demandó a los operadores mineros, empresas privadas, a los cooperativistas, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el MMM extremar esfuerzos para llegar a un (buen) acuerdo. El deseo presidencial era que hasta fin de año se alcance ese acuerdo y la Ley Minera sea promulgada como un regalo de Navidad, lo que parece que no sucederá.
En el largo proceso de coordinar sugerencias de los diferentes sectores de la minería nacional, tras prolongadas reuniones, el 12 de julio del año en curso los operadores mineros entregaron el documento final del anteproyecto de la ley al Ministro de Minería Mario Virreira para que esa autoridad haga conocer el documento al gabinete ministerial y de esa instancia de revisión pase a la Asamblea Legislativa para su procesamiento de aprobación, sin embargo pasado el tiempo, en septiembre pasado otro senador oficialista, Eugenio Rojas confirmó que el documento de la Ley Minera no llegó a la Asamblea Legislativa, por tanto no se ha hecho ningún tratamiento en ese nivel, por lo menos eso es lo que se sabe cuando ya se acaba la gestión.
El anteproyecto de la Ley Minera es un documento que merece un tratamiento especial en la Asamblea, pues se trata de una normativa que regulará la actividad minera nacional, considerada como importante fuente generadora de divisas para el Estado y de ingresos a las regiones y municipios donde se realizan emprendimientos mineros.
Se observó en el tiempo transcurrido que existían algunas contradicciones en las propuestas presentadas por los sectores mineros, especialmente en lo que atañe al régimen tributario, que se pretende elevarlo y cuya consecuencia serviría para desincentivar las inversiones, además de colocar a nuestra minería en condiciones poco competitivas con relación a los países vecinos que en la gestión presente movieron millones de dólares empleados para el crecimiento de macro, medianos y pequeños proyectos mineros.
EL PECADO POLÍTICO
La salida "olímpica" como califican los expertos a la omisión del asunto tributario en la Ley Minera y dejar el caso al Ministerio de Finanzas, resulta una manera sencilla de "evadir" entre los protagonistas de la actividad la resuelta responsabilidad de buscar las condiciones más apropiadas para defender la actividad minera, sin gravámenes abultados que pueden ahuyentar inversiones y proceder a la búsqueda de condiciones que satisfagan las expectativas del Estado para obtener mejores ingresos, pero cuidando de no dañar "la gallina de los huevos de oro".
Otro aspecto importante es que deberá aplicarse un sistema impositivo que sea cumplido en igualdad de condiciones y con las mismas responsabilidades por todos los sub sectores de la minería, sin exclusiones de ninguna clase para no caer en el grave error de incluir el pecado político de favoritismo sectario.
Se entiende que el ministerio de las finanzas no incurrirá en el error de separar sectorialmente la aplicabilidad tributaria minera, finalmente se trata del uso de los recursos naturales no renovables mineros que son de todos los bolivianos, que al final de un largo proceso de circulación debe favorecer a impulsar planes de desarrollo nacional, con ventajas para las regiones donde están los yacimientos y sin ninguna otra condición.
Nuevas inversiones españolas en el país dependen de futura ley
EL GOBIERNO ORDENÓ LA TOMA ARMADA DE EMPRESAS PRIVADAS DE CAPITALES ESPAÑOLES.
El embajador de España, Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, dijo ayer que las nuevas inversiones de su país en Bolivia dependen de la nueva normativa que actualmente es elaborada por el Gobierno, a tiempo de informar que continúan las negociaciones para el pago de indemnizaciones a las empresas de capitales ibéricos, que fueron expropiadas por el Estado.
“Sobre las proyecciones para invertir, ya saben ustedes que eso mucho tiene que ver con la Ley de Inversiones que el Gobierno boliviano está preparando, que está siendo todavía objeto de muchas apreciaciones. Dependerá mucho de la propia Ley que el Gobierno está preparando y que todavía no está promulgada, pero en esa ley se deben establecer las bases que seguramente determinarán las inversiones futuras y de que manera las inversiones extranjeras se pueden producir en el país, por lo que estamos en un compás de espera", declaró el representante diplomático.
