La Cámara de Diputados prevé aprobar hasta fines de diciembre, al menos, tres nuevos códigos de justicia: el de Familias, el Procesal Penal y el del Niño, Niña y Adolescente.
Tras la reunión de la bancada oficialista el pasado martes, se fijó el 22 de diciembre como fecha para el receso legislativo de fin de año, por lo que se apura el tratamiento de leyes para cumplir con la agenda pactada para este año.
"Estas semanas son muy importantes porque se deberán aprobar el Código Niño, Niña, Adolescente; el Código Procesal Penal y la ley de Servicios Financieros, entre otros", señaló el diputado Galo Bonifaz (MAS), de acuerdo a un boletín de prensa de la Cámara Baja.
Ya el 19 de noviembre, desde la ciudad de Sucre, el presidente Evo Morales, a tiempo de promulgar el nuevo Código Procesal Civil, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar los restantes Códigos Judiciales hasta fines de diciembre.
"Hasta diciembre deben aprobar todos los Códigos, hemos propuesto esa meta en bien de la justicia boliviana", dijo Morales.
El presidente de la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, el diputado Lucio Huaycho, reconoció que se tiene un pequeño retraso en el cumplimiento de la agenda, por lo que resaltó la predisposición de los asambleístas para redoblar su trabajo, pues se prevé sesionar, incluso, los fines de semana.
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viernes, 29 de noviembre de 2013
Aprueban en grande Ley Contra el Acoso y Violencia Política
El pleno del Concejo Municipal aprobó en grande la ley municipal “Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Servidoras Publicas Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, la misma será aprobada en sus estaciones en detalle y revisión el próximo día martes 3 de diciembre.
La ley edil tiene como objetivo eliminar todo acto, conducta y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia política que afecten directa o indirectamente a las mujeres en el ejercicio de sus funciones sean políticas y públicas, además que la misma garantiza el ejercicio pleno de esas funciones
El concejal Gabriela Niño de Guzmán, proyectista de la ley, señaló que su aplicación está establecida en el marco de la ley autonómica y en resguardo de los derechos de mujeres trabajadoras del Gobierno Municipal.
“Consideramos que ésta es una ley importante, porque pretende que el Gobierno Autónomo Municipal, sea un espacio donde la mujer pueda desarrollar su trabajo, cumpliendo funciones en un ámbito absolutamente seguro, que le brinde posibilidades de crecimiento, individual, personal y profesional”, apuntó la edil.
En muchos casos, recordó la autoridad, funcionarias sufren agresiones tanto en el ámbito interno como externo en el cumplimiento de sus funciones y la ley pretende proteger esos derechos y fundamentalmente al respeto de la función pública, que dañen su imagen o involucre su vida privada.
Además se propondrá al Ejecutivo la posibilidad de contar con espacios para la aplicación de la norma, donde la ley establece que si una funcionara es agredida por cumplir sus funciones la Dirección Jurídica del Municipio está obligada a defenderla de modo que la denuncia llegue a estrados judiciales de ser necesario.
SANCIONES
La normativa establece sanciones para funcionarios ediles desde llamadas de atención verbales hasta la exoneración de funciones, en caso de que las agresiones vengan de personas ajenas a la institución las sanciones serán establecidas en la justicia ordinaria incorporando la demandas judiciales donde el Gamlp asumirá la defensa de sus funcionarias.
La ley edil tiene como objetivo eliminar todo acto, conducta y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia política que afecten directa o indirectamente a las mujeres en el ejercicio de sus funciones sean políticas y públicas, además que la misma garantiza el ejercicio pleno de esas funciones
El concejal Gabriela Niño de Guzmán, proyectista de la ley, señaló que su aplicación está establecida en el marco de la ley autonómica y en resguardo de los derechos de mujeres trabajadoras del Gobierno Municipal.
“Consideramos que ésta es una ley importante, porque pretende que el Gobierno Autónomo Municipal, sea un espacio donde la mujer pueda desarrollar su trabajo, cumpliendo funciones en un ámbito absolutamente seguro, que le brinde posibilidades de crecimiento, individual, personal y profesional”, apuntó la edil.
En muchos casos, recordó la autoridad, funcionarias sufren agresiones tanto en el ámbito interno como externo en el cumplimiento de sus funciones y la ley pretende proteger esos derechos y fundamentalmente al respeto de la función pública, que dañen su imagen o involucre su vida privada.
Además se propondrá al Ejecutivo la posibilidad de contar con espacios para la aplicación de la norma, donde la ley establece que si una funcionara es agredida por cumplir sus funciones la Dirección Jurídica del Municipio está obligada a defenderla de modo que la denuncia llegue a estrados judiciales de ser necesario.
SANCIONES
La normativa establece sanciones para funcionarios ediles desde llamadas de atención verbales hasta la exoneración de funciones, en caso de que las agresiones vengan de personas ajenas a la institución las sanciones serán establecidas en la justicia ordinaria incorporando la demandas judiciales donde el Gamlp asumirá la defensa de sus funcionarias.
Ley del Notariado pasa a su revisión en Senado
La Cámara de Diputados aprobó ayer en su estación en detalle el proyecto de Ley del Notariado Plurinacional, instrumento legal que permitirá a los notarios de fe pública atender y resolver requerimientos de declaratoria de herederos.
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dio a conocer que este proyecto de ley permitirá disminuir los tiempos para la resolución de procesos voluntarios, en este caso, posibilitará que los pedidos de declaratoria de herederos sean resueltos en 15 minutos y no en aproximadamente cuatro meses como sucede actualmente.
Esta es una de las fortalezas del proyecto de ley que, además, transferirá a los notarios la atribución de disolver matrimonios, siempre y cuando no sean casos controversiales, como ser, por ejemplo, cuando existen hijos o hijas de por medio.
“Las declaratorias de herederos van a pasar a tuición de los notarios, lo que va a ayudar también a que la función jurisdiccional quede alivianada y los jueces se ocupen de lo que verdaderamente deben hacer, conocer procesos donde haya conflicto y posteriormente impartir justicia”, explicó la ministra.
De acuerdo con la ministra, el hecho de trasladar las atribuciones de los juzgados de familia a los notarios permitirá alivianar la carga procesal existente en la justicia en, al menos, un 75 por ciento.
“Los jueces instructores van a tener apenas un 25 por ciento de trabajo y el 75 por ciento va a pasar a la función notarial, esto nos va a permitir desjudicializar los procedimiento voluntarios, favoreciendo en todo caso al acceso a la justicia”, informó.
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dio a conocer que este proyecto de ley permitirá disminuir los tiempos para la resolución de procesos voluntarios, en este caso, posibilitará que los pedidos de declaratoria de herederos sean resueltos en 15 minutos y no en aproximadamente cuatro meses como sucede actualmente.
Esta es una de las fortalezas del proyecto de ley que, además, transferirá a los notarios la atribución de disolver matrimonios, siempre y cuando no sean casos controversiales, como ser, por ejemplo, cuando existen hijos o hijas de por medio.
“Las declaratorias de herederos van a pasar a tuición de los notarios, lo que va a ayudar también a que la función jurisdiccional quede alivianada y los jueces se ocupen de lo que verdaderamente deben hacer, conocer procesos donde haya conflicto y posteriormente impartir justicia”, explicó la ministra.
De acuerdo con la ministra, el hecho de trasladar las atribuciones de los juzgados de familia a los notarios permitirá alivianar la carga procesal existente en la justicia en, al menos, un 75 por ciento.
“Los jueces instructores van a tener apenas un 25 por ciento de trabajo y el 75 por ciento va a pasar a la función notarial, esto nos va a permitir desjudicializar los procedimiento voluntarios, favoreciendo en todo caso al acceso a la justicia”, informó.
jueves, 28 de noviembre de 2013
Marchan contra la Ley de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas
Propietarios de locales de expendio de bebidas alcohólicas realizaron una marcha hoy en la ciudad de Cochabamba como medida de presión contra la Ley Municipal de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
"Si no prospera esta situación nosotros vamos a convocar a todos los músicos a nivel departamental para una marcha", anunció el presidente de la Asociación Departamental de Músicos de Cochabamba, Rolando Quinteros.
La marcha realizada hoy se apostó en puertas de la Alcaldía Municipal de Cochabamba en medio de petardos y gritos exigiendo que la Ley Municipal de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas sea consensuada.
Los dueños de los locales tienen observaciones al proyecto en cuanto al horario de funcionamiento que va los martes, miércoles, jueves y domingos desde las 09:00 hasta las 24:00; y los viernes y sábados se permite la atención hasta las 2:00 del día siguiente.
Los propietarios piden que el horario comience por la tarde y el cierre sea extendido.
La otra observación que hacen al proyecto es a las multas que, según los dueños de los locales, alcanzaría hasta los 18 mil bolivianos si se encontrara algún menor de edad en los locales.
"Esos 18 mil (bolivianos) en un mes, dos meses, no ganamos. Queremos que se modifique", expresó Manuel Colque, propietario del local de expendio de bebidas alcohólicas, durante la marcha en la que seis representantes de la manifestación se reunieron en la Alcaldía.
Según la vocera de la Alcaldía, Elba Morales, este encuentro fue para informar a los representantes que tienen 10 días para realizar sus observaciones al proyecto de Ley Municipal de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
Al respecto, el presidente de la Asociación Cochabambina de Espectáculos Bailables, Walter Copaja, vía telefónica con Los Tiempos Digital dijo: "Estamos preparando nuestro amparo constitucional, esta tarde vamos a ver con el abogado, pero igual vamos a masificar nuestras medidas de presión. En la huelga de hambre ya están diez personas".
"Si no prospera esta situación nosotros vamos a convocar a todos los músicos a nivel departamental para una marcha", anunció el presidente de la Asociación Departamental de Músicos de Cochabamba, Rolando Quinteros.
La marcha realizada hoy se apostó en puertas de la Alcaldía Municipal de Cochabamba en medio de petardos y gritos exigiendo que la Ley Municipal de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas sea consensuada.
Los dueños de los locales tienen observaciones al proyecto en cuanto al horario de funcionamiento que va los martes, miércoles, jueves y domingos desde las 09:00 hasta las 24:00; y los viernes y sábados se permite la atención hasta las 2:00 del día siguiente.
Los propietarios piden que el horario comience por la tarde y el cierre sea extendido.
La otra observación que hacen al proyecto es a las multas que, según los dueños de los locales, alcanzaría hasta los 18 mil bolivianos si se encontrara algún menor de edad en los locales.
"Esos 18 mil (bolivianos) en un mes, dos meses, no ganamos. Queremos que se modifique", expresó Manuel Colque, propietario del local de expendio de bebidas alcohólicas, durante la marcha en la que seis representantes de la manifestación se reunieron en la Alcaldía.
Según la vocera de la Alcaldía, Elba Morales, este encuentro fue para informar a los representantes que tienen 10 días para realizar sus observaciones al proyecto de Ley Municipal de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
Al respecto, el presidente de la Asociación Cochabambina de Espectáculos Bailables, Walter Copaja, vía telefónica con Los Tiempos Digital dijo: "Estamos preparando nuestro amparo constitucional, esta tarde vamos a ver con el abogado, pero igual vamos a masificar nuestras medidas de presión. En la huelga de hambre ya están diez personas".
La nueva Ley del Notariado delegaría cargos “vitalicios”
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan Carlos Cejas, informó ayer que la nueva Ley del Notariado Plurinacional permitirá a que los notarios sean evaluados cada dos años y en el caso de reprobar serán destituidos de sus cargos. Sin embargo, tras la aprobación estos funcionarios públicos desempeñarán sus funciones por dos años más y así de forma indefinida si pasan todos los exámenes.
“Después de la evaluación, el notario puede seguir trabajando por dos años y puede seguir trabajando si tiene capacidad y si rinde en esa evaluación, también puede seguir trabajando, eso no significa perpetuidad; tenemos que entender qué es una carrera notarial, es como la carrera judicial. En el hipotético caso que reprueben, hasta ahí llegó su trabajo”, sostuvo el diputado a El DIARIO.
El representante explicó que tras asumir los cargos públicos, los funcionarios no serán evaluados por una persona, sino por un Concejo que se está creando con tres ministerios y también con tres representantes de la Asociación Nacional de Notarios que controlarán a sus colegiados a nivel departamental y nacional.
El Proyecto de Ley 301/2013-2014, compuesta de 115 artículos y de dos disposiciones, una transitoria y una final, garantizará que los funcionarios efectúen un trabajo con responsabilidad, ingreso por medio de concursos de méritos para que exista transparencia en el nombramiento. El diputado acotó que esta modalidad se empleará para mejorar la ineficiencia de los notarios.
“El trabajo de los notarios de nuestro país lastimosamente en gran parte de los trabajos no es eficiente, no es responsable; una gran parte de los notarios tienen procesos administrativos o penales, se sigue trabajando con normas desactualizadas, con reglamentos que no están de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE)”, declaró ayer en entrevista con medios televisivos.
El representante dijo que este nuevo reglamento establece en uno de sus artículos que los notarios conozcan sus obligaciones y sus prohibiciones. Además de conocer las faltas y las sanciones que deberán asumir si cometen algo indebido.
En tanto, la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, declaró que la Ley del Notariado está siendo politizada por el actual Gobierno, lo que va a provocar designaciones y manoseos en los nombramientos de los funcionarios. “Porque si bien hay examen, pase o no pase esto está sometido al poder político y eso no va garantizar en lo absoluto de que sí aprobó”, dijo.
Señaló que la actual Ley Notarial que está vigente desde hace cien años deberá ser actualizada, debido a que aún se nombran a funcionarios que son designados para estas funciones sin haber cumplido los requisitos establecidos.
“Cómo se va garantizar a notarios que han hecho carreras de doctorados, maestrías, esto se debería de respetar y hay quienes están en consulados fuera del país, sin tener una carrera diplomática, sin tener un Título en Provisión Nacional, pero está ahí”, manifestó la diputada.
Sostuvo que pese a que los diputados presentaron una acción para hacer algunas modificaciones en la Ley que está vigente no han sido tomados en cuenta, considerando que la Ley del Notariado Plurinacional también será aprobada por la Cámara de Diputados si hacer modificaciones.
“Después de la evaluación, el notario puede seguir trabajando por dos años y puede seguir trabajando si tiene capacidad y si rinde en esa evaluación, también puede seguir trabajando, eso no significa perpetuidad; tenemos que entender qué es una carrera notarial, es como la carrera judicial. En el hipotético caso que reprueben, hasta ahí llegó su trabajo”, sostuvo el diputado a El DIARIO.
El representante explicó que tras asumir los cargos públicos, los funcionarios no serán evaluados por una persona, sino por un Concejo que se está creando con tres ministerios y también con tres representantes de la Asociación Nacional de Notarios que controlarán a sus colegiados a nivel departamental y nacional.
El Proyecto de Ley 301/2013-2014, compuesta de 115 artículos y de dos disposiciones, una transitoria y una final, garantizará que los funcionarios efectúen un trabajo con responsabilidad, ingreso por medio de concursos de méritos para que exista transparencia en el nombramiento. El diputado acotó que esta modalidad se empleará para mejorar la ineficiencia de los notarios.
“El trabajo de los notarios de nuestro país lastimosamente en gran parte de los trabajos no es eficiente, no es responsable; una gran parte de los notarios tienen procesos administrativos o penales, se sigue trabajando con normas desactualizadas, con reglamentos que no están de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE)”, declaró ayer en entrevista con medios televisivos.
El representante dijo que este nuevo reglamento establece en uno de sus artículos que los notarios conozcan sus obligaciones y sus prohibiciones. Además de conocer las faltas y las sanciones que deberán asumir si cometen algo indebido.
En tanto, la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, declaró que la Ley del Notariado está siendo politizada por el actual Gobierno, lo que va a provocar designaciones y manoseos en los nombramientos de los funcionarios. “Porque si bien hay examen, pase o no pase esto está sometido al poder político y eso no va garantizar en lo absoluto de que sí aprobó”, dijo.
Señaló que la actual Ley Notarial que está vigente desde hace cien años deberá ser actualizada, debido a que aún se nombran a funcionarios que son designados para estas funciones sin haber cumplido los requisitos establecidos.
“Cómo se va garantizar a notarios que han hecho carreras de doctorados, maestrías, esto se debería de respetar y hay quienes están en consulados fuera del país, sin tener una carrera diplomática, sin tener un Título en Provisión Nacional, pero está ahí”, manifestó la diputada.
Sostuvo que pese a que los diputados presentaron una acción para hacer algunas modificaciones en la Ley que está vigente no han sido tomados en cuenta, considerando que la Ley del Notariado Plurinacional también será aprobada por la Cámara de Diputados si hacer modificaciones.
Un proyecto propone que los hijos elijan su primer apellido
La diputada Marianela Paco (MAS) informó que el Código de las Familias determina la posibilidad de que los hijos elijan el primer apellido que van a llevar, ya sea el de la madre o del padre. Aseguró que esta elección no provocará desorden judicial alguno.
"El orden de los apellidos no debería determinar los afectos, al amor que tiene derecho todo niño o niña, con ese orden debe generarse una nueva forma de cultura en el país”, indicó la parlamentaria, según registra el periódico digital Oxígeno.
La legisladora -que preside el Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados- se refirió al proyecto de Ley Nº 546/2013-2014 denominado Código de las Familias y del proceso familiar. Destacó que los cambios son sustanciales y enfocados a la despatriarcalización y descolonización de las relaciones de padres e hijos.
"Nos acostumbramos a imponer y que uno tenga razón por la fuerza, por esa razón queremos cambiar para que haya mutuo acuerdo, que respeten, que dialoguen en pareja este tipo de decisiones (qué apellido va primero) que le den certeza afectiva y material a los hijos e hijas”, dijo.
Tres aspectos se destacan en el proyecto de ley. Primero, que haya mutuo acuerdo de la pareja al momento de inscribir al hijo o hija con los apellidos de los progenitores, pero sin orden definido.
En segundo orden, que madres o padres solteros tienen derecho a inscribir a su hijo con un solo apellido y si la pareja decide asumir luego, puede secundar con su apellido. Sin embargo, no determina las obligaciones que deben ser materiales o afectivas con los hijos, según Oxígeno.
La tercera opción es que hijos o hijas en su mayoría de edad puedan cambiar el orden de sus apellidos. Ante la posibilidad de que esta opción pueda acarrear problemas en el sistema judicial, Paco respondió: "No debería, no le está quitando un apellido, ni le está cambiando el apellido por otros, sólo los está invirtiendo. Es la misma garantía, la misma obligación; hablamos de un sujeto que tiene un trámite que lo hará conocer, no genera esta dificultad, lo que sí podría hacerlo son los tiempos”, aseguró.
En caso de presentarse un homónimo, Paco dijo que existen mecanismos para identificar a la persona, porque en todo caso se incurriría en el delito de suplantación de identidad.
"Actualmente hay procedimientos administrativos y en la vía judicial nunca pueden existir dobles registros, con la nueva Ley de Identificaciones, por orden judicial concurren a ambos órdenes, la obligación del Sereci (Servicio de Registro Civil) es cancelar el otro registro, el otro certificado de nacimiento, o puede darle el mismo, pero puede invertir el apellido”, afirmó.
La posibilidad de que la pareja, en mutuo consenso, decida el orden de los apellidos para la filiación de su hijo o incorpore en primer lugar el apellido de la madre ya se planteó anteriormente en el proyecto de Ley del Código Niño, Niña y Adolescente.
Planes de cambio
Propuesta El proyecto de Ley del Código Niño, Niña y Adolescente plantea la opción de incorporar en primer lugar el apellido de la madre o que la pareja decida el orden de los apellidos para la filiación de su hijo.
Apoyo El centro Juana Azurduy, en Sucre, presentó una propuesta para el anteproyecto del Código de Familia del Ministerio de Justicia, que busca priorizar el apellido de la madre en la filiación de hijos e hijas.
Respaldo La propuesta analiza el "sesgo de género” en el artículo 9 del Código Civil, que señala que "toda persona tiene derecho al nombre (...) y el apellido paterno y materno…”.
Principio Los cambios buscan la despatriarcalización y descolonización de las relaciones de padres e hijos.
Proyecto de ley del nuevo código reconoce cinco tipos de familia
La presidenta del Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa de la Cámara de Diputados, Marianela Paco, informó que el proyecto de Ley del Código de las Familias y del proceso familiar reconoce cinco tipos de familia.
La normativa, a decir de Paco, "desafía a que el pilar fundamental de nuestra sociedad, la familia, reencamine su misión en la vida con responsabilidad y respeto entre sus miembros”.
"El Estado Plurinacional establece desde la Constitución Política del Estado, como principio, el vivir bien, lo que nos obliga a descolonizarnos y despatriarcalizarnos en nuestras relaciones y trato de la vida cotidiana. Éstos han sido los criterios que han conducido el tratamiento de este proyecto de ley por el que se han incorporado modificaciones sustanciales a la normativa referida a la familia”, señala la legisladora, de acuerdo con una nota de prensa de Diputados.
Cuando se habla de familia nuclear se hace referencia a la tradicional; la familia extendida es la que vive con abuelos, tíos y las responsabilidades que existen al haber un deceso, se activan; la familia uniparental o monoparental se refiere a padre o madre solteros. La familia no parental es la que se organiza con las mismas responsabilidades, aunque no necesariamente tengan lazos consanguíneos, mientras que la familia comunitaria se constituye en las comunidades y se rigen por sus usos y costumbres.
El proyecto está en comisión
Paco indicó que el proyecto de ley ya fue remitido a la Comisión de Constitución para su respectiva consideración y posterior envío al pleno de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento legislativo.
El nuevo código, según manifestó, también establece el reconocimiento del divorcio voluntario, que permitirá acelerar los trámites; mayores garantías a las uniones libres o de hecho y la creación de un registro de padres o madres deudores morosos de asistencia familiar.
"La filiación o apellidos en igualdad para mujeres y hombres, no debe privar a hijos o hijas de la asistencia familiar o de afecto”, dijo al diario digital Oxígeno.
"El orden de los apellidos no debería determinar los afectos, al amor que tiene derecho todo niño o niña, con ese orden debe generarse una nueva forma de cultura en el país”, indicó la parlamentaria, según registra el periódico digital Oxígeno.
La legisladora -que preside el Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados- se refirió al proyecto de Ley Nº 546/2013-2014 denominado Código de las Familias y del proceso familiar. Destacó que los cambios son sustanciales y enfocados a la despatriarcalización y descolonización de las relaciones de padres e hijos.
"Nos acostumbramos a imponer y que uno tenga razón por la fuerza, por esa razón queremos cambiar para que haya mutuo acuerdo, que respeten, que dialoguen en pareja este tipo de decisiones (qué apellido va primero) que le den certeza afectiva y material a los hijos e hijas”, dijo.
Tres aspectos se destacan en el proyecto de ley. Primero, que haya mutuo acuerdo de la pareja al momento de inscribir al hijo o hija con los apellidos de los progenitores, pero sin orden definido.
En segundo orden, que madres o padres solteros tienen derecho a inscribir a su hijo con un solo apellido y si la pareja decide asumir luego, puede secundar con su apellido. Sin embargo, no determina las obligaciones que deben ser materiales o afectivas con los hijos, según Oxígeno.
La tercera opción es que hijos o hijas en su mayoría de edad puedan cambiar el orden de sus apellidos. Ante la posibilidad de que esta opción pueda acarrear problemas en el sistema judicial, Paco respondió: "No debería, no le está quitando un apellido, ni le está cambiando el apellido por otros, sólo los está invirtiendo. Es la misma garantía, la misma obligación; hablamos de un sujeto que tiene un trámite que lo hará conocer, no genera esta dificultad, lo que sí podría hacerlo son los tiempos”, aseguró.
En caso de presentarse un homónimo, Paco dijo que existen mecanismos para identificar a la persona, porque en todo caso se incurriría en el delito de suplantación de identidad.
"Actualmente hay procedimientos administrativos y en la vía judicial nunca pueden existir dobles registros, con la nueva Ley de Identificaciones, por orden judicial concurren a ambos órdenes, la obligación del Sereci (Servicio de Registro Civil) es cancelar el otro registro, el otro certificado de nacimiento, o puede darle el mismo, pero puede invertir el apellido”, afirmó.
La posibilidad de que la pareja, en mutuo consenso, decida el orden de los apellidos para la filiación de su hijo o incorpore en primer lugar el apellido de la madre ya se planteó anteriormente en el proyecto de Ley del Código Niño, Niña y Adolescente.
Planes de cambio
Propuesta El proyecto de Ley del Código Niño, Niña y Adolescente plantea la opción de incorporar en primer lugar el apellido de la madre o que la pareja decida el orden de los apellidos para la filiación de su hijo.
Apoyo El centro Juana Azurduy, en Sucre, presentó una propuesta para el anteproyecto del Código de Familia del Ministerio de Justicia, que busca priorizar el apellido de la madre en la filiación de hijos e hijas.
Respaldo La propuesta analiza el "sesgo de género” en el artículo 9 del Código Civil, que señala que "toda persona tiene derecho al nombre (...) y el apellido paterno y materno…”.
Principio Los cambios buscan la despatriarcalización y descolonización de las relaciones de padres e hijos.
Proyecto de ley del nuevo código reconoce cinco tipos de familia
La presidenta del Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa de la Cámara de Diputados, Marianela Paco, informó que el proyecto de Ley del Código de las Familias y del proceso familiar reconoce cinco tipos de familia.
La normativa, a decir de Paco, "desafía a que el pilar fundamental de nuestra sociedad, la familia, reencamine su misión en la vida con responsabilidad y respeto entre sus miembros”.
"El Estado Plurinacional establece desde la Constitución Política del Estado, como principio, el vivir bien, lo que nos obliga a descolonizarnos y despatriarcalizarnos en nuestras relaciones y trato de la vida cotidiana. Éstos han sido los criterios que han conducido el tratamiento de este proyecto de ley por el que se han incorporado modificaciones sustanciales a la normativa referida a la familia”, señala la legisladora, de acuerdo con una nota de prensa de Diputados.
Cuando se habla de familia nuclear se hace referencia a la tradicional; la familia extendida es la que vive con abuelos, tíos y las responsabilidades que existen al haber un deceso, se activan; la familia uniparental o monoparental se refiere a padre o madre solteros. La familia no parental es la que se organiza con las mismas responsabilidades, aunque no necesariamente tengan lazos consanguíneos, mientras que la familia comunitaria se constituye en las comunidades y se rigen por sus usos y costumbres.
El proyecto está en comisión
Paco indicó que el proyecto de ley ya fue remitido a la Comisión de Constitución para su respectiva consideración y posterior envío al pleno de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento legislativo.
El nuevo código, según manifestó, también establece el reconocimiento del divorcio voluntario, que permitirá acelerar los trámites; mayores garantías a las uniones libres o de hecho y la creación de un registro de padres o madres deudores morosos de asistencia familiar.
"La filiación o apellidos en igualdad para mujeres y hombres, no debe privar a hijos o hijas de la asistencia familiar o de afecto”, dijo al diario digital Oxígeno.
miércoles, 27 de noviembre de 2013
Ley local prohíbe consumir bebidas el lunes
El lunes (San Lunes) ya no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas en la ciudad de Cochabamba, una vez que se aplique la Ley Municipal de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que fue aprobada ayer en el Concejo Municipal y sólo resta que sea promulgada por el alcalde de Cercado, Edwin Castellanos.
La nueva normativa, elaborada de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional 259, establece los horarios de funcionamiento de los locales. Los centros de diversión, que comercialicen bebidas alcohólicas, funcionarán los martes, miércoles, jueves y domingos desde las 9:00 hasta las 24:00. En tanto que los viernes y sábado se permite la atención desde las 9:00 hasta las 2:00 del día siguiente. Son responsables del control la Intendencia Municipal, la Policía y en situaciones excepcionales se podrá pedir el apoyo del Ejército.
El Concejo Municipal de Cochabamba, aprobó el proyecto de la Ley Municipal de Control en Establecimientos de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, después de realizar su análisis en grande, en detalle y una última revisión.
Las disposiciones son de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la jurisdicción del municipio, según un comunicado del municipio.
Respecto a las licencias de funcionamiento de los locales, la normativa establece que todo establecimiento de expendio y consumo de bebidas alcohólicas al público deberá obtener el permiso a través de la Alcaldía. El documento sólo servirá para el establecimiento, su titular y el inmueble autorizado, no pudiendo extenderse a otra actividad diferente. La licencia tendrá vigencia de dos años. No existe la renovación tácita.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 259 está prohibido el consumo de bebidas en vía pública y el ingreso de menores de 18 años a los locales de venta. Por el momento se desconoce la capacidad de control que tendrá el municipio a través de la Intendencia para aplicar la ley municipal y la apertura de los concejales para que los locales estén abiertos casi todo el día.
Nueva normativa
Los locales de expendio de bebidas deberán colaborar con los controles que realicen la Policía, en coordinación con el municipio.
La normativa prohíbe incluir en las publicidades de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Pero, también se controlará que el contenido no incite o induzca al consumo de alcohol.
También se establece la creación de programas de prevención y rehabilitación, que deberán tomar en cuenta al sistema educativo, el municipio y a otras instituciones públicas comprometidas con la seguridad y la salud.
La nueva normativa, elaborada de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional 259, establece los horarios de funcionamiento de los locales. Los centros de diversión, que comercialicen bebidas alcohólicas, funcionarán los martes, miércoles, jueves y domingos desde las 9:00 hasta las 24:00. En tanto que los viernes y sábado se permite la atención desde las 9:00 hasta las 2:00 del día siguiente. Son responsables del control la Intendencia Municipal, la Policía y en situaciones excepcionales se podrá pedir el apoyo del Ejército.
El Concejo Municipal de Cochabamba, aprobó el proyecto de la Ley Municipal de Control en Establecimientos de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, después de realizar su análisis en grande, en detalle y una última revisión.
Las disposiciones son de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la jurisdicción del municipio, según un comunicado del municipio.
Respecto a las licencias de funcionamiento de los locales, la normativa establece que todo establecimiento de expendio y consumo de bebidas alcohólicas al público deberá obtener el permiso a través de la Alcaldía. El documento sólo servirá para el establecimiento, su titular y el inmueble autorizado, no pudiendo extenderse a otra actividad diferente. La licencia tendrá vigencia de dos años. No existe la renovación tácita.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 259 está prohibido el consumo de bebidas en vía pública y el ingreso de menores de 18 años a los locales de venta. Por el momento se desconoce la capacidad de control que tendrá el municipio a través de la Intendencia para aplicar la ley municipal y la apertura de los concejales para que los locales estén abiertos casi todo el día.
Nueva normativa
Los locales de expendio de bebidas deberán colaborar con los controles que realicen la Policía, en coordinación con el municipio.
La normativa prohíbe incluir en las publicidades de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Pero, también se controlará que el contenido no incite o induzca al consumo de alcohol.
También se establece la creación de programas de prevención y rehabilitación, que deberán tomar en cuenta al sistema educativo, el municipio y a otras instituciones públicas comprometidas con la seguridad y la salud.
Inician huelga de hambre en rechazo a la Ley de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas
La Asociación Cochabambina de Espectáculos Bailables inició hoy un piquete de huelga de hambre en rechazo a la Ley Municipal de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que fue aprobada ayer en el Concejo Municipal de Cochabamba.
"Pedimos a las autoridades municipales que podamos consensuar esta ley porque somos partes, actores. Llámese salones de fiesta, chicherías, barres, quintas de Cochabamba, comprenden al menos 5 mil personas que se dedican a esta actividad", manifestó el presidente de la Asociación Cochabambina de Espectáculos Bailables, Walter Copaja.
Copaja, por el momento, es quien inició la medida de presión, pero se prevé que en el transcurso del día otras cinco personas se sumen a la huelga de hambre instalada en puertas del Concejo Municipal.
Según una nota de Los Tiempos, la nueva normativa contempla los horarios de funcionamiento de los locales y centros de diversión, que comercialicen bebidas alcohólicas.
Los horarios son: los martes, miércoles, jueves y domingos desde las 21:00 hasta las 24:00. En tanto que los viernes y sábado se permite la atención desde las 21:00 hasta las 2:00 del día siguiente.
Además, la normativa declara ley seca los días lunes.
Para las personas que se dedican al expendió de bebidas alcohólicas estas disposiciones atentan a sus fuentes de trabajo y si no se llega a un acuerdo, Copaja anunció una marcha masiva para mañana a partir de las 8:00 en la plaza Corazonistas y que concluirá en la plaza Principal, donde se espera más personas su unan a la huelga.
"Pedimos a las autoridades municipales que podamos consensuar esta ley porque somos partes, actores. Llámese salones de fiesta, chicherías, barres, quintas de Cochabamba, comprenden al menos 5 mil personas que se dedican a esta actividad", manifestó el presidente de la Asociación Cochabambina de Espectáculos Bailables, Walter Copaja.
Copaja, por el momento, es quien inició la medida de presión, pero se prevé que en el transcurso del día otras cinco personas se sumen a la huelga de hambre instalada en puertas del Concejo Municipal.
Según una nota de Los Tiempos, la nueva normativa contempla los horarios de funcionamiento de los locales y centros de diversión, que comercialicen bebidas alcohólicas.
Los horarios son: los martes, miércoles, jueves y domingos desde las 21:00 hasta las 24:00. En tanto que los viernes y sábado se permite la atención desde las 21:00 hasta las 2:00 del día siguiente.
Además, la normativa declara ley seca los días lunes.
Para las personas que se dedican al expendió de bebidas alcohólicas estas disposiciones atentan a sus fuentes de trabajo y si no se llega a un acuerdo, Copaja anunció una marcha masiva para mañana a partir de las 8:00 en la plaza Corazonistas y que concluirá en la plaza Principal, donde se espera más personas su unan a la huelga.
Ciudadanos podrán proponer leyes municipales para Potosí
La ley municipal de ordenamiento jurídico y normativo establece la posibilidad de que la ciudadanía pueda también proponer leyes, informó el concejal Remberto Gareca.
“A partir de esta ley municipal, la población puede sugerir o presentar una ley municipal, puede presentar el ejecutivo municipal y los colegas concejales”, añadió.
El artículo 17 de la Ley Municipal de ordenamiento jurídico normativo establece la iniciativa legislativa, es decir, quiénes pueden presentar o proponer una ley municipal.
Menciona al alcalde o alcaldesa, al presidente o presidenta del Concejo Municipal, a la Directiva del Concejo Municipal, a las Comisiones Permanentes y o especiales, a uno o más concejales o concejalas, y en el inciso F dice: “Iniciativa legislativa ciudadana de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos por Ley”.
“Es el marco jurídico que nos permite trabajar con leyes municipales está abierto para la población, ejecutivo y concejales quienes tengan alguna preocupación de presentar un proyecto de ley municipal pueden hacer de acuerdo con esta normativa”, complementó.
SESIÓN
Al iniciar la sesión ordinaria de ayer, antes de que se trate el orden del día, el Concejo determinó primero tratar en detalle esta ley municipal.
En el orden del día estaban programadas dos audiencias públicas: una para los directores de las unidades de Catastro y Patrimonio del Municipio de Potosí, con el fin de recibir un informe sobre el reglamento de construcciones de altura. Esta audiencia fue pospuesta.
La otra audiencia programada fue a los comerciantes del Mercado Uyuni. Esta audiencia sí fue recibida.
El tratamiento en detalle comenzó en la mañana y prosiguió en la tarde cuando se reinició la sesión ordinaria.
En la revisión en detalle se leyeron los 46 artículos que integran esta norma, además de las disposiciones transitorias y derogatorias.
Luego de este proceso la ley pasó al tratamiento en revisión, con modificaciones de forma, con lo que culminó el tratamiento de la primera ley, aprobada en todas sus estaciones, en grande, detalle y revisión.
La ley fue enviada al Ejecutivo Municipal para posterior su promulgación y entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo de Potosí y derogará y abrogará disposiciones inferiores y contrarias a ella.