Acotó que pese a las expropiaciones sufridas por empresas de capitales españoles, el trabajo de firmas de ese país europeo en Bolivia continúa.
"En Bolivia existen unas cuantas empresas españolas, hay más o menos una decena de empresas establecidas aquí desde hace tiempo y al margen de eso hay nuevas empresas que están llegando, que no están viniendo a invertir específicamente, sino a realizar obras, que ganan licitaciones que el Gobierno convoca o los departamentos, que realizan obras", comentó.
Dijo que las negociaciones entre el Estado boliviano y las empresas españolas afectadas por las denominadas "nacionalizaciones" continúa y que en breve se efectuarán nuevas reuniones.
“El Gobierno boliviano ha encargado sus estudios correspondientes, creo que el estudio de Red Eléctrica ya se conoce, creo que el de Iberdrola también, me parece que aún falta el de Sabsa y en cualquier caso, con estudios o sin ellos, las negociaciones entre el Gobierno y las empresas siguen su curso, de hecho hay previstas dentro de pocas fechas nuevas reuniones y por lo tanto el asunto aún no está resuelto", informó.
Manifestó que espera que las negociaciones continúen para que las empresas afectadas puedan recibir un pago justo por la expropiación de sus acciones.
“Bueno la seguridad jurídica. El Gobierno está embarcado en negociaciones con las empresas con lo cual digamos que en ese punto, está respetando lo que es previsible cuando se produce una nacionalización, es decir, negociar para llegar a una solución de compromiso, y estamos satisfechos que el Gobierno se comprometa a seguir negociando", acotó el diplomático.
Falta de recursos estanca la promulgación de la Ley del Cine
La falta de recursos y la definición del monto del Fondo de Fomento Cinematográfico obstaculizaron la promulgación de la nueva Ley del Cine y el Audiovisual boliviano, informó la cineasta Victoria Guerrero, responsable del comité de sistematización de la norma.
"Hace más de un mes entregamos la última propuesta y todavía no recibimos respuesta. Me imagino que el Ministerio de Culturas aún no ha definido de dónde saldrán los recursos para el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual”, aseguró.
Guerrero sistematizó la ley junto a otros cineastas luego del Congreso del Cine, que se realizó en julio en Cochabamba, y en el que más de 200 directores, productores y gente afín al rubro cinematográfico se reunieron para delinear los alcances de la nueva norma.
"El Ministerio de Culturas tiene que asignar un monto al fondo y definir cuáles serán las fuentes de financiamiento para estos recursos”, acotó la cineasta.
En la actualidad, el proyecto de Ley del Cine es revisado por técnicos del Ministerio de Culturas y según la senadora Tania Melgar, presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, que revisó la norma, ésta quedó estancada por la falta de recursos.
"Hay un punto que todavía está en discusión, que tiene que ver con lo financiero (para lo del fondo de fomento) y cómo va a funcionar la institucionalidad relativa al cine (...) Nos falta ese artículo y nada más”, señaló.
Página Siete solicitó información sobre el tema al Ministerio de Culturas, pero desde la oficina de comunicación no dieron respuesta hasta el cierre de esta edición.
En el artículo 22 del proyecto de ley -presentado por los cineastas a Culturas- se establece la creación de este fondo con la finalidad de gestionar recursos para el desarrollo, potenciación y consolidación de proyectos cinematográficos y audiovisuales bolivianos.
Mientras que en el artículo 24 se lee que los representantes del Congreso del Cine propusieron 11 formas para sustentar este fondo. Sugirieron solventarlo con recursos del Tesoro General del Estado (TGE), del Ministerio de Culturas, de una tasa administrativa de regulación cinematográfica y audiovisual. Además de donaciones, transferencias y aportes nacionales o internacionales.