Primer paso para elaborar leyes
Luego de la aprobación de la primera ley municipal, el Concejo Municipal trabajará en un marco normativo que permita su aplicación, dijo el concejal Remberto Gareca. “Es el primer paso para trabajar, uno, en nuestro reglamento interno para trabajar con leyes municipales”, dijo. El otro reto de los concejales es trabajar en la elaboración de la ley de control social. Ahora, el Concejo sí podrá elaborar leyes, además de ordenanzas y resoluciones.
“A partir de esta ley municipal, la población puede sugerir o presentar una ley municipal, puede presentar el ejecutivo municipal y los colegas concejales”, añadió.
El artículo 17 de la Ley Municipal de ordenamiento jurídico normativo establece la iniciativa legislativa, es decir, quiénes pueden presentar o proponer una ley municipal.
Menciona al alcalde o alcaldesa, al presidente o presidenta del Concejo Municipal, a la Directiva del Concejo Municipal, a las Comisiones Permanentes y o especiales, a uno o más concejales o concejalas, y en el inciso F dice: “Iniciativa legislativa ciudadana de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos por Ley”.
“Es el marco jurídico que nos permite trabajar con leyes municipales está abierto para la población, ejecutivo y concejales quienes tengan alguna preocupación de presentar un proyecto de ley municipal pueden hacer de acuerdo con esta normativa”, complementó.
SESIÓN
Al iniciar la sesión ordinaria de ayer, antes de que se trate el orden del día, el Concejo determinó primero tratar en detalle esta ley municipal.
En el orden del día estaban programadas dos audiencias públicas: una para los directores de las unidades de Catastro y Patrimonio del Municipio de Potosí, con el fin de recibir un informe sobre el reglamento de construcciones de altura. Esta audiencia fue pospuesta.
La otra audiencia programada fue a los comerciantes del Mercado Uyuni. Esta audiencia sí fue recibida.
El tratamiento en detalle comenzó en la mañana y prosiguió en la tarde cuando se reinició la sesión ordinaria.
En la revisión en detalle se leyeron los 46 artículos que integran esta norma, además de las disposiciones transitorias y derogatorias.
Luego de este proceso la ley pasó al tratamiento en revisión, con modificaciones de forma, con lo que culminó el tratamiento de la primera ley, aprobada en todas sus estaciones, en grande, detalle y revisión.
La ley fue enviada al Ejecutivo Municipal para posterior su promulgación y entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo de Potosí y derogará y abrogará disposiciones inferiores y contrarias a ella.
Primer paso para elaborar leyes
Luego de la aprobación de la primera ley municipal, el Concejo Municipal trabajará en un marco normativo que permita su aplicación, dijo el concejal Remberto Gareca. “Es el primer paso para trabajar, uno, en nuestro reglamento interno para trabajar con leyes municipales”, dijo. El otro reto de los concejales es trabajar en la elaboración de la ley de control social. Ahora, el Concejo sí podrá elaborar leyes, además de ordenanzas y resoluciones.
Validada en grande Ley de Servicio de RREE
Por más de dos tercios, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en su estación en grande, la Ley de Servicio de Relaciones Exteriores, normativa que sustituirá a la Ley 1444 de 1993.
El proyecto que tiene 68 artículos, repone la carrera diplomática y la Academia Diplomática Plurinacional, que formará a agentes de la diplomacia nacional. Además establece un nuevo escalafón y crea un centro de investigación, entre sus principales características.
El Senado, que es la Cámara de origen, aprobó la ley la pasada semana en sus dos estaciones, ahora corresponde el análisis en detalle por parte de los diputados. El proyecto será sancionado la próxima semana.
Apellidos Los padres pactarán cuál será primero
El nuevo Código de Familia, que está trabajando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, plantea tres alternativas para el orden de los apellidos que se impondrá al o los hijos de una determinada pareja.
Apoyo a las madres solteras. En Bolivia, los hijos llevan primero el apellido paterno y en segundo orden el apellido materno, este proyecto de código busca generar una nueva cultura en la que el orden de los apellidos no determine el derecho a la familia que tiene todo niño o niña, más al contrario, se les dé a ambos la garantía de igualdad, según explicó la diputada por el Movimiento al Socialismo, Marianela Paco.
El proyecto del nuevo Código de Familia establece tres alternativas para la instauración de apellidos, el primero tiene que ver con el mutuo acuerdo de la pareja que decide qué apellido va primero y cuál va segundo. ANF
Apoyo a las madres solteras. En Bolivia, los hijos llevan primero el apellido paterno y en segundo orden el apellido materno, este proyecto de código busca generar una nueva cultura en la que el orden de los apellidos no determine el derecho a la familia que tiene todo niño o niña, más al contrario, se les dé a ambos la garantía de igualdad, según explicó la diputada por el Movimiento al Socialismo, Marianela Paco.
El proyecto del nuevo Código de Familia establece tres alternativas para la instauración de apellidos, el primero tiene que ver con el mutuo acuerdo de la pareja que decide qué apellido va primero y cuál va segundo. ANF
Diputados aprobaron en grande y detalle proyecto de ley del PGE 2014
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de este martes en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2014.
El PGE 2014 inició su debate al interior de la Cámara Baja con la presencia del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien destacó las cifras establecidas en el documento, pues contempla un crecimiento de la economía de 5,7 por ciento, una inflación de 5,5 y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 31.083 millones dólares.
Tras su aprobación en grande y posterior salida del ministro Arce, el pleno inició el debate en detalle del proyecto de ley, que consta de 17 artículos, nueve disposiciones adicionales, dos transitorias, tres finales y tres de abrogación y derogación.
El documento proyecta un presupuesto consolidado de Bs 195.409 millones, 14% más que los Bs 172.000 millones inscritos en el PGE 2013. En tanto que se prevé un presupuesto agregado de Bs 259.439 millones, también 14% más de los Bs 228.000 millones inscritos en el PGE 2013.
Asimismo, mediante el proyecto, el Gobierno prevé sancionar la importación de vehículos usados e incentivar la internación de vehículos nuevos a Gas Natural Vehicular (GNV).
La Disposición adicional primera del proyecto de Ley Financial 2014 prevé modificar el numeral 2 parágrafo uno del anexo del artículo 79 de la ley 843 (Código Tributario) la cual señala que el porcentaje del impuesto a pagar por la importación de vehículos a diesel oscilará desde el 15 al 80 por ciento, motorizados a gasolina de 0 a 40 por ciento y a GNV entre 0 a 40 por ciento.
El PGE 2014 inició su debate al interior de la Cámara Baja con la presencia del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien destacó las cifras establecidas en el documento, pues contempla un crecimiento de la economía de 5,7 por ciento, una inflación de 5,5 y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 31.083 millones dólares.
Tras su aprobación en grande y posterior salida del ministro Arce, el pleno inició el debate en detalle del proyecto de ley, que consta de 17 artículos, nueve disposiciones adicionales, dos transitorias, tres finales y tres de abrogación y derogación.
El documento proyecta un presupuesto consolidado de Bs 195.409 millones, 14% más que los Bs 172.000 millones inscritos en el PGE 2013. En tanto que se prevé un presupuesto agregado de Bs 259.439 millones, también 14% más de los Bs 228.000 millones inscritos en el PGE 2013.
Asimismo, mediante el proyecto, el Gobierno prevé sancionar la importación de vehículos usados e incentivar la internación de vehículos nuevos a Gas Natural Vehicular (GNV).
La Disposición adicional primera del proyecto de Ley Financial 2014 prevé modificar el numeral 2 parágrafo uno del anexo del artículo 79 de la ley 843 (Código Tributario) la cual señala que el porcentaje del impuesto a pagar por la importación de vehículos a diesel oscilará desde el 15 al 80 por ciento, motorizados a gasolina de 0 a 40 por ciento y a GNV entre 0 a 40 por ciento.
Proyecto de ley del Código del Proceso Familiar reconoce cinco tipos de familias
La presidenta del Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa, Marianela Paco, informó que esa instancia elaboró el proyecto de ley del nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, que reconoce cinco tipos.
Según un boletín institucional, la norma establece que los cinco tipos de familia son: la Familia Nuclear, la Extendida, la Uniparental, la no parental y la Comunitaria.
´La normativa desafía a que el pilar fundamental de nuestra sociedad, la familia, reencamine su misión en la vida con responsabilidad y respeto entre sus miembros´, señaló la legisladora.
Indicó que el nuevo código también establece la filiación o apellidos en igualdad para mujeres y hombres, el divorcio voluntario, mayores garantías para las uniones libres o de hecho y la creación de un registro de deudores morosos de asistencia familiar, entre otras medidas.
´El Estado Plurinacional establece desde la Constitución Política del Estado como principio el Vivir Bien, lo que nos obliga a descolonizarnos y despatriarcalizarnos en nuestras relaciones y trato de la vida cotidiana. Estos han sido los criterios que han conducido el tratamiento de este proyecto de Ley por el que se han incorporado modificaciones sustanciales a la normativa referida a la familia´, explicó.
Paco apuntó que el proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución para su respectiva consideración y posterior envío al pleno de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento legislativo.
Según un boletín institucional, la norma establece que los cinco tipos de familia son: la Familia Nuclear, la Extendida, la Uniparental, la no parental y la Comunitaria.
´La normativa desafía a que el pilar fundamental de nuestra sociedad, la familia, reencamine su misión en la vida con responsabilidad y respeto entre sus miembros´, señaló la legisladora.
Indicó que el nuevo código también establece la filiación o apellidos en igualdad para mujeres y hombres, el divorcio voluntario, mayores garantías para las uniones libres o de hecho y la creación de un registro de deudores morosos de asistencia familiar, entre otras medidas.
´El Estado Plurinacional establece desde la Constitución Política del Estado como principio el Vivir Bien, lo que nos obliga a descolonizarnos y despatriarcalizarnos en nuestras relaciones y trato de la vida cotidiana. Estos han sido los criterios que han conducido el tratamiento de este proyecto de Ley por el que se han incorporado modificaciones sustanciales a la normativa referida a la familia´, explicó.
Paco apuntó que el proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución para su respectiva consideración y posterior envío al pleno de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento legislativo.
Diputado plantea dar rango de ley al decreto de doble aguinaldo
El tercer secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Subirana, de Convergencia Nacional (CN), propuso elevar a rango de ley el Decreto Supremo 1802, que establece el pago de doble aguinaldo en el sector público y privado.
El asambleísta opositor insiste en que el Órgano Ejecutivo solamente tiene fines electorales con la medida y que su propuesta de ley, presentada a la Asamblea, demostrará esa posición.
"Va a permitir desenmascarar que el decreto supremo es sólo para las elecciones (generales de 2014) y por única vez. (El proyecto de ley) ya está en la Cámara de Diputados y esperamos que la Comisión de Economía Plural haga el estudio correspondiente, y en caso de ser rechazado se va a demostrar que ésta es una medida simplemente para las elecciones”, insistió.
Reconoció que el país vive una bonanza económica, cuyo crecimiento es superior al 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB); en consecuencia, los beneficios deberían alcanzar a toda la población bajo el principal criterio de una "distribución equitativa de la riqueza” y no solamente al sector asalariado.
La semana pasada, el presidente Evo Morales dictó el decreto supremo mediante el cual se instituye el pago del segundo aguinaldo a todos los trabajadores del sector público y privado y a los consultores en línea.
No ingresan como beneficiarios los jubilados, rentistas, consultores por producto y personal eventual. La medida generó protestas, particularmente del sector jubilado, que la considera como un acto de discriminación.
Su demanda fue calificada de "justa” por el asambleísta Subirana, quien advirtió que los jubilados también tendrán que pagar las consecuencias de la medida en los próximos meses.
El diputado Javier Santibáñez (MAS) descartó que prospere la propuesta de su colega Subirana. "Yo no creo que sea viable”, respondió al ser consultado si la Asamblea Legislativa podría considerar la aprobación del proyecto de ley y jerarquizar el decreto aprobado por el gabinete de Morales.
Añadió que el decreto está supeditado al crecimiento económico en el país, por lo que no corresponde convertir la norma.
La semana pasada, el oficialismo también rechazó la propuesta del diputado del MSM Fabián Yaksic, en sentido de que los asambleístas "renuncien” al segundo aguinaldo y que lo transfieran a las víctimas de la dictadura, que desde hace un año se encuentran en vigilia frente al Ministerio de Justicia para reclamar el pago de indemnización.
Punto de vista
Andrés Torres
Analista político
Evidenciará el carácter político
Lo que está haciendo el diputado Carlos Subirana, al plantear que se eleve a rango de ley el decreto supremo, es poner en evidencia el carácter político de la norma.
Si hablamos en serio, debiera ser una ley que sea universal. El problema es que si se lo hace se pone en riesgo la estabilidad fiscal de la economía.
Se genera temor en los empresarios porque van a tener que planificar en el futuro para prevenir medidas inesperadas en un escenario de mayor incertidumbre.
El gran peligro en el pago del segundo aguinaldo es que pone en riesgo la certidumbre sobre la economía y las políticas de inversión.
No es que esté mal que haya doble aguinaldo y redistribución de la riqueza, el problema es que a veces el Gobierno tiene causas justas, pero las ideas equivocadas.
Lo que hace el diputado Subirana es aprovechar el descontento y poner en evidencia que la medida del Gobierno es política, porque obviamente el MAS no pondrá a rango de ley la norma para que todos los sectores se beneficien.
El asambleísta opositor insiste en que el Órgano Ejecutivo solamente tiene fines electorales con la medida y que su propuesta de ley, presentada a la Asamblea, demostrará esa posición.
"Va a permitir desenmascarar que el decreto supremo es sólo para las elecciones (generales de 2014) y por única vez. (El proyecto de ley) ya está en la Cámara de Diputados y esperamos que la Comisión de Economía Plural haga el estudio correspondiente, y en caso de ser rechazado se va a demostrar que ésta es una medida simplemente para las elecciones”, insistió.
Reconoció que el país vive una bonanza económica, cuyo crecimiento es superior al 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB); en consecuencia, los beneficios deberían alcanzar a toda la población bajo el principal criterio de una "distribución equitativa de la riqueza” y no solamente al sector asalariado.
La semana pasada, el presidente Evo Morales dictó el decreto supremo mediante el cual se instituye el pago del segundo aguinaldo a todos los trabajadores del sector público y privado y a los consultores en línea.
No ingresan como beneficiarios los jubilados, rentistas, consultores por producto y personal eventual. La medida generó protestas, particularmente del sector jubilado, que la considera como un acto de discriminación.
Su demanda fue calificada de "justa” por el asambleísta Subirana, quien advirtió que los jubilados también tendrán que pagar las consecuencias de la medida en los próximos meses.
El diputado Javier Santibáñez (MAS) descartó que prospere la propuesta de su colega Subirana. "Yo no creo que sea viable”, respondió al ser consultado si la Asamblea Legislativa podría considerar la aprobación del proyecto de ley y jerarquizar el decreto aprobado por el gabinete de Morales.
Añadió que el decreto está supeditado al crecimiento económico en el país, por lo que no corresponde convertir la norma.
La semana pasada, el oficialismo también rechazó la propuesta del diputado del MSM Fabián Yaksic, en sentido de que los asambleístas "renuncien” al segundo aguinaldo y que lo transfieran a las víctimas de la dictadura, que desde hace un año se encuentran en vigilia frente al Ministerio de Justicia para reclamar el pago de indemnización.
Punto de vista
Andrés Torres
Analista político
Evidenciará el carácter político
Lo que está haciendo el diputado Carlos Subirana, al plantear que se eleve a rango de ley el decreto supremo, es poner en evidencia el carácter político de la norma.
Si hablamos en serio, debiera ser una ley que sea universal. El problema es que si se lo hace se pone en riesgo la estabilidad fiscal de la economía.
Se genera temor en los empresarios porque van a tener que planificar en el futuro para prevenir medidas inesperadas en un escenario de mayor incertidumbre.
El gran peligro en el pago del segundo aguinaldo es que pone en riesgo la certidumbre sobre la economía y las políticas de inversión.
No es que esté mal que haya doble aguinaldo y redistribución de la riqueza, el problema es que a veces el Gobierno tiene causas justas, pero las ideas equivocadas.
Lo que hace el diputado Subirana es aprovechar el descontento y poner en evidencia que la medida del Gobierno es política, porque obviamente el MAS no pondrá a rango de ley la norma para que todos los sectores se beneficien.
Artistas socializan la ley de autor
Cada domingo el folclore boliviano se "apodera" del corazón de Santa Cruz de la Sierra. Todo con el único fin de compartir la Ley 1322 de los derechos de autor, que mucha gente desconoce en Bolivia. La cita es, a las 19:00, sobre la acera de la Brigada Parlamentaria de la plaza 24 de Septiembre.
Importante. La Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom) decidió tomar el mando para que la sociedad conozca dicha ley y también la cumpla, porque cada "músico" debe cancelar un monto de dinero por los derechos de autor. Es por eso que, mientras se ofrece un espectáculo gratuito, con el eslogan "Nuestra música, tu alegría, tu sentimiento, tu identidad", se da a conocer la ley y también se ofrecen productos.
Las categorías. Por una fiesta, sin venta de entradas, dependiendo de la categoría del salón y si es amenizada por un grupo o por una amplificación, se paga entre Bs 350 y 150. Para la categoría A+ rige Bs 350 (con grupo) y 300 (con amplificación), mientras que para la categoría A es Bs 300 (con grupo) y 250 (con amplificación). Para la categoría B: Bs 250 (con grupo) y 200 (con amplificación) y para la categoría C: Bs 200 (con grupo) y 150 (con amplificación).Si se trata de un evento con ventas de entradas, se cancela hasta el 10% del valor de la entrada, y la multa es hasta 50 veces el monto no pagado.
Importante. La Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom) decidió tomar el mando para que la sociedad conozca dicha ley y también la cumpla, porque cada "músico" debe cancelar un monto de dinero por los derechos de autor. Es por eso que, mientras se ofrece un espectáculo gratuito, con el eslogan "Nuestra música, tu alegría, tu sentimiento, tu identidad", se da a conocer la ley y también se ofrecen productos.
Las categorías. Por una fiesta, sin venta de entradas, dependiendo de la categoría del salón y si es amenizada por un grupo o por una amplificación, se paga entre Bs 350 y 150. Para la categoría A+ rige Bs 350 (con grupo) y 300 (con amplificación), mientras que para la categoría A es Bs 300 (con grupo) y 250 (con amplificación). Para la categoría B: Bs 250 (con grupo) y 200 (con amplificación) y para la categoría C: Bs 200 (con grupo) y 150 (con amplificación).Si se trata de un evento con ventas de entradas, se cancela hasta el 10% del valor de la entrada, y la multa es hasta 50 veces el monto no pagado.
martes, 26 de noviembre de 2013
Ley para investigar cooperativas incluirá a ejecutivos de sindicatos
El proyecto de Ley de Investigación a las Cooperativas propuesto por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, indagará los patrimonios de exgerentes, consejeros de administración y vigilancia del sistema de cooperativas en el país, incluyendo además a los ejecutivos de los sindicatos. La norma abarcará hasta dos gestiones anteriores en el marco de la Ley Anticorrupción.
Según explicó el legislador oficialista, el anteproyecto anunciado hace unos días será presentado por la bancada de la Brigada Cruceña esta semana a la Asamblea Legislativa para ingresar a una de las comisiones, faltando solo la firma del diputado Wilson Changaray.
En ese contexto, Tupa dijo que las crisis en las cooperativas del país no solamente obedecen a las administraciones sino a otros sectores que “confabularon” para que algunos grupos se enriquezcan a costa de los socios.
“Estamos pidiendo en una disposición, que se investigue a los gerentes, consejeros de administración, consejeros de vigilancia y sindicatos que han manejado el sistema de cooperativas dos gestiones antes a la promulgación de esta ley, porque consideramos que en confabulación con los sindicatos hay gente que ha hecho riqueza y vamos a incluirlos en la investigación”, sostuvo.
La norma tendrá carácter retroactivo, basado en la Ley de Lucha Contra la Corrupción ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’ e incluso abarcaría a familiares en primer y segundo grado de las personas y directorios que manejaron entidades como la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) que se encuentra intervenida y a punto de elegir su nueva administración.
“El Gobierno tiene políticas para hacer frente a la corrupción y tenemos leyes como la Marcelo Quiroga Santa Cruz o la Ley de Protección a Testigos, porque hemos visto que hay funcionarios que miran pasara la corrupción por su lado y no dicen nada por miedo a ser amedrentados”, acotó.
Al término del proceso de investigación, y solamente en caso de sentencia, los bienes de estas personas serían confiscados y derivados a las cooperativas como parte del resarcimiento de daño económico.
Las acciones del oficialista no son nuevas ante el sistema cooperativo, porque durante 2010 llevó un cruce de declaraciones con los interventores de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (Cosmol), siendo denunciado por “trabar” una auditoria por Bs 22 millones que habría desfalcado una anterior gestión, y fue acusado luego de incrementar su patrimonio “de forma irregular”.
El interventor de Cosmol, Nelson Baptista, denunciaba esa fecha que Tupa “manda gente para amedrentar” e interrumpir el proceso, agregando: “No me explico cómo de ser tan pobre ahora llega a tener Bs 4 millones de patrimonio”.
A tiempo de anunciar su proyecto, la anterior semana, el oficialista como parte del Comité de Defensa de los Ahorristas por la Brigada Cruceña denunció que la cooperativa de Montero, por ejemplo, no ha devuelto cerca de Bs 100 mil de ahorro a una persona de la tercera edad.
Otras cooperativas mencionadas son Sagaupac, CRE, Intercoop, Piraí, que tuvieron denuncias ciudadanas desde 2012 ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz bajo fiscalización de la diputada de Convergencia Nacional (CN), Jessica Echavarría.
Para la oposición, el proyecto significa un show político y esperan que se cumplan las normas vigentes como la CPE, la Ley Anticorrupción y la Ley de Cooperativas 356 que ya fiscalizan a esas entidades.
El diputado Rafael López (CN), dijo que Tupa busca protagonismo para la Alcaldía de Montero y la bancada del MAS hace un “show” demostrando desconocer las normas; por tanto, calificó el proyecto como inconstitucional.
“Cómo vamos a aprobar una ley dirigida al 3 por ciento de las cooperativas, además que existen leyes que ya regulan estos casos. Si el diputado Tupa no estuvo presente en la aprobación de la Ley Anticorrupción o la Ley de Cooperativas le vamos a pasar un ejemplar”, dijo.
Entre otras observaciones a las cooperativas, especialmente en la capital oriental, están los ingresos que llegarían hasta Bs 80 mil en sueldos, primas, bonos y demás beneficios aprobados para cargos jerárquicos.
Según explicó el legislador oficialista, el anteproyecto anunciado hace unos días será presentado por la bancada de la Brigada Cruceña esta semana a la Asamblea Legislativa para ingresar a una de las comisiones, faltando solo la firma del diputado Wilson Changaray.
En ese contexto, Tupa dijo que las crisis en las cooperativas del país no solamente obedecen a las administraciones sino a otros sectores que “confabularon” para que algunos grupos se enriquezcan a costa de los socios.
“Estamos pidiendo en una disposición, que se investigue a los gerentes, consejeros de administración, consejeros de vigilancia y sindicatos que han manejado el sistema de cooperativas dos gestiones antes a la promulgación de esta ley, porque consideramos que en confabulación con los sindicatos hay gente que ha hecho riqueza y vamos a incluirlos en la investigación”, sostuvo.
La norma tendrá carácter retroactivo, basado en la Ley de Lucha Contra la Corrupción ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’ e incluso abarcaría a familiares en primer y segundo grado de las personas y directorios que manejaron entidades como la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) que se encuentra intervenida y a punto de elegir su nueva administración.
“El Gobierno tiene políticas para hacer frente a la corrupción y tenemos leyes como la Marcelo Quiroga Santa Cruz o la Ley de Protección a Testigos, porque hemos visto que hay funcionarios que miran pasara la corrupción por su lado y no dicen nada por miedo a ser amedrentados”, acotó.
Al término del proceso de investigación, y solamente en caso de sentencia, los bienes de estas personas serían confiscados y derivados a las cooperativas como parte del resarcimiento de daño económico.
Las acciones del oficialista no son nuevas ante el sistema cooperativo, porque durante 2010 llevó un cruce de declaraciones con los interventores de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (Cosmol), siendo denunciado por “trabar” una auditoria por Bs 22 millones que habría desfalcado una anterior gestión, y fue acusado luego de incrementar su patrimonio “de forma irregular”.
El interventor de Cosmol, Nelson Baptista, denunciaba esa fecha que Tupa “manda gente para amedrentar” e interrumpir el proceso, agregando: “No me explico cómo de ser tan pobre ahora llega a tener Bs 4 millones de patrimonio”.
A tiempo de anunciar su proyecto, la anterior semana, el oficialista como parte del Comité de Defensa de los Ahorristas por la Brigada Cruceña denunció que la cooperativa de Montero, por ejemplo, no ha devuelto cerca de Bs 100 mil de ahorro a una persona de la tercera edad.
Otras cooperativas mencionadas son Sagaupac, CRE, Intercoop, Piraí, que tuvieron denuncias ciudadanas desde 2012 ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz bajo fiscalización de la diputada de Convergencia Nacional (CN), Jessica Echavarría.
Para la oposición, el proyecto significa un show político y esperan que se cumplan las normas vigentes como la CPE, la Ley Anticorrupción y la Ley de Cooperativas 356 que ya fiscalizan a esas entidades.
El diputado Rafael López (CN), dijo que Tupa busca protagonismo para la Alcaldía de Montero y la bancada del MAS hace un “show” demostrando desconocer las normas; por tanto, calificó el proyecto como inconstitucional.
“Cómo vamos a aprobar una ley dirigida al 3 por ciento de las cooperativas, además que existen leyes que ya regulan estos casos. Si el diputado Tupa no estuvo presente en la aprobación de la Ley Anticorrupción o la Ley de Cooperativas le vamos a pasar un ejemplar”, dijo.
Entre otras observaciones a las cooperativas, especialmente en la capital oriental, están los ingresos que llegarían hasta Bs 80 mil en sueldos, primas, bonos y demás beneficios aprobados para cargos jerárquicos.
Tejada: Hasta enero saldrán 40 leyes más
Proyectos contemplados en la Cumbre Social forman parte del paquete legislativo.
Códigos serán prioritarios hasta finalizar la legislatura el 21 de enero de 2014.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, informó que hasta el final de la presente gestión legislativa se tiene un paquete de 40 leyes para ser aprobadas, que están siendo trabajadas en varias instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Nosotros tenemos una agenda legislativa de 40 leyes hasta el final de esta legislatura, leyes muy importantes que ya se están trabajando en comisión, en equipo jurídico y en equipo técnico”, declaró en una conferencia de prensa.
Entre los proyectos que serán priorizados en el interior de las cámaras legislativas se encuentran el Código de Procedimiento Penal, el Código Niño, Niña y Adolescente, además de la ley para las microempresas (mypes), la ley para los notarios públicos, “tenemos una gran cantidad de leyes”, aseveró la autoridad legislativa.
Según un documento de la Cámara baja, al menos 18 proyectos de las 70 propuestas en el Primer Encuentro Plurinacional serán aprobados en esta legislatura, entre ellos se encuentran, además de las mencionadas, la Ley de la Empresa Pública, de Transparencia y Acceso a la Información, del Catastro Rural, de la Vivienda y el Hábitat, del Medicamento, Contra Avasallamientos.
SENADO
Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara alta, Eugenio Rojas, detalló que en esa instancia legislativa se trabajará similar cantidad de leyes hasta el final de la legislatura. “Para esta semana estamos priorizando la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, junto a la Ley de Gobiernos Locales”, dijo.
En la última rendición de cuentas de la Cámara baja, hasta octubre de 2013 se aprobaron 142 proyectos de ley, de los que 85 ya fueron promulgados, normativas en el ámbito jurídico, económico, social, medioambiental entre otras.
La legislatura 2013-2014 se inició el 22 de enero y concluirá 365 días después, fecha en la que habrá el cambio de directivas.
Códigos serán prioritarios hasta finalizar la legislatura el 21 de enero de 2014.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, informó que hasta el final de la presente gestión legislativa se tiene un paquete de 40 leyes para ser aprobadas, que están siendo trabajadas en varias instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Nosotros tenemos una agenda legislativa de 40 leyes hasta el final de esta legislatura, leyes muy importantes que ya se están trabajando en comisión, en equipo jurídico y en equipo técnico”, declaró en una conferencia de prensa.
Entre los proyectos que serán priorizados en el interior de las cámaras legislativas se encuentran el Código de Procedimiento Penal, el Código Niño, Niña y Adolescente, además de la ley para las microempresas (mypes), la ley para los notarios públicos, “tenemos una gran cantidad de leyes”, aseveró la autoridad legislativa.
Según un documento de la Cámara baja, al menos 18 proyectos de las 70 propuestas en el Primer Encuentro Plurinacional serán aprobados en esta legislatura, entre ellos se encuentran, además de las mencionadas, la Ley de la Empresa Pública, de Transparencia y Acceso a la Información, del Catastro Rural, de la Vivienda y el Hábitat, del Medicamento, Contra Avasallamientos.
SENADO
Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara alta, Eugenio Rojas, detalló que en esa instancia legislativa se trabajará similar cantidad de leyes hasta el final de la legislatura. “Para esta semana estamos priorizando la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, junto a la Ley de Gobiernos Locales”, dijo.
En la última rendición de cuentas de la Cámara baja, hasta octubre de 2013 se aprobaron 142 proyectos de ley, de los que 85 ya fueron promulgados, normativas en el ámbito jurídico, económico, social, medioambiental entre otras.
La legislatura 2013-2014 se inició el 22 de enero y concluirá 365 días después, fecha en la que habrá el cambio de directivas.
ONU: En Bolivia hay leyes suficientes contra la violencia hacia las mujeres
Desde la vigencia de la Ley 348 se incrementó el número de denuncias por violencia.
La campaña de los días naranjas tiene el fin de que los varones tomen conciencia sobre la violencia hacia las mujeres.
ONU Mujeres demanda que se asigne mayor presupuesto para esta área.
La representante de la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), Asa Regner, destacó ayer que en Bolivia existe el apoyo político suficiente para luchar contra la violencia a las mujeres.
Conmemorando el Día Mundial Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Regner manifestó que “en Bolivia hay apoyo político importante, la ley contra la violencia y la Ley Contra el Acoso Político, hay instituciones que tienen que trabajar en eso, la Policía es una de ellas, al mismo tiempo hay muchas denuncias, lo importante es implementar las leyes”.
En ese sentido, convocó a la ciudadanía boliviana, sobre todo al género masculino, a participar en los “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, más conocidos como los días naranjas, que abarcan del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
A su vez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que durante los “días naranjas” se realizará una serie de actividades para “socializar las leyes” y permitir a las mujeres un mayor conocimiento sobre la normativa que las protege.
Por su lado, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, expresó que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se trabajó “en mucha normativa que protege a las mujeres contra la violencia”, tanto desde el ámbito familiar hasta lo público.
CULTURA DE LA DENUNCIA
Desde la promulgación de la Ley 348 Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, muchas de ellas tomaron la decisión de no callar los hechos de violencia que les afectan.
“La ley integral contra la violencia está rindiendo sus primeros frutos, puesto que las denuncias de mujeres que sufren violencia física, sexual y psicológica se incrementaron, éste es un resultado concreto de una política pública a favor del sector” afirmó Montaño.
Dio cuenta de que la recientemente creada Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) registró de junio a octubre de este año algo más de 13.000 denuncias, “eso significa que mujeres de todos los niveles económicos se están animando a denunciar, lo siguiente es que el Estado responda de manera adecuada a esas mujeres que se animaron a denunciar”, precisó la presidenta del Senado.
El trabajo legislativo a favor de las mujeres será reconocido por el Consejo Europeo, que entregará una distinción a Montaño por esta labor de apoyo normativo, resaltó la representante de ONU Mujeres en Bolivia.
“En Bolivia hay apoyo político importante, la nueva ley contra la violencia, la ley contra el acoso político. Hay muchas instituciones que tienen que trabajar.
Asa Regner
Representante ONU Mujeres
En 2013 se registraron 90 casos de feminicidio
Asa Regner, representante de ONU Mujeres en Bolivia, dio cuenta de que en 2013 se registraron cerca a 90 casos de asesinatos de mujeres en Bolivia.
Recurriendo a datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), la representante del organismo internacional demandó “un esfuerzo” de las autoridades departamentales y municipales para atender los casos de violencia.
En el número 20 del boletín informativo La Escoba, del Cidem, publicado el 22 de noviembre de 2013, la institución tiene registrados ocho casos de feminicidios, el 26% de ellos en la ciudad de El Alto, 15% en La Paz, 13% en Santa Cruz de la Sierra, y 12% en Cochabamba.
La campaña de los días naranjas tiene el fin de que los varones tomen conciencia sobre la violencia hacia las mujeres.
ONU Mujeres demanda que se asigne mayor presupuesto para esta área.
La representante de la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), Asa Regner, destacó ayer que en Bolivia existe el apoyo político suficiente para luchar contra la violencia a las mujeres.
Conmemorando el Día Mundial Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Regner manifestó que “en Bolivia hay apoyo político importante, la ley contra la violencia y la Ley Contra el Acoso Político, hay instituciones que tienen que trabajar en eso, la Policía es una de ellas, al mismo tiempo hay muchas denuncias, lo importante es implementar las leyes”.
En ese sentido, convocó a la ciudadanía boliviana, sobre todo al género masculino, a participar en los “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, más conocidos como los días naranjas, que abarcan del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
A su vez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que durante los “días naranjas” se realizará una serie de actividades para “socializar las leyes” y permitir a las mujeres un mayor conocimiento sobre la normativa que las protege.
Por su lado, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, expresó que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se trabajó “en mucha normativa que protege a las mujeres contra la violencia”, tanto desde el ámbito familiar hasta lo público.
CULTURA DE LA DENUNCIA
Desde la promulgación de la Ley 348 Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, muchas de ellas tomaron la decisión de no callar los hechos de violencia que les afectan.
“La ley integral contra la violencia está rindiendo sus primeros frutos, puesto que las denuncias de mujeres que sufren violencia física, sexual y psicológica se incrementaron, éste es un resultado concreto de una política pública a favor del sector” afirmó Montaño.
Dio cuenta de que la recientemente creada Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) registró de junio a octubre de este año algo más de 13.000 denuncias, “eso significa que mujeres de todos los niveles económicos se están animando a denunciar, lo siguiente es que el Estado responda de manera adecuada a esas mujeres que se animaron a denunciar”, precisó la presidenta del Senado.
El trabajo legislativo a favor de las mujeres será reconocido por el Consejo Europeo, que entregará una distinción a Montaño por esta labor de apoyo normativo, resaltó la representante de ONU Mujeres en Bolivia.
“En Bolivia hay apoyo político importante, la nueva ley contra la violencia, la ley contra el acoso político. Hay muchas instituciones que tienen que trabajar.
Asa Regner
Representante ONU Mujeres
En 2013 se registraron 90 casos de feminicidio
Asa Regner, representante de ONU Mujeres en Bolivia, dio cuenta de que en 2013 se registraron cerca a 90 casos de asesinatos de mujeres en Bolivia.
Recurriendo a datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), la representante del organismo internacional demandó “un esfuerzo” de las autoridades departamentales y municipales para atender los casos de violencia.
En el número 20 del boletín informativo La Escoba, del Cidem, publicado el 22 de noviembre de 2013, la institución tiene registrados ocho casos de feminicidios, el 26% de ellos en la ciudad de El Alto, 15% en La Paz, 13% en Santa Cruz de la Sierra, y 12% en Cochabamba.
Asamblea tiene pendientes 40 Leyes
La presidente de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, informó que esa instancia legislativa tiene pendientes de aprobación cuarenta normas hasta el final de la legislatura (2013-2014).
Detalló que entre esas normas se encuentran el Código de Procedimiento Penal, el Código Niño, Niña, Adolescente y el proyecto de ley de pequeñas y micro empresas, que están siendo trabajadas en comisión.
Asimismo, dijo que prevén sancionar la Ley del Notario Público, para esta semana."A más tardar hasta la próxima semana será trabajado el proyecto de ley", manifestó.