Según Guerrero, también se propuso asignar un porcentaje de la venta de taquillas. "Según datos, por año hay seis millones de espectadores que asisten a las salas en el país. Entonces, pedimos un 10% por lo menos”, dijo.
Sin embargo, según la cineasta, la propuesta fue observada porque no se puede crear un impuesto específico a la taquilla y porque los empresarios de este rubro afirmaron que inmediatamente se defina un porcentaje, ellos tendrán que subir el precio de las entradas.
"Estamos preocupados porque sin la designación de un monto para el fondo, la ley no tiene sentido. Es importante normar cómo el Estado puede promover la producción cinematográfica a través de recursos”, dijo Guerrero.
Hace unas semanas, representantes de Asocine hicieron pública una carta, en la que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, envía sus observaciones sobre esta ley a la Presidencia. En la misiva, enviada el 8 de agosto de este año, señala que "la asignación de recursos (para este proyecto) provenientes del Impuesto Directo a Hidrocarburos no es posible... debido a que se hallan completamente comprometidos a través de la ley N° 3058”.
Melgar explicó que diversos actores del gremio cinematográfico presentaron una diversidad de propuestas. "Se están realizando las consultas para evaluar cuáles son las más válidas”, explicó.
Espera que el proyecto sea presentado a la comisión del Senado hasta la próxima semana.
Punto de vista
Diego Mondaca
Director de cine
"Buscamos financiamientos”
Al margen de canalización o no de la ley, me parece que es un tema de "voluntad”. Nos es muy difícil agruparnos y ser un bloque. Hay una lamentable disociación entre el cine que queremos y el país que tenemos. Asimismo, las deudas pendientes de un grupo de cineastas que hasta el día de hoy se niegan, con distintos e infundados argumentos, a pagar sus deudas con el Estado, ni entrar en plan de pagos.
Se han entornillado en las instituciones y en camarillas para evitar su responsabilidad ante el Estado. Esto obviamente genera descrédito en nosotros, los "nuevos” cineastas que estamos buscando financiamientos y mejores condiciones de producción.
Ahora, la importancia de un fondo cinematográfico no es únicamente para hacer películas, sino y fundamentalmente para generar un movimiento cultural en torno al cine: formación, exhibición, distribución, producción, etcétera. No se puede planificar ni impulsar la cultura, el cine, sin fondos destinados a ellos. Esto es algo que aparentemente es muy difícil de comprender para todo Gobierno. La cultura no da rédito político y básicamente por ello ningún Gobierno se ocupa de ello.
Detalles sobre la ley
Congreso Según el artículo cuarto de este proyecto de ley, el Congreso del Cine y Audiovisual Boliviano será el órgano rector para la definición de las políticas nacionales de promoción y desarrollo del sector cinematográfico y audiovisual.
Instituto El proyecto de ley también dispone la creación del Instituto Nacional del Cine y Audiovisual Boliviano, que estará bajo tuición del Ministerio de Culturas.
"Hace más de un mes entregamos la última propuesta y todavía no recibimos respuesta. Me imagino que el Ministerio de Culturas aún no ha definido de dónde saldrán los recursos para el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual”, aseguró.
Guerrero sistematizó la ley junto a otros cineastas luego del Congreso del Cine, que se realizó en julio en Cochabamba, y en el que más de 200 directores, productores y gente afín al rubro cinematográfico se reunieron para delinear los alcances de la nueva norma.
"El Ministerio de Culturas tiene que asignar un monto al fondo y definir cuáles serán las fuentes de financiamiento para estos recursos”, acotó la cineasta.
En la actualidad, el proyecto de Ley del Cine es revisado por técnicos del Ministerio de Culturas y según la senadora Tania Melgar, presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, que revisó la norma, ésta quedó estancada por la falta de recursos.