De igual forma, Tejada puntualizó que otra norma fundamental es la ley Financial, que actualmente está siendo debatida en Comisión, entre otras leyes./ABI.
Detalló que entre esas normas se encuentran el Código de Procedimiento Penal, el Código Niño, Niña, Adolescente y el proyecto de ley de pequeñas y micro empresas, que están siendo trabajadas en comisión.
Asimismo, dijo que prevén sancionar la Ley del Notario Público, para esta semana."A más tardar hasta la próxima semana será trabajado el proyecto de ley", manifestó.
De igual forma, Tejada puntualizó que otra norma fundamental es la ley Financial, que actualmente está siendo debatida en Comisión, entre otras leyes./ABI.
lunes, 25 de noviembre de 2013
Ley de Regularización de Derecho Propietario no entró aún en vigencia
La Ley 247 de Regularización de Derecho Propietario de Bienes Inmuebles Destinados a Vivienda, aún no entró en vigencia en Oruro por la falta de la resolución suprema que avale los puntos geodésicos del radio urbano intensivo y extensivo del Municipio, según detalló el coordinador nacional del Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Vivienda (Prorevi), Alfredo Birbuethg.
La Ley 247 fue promulgada en junio de 2012, y desde entonces se solicitó a los concejos municipales, elaborar una ordenanza que avale datos geodésicos que delimiten el radio intensivo y extensivo de su urbe. En Oruro el Concejo se basó en la Ordenanza Municipal 53/79, que brinda esta información, la cual no contaba con datos reales, por lo que se inició un trabajo de actualización de los mismos a través del Instituto Geográfico Militar (IGM).
"La Ley explica que tiene dos años de vigencia, pero aclara que esto es computable a partir de la emisión de una resolución suprema que avale el radio urbano intensivo y extensivo del municipio, es desde entonces la ley regirá en Oruro, y la ciudadanía tendrá dos años para ampararse en esta norma y regularizar su derecho propietario", explicó Birbuethg.
Recordó que esto es válido solo para la sentencia de regularización de vivienda, y no así para la corrección de datos en el sistema de folio real, que a la fecha está beneficiando a cerca de 20 mil personas a nivel nacional, que ya cuentan con sus títulos corregidos.
Explicó que las regularizaciones individuales sólo beneficiaron a tres personas en Trinidad, dos en Riberalta y dos en Betanzos, y que a nivel nacional se está observando y corrigiendo cerca de 247 áreas de 135 municipios que presentaron documentación para la ampliación o actualización de radios urbanos intensivos y extensivos.
Birbuethg afirmó que una vez que el Concejo apruebe la ordenanza, esta será respaldada con una resolución suprema y entonces a partir de esa fecha se tendrá dos años para que personas que no cuentan con derechos propietario y que viven de manera pacífica hace más de cinco años en una vivienda puedan gozar de sus títulos de propiedad.
La Ley 247 fue promulgada en junio de 2012, y desde entonces se solicitó a los concejos municipales, elaborar una ordenanza que avale datos geodésicos que delimiten el radio intensivo y extensivo de su urbe. En Oruro el Concejo se basó en la Ordenanza Municipal 53/79, que brinda esta información, la cual no contaba con datos reales, por lo que se inició un trabajo de actualización de los mismos a través del Instituto Geográfico Militar (IGM).
"La Ley explica que tiene dos años de vigencia, pero aclara que esto es computable a partir de la emisión de una resolución suprema que avale el radio urbano intensivo y extensivo del municipio, es desde entonces la ley regirá en Oruro, y la ciudadanía tendrá dos años para ampararse en esta norma y regularizar su derecho propietario", explicó Birbuethg.
Recordó que esto es válido solo para la sentencia de regularización de vivienda, y no así para la corrección de datos en el sistema de folio real, que a la fecha está beneficiando a cerca de 20 mil personas a nivel nacional, que ya cuentan con sus títulos corregidos.
Explicó que las regularizaciones individuales sólo beneficiaron a tres personas en Trinidad, dos en Riberalta y dos en Betanzos, y que a nivel nacional se está observando y corrigiendo cerca de 247 áreas de 135 municipios que presentaron documentación para la ampliación o actualización de radios urbanos intensivos y extensivos.
Birbuethg afirmó que una vez que el Concejo apruebe la ordenanza, esta será respaldada con una resolución suprema y entonces a partir de esa fecha se tendrá dos años para que personas que no cuentan con derechos propietario y que viven de manera pacífica hace más de cinco años en una vivienda puedan gozar de sus títulos de propiedad.
sábado, 23 de noviembre de 2013
Los divorcios exprés se darán cuando no haya hijos ni bienes
Los matrimonios que no hayan concebido hijos y que no pudieron establecer bienes comunes podrán tramitar su divorcio en tres meses, siempre y cuando exista mutuo acuerdo. Este tipo de resolución está establecida en el proyecto de ley del notariado, que fue aprobado en grande y en detalle por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El diputado oficialista Héctor Arce explicó que la normativa prevé eliminar la sobrecarga procesal que existe en los juzgados de familia. Detalló que los procesos donde la resolución de conflicto es calificada ‘rápida’ ocupan el 30% de los juicios instalados por divorcio.
“Las disoluciones del matrimonio ante esta instancia podrán darse cuando no haya controversia, cuando no existan bienes que dividir o no existan hijos”, especificó el asambleísta masista.
Al respecto, su correligionario Juan Carlos Cejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, recalcó que esta iniciativa será presentada al pleno camaral la próxima semana.
“Es un paso más que se da para lograr la reforma judicial. Ahora vemos procesos que están archivados desde hace años, y muchos de ellos pueden ser resueltos rápidamente”, destacó el legislador.
Solución por un juez
Con la implantación de la normativa, los divorcios sin ningún tipo de controversia podrán ser solucionados ante un notario, y no ante un juez, como contempla la ley vigente que data de 1858.
“Gente joven contrae matrimonio sin mayor responsabilidad, y al corto tiempo pretende separarse y divorciarse, (y ellos) tienen que hacer todo un proceso, todo un juicio”, remarcó Arce, que insistió en que la normativa evitará la sobrecarga procesal causada por la saturación de este tipo de conflictos en los juzgados de familia.
Críticas opositoras
Al respecto, el diputado opositor Mauricio Muñoz lamentó que esta normativa sea impulsada recientemente, ya que la iniciativa debía ser aprobada la pasada gestión. “Veo fines electorales, no me opongo a que los divorcios fáciles sean resueltos rápidamente, pero esto debía aprobarse hace tiempo”, dijo.
Entre otros aspectos, el proyecto prevé que los notarios permanezcan en sus cargos de forma indefinida, esto previo a un proceso de evaluación en sus funciones
Para saber
El fin de la normativa
El objetivo de la medida es generar estabilidad laboral en el sector judicial para que los funcionarios prioricen su formación.
Matrimonio con hijos
Los matrimonios con bienes gananciales e hijos, y que quieran separarse, serán resueltos por un juez, como ocurre en la actualidad.
Agilidad y responsabilidad
Sin embargo, el proyecto de normativa prevé que estos procesos comunes sean resueltos de manera rápida.
Otras características
El proyecto de ley del notariado agilizará todos los procedimientos civiles en materia de propiedad, de obligaciones y sucesiones, explicó Arce.
El diputado oficialista Héctor Arce explicó que la normativa prevé eliminar la sobrecarga procesal que existe en los juzgados de familia. Detalló que los procesos donde la resolución de conflicto es calificada ‘rápida’ ocupan el 30% de los juicios instalados por divorcio.
“Las disoluciones del matrimonio ante esta instancia podrán darse cuando no haya controversia, cuando no existan bienes que dividir o no existan hijos”, especificó el asambleísta masista.
Al respecto, su correligionario Juan Carlos Cejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, recalcó que esta iniciativa será presentada al pleno camaral la próxima semana.
“Es un paso más que se da para lograr la reforma judicial. Ahora vemos procesos que están archivados desde hace años, y muchos de ellos pueden ser resueltos rápidamente”, destacó el legislador.
Solución por un juez
Con la implantación de la normativa, los divorcios sin ningún tipo de controversia podrán ser solucionados ante un notario, y no ante un juez, como contempla la ley vigente que data de 1858.
“Gente joven contrae matrimonio sin mayor responsabilidad, y al corto tiempo pretende separarse y divorciarse, (y ellos) tienen que hacer todo un proceso, todo un juicio”, remarcó Arce, que insistió en que la normativa evitará la sobrecarga procesal causada por la saturación de este tipo de conflictos en los juzgados de familia.
Críticas opositoras
Al respecto, el diputado opositor Mauricio Muñoz lamentó que esta normativa sea impulsada recientemente, ya que la iniciativa debía ser aprobada la pasada gestión. “Veo fines electorales, no me opongo a que los divorcios fáciles sean resueltos rápidamente, pero esto debía aprobarse hace tiempo”, dijo.
Entre otros aspectos, el proyecto prevé que los notarios permanezcan en sus cargos de forma indefinida, esto previo a un proceso de evaluación en sus funciones
Para saber
El fin de la normativa
El objetivo de la medida es generar estabilidad laboral en el sector judicial para que los funcionarios prioricen su formación.
Matrimonio con hijos
Los matrimonios con bienes gananciales e hijos, y que quieran separarse, serán resueltos por un juez, como ocurre en la actualidad.
Agilidad y responsabilidad
Sin embargo, el proyecto de normativa prevé que estos procesos comunes sean resueltos de manera rápida.
Otras características
El proyecto de ley del notariado agilizará todos los procedimientos civiles en materia de propiedad, de obligaciones y sucesiones, explicó Arce.
El proyecto de Ley del Notariado propone disolver matrimonios en tres meses, siempre y cuando exista acuerdo mutuo, la pareja no tenga hijos, ni bienes
El proyecto de Ley del Notariado propone disolver matrimonios en tres meses, siempre y cuando exista acuerdo mutuo, la pareja no tenga hijos, ni bienes que dividir ni pretensión de asistencia familiar. El plazo de 90 días es para descartar cualquier reconciliación.
“El notario (de fe pública) recibirá la declaración voluntaria de divorcio en un documento y dará un plazo de tres meses para ver si no existe reconciliación; de ratificarse la decisión mutua, directamente, por mandato de la ley se dispondrá la cancelación de la partida matrimonial”, explicó ayer Héctor Arce, presidente de la Comisión de Constitución de Cámara de Diputados.
Aclaró que este tipo de divorcio será atendido por los notarios de fe pública solamente en casos de que no existan controversias entre las partes, descendencia (hijos), división de patrimonio ni pretensión de asistencia familiar.
Arce señaló que el propósito de la norma es descongestionar la administración de Justicia, pues indicó que, según un estudio estadístico, más del 50% de divorcios corresponden a parejas en las situaciones mencionadas.
“Gente joven contrae matrimonio sin mayor responsabilidad y al corto tiempo pretende divorciarse. Tienen que hacer todo un juicio y eso abarrota los juzgados, colapsa la administración de Justicia y se considera ya una situación absolutamente innecesaria”, sostuvo.
El proceso de divorcio demora dos años, en promedio, y el costo oscila entre Bs 2.000 y Bs 3.000. El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Constitución y será tratado en el pleno de la Cámara de Diputados.
Aprueban en grande la nueva ley de bomberos
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer, en grande y detalle, el proyecto de la nueva Ley de Bomberos, que permitirá cualificar los recursos humanos de esa unidad para su fortalecimiento y para mejorar las posibilidades de salvar vidas, informaron fuentes legislativas.
"Esta norma además tiene el objeto de regular el funcionamiento y coordinación de la Dirección Nacional de Bomberos de la Policía Boliviana, organización de bomberos voluntarios, equipos de emergencia o desastres, bomberos aeronáuticos y brigadas de forestación, entre otros", explicó el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Política Boliviana, René Martínez.
"Esta norma además tiene el objeto de regular el funcionamiento y coordinación de la Dirección Nacional de Bomberos de la Policía Boliviana, organización de bomberos voluntarios, equipos de emergencia o desastres, bomberos aeronáuticos y brigadas de forestación, entre otros", explicó el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Política Boliviana, René Martínez.
viernes, 22 de noviembre de 2013
Senado aprueba ley de pueblos indígenas y la devuelve a Diputados
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en la víspera en sus estaciones en grande y detalle y con modificaciones, el proyecto de Ley de "Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad", que tiene como objetivo establecer mecanismos y políticas de prevención, protección para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual o colectiva de las naciones indígenas.
De acuerdo a un comunicado del Senado, según el proyecto, se consideran situaciones de alta vulnerabilidad al peligro de extinción, el aislamiento voluntario, el aislamiento forzado, no contactados, en contacto inicial, la forma de vida transfronteriza y otras que sean identificadas por la instancia competente.
El documento establece tres pilares de trabajo en todos los niveles estatales: prevención, protección y fortalecimiento.
Además, dispone la creación de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (Digepio).
Entre las funciones establecidas para la Digepio, se prevé la creación de un sistema de monitoreo de los pueblos indígenas originarios en situación de vulnerabilidad, que establezca periódicamente datos sobre sus tendencias demográficas, enfermedades, proporciones, instituciones y formas de autrorregulación.
Asimismo, deberá informar sobre las situaciones permanentes y sistemáticas de intolerancia, racismo y discriminación, entre otros aspectos.
En el ámbito de la salud, la ley protegerá a las naciones y pueblos indígena originarios ante enfermedades y epidemias, con la activación de mecanismos como la delimitación de zonas de influencia sanitaria y el control de la caza y pesca ilegal.
Asimismo, la ley establece la implementación y ejecución de estrategias y acciones para mantener y fortalecer las identidades culturales propias, la vitalidad lingüística de sus idiomas, las propias cosmovisiones, religiones, creencias y cultos.
La presentación de este proyecto de ley se da luego de que la nación Urus marchó, en marzo pasado, desde sus comunidades en Oruro hasta la ciudad de La Paz exigiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que proteja su territorio, ante los constantes avasallamientos que sufrieron a lo largo de los últimos años.
El proyecto consta de 16 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición abrogatoria y derogatoria y una disposición final.
De acuerdo a un comunicado del Senado, según el proyecto, se consideran situaciones de alta vulnerabilidad al peligro de extinción, el aislamiento voluntario, el aislamiento forzado, no contactados, en contacto inicial, la forma de vida transfronteriza y otras que sean identificadas por la instancia competente.
El documento establece tres pilares de trabajo en todos los niveles estatales: prevención, protección y fortalecimiento.
Además, dispone la creación de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (Digepio).
Entre las funciones establecidas para la Digepio, se prevé la creación de un sistema de monitoreo de los pueblos indígenas originarios en situación de vulnerabilidad, que establezca periódicamente datos sobre sus tendencias demográficas, enfermedades, proporciones, instituciones y formas de autrorregulación.
Asimismo, deberá informar sobre las situaciones permanentes y sistemáticas de intolerancia, racismo y discriminación, entre otros aspectos.
En el ámbito de la salud, la ley protegerá a las naciones y pueblos indígena originarios ante enfermedades y epidemias, con la activación de mecanismos como la delimitación de zonas de influencia sanitaria y el control de la caza y pesca ilegal.
Asimismo, la ley establece la implementación y ejecución de estrategias y acciones para mantener y fortalecer las identidades culturales propias, la vitalidad lingüística de sus idiomas, las propias cosmovisiones, religiones, creencias y cultos.
La presentación de este proyecto de ley se da luego de que la nación Urus marchó, en marzo pasado, desde sus comunidades en Oruro hasta la ciudad de La Paz exigiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que proteja su territorio, ante los constantes avasallamientos que sufrieron a lo largo de los últimos años.
El proyecto consta de 16 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición abrogatoria y derogatoria y una disposición final.
EN NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES La firma digital busca eliminar el papeleo
La firma y el certificado digital, el software libre y el gobierno electrónico son las tres propuestas que plantea el Gobierno con la aprobación del Decreto Supremo Nº 1793, que reglamenta la nueva Ley de Telecomunicaciones, manifestó ayer el viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez.
Méndez visitó la ciudad junto al director de la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Clifford Paravicini, para socializar el Reglamento para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.
En conferencia de prensa ofrecida en la Gobernación, Méndez dijo que la norma tiene en perspectiva la modernización del Estado en la utilización de las tecnologías de información y comunicación.
Explicó que este nuevo sistema de comunicación digital permitirá implementar tres elementos nuevos en el desarrollo de la comunicación en Bolivia, creando el Consejo Plurinacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El primero está relacionado con el software libre, que permitirá el acceso del Estado a un programa fuente, que podrá ser modificado y tendrá un repositorio de software digital en siete años.
Paravicini añadió que lo principal será el certificado y la firma digital, que constituirán la “despapelización” de los trámites, dando ventajas a los bolivianos para que puedan hacer sus trámites desde donde estén, “con prontitud y celeridad en los trámites”.
Otro beneficio señalado es el gobierno electrónico que conllevará la modernización del Estado para la transparencia en la gestión pública, lo que “mejorará la calidad de vida en lo productivo, educativo y en la salud”, dijo Méndez.
Se informó también que, a la fecha, Entel está en proceso de construcción de 1.000 telecentros que se completarán a 2.500 en el área rural, en toda Bolivia, y aprovecharán los servicios del satélite Túpac Katari.
Méndez visitó la ciudad junto al director de la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Clifford Paravicini, para socializar el Reglamento para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.
En conferencia de prensa ofrecida en la Gobernación, Méndez dijo que la norma tiene en perspectiva la modernización del Estado en la utilización de las tecnologías de información y comunicación.
Explicó que este nuevo sistema de comunicación digital permitirá implementar tres elementos nuevos en el desarrollo de la comunicación en Bolivia, creando el Consejo Plurinacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El primero está relacionado con el software libre, que permitirá el acceso del Estado a un programa fuente, que podrá ser modificado y tendrá un repositorio de software digital en siete años.
Paravicini añadió que lo principal será el certificado y la firma digital, que constituirán la “despapelización” de los trámites, dando ventajas a los bolivianos para que puedan hacer sus trámites desde donde estén, “con prontitud y celeridad en los trámites”.
Otro beneficio señalado es el gobierno electrónico que conllevará la modernización del Estado para la transparencia en la gestión pública, lo que “mejorará la calidad de vida en lo productivo, educativo y en la salud”, dijo Méndez.
Se informó también que, a la fecha, Entel está en proceso de construcción de 1.000 telecentros que se completarán a 2.500 en el área rural, en toda Bolivia, y aprovecharán los servicios del satélite Túpac Katari.
Fejuve deriva reglamentación de Ley de Transporte al Ejecutivo
El secretario de Transportes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Renán Cabezas, dio a conocer que dos de las siete reglamentaciones de la Ley de Transporte fueron ya remitidas al Ejecutivo Municipal y se aguarda que esta propuesta pueda ser respondida hasta enero próximo.
El dirigente Cabezas explicó que dos de los puntos de la reglamentación, tarifas, rutas y recorridos, fueron observadas por las organizaciones vecinales quienes en cada uno de los distritos municipales acordaron consensuar que dicha reglamentación esté destinada a ser coercitiva, con la finalidad de hacer cumplir las respectivas sanciones en contra de los transportistas del servicio público que no cumplan sus rutas adecuadamente.
“Hemos señalado que uno de los principales objetivos de las reglamentaciones referida sobre todo en el capítulo de tarifas y recorridos es eliminar el trameaje de los choferes de servicio público sobre todo de minibuses y sancionar la falta del cumplimiento de las respectivas rutas. Para ello los funcionarios de la Guardia Municipal de Transporte son los que deben hacer cumplir las sanciones y dejar de anotar en sus cuadernillos las placas de control que a la final sólo se convierten en boletas de infracción en beneficio de tránsito y no así de la propia comuna alteña”, señaló.
Cabezas, a tiempo de confirmar él envió de la norma, dio a conocer que el ejecutivo deberá responder y promulgar la mencionada reglamentación hasta enero, mes en el que se concluye el tiempo de los 180 días que fueron definidos por la Fejuve en uno de los paros cívicos realizados en el mes de octubre de la presente gestión.
Mientras que a nivel de los conductores de la Federación de Choferes Andina Primero de Mayo aseguran que dichas inclusiones realizadas por parte de Fejuve no se habría socializado en su sector, por lo que se espera que en los próximos meses el ejecutivo defina un proceso de socialización y puesta en consideración del sector involucrado en la norma, señaló Rubén Sánchez.
Cabe recordar que, en pasados días, la dirigencia de choferes dio a conocer que su sector no analizará ni aprobará ninguna reglamentación referida al servicio de transporte, hasta que no se defina una tarifa única de Bs 1,50 la misma que estaba siendo negociada con el Ejecutivo municipal.
Asimismo, queda pendiente el tema de la tarifa en el servicio de transporte público interciudad, entre La Paz y El Alto, recorrido que de la misma manera se exigía un incremento de pasajes en más del 60%.
El dirigente Cabezas explicó que dos de los puntos de la reglamentación, tarifas, rutas y recorridos, fueron observadas por las organizaciones vecinales quienes en cada uno de los distritos municipales acordaron consensuar que dicha reglamentación esté destinada a ser coercitiva, con la finalidad de hacer cumplir las respectivas sanciones en contra de los transportistas del servicio público que no cumplan sus rutas adecuadamente.
“Hemos señalado que uno de los principales objetivos de las reglamentaciones referida sobre todo en el capítulo de tarifas y recorridos es eliminar el trameaje de los choferes de servicio público sobre todo de minibuses y sancionar la falta del cumplimiento de las respectivas rutas. Para ello los funcionarios de la Guardia Municipal de Transporte son los que deben hacer cumplir las sanciones y dejar de anotar en sus cuadernillos las placas de control que a la final sólo se convierten en boletas de infracción en beneficio de tránsito y no así de la propia comuna alteña”, señaló.
Cabezas, a tiempo de confirmar él envió de la norma, dio a conocer que el ejecutivo deberá responder y promulgar la mencionada reglamentación hasta enero, mes en el que se concluye el tiempo de los 180 días que fueron definidos por la Fejuve en uno de los paros cívicos realizados en el mes de octubre de la presente gestión.
Mientras que a nivel de los conductores de la Federación de Choferes Andina Primero de Mayo aseguran que dichas inclusiones realizadas por parte de Fejuve no se habría socializado en su sector, por lo que se espera que en los próximos meses el ejecutivo defina un proceso de socialización y puesta en consideración del sector involucrado en la norma, señaló Rubén Sánchez.
Cabe recordar que, en pasados días, la dirigencia de choferes dio a conocer que su sector no analizará ni aprobará ninguna reglamentación referida al servicio de transporte, hasta que no se defina una tarifa única de Bs 1,50 la misma que estaba siendo negociada con el Ejecutivo municipal.
Asimismo, queda pendiente el tema de la tarifa en el servicio de transporte público interciudad, entre La Paz y El Alto, recorrido que de la misma manera se exigía un incremento de pasajes en más del 60%.
LA PAZ TIENE UNA NUEVA LEY DE CATASTRO URBANO
El pleno del Concejo Municipal de La Paz aprobó por unanimidad la Ley de Catastro Urbano Municipal, norma que permitirá actualizar el inventario de propiedades en el municipio, la base de datos sobre la que se calculan los impuestos y facultar a la Comuna a efectuar el registro de propiedades por su cuenta.
"La verdadera importancia de esta ley está en que le garantiza al ciudadano el registro de su propiedad y el derecho a tener su propiedad saneada”, dijo el presidente del Concejo Edil, Omar Rocha, a tiempo de aprobar la norma autonómica.
Con respecto a la utilidad de la disposición para la Comuna, Rocha señaló que la eficiencia en la administración de un catastro no es cosa que dependa de una ley, “es algo que depende de la eficiencia de la gestión municipal. Además, en los últimos 13 años no se ha logrado esa eficiencia y por lo tanto no se ha avanzado en el tema”, explicó.
Se evitarán conflictos. Por otra parte, la concejal, Gabriela Niño de Guzmán (MSM) destacó que la ley tiene también la utilidad de evitar los problemas que se tiene, actualmente, en torno al tema catastral y establecer los parámetros necesarios para que el ciudadano tenga una relación fluída con el tema. "El catastro es un inventario de todos los predios y construcciones que hay en una determinada área, sus superficies, áreas construidas, su valor y quiénes son los propietarios. Y su utilidad, se constituye en la base de cálculo de impuestos que debe pagar cada propietario y es la fuente de datos para la planificación presupuestaria", dijo la lesgisladora.
A ello, complementó que el catastro es un inventario dinámico, pues prácticamente todos los días se producen cambios en la forma de las propiedades o construcciones, "cada día se construyen nuevas edificaciones y se dividen o amplían terrenos y eso hace que se incremente o disminuya su valor y se efectúen cambios en la titularidad de la propiedad, por lo que se hace necesaria su actualización y que ésta tenga reglas claras y específicas.
Por ello, y a iniciativa del Ejecutivo Edil, es que se aprobó la norma, un instrumento necesario en la planificación de la recaudación de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. La ley consta de 23 capítulos, dos disposiciones complementarias y tres adicionales y una disposición abrogatoria. El Ejecutivo Edil es el encargado de realizar las acciones necesarias para aplicarla y hacerla cumplir.
"La verdadera importancia de esta ley está en que le garantiza al ciudadano el registro de su propiedad y el derecho a tener su propiedad saneada”, dijo el presidente del Concejo Edil, Omar Rocha, a tiempo de aprobar la norma autonómica.
Con respecto a la utilidad de la disposición para la Comuna, Rocha señaló que la eficiencia en la administración de un catastro no es cosa que dependa de una ley, “es algo que depende de la eficiencia de la gestión municipal. Además, en los últimos 13 años no se ha logrado esa eficiencia y por lo tanto no se ha avanzado en el tema”, explicó.
Se evitarán conflictos. Por otra parte, la concejal, Gabriela Niño de Guzmán (MSM) destacó que la ley tiene también la utilidad de evitar los problemas que se tiene, actualmente, en torno al tema catastral y establecer los parámetros necesarios para que el ciudadano tenga una relación fluída con el tema. "El catastro es un inventario de todos los predios y construcciones que hay en una determinada área, sus superficies, áreas construidas, su valor y quiénes son los propietarios. Y su utilidad, se constituye en la base de cálculo de impuestos que debe pagar cada propietario y es la fuente de datos para la planificación presupuestaria", dijo la lesgisladora.
A ello, complementó que el catastro es un inventario dinámico, pues prácticamente todos los días se producen cambios en la forma de las propiedades o construcciones, "cada día se construyen nuevas edificaciones y se dividen o amplían terrenos y eso hace que se incremente o disminuya su valor y se efectúen cambios en la titularidad de la propiedad, por lo que se hace necesaria su actualización y que ésta tenga reglas claras y específicas.
Por ello, y a iniciativa del Ejecutivo Edil, es que se aprobó la norma, un instrumento necesario en la planificación de la recaudación de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. La ley consta de 23 capítulos, dos disposiciones complementarias y tres adicionales y una disposición abrogatoria. El Ejecutivo Edil es el encargado de realizar las acciones necesarias para aplicarla y hacerla cumplir.
Esperando la ley minera
Ante el reclamo directo – y personal – del Presidente Evo Morales que instó a los comisionados en la elaboración de la ley minera apurar su trabajo para proceder a su aprobación, es posible que tal hecho se concrete hasta fin de año, es decir el próximo mes, para que al inicio de la nueva gestión la minería boliviana pueda contar ya con una normativa que la reactive y la impulse hacia el cumplimiento de objetivos de alta producción y rentabilidad.
Sin embargo, hay un problema específico y es el relacionado con el sistema tributario, que según se explicó no estará contenido en el texto de la nueva Ley, sino en un acápite que será elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se manejan las instancias de orden tributario o impositivo. ¿Cuál es el problema? Pues se trata del adelanto que se hizo a nivel oficial y que está prácticamente en uso y se refiere a la exención de impuestos a los mineros cooperativistas que sólo pagan la regalía, lo que representa una desigualdad en la aplicación de la obligatoriedad impositiva que debe ser igual para todos los bolivianos, según estiman los expertos y coinciden en tal relación los interesados del sector minero en general que califican el hecho como discriminatorio.
El asunto en el análisis de los políticos tiene otra connotación y es la que se relaciona con el apoyo directo comprometido por parte de los cooperativistas con el gobierno del Presidente Morales y que se acentúa como estrategia de apoyo incondicional para el próximo proceso electoralista, por tanto se presume que la situación estará incluida en la ley minera y distorsionará el sentido de equidad tributaria.
Por otro lado, la minería privada reclama atención especial al caso de los avasallamientos denunciados y no solucionados, lo que significa que no se ha hecho justicia en los casos que protagonizaron cooperativistas y originarios de ciertas comunidades en perjuicio de empresarios mineros privados. Se trata de un abierto proceso de inseguridad jurídica que se supone será enmendado con correcciones en la ley minera.
Pero hay más, los mineros medianos y pequeños del sector privado también han expuesto sus puntos de vista sobre el aspecto tributario, que en realidad se convierte en este momento en el más controvertido de la nueva ley minera, pues no será incluido en la normativa general y habrá otra disposición producida en otro ministerio que no es el de minería, por tanto expresamente con valor impositivo de acuerdo al interés del Estado de mejorar sus ingresos, posiblemente sin tomar en cuenta las dificultades de sectores como el de los "chicos" que han planteado pagar tan sólo el uno por ciento de impuestos como lo hacen los cooperativistas.
Como se puede apreciar la demora en aprobar la ley minera y alcanzar que sea consensuada entre los sectores afines, antes de su promulgación, parece una tarea todavía complicada, pues se trata de limar aristas muy prominentes y eliminar instancias que prevalecen como derechos adquiridos de algún sector que tiene cierto predominio en el contexto político, pero que afecta las expectativas del resto de los protagonistas de un importante sector productivo del país. Hay que tener esperanza en resultados positivos, la minería merece una particular consideración en su manejo administrativo.
Sin embargo, hay un problema específico y es el relacionado con el sistema tributario, que según se explicó no estará contenido en el texto de la nueva Ley, sino en un acápite que será elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se manejan las instancias de orden tributario o impositivo. ¿Cuál es el problema? Pues se trata del adelanto que se hizo a nivel oficial y que está prácticamente en uso y se refiere a la exención de impuestos a los mineros cooperativistas que sólo pagan la regalía, lo que representa una desigualdad en la aplicación de la obligatoriedad impositiva que debe ser igual para todos los bolivianos, según estiman los expertos y coinciden en tal relación los interesados del sector minero en general que califican el hecho como discriminatorio.
El asunto en el análisis de los políticos tiene otra connotación y es la que se relaciona con el apoyo directo comprometido por parte de los cooperativistas con el gobierno del Presidente Morales y que se acentúa como estrategia de apoyo incondicional para el próximo proceso electoralista, por tanto se presume que la situación estará incluida en la ley minera y distorsionará el sentido de equidad tributaria.
Por otro lado, la minería privada reclama atención especial al caso de los avasallamientos denunciados y no solucionados, lo que significa que no se ha hecho justicia en los casos que protagonizaron cooperativistas y originarios de ciertas comunidades en perjuicio de empresarios mineros privados. Se trata de un abierto proceso de inseguridad jurídica que se supone será enmendado con correcciones en la ley minera.
Pero hay más, los mineros medianos y pequeños del sector privado también han expuesto sus puntos de vista sobre el aspecto tributario, que en realidad se convierte en este momento en el más controvertido de la nueva ley minera, pues no será incluido en la normativa general y habrá otra disposición producida en otro ministerio que no es el de minería, por tanto expresamente con valor impositivo de acuerdo al interés del Estado de mejorar sus ingresos, posiblemente sin tomar en cuenta las dificultades de sectores como el de los "chicos" que han planteado pagar tan sólo el uno por ciento de impuestos como lo hacen los cooperativistas.
Como se puede apreciar la demora en aprobar la ley minera y alcanzar que sea consensuada entre los sectores afines, antes de su promulgación, parece una tarea todavía complicada, pues se trata de limar aristas muy prominentes y eliminar instancias que prevalecen como derechos adquiridos de algún sector que tiene cierto predominio en el contexto político, pero que afecta las expectativas del resto de los protagonistas de un importante sector productivo del país. Hay que tener esperanza en resultados positivos, la minería merece una particular consideración en su manejo administrativo.
Aprueban proyecto de Ley del Notariado Público que incluye los divorcios rápidos
La mayoría oficialista que controla la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley del Notariado Plurinacional, donde se autoriza al Notario de Fe Pública conceder el divorcio rápido a los matrimonios sin hijos ni bienes, siempre que exista mutuo acuerdo de las partes.
"Las disoluciones del matrimonio ante esta instancia podrán darse cuando no haya controversia, cuando no existan bienes que dividir o no existan hijos", manifestó el presidente de Comisión, Héctor Arce, que presentó el proyecto de ley como una novedad dentro lo que el MAS considera una corriente reformadora de la actual estructura judicial del país.
El propósito de conceder estas atribuciones a los notarios, es evitar la carga procesal a los jueces de familia que se ocupan durante años de varios procesos. Sin embargo, el diputado Mauricio Muñoz lamentó que el MAS haya levantado falsas expectativas en la población porque habló de una revolución de la justicia, entre ellas los divorcios rápidos, sin embargo, al momento de aprobar el proyecto de ley dio paso atrás.
Arce destacó que la nueva normativa es para mejorar el servicio del notariado por cuanto una vez aprobada, se instituirá una carrera notarial para que en base a la "meritocracia" se garantice que los mejores profesionales ocupen esos cargos ofreciendo idoneidad y recibiendo a cambio estabilidad en el cargo.
En ese sentido dijo que el ejercicio del cargo será en forma indefinida, pero serán sometidos a una evaluación periódica para medir conocimientos y estudios de especialización con el fin de asegurar un buen servicio.
"Las disoluciones del matrimonio ante esta instancia podrán darse cuando no haya controversia, cuando no existan bienes que dividir o no existan hijos", manifestó el presidente de Comisión, Héctor Arce, que presentó el proyecto de ley como una novedad dentro lo que el MAS considera una corriente reformadora de la actual estructura judicial del país.
El propósito de conceder estas atribuciones a los notarios, es evitar la carga procesal a los jueces de familia que se ocupan durante años de varios procesos. Sin embargo, el diputado Mauricio Muñoz lamentó que el MAS haya levantado falsas expectativas en la población porque habló de una revolución de la justicia, entre ellas los divorcios rápidos, sin embargo, al momento de aprobar el proyecto de ley dio paso atrás.
Arce destacó que la nueva normativa es para mejorar el servicio del notariado por cuanto una vez aprobada, se instituirá una carrera notarial para que en base a la "meritocracia" se garantice que los mejores profesionales ocupen esos cargos ofreciendo idoneidad y recibiendo a cambio estabilidad en el cargo.
En ese sentido dijo que el ejercicio del cargo será en forma indefinida, pero serán sometidos a una evaluación periódica para medir conocimientos y estudios de especialización con el fin de asegurar un buen servicio.
jueves, 21 de noviembre de 2013
Elevan a Ley el decreto sobre Convención de Viena
El pleno de la Cámara de Senadores sancionó un proyecto que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo 10529 del 13 de octubre de 1972, que ratifica la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, el Decreto Supremo 9384 del 10 de septiembre 1970 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963.
“Estamos aceptando una propuesta a nivel internacional que ratifica dos asuntos: uno, las relaciones diplomáticas amistosas entre los países; y dos, las relaciones consulares entre varios países”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza.
De acuerdo al análisis de la Comisión, el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas fija las relaciones entre los estados y las funciones de la misión diplomática.
La ley fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
“Estamos aceptando una propuesta a nivel internacional que ratifica dos asuntos: uno, las relaciones diplomáticas amistosas entre los países; y dos, las relaciones consulares entre varios países”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza.
De acuerdo al análisis de la Comisión, el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas fija las relaciones entre los estados y las funciones de la misión diplomática.
La ley fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Decreto Supremo “Esfuerzo por Bolivia”
Este es el Decreto Supremo 1802 que establece el pago de doble aguinaldo para trabajadores públicos y privados, que será otorgado en cada gestión fiscal, cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), supere el 4.5 por ciento .
Considerando: Que el numeral 7 del Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, determina que es función del Estado promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.
Que el Gobierno del Estado Plurinacional, asume una nueva Política Económica participativa en el desarrollo interno, como base del Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado por la Constitución Política del Estado.
Que la implementación del Nuevo Modelo Económico está orientada a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de la población boliviana, en la cual también aportan de manera significativa las trabajadoras y los trabajadores del sector público y privado.
Que las trabajadoras y los trabajadores del Estado Plurinacional, contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto-PIB, el mismo que para la presente gestión superará al cuatro punto cinco por ciento (4.5 por ciento ), reflejando un indicador alentador en el crecimiento de la actividad económica que repercute de manera directa en el nivel de vida, reposicionando un valor indicativo del poder adquisitivo.
Que es necesario reconocer a las trabajadoras y los trabajadores del Estado Plurinacional, su rol contributivo y participativo en las políticas públicas que determina el Gobierno y mejorar las condiciones de los mismos, a fin de conseguir de éstos una mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones.
En consejo de ministros, decreta:
Artículo 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto instituir el Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ para las servidoras y los servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del Sector Público y Privado del Estado Plurinacional, que será otorgado en cada gestión fiscal, cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto-PIB, supere el cuatro punto cinco por ciento (4.5 por ciento ).
Artículo 2.- (Alcance). El Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ establecido en el Artículo precedente será extensivo a:
a) Todas las servidoras y los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado, Instituciones Públicas de Seguridad Social, Entidades Desconcentradas y Descentralizadas, Autárquicas, Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias, Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas;
b). Personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal, profesionales y trabajadores en salud de los Servicios Departamentales de Salud, de Gestión Social, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana;
c) Servidoras y servidores públicos que cumplan funciones en el Servicio Diplomático y Consular, y aquellos que prestan servicios fuera del país;
d) Trabajadoras y trabajadores, servidoras y servidores públicos de las Empresas Público del Estado Plurinacional y de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas;
e) Trabajadoras y trabajadores del sector privado.
Artículo 3.- (Aplicación).
I. Los criterios de aplicación del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, se sujetarán a la normativa vigente que rige el Aguinaldo de Navidad.
II. Los beneficiarios del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, serán aquellos que hubieran prestado servicios en una misma entidad, empresa o institución por un mínimo de tres (3) meses de manera ininterrumpida durante la gestión fiscal. Cuando no se hubiese trabajado los doce meses completos de cada gestión fiscal, el pago se realizará por duodécimas en proporción al tiempo trabajado.
III. Para el caso de las servidoras y servidores públicos que cumplan funciones en el Servicio Diplomático y Consular, y aquellos que prestan servicios fuera del país, el Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ se aplicará sobre el haber básico, sin incluir el Gasto por Compensación del Costo de Vida en el Exterior.
IV. En el caso de las Empresas Públicas y de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, será autorizado mediante Resolución Ministerial emitida por el Ministerio Cabeza de Sector o por resolución expresa de la máxima instancia resolutiva de la entidad, cuando corresponda, debiendo incluir en la misma la base de cálculo del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ y su financiamiento; para este efecto deberán tomar en cuenta inicialmente el haber o remuneración básica, excluyendo todo bono, prima, contratos, factor variable de escala salarial u otros similares.
Se exceptúa de este beneficio al personal especializado en áreas estratégicas, que tengan una remuneración básica superior a la establecida para el Presidente del Estado Plurinacional.
Articulo 4.- (Financiamiento). I. Las entidades públicas que se financian con fuentes y organismo 10-111 y 41-111 ´Tesoro General de la Nación´, deberán efectuar las modificaciones presupuestarias incluyendo el grupo de gasto 10000 ´Servicios Personales´; a fin de dar cumplimiento a la presente norma.
Cuando las entidades públicas no cuenten con saldos presupuestarios suficientes, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación queda autorizado para asignar los recursos presupuestarios necesarios, previa evaluación y a solicitud de la entidad.
II. Las entidades públicas que se financian con recursos específicos u otras fuentes diferentes a 10 -111 y 41-111 ´Tesoro General de la Nación´, podrán otorgar este beneficio con cargo a su presupuesto institucional. Para este efecto, quedan autorizadas a realizar las modificaciones presupuestarias respectivas, incluyendo el grupo de gasto 10000 ´Servicios Personales´, a fin de dar cumplimiento a la presente norma.
Articulo 5.- (Crecimiento del PIB). Para dar cumplimiento al Artículo 1 de la presente norma, se considerará la tasa de crecimiento observada del PIB de un periodo de doce meses anteriores a septiembre de cada gestión fiscal; información que deberá ser comunicada por el Instituto Nacional de Estadística-INE en el mes de octubre de cada gestión a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
4- Disposiciones Adicionales
Disposición Adicional Única.- Para el pago de las duodécimas del Aguinaldo de Navidad y del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, se debe considerar únicamente los servicios prestados en una misma entidad, empresa o institución pública o privada, y que se haya realizado por un mínimo de tres (3) meses de manera ininterrumpida durante la gestión fiscal, incluye las incorporaciones realizadas hasta el 1 de octubre de cada gestión.
Disposiciones Transitorias
Disposición Transitoria. Primera.- I. Para la presente gestión y de manera excepcional el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ se hace extensivo al Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea. El financiamiento señalado será realizado considerando los criterios establecidos en el Artículo 4 del presente Decreto Supremo.
II. Para el Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea que son financiados con recursos de donación, crédito interno y externo vinculado a proyectos de inversión, el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ será financiado con estos recursos y de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.
III. Para los consultores por producto no se aplica el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, independientemente de la fuente de financiamiento.
Disposición Transitoria Segunda.- Para la presente gestión y de manera excepcional, el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ debe ser apropiado por las entidades, empresas e instituciones del sector público en la partida de gasto 26990 ´Otros´, para lo cual deberán crear una Actividad específica, denominada ´Segundo Aguinaldo-Esfuerzo por Bolivia´.
Disposición Transitoria Tercera.- I. Para la presente gestión y de manera excepcional el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ podrá ser financiado con los saldos presupuestarios provenientes de gasto corriente y/o proyectos de inversión. Para este efecto se autoriza a las entidades e instituciones del sector público incluidas las empresas, entidades territoriales autónomas y universidades públicas, realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes.
II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar las modificaciones presupuestarias que correspondan.
Disposición Transitoria Cuarta.- Para la presente gestión de manera excepcional, el Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ podrá ser pagado por el sector privado hasta el 31 de diciembre.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil trece.
Considerando: Que el numeral 7 del Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, determina que es función del Estado promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.
Que el Gobierno del Estado Plurinacional, asume una nueva Política Económica participativa en el desarrollo interno, como base del Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado por la Constitución Política del Estado.
Que la implementación del Nuevo Modelo Económico está orientada a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de la población boliviana, en la cual también aportan de manera significativa las trabajadoras y los trabajadores del sector público y privado.
Que las trabajadoras y los trabajadores del Estado Plurinacional, contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto-PIB, el mismo que para la presente gestión superará al cuatro punto cinco por ciento (4.5 por ciento ), reflejando un indicador alentador en el crecimiento de la actividad económica que repercute de manera directa en el nivel de vida, reposicionando un valor indicativo del poder adquisitivo.
Que es necesario reconocer a las trabajadoras y los trabajadores del Estado Plurinacional, su rol contributivo y participativo en las políticas públicas que determina el Gobierno y mejorar las condiciones de los mismos, a fin de conseguir de éstos una mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones.
En consejo de ministros, decreta:
Artículo 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto instituir el Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ para las servidoras y los servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del Sector Público y Privado del Estado Plurinacional, que será otorgado en cada gestión fiscal, cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto-PIB, supere el cuatro punto cinco por ciento (4.5 por ciento ).
Artículo 2.- (Alcance). El Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ establecido en el Artículo precedente será extensivo a:
a) Todas las servidoras y los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado, Instituciones Públicas de Seguridad Social, Entidades Desconcentradas y Descentralizadas, Autárquicas, Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias, Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas;
b). Personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal, profesionales y trabajadores en salud de los Servicios Departamentales de Salud, de Gestión Social, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana;
c) Servidoras y servidores públicos que cumplan funciones en el Servicio Diplomático y Consular, y aquellos que prestan servicios fuera del país;
d) Trabajadoras y trabajadores, servidoras y servidores públicos de las Empresas Público del Estado Plurinacional y de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas;
e) Trabajadoras y trabajadores del sector privado.
Artículo 3.- (Aplicación).
I. Los criterios de aplicación del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, se sujetarán a la normativa vigente que rige el Aguinaldo de Navidad.
II. Los beneficiarios del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, serán aquellos que hubieran prestado servicios en una misma entidad, empresa o institución por un mínimo de tres (3) meses de manera ininterrumpida durante la gestión fiscal. Cuando no se hubiese trabajado los doce meses completos de cada gestión fiscal, el pago se realizará por duodécimas en proporción al tiempo trabajado.
III. Para el caso de las servidoras y servidores públicos que cumplan funciones en el Servicio Diplomático y Consular, y aquellos que prestan servicios fuera del país, el Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ se aplicará sobre el haber básico, sin incluir el Gasto por Compensación del Costo de Vida en el Exterior.
IV. En el caso de las Empresas Públicas y de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, será autorizado mediante Resolución Ministerial emitida por el Ministerio Cabeza de Sector o por resolución expresa de la máxima instancia resolutiva de la entidad, cuando corresponda, debiendo incluir en la misma la base de cálculo del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ y su financiamiento; para este efecto deberán tomar en cuenta inicialmente el haber o remuneración básica, excluyendo todo bono, prima, contratos, factor variable de escala salarial u otros similares.
Se exceptúa de este beneficio al personal especializado en áreas estratégicas, que tengan una remuneración básica superior a la establecida para el Presidente del Estado Plurinacional.
Articulo 4.- (Financiamiento). I. Las entidades públicas que se financian con fuentes y organismo 10-111 y 41-111 ´Tesoro General de la Nación´, deberán efectuar las modificaciones presupuestarias incluyendo el grupo de gasto 10000 ´Servicios Personales´; a fin de dar cumplimiento a la presente norma.
Cuando las entidades públicas no cuenten con saldos presupuestarios suficientes, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación queda autorizado para asignar los recursos presupuestarios necesarios, previa evaluación y a solicitud de la entidad.
II. Las entidades públicas que se financian con recursos específicos u otras fuentes diferentes a 10 -111 y 41-111 ´Tesoro General de la Nación´, podrán otorgar este beneficio con cargo a su presupuesto institucional. Para este efecto, quedan autorizadas a realizar las modificaciones presupuestarias respectivas, incluyendo el grupo de gasto 10000 ´Servicios Personales´, a fin de dar cumplimiento a la presente norma.
Articulo 5.- (Crecimiento del PIB). Para dar cumplimiento al Artículo 1 de la presente norma, se considerará la tasa de crecimiento observada del PIB de un periodo de doce meses anteriores a septiembre de cada gestión fiscal; información que deberá ser comunicada por el Instituto Nacional de Estadística-INE en el mes de octubre de cada gestión a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
4- Disposiciones Adicionales
Disposición Adicional Única.- Para el pago de las duodécimas del Aguinaldo de Navidad y del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, se debe considerar únicamente los servicios prestados en una misma entidad, empresa o institución pública o privada, y que se haya realizado por un mínimo de tres (3) meses de manera ininterrumpida durante la gestión fiscal, incluye las incorporaciones realizadas hasta el 1 de octubre de cada gestión.
Disposiciones Transitorias
Disposición Transitoria. Primera.- I. Para la presente gestión y de manera excepcional el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ se hace extensivo al Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea. El financiamiento señalado será realizado considerando los criterios establecidos en el Artículo 4 del presente Decreto Supremo.
II. Para el Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea que son financiados con recursos de donación, crédito interno y externo vinculado a proyectos de inversión, el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ será financiado con estos recursos y de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.
III. Para los consultores por producto no se aplica el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´, independientemente de la fuente de financiamiento.
Disposición Transitoria Segunda.- Para la presente gestión y de manera excepcional, el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ debe ser apropiado por las entidades, empresas e instituciones del sector público en la partida de gasto 26990 ´Otros´, para lo cual deberán crear una Actividad específica, denominada ´Segundo Aguinaldo-Esfuerzo por Bolivia´.
Disposición Transitoria Tercera.- I. Para la presente gestión y de manera excepcional el pago del Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ podrá ser financiado con los saldos presupuestarios provenientes de gasto corriente y/o proyectos de inversión. Para este efecto se autoriza a las entidades e instituciones del sector público incluidas las empresas, entidades territoriales autónomas y universidades públicas, realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes.
II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar las modificaciones presupuestarias que correspondan.
Disposición Transitoria Cuarta.- Para la presente gestión de manera excepcional, el Segundo Aguinaldo ´Esfuerzo por Bolivia´ podrá ser pagado por el sector privado hasta el 31 de diciembre.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil trece.
Ley convertirá una canción en patrimonio
El tema se constituye en una manifestación y obra folklórica popular de valor cultural y de interés del Estado.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la letra y música de la canción Oh, Cochabamba querida, del cantautor Rubén Ramírez Santillán (Jaime del Río), Patrimonio Cultural e Intangible del pueblo boliviano, por constituirse en una manifestación y obra folklórica popular de valor cultural y de interés del nivel central del Estado.
De acuerdo con este proyecto de ley, serán los ministerios de Relaciones Exteriores y de Culturas y Turismo, la Gobernación de Cochabamba y el Gobierno Municipal de Cercado las instituciones encargadas de la implementación de políticas públicas de protección, promoción y difusión de esta obra.
El diputado proyectista, Saúl Garabito, recordó que hace unos meses la letra y música de esta canción sufrió un plagio por parte de la agrupación peruana DO RE MI, que le cambió el título a Oh, Quillabamba querida!
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la letra y música de la canción Oh, Cochabamba querida, del cantautor Rubén Ramírez Santillán (Jaime del Río), Patrimonio Cultural e Intangible del pueblo boliviano, por constituirse en una manifestación y obra folklórica popular de valor cultural y de interés del nivel central del Estado.
De acuerdo con este proyecto de ley, serán los ministerios de Relaciones Exteriores y de Culturas y Turismo, la Gobernación de Cochabamba y el Gobierno Municipal de Cercado las instituciones encargadas de la implementación de políticas públicas de protección, promoción y difusión de esta obra.
El diputado proyectista, Saúl Garabito, recordó que hace unos meses la letra y música de esta canción sufrió un plagio por parte de la agrupación peruana DO RE MI, que le cambió el título a Oh, Quillabamba querida!
Leyes firmes, clave para el derecho ambiental
La coordinación entre administraciones y fiscalías, la erradicación de la corrupción y la creación de un sistema legal firme son las claves para atajar los daños ambientales y sancionar a sus responsables, según expertos internacionales reunidos en el país en el foro “Derecho Medioambiental”.
Este seminario, organizado por el Tribunal Agroambiental y la cooperación española, concluyó ayer con un taller práctico en el que especialistas españoles y bolivianos expusieron diversos delitos ecológicos ocurridos en sus países, junto a las medidas judiciales emprendidas contra este tipo de agresión medioambiental.
Los fiscales españoles que participan en el seminario recordaron los desastres ecológicos ocurridos en el parque nacional de Doñana, con el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en 1998; la catástrofe natural ocurrida en la bahía de Portmán, por el vertido de la empresa Peñarroya, entre 1957 y 1987, o la contaminación producida en el entorno ecológico de las Tablas de Daimiel.
Los expertos bolivianos, entre ellos la magistrada del Tribunal Agroambiental Paty Coana, pusieron como ejemplo la contaminación minera del río Pilcomayo, en el sur del país, y en el lago Titicaca, en el norte.
“Los casos mineros son los más problemáticos, porque sus efectos son más impactantes”, explicó el fiscal jefe de la Fiscalía española de Medio Ambiente, Antonio Vercher.
Junto a Vercher participaron en el foro el magistrado especialista Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Santiago de Andrés, y el fiscal de la Fiscalía de Medio Ambiente de España Germán Gutiérrez.
De Andrés recordó que en los delitos de urbanismo la corrupción viene muchas veces derivada de las decisiones de los alcaldes y ayuntamientos al decidir dónde se va a construir y el valor del terreno.
Este seminario, organizado por el Tribunal Agroambiental y la cooperación española, concluyó ayer con un taller práctico en el que especialistas españoles y bolivianos expusieron diversos delitos ecológicos ocurridos en sus países, junto a las medidas judiciales emprendidas contra este tipo de agresión medioambiental.
Los fiscales españoles que participan en el seminario recordaron los desastres ecológicos ocurridos en el parque nacional de Doñana, con el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en 1998; la catástrofe natural ocurrida en la bahía de Portmán, por el vertido de la empresa Peñarroya, entre 1957 y 1987, o la contaminación producida en el entorno ecológico de las Tablas de Daimiel.
Los expertos bolivianos, entre ellos la magistrada del Tribunal Agroambiental Paty Coana, pusieron como ejemplo la contaminación minera del río Pilcomayo, en el sur del país, y en el lago Titicaca, en el norte.
“Los casos mineros son los más problemáticos, porque sus efectos son más impactantes”, explicó el fiscal jefe de la Fiscalía española de Medio Ambiente, Antonio Vercher.
Junto a Vercher participaron en el foro el magistrado especialista Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Santiago de Andrés, y el fiscal de la Fiscalía de Medio Ambiente de España Germán Gutiérrez.
De Andrés recordó que en los delitos de urbanismo la corrupción viene muchas veces derivada de las decisiones de los alcaldes y ayuntamientos al decidir dónde se va a construir y el valor del terreno.
Red Telartes y ministerio se unen para elaborar Ley de Culturas
La Red Telartes y el Ministerio de Culturas crearon ayer cinco comisiones que trabajarán en la sistematización y socialización de las propuestas para la elaboración de una norma, además de establecer canales de circulación y comunicación.
La primera de las misiones identificadas en la reunión celebrada entre el grupo de gestores y artistas y la entidad estatal en la Fundación Cultural del Banco Central, es registrar, sistematizar y canalizar las propuestas de los diferentes sectores sobre el contenido de la futura Ley de Culturas.
“No vamos a elaborar el proyecto, ese es trabajo de los expertos en legislación, pero vamos a aportar desde los diferentes puntos de vista de nuestros miembros y, después, vamos a socializar el borrador”, explicó René Antezana, coordinador de Telartes y el portavoz designado en el encuentro.
La segunda comisión se enfocará en el programa Cultura Viva Comunitaria. La meta es el desarrollo y potenciamiento de las iniciativas colectivas que surjan de barrios, comunidades indígenas y otro tipo de poblaciones.
Según Antezana, esta clase de propuestas requieren de políticas específicas que permitan que estas iniciativas sean conocidas por el resto del país y en el exterior. Con relación al último punto nace la comisión Circula Cultura, cuyo objetivo es establecer “nuevos canales de intercambio de servicios, tecnologías y propuestas a nivel nacional”, explicó.
Esta misión se complementa con la dedicada a la Comunicación Cultural. Abarca varios factores, como lograr mayor participación por parte de la ciudadanía en los medios del Estado, concretamente los administrados por la cartera: Tv y Radio Culturas.
“En esta comisión también se trabajará sobre la transformación tecnológica y los alcances que ésta tiene, y que puedan beneficiar al sector”, agregó Antezana. Finalmente se estableció una comisión que trabajará los convenios internacionales referentes a la cultura y su efecto en el país.
En la reunión se determinó que las cinco misiones presenten al ministerio una agenda de trabajo el sábado 30 de noviembre. El 25 de octubre de este año, la red y la cartera estatal firmaron un acuerdo para establecer una mesa permanente de diálogo en la que se tratarán las políticas y medidas para la cultura del país.
La mesa tendrá carácter trimestral y será rotativa. Por ello, la segunda reunión está programada para marzo en la ciudad de Sucre. En este encuentro, las comisiones deberán presentar sus avances hasta la fecha. La Red Telartes nació en 2012 con la intención de establecer un sistema de trabajo colaborativo entre actores y gestores.
La Paz tiene una nueva Ley de Catastro Urbano
La Paz cuenta desde ayer con una nueva Ley de Catastro Urbano Municipal, que permitirá actualizar el inventario de propiedades de la urbe y la base de datos empleada para calcular los impuestos.
La norma, que debe ser promulgada por el alcalde Luis Revilla, faculta al Ejecutivo a efectuar el registro de propiedades de oficio. “La verdadera importancia de esta ley está en que le garantiza al ciudadano el registro de su propiedad y su derecho a tener su propiedad saneada”, dijo el presidente del Concejo, Omar Rocha. La ley tiene 23 capítulos, dos disposiciones complementarias, tres adicionales y una abrogatoria.
miércoles, 20 de noviembre de 2013
Evo promulga ley civil que agiliza y moderniza juicios
El presidente Evo Morales promulgó ayer, en Sucre, el nuevo Código de Procedimiento Civil que incorpora la oralidad a los juicios, da más facultades a los jueces, apuesta a la conciliación, y busca rapidez y objetividad. Pidió que otras normas de justicia sean aprobadas este año.
La promulgación del segundo código de la nueva era de la codificación boliviana tuvo lugar en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tiene como su sede la ciudad de Sucre y en presencia de todas las autoridades del Órgano Judicial de Bolivia.
En su discurso, el Primer Mandatario resaltó la importancia de esta nueva norma no sólo por las innovaciones que representará en lo procesal, sino también porque fue redactado por abogados bolivianos y sin que le cueste un solo centavo al Estado.
También destacó que con esta norma comienza la “nacionalización de nuestros códigos” y planteó a sus ministros y parlamentarios comenzar a trabajar para resolver sus observaciones a hechos como que los abogados defienden y buscan la inocencia de su cliente, sabiendo que son culpables. El Jefe del Estado solicitó a las presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores que hasta diciembre se deben aprobar los demás códigos, entre ellos en lo penal y laboral.
Tiempo. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, informó que los dos códigos se encuentran en la fase final de la redacción y que existe el compromiso de aprobarlos antes del 21 de enero, fecha en la que concluirá el año legislativo.
Arce resaltó cinco aspectos del nuevo código que contiene 511 artículos. El primero, la simplicidad de los procedimientos, la oralidad y audiencias que reemplazarán a los procedimientos escritos para reducir la retardación de justicia. El segundo da facultades que tiene el juez para buscar la verdad material y otorgar una verdadera justicia pronta y oportuna dentro de los juicios que atiende.
El tercer elemento es la introducción de la conciliación entre la parte demandante y la demandada como un elemento central del proceso. El cuarto aspecto es la modernización de los procedimientos judiciales con la utilización de la tecnología de punta. Finalmente, Arce señaló que el quinto tema tiene relación con los procesos monitorios y modernos, a través del uso del correo electrónico.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, calificó a las nuevas normas como “códigos Morales” y afirmó que con estas normativas se busca que los ciudadanos ejerzan sus derechos y que encuentren justicia. “Los códigos Morales son para humanizar, agilizar, transparentar la justicia en una cultura de paz. Se inicia esta gran era de los códigos Morales”, acotó.
La norma y reducción del plazo
Disposición
El nuevo Código de Procedimiento Civil tiene 511 artículos. Con esta norma se busca reducir los juicios civiles a un año. Ésta es la tercera norma de su clase; la primera fue aprobada en 1830 (Andrés de Santa Cruz) y la segunda en 1971 (Hugo Banzer Suárez).
Proyecto de Ley de Patrimonio plantea revocatoria de títulos
El proyecto de Ley de Patrimonio, que actualmente socializan los técnicos del Ministerio de Culturas, plantea la revocatoria de títulos a edificios, fiestas o monumentos declarados patrimonio, en caso de que hayan perdido el valor que dio lugar a esa declaratoria.
En el texto, al que tuvo acceso Página Siete, se establece que la revocatoria de declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano "corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido previo informe legal y técnico, en el caso en que dichos bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a su declaratoria”, se lee en el capítulo siete, artículo 31 de la propuesta de ley. "(La revocatoria) será (a través de) un proceso de evaluación, en el que se analizarán todas las emisiones de declaratorias patrimoniales”, aseguró ayer Marcos Michel, director de Patrimonio del Ministerio de Culturas.
Explicó que a través de este proceso se verificará si se duplican o se triplican las declaratorias. "Será un análisis de todo lo declarado Patrimonio hasta el momento, para ver cuál es el sentido de su administración y planificación a futuro”, sostuvo.
En la base de datos del Ministerio de Culturas se tienen registrados más de 2.000 monumentos, fiestas y expresiones declaradas patrimonio nacional. Sin embargo, los municipios y gobernaciones también tienen la posibilidad de realizar estas declaratorias a nivel local.
Según Michel, el resultado del diagnóstico determinará qué bienes patrimoniales podrán o no mantener el título de declaratoria. Por ejemplo, hay inmuebles declarados patrimonio pero que fueron demolidos. "Ya no existe el inmueble y de qué sirve mantener la declaratoria”, dijo.
Ronald Terán, presidente de la Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural, dependiente del Colegio de Arquitectos de La Paz, sostuvo que la revocatoria tendría que ser una última opción, ya que lo más recomendable es crear categorías. "Una comisión debe encargarse de realizar un análisis profundo y de acuerdo al resultado darle una nueva valoración a determinado patrimonio”, dijo.
El taller en el que socializan la Ley de Patrimonio se inició el jueves de la semana pasada y terminará hoy. El encuentro reúne a más de 300 invitados de instituciones afines al patrimonio. Durante los talleres, los técnicos del Ministerio de Culturas piden a los participantes sugerencias para incorporarlas en el proyecto de ley.
En la norma también se contempla la creación del Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano. "El Estado necesita centralizar la información para una correcta administración y evaluación”, dijo Michel.
Apuntes sobre la ley
Información El Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano tiene como finalidad almacenar y gestionar de manera coordinada la información referente al Patrimonio Cultural Boliviano existente (artículo 22, párrafo III).
Títulos Las declaratorias de patrimonio cultural material e inmaterial; del ámbito departamental, municipal y de territorios indígena originario campesinos, podrán ser reconocidas por el nivel central como Patrimonio Cultural Boliviano (artículo 26, párrafo II).
Control Las nominaciones de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a ser presentadas ante la Unesco, deberán ser aprobadas por el Ministerio de Culturas y gestionadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (artículo 28, párrafo II).
Reglamentación Los aspectos relativos a procedimientos para las declaratorias, criterios de valoración, requisitos de la postulación, aspectos formales, órganos competentes, actos para la afectación y otros, serán parte de la reglamentación de la presente ley (artículo 30).
Control La autorización para la exportación temporal del Patrimonio Cultural Material Boliviano se realizará bajo el Régimen Aduanero vigente, a solicitud del Ministerio de Culturas (artículo 34).
Repatriación El Ministerio de Culturas y el de Relaciones Exteriores, las representaciones diplomáticas y la Procuraduría General del Estado, son responsables de la repatriación del Patrimonio existente en el extranjero (artículo 36).
Deberes El proyecto de ley establece la responsabilidad de los propietarios o poseedores de bienes declarados Patrimonio Cultural Boliviano. En el artículo 40 del texto se lee que ellos se constituyen en garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier riesgo que afecte su conservación.
Permiso El Ministerio de Culturas autorizará la tenencia de bienes de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, previo cumplimiento de su registro y medidas de seguridad para su administración, protección y salvaguarda, (artículo 44).
En el texto, al que tuvo acceso Página Siete, se establece que la revocatoria de declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano "corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido previo informe legal y técnico, en el caso en que dichos bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a su declaratoria”, se lee en el capítulo siete, artículo 31 de la propuesta de ley. "(La revocatoria) será (a través de) un proceso de evaluación, en el que se analizarán todas las emisiones de declaratorias patrimoniales”, aseguró ayer Marcos Michel, director de Patrimonio del Ministerio de Culturas.
Explicó que a través de este proceso se verificará si se duplican o se triplican las declaratorias. "Será un análisis de todo lo declarado Patrimonio hasta el momento, para ver cuál es el sentido de su administración y planificación a futuro”, sostuvo.
En la base de datos del Ministerio de Culturas se tienen registrados más de 2.000 monumentos, fiestas y expresiones declaradas patrimonio nacional. Sin embargo, los municipios y gobernaciones también tienen la posibilidad de realizar estas declaratorias a nivel local.
Según Michel, el resultado del diagnóstico determinará qué bienes patrimoniales podrán o no mantener el título de declaratoria. Por ejemplo, hay inmuebles declarados patrimonio pero que fueron demolidos. "Ya no existe el inmueble y de qué sirve mantener la declaratoria”, dijo.
Ronald Terán, presidente de la Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural, dependiente del Colegio de Arquitectos de La Paz, sostuvo que la revocatoria tendría que ser una última opción, ya que lo más recomendable es crear categorías. "Una comisión debe encargarse de realizar un análisis profundo y de acuerdo al resultado darle una nueva valoración a determinado patrimonio”, dijo.
El taller en el que socializan la Ley de Patrimonio se inició el jueves de la semana pasada y terminará hoy. El encuentro reúne a más de 300 invitados de instituciones afines al patrimonio. Durante los talleres, los técnicos del Ministerio de Culturas piden a los participantes sugerencias para incorporarlas en el proyecto de ley.
En la norma también se contempla la creación del Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano. "El Estado necesita centralizar la información para una correcta administración y evaluación”, dijo Michel.
Apuntes sobre la ley
Información El Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano tiene como finalidad almacenar y gestionar de manera coordinada la información referente al Patrimonio Cultural Boliviano existente (artículo 22, párrafo III).
Títulos Las declaratorias de patrimonio cultural material e inmaterial; del ámbito departamental, municipal y de territorios indígena originario campesinos, podrán ser reconocidas por el nivel central como Patrimonio Cultural Boliviano (artículo 26, párrafo II).
Control Las nominaciones de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a ser presentadas ante la Unesco, deberán ser aprobadas por el Ministerio de Culturas y gestionadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (artículo 28, párrafo II).
Reglamentación Los aspectos relativos a procedimientos para las declaratorias, criterios de valoración, requisitos de la postulación, aspectos formales, órganos competentes, actos para la afectación y otros, serán parte de la reglamentación de la presente ley (artículo 30).
Control La autorización para la exportación temporal del Patrimonio Cultural Material Boliviano se realizará bajo el Régimen Aduanero vigente, a solicitud del Ministerio de Culturas (artículo 34).
Repatriación El Ministerio de Culturas y el de Relaciones Exteriores, las representaciones diplomáticas y la Procuraduría General del Estado, son responsables de la repatriación del Patrimonio existente en el extranjero (artículo 36).
Deberes El proyecto de ley establece la responsabilidad de los propietarios o poseedores de bienes declarados Patrimonio Cultural Boliviano. En el artículo 40 del texto se lee que ellos se constituyen en garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier riesgo que afecte su conservación.
Permiso El Ministerio de Culturas autorizará la tenencia de bienes de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, previo cumplimiento de su registro y medidas de seguridad para su administración, protección y salvaguarda, (artículo 44).
Expectativa por vigencia de la Ley de Servicios Financieros
El sector financiero espera con expectativa la vigencia de la Ley de Servicios Financieros, una vez que ya se cumplieron los 90 días para que el Gobierno emita la reglamentación respectiva.
El presidente de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Víctor Montalvo, informó a Página Siete que el sector espera conocer los reglamentos que deben acompañar a la norma para su aplicación.
La disposición transitoria octava de la ley promulgada el 21 de agosto señala que "la presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de promulgada. Mientras no se emita normativa reglamentaria se considerará vigente la normativa emitida bajo la Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos)”.
La nueva ley que regirá el sistema financiero otorga potestad del Gobierno para regular las tasas de interés para préstamos y depósitos mediante decreto supremo y también para definir los niveles mínimos de cartera que las entidades deberán asignar a los sectores productivo y de vivienda social.
La ley, asimismo, dispone la transformación de los Fondos Financieros Privados en bancos PyMe o bancos múltiples.
A la fecha, en el sistema prestan sus servicios cuatro de estas entidades: PRODEM, FASSIL, De la Comunidad y Ecofuturo.
Montalvo aseguró, según ANF, que en la ASFI informaron que la reglamentación saldrá hasta mañana, 21 de noviembre.
La disposición final segunda de la ley establece también que "dentro del plazo de 90 días calendario, desde la fecha de publicación de la presente ley, los estatutos del Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP – S.A.M.) deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley”.
La entidad de segundo piso -da crédito a entidades- deberá transformarse en una de primer piso para canalizar directamente créditos y captar ahorros.
Fuentes del sector informaron que se proyecta fijar niveles mínimos de cartera para los sectores productivo y de vivienda social desde un 20%, pero aún no se tiene una versión oficial.
Las nuevas reglas
Regulación El Gobierno fijará la tasa de interés para vivienda de interés social en montos que alcanzan a 100 mil dólares para departamentos y 120 mil dólares en el caso de una casa.
Préstamos Los bancos deberán premiar al buen pagador con mejores condiciones de financiamiento y habrá una central de riesgo positiva. Se crea la Defensoría del Consumidor Financiero, para defender al cliente ante los bancos.
El presidente de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Víctor Montalvo, informó a Página Siete que el sector espera conocer los reglamentos que deben acompañar a la norma para su aplicación.
La disposición transitoria octava de la ley promulgada el 21 de agosto señala que "la presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de promulgada. Mientras no se emita normativa reglamentaria se considerará vigente la normativa emitida bajo la Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos)”.
La nueva ley que regirá el sistema financiero otorga potestad del Gobierno para regular las tasas de interés para préstamos y depósitos mediante decreto supremo y también para definir los niveles mínimos de cartera que las entidades deberán asignar a los sectores productivo y de vivienda social.
La ley, asimismo, dispone la transformación de los Fondos Financieros Privados en bancos PyMe o bancos múltiples.
A la fecha, en el sistema prestan sus servicios cuatro de estas entidades: PRODEM, FASSIL, De la Comunidad y Ecofuturo.
Montalvo aseguró, según ANF, que en la ASFI informaron que la reglamentación saldrá hasta mañana, 21 de noviembre.
La disposición final segunda de la ley establece también que "dentro del plazo de 90 días calendario, desde la fecha de publicación de la presente ley, los estatutos del Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP – S.A.M.) deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley”.
La entidad de segundo piso -da crédito a entidades- deberá transformarse en una de primer piso para canalizar directamente créditos y captar ahorros.
Fuentes del sector informaron que se proyecta fijar niveles mínimos de cartera para los sectores productivo y de vivienda social desde un 20%, pero aún no se tiene una versión oficial.
Las nuevas reglas
Regulación El Gobierno fijará la tasa de interés para vivienda de interés social en montos que alcanzan a 100 mil dólares para departamentos y 120 mil dólares en el caso de una casa.
Préstamos Los bancos deberán premiar al buen pagador con mejores condiciones de financiamiento y habrá una central de riesgo positiva. Se crea la Defensoría del Consumidor Financiero, para defender al cliente ante los bancos.
martes, 19 de noviembre de 2013
PROYECTO DE LEY La detención preventiva desaparece del Código Penal
El nuevo Código de Procedimiento Penal perfila dos ejes de reforma. Que la detención preventiva deje de ser una regla en los procesos penales y se convierta en una excepción. Además, se debate la eliminación de los jueces ciudadanos para evitar la burocracia judicial y remplazarlos por jueces o tribunales de sentencia. Un exfiscal dijo que de aplicarse esta iniciativa sería un ‘retroceso’ para la justicia.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó a EL DEBER que el nuevo Código Penal no pretende eliminar la detención preventiva; sin embargo, en este aspecto, dijo, se requiere modificaciones, como que deje de ser una regla en los dictámenes y pase a ser una excepción judicial.
“En casos graves, donde existe peligro, riesgo de fuga, y en los casos gravísimos, se debe mantener, pero la detención preventiva debe dejar de ser la regla y pasar a ser una excepción, y complementarse con un juicio rápido”, destacó Arce.
Desarrollo del código
El Código de Procedimiento Penal aún es elaborado por el Ministerio de Justicia. El diputado Arce estimó que esta normativa será aprobada en esta gestión legislativa, es decir, antes del 22 de enero de 2014.
En otro de los ejes de reforma está el debate de suprimir a los jueces ciudadanos. Arce explicó que este mecanismo es un buen