"Hay un punto que todavía está en discusión, que tiene que ver con lo financiero (para lo del fondo de fomento) y cómo va a funcionar la institucionalidad relativa al cine (...) Nos falta ese artículo y nada más”, señaló.
Página Siete solicitó información sobre el tema al Ministerio de Culturas, pero desde la oficina de comunicación no dieron respuesta hasta el cierre de esta edición.
En el artículo 22 del proyecto de ley -presentado por los cineastas a Culturas- se establece la creación de este fondo con la finalidad de gestionar recursos para el desarrollo, potenciación y consolidación de proyectos cinematográficos y audiovisuales bolivianos.
Mientras que en el artículo 24 se lee que los representantes del Congreso del Cine propusieron 11 formas para sustentar este fondo. Sugirieron solventarlo con recursos del Tesoro General del Estado (TGE), del Ministerio de Culturas, de una tasa administrativa de regulación cinematográfica y audiovisual. Además de donaciones, transferencias y aportes nacionales o internacionales.
Según Guerrero, también se propuso asignar un porcentaje de la venta de taquillas. "Según datos, por año hay seis millones de espectadores que asisten a las salas en el país. Entonces, pedimos un 10% por lo menos”, dijo.
Sin embargo, según la cineasta, la propuesta fue observada porque no se puede crear un impuesto específico a la taquilla y porque los empresarios de este rubro afirmaron que inmediatamente se defina un porcentaje, ellos tendrán que subir el precio de las entradas.
"Estamos preocupados porque sin la designación de un monto para el fondo, la ley no tiene sentido. Es importante normar cómo el Estado puede promover la producción cinematográfica a través de recursos”, dijo Guerrero.
Hace unas semanas, representantes de Asocine hicieron pública una carta, en la que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, envía sus observaciones sobre esta ley a la Presidencia. En la misiva, enviada el 8 de agosto de este año, señala que "la asignación de recursos (para este proyecto) provenientes del Impuesto Directo a Hidrocarburos no es posible... debido a que se hallan completamente comprometidos a través de la ley N° 3058”.
Melgar explicó que diversos actores del gremio cinematográfico presentaron una diversidad de propuestas. "Se están realizando las consultas para evaluar cuáles son las más válidas”, explicó.
Espera que el proyecto sea presentado a la comisión del Senado hasta la próxima semana.
Punto de vista
Diego Mondaca
Director de cine
"Buscamos financiamientos”
Al margen de canalización o no de la ley, me parece que es un tema de "voluntad”. Nos es muy difícil agruparnos y ser un bloque. Hay una lamentable disociación entre el cine que queremos y el país que tenemos. Asimismo, las deudas pendientes de un grupo de cineastas que hasta el día de hoy se niegan, con distintos e infundados argumentos, a pagar sus deudas con el Estado, ni entrar en plan de pagos.
Se han entornillado en las instituciones y en camarillas para evitar su responsabilidad ante el Estado. Esto obviamente genera descrédito en nosotros, los "nuevos” cineastas que estamos buscando financiamientos y mejores condiciones de producción.
Ahora, la importancia de un fondo cinematográfico no es únicamente para hacer películas, sino y fundamentalmente para generar un movimiento cultural en torno al cine: formación, exhibición, distribución, producción, etcétera. No se puede planificar ni impulsar la cultura, el cine, sin fondos destinados a ellos. Esto es algo que aparentemente es muy difícil de comprender para todo Gobierno. La cultura no da rédito político y básicamente por ello ningún Gobierno se ocupa de ello.
Detalles sobre la ley
Congreso Según el artículo cuarto de este proyecto de ley, el Congreso del Cine y Audiovisual Boliviano será el órgano rector para la definición de las políticas nacionales de promoción y desarrollo del sector cinematográfico y audiovisual.
Instituto El proyecto de ley también dispone la creación del Instituto Nacional del Cine y Audiovisual Boliviano, que estará bajo tuición del Ministerio de Culturas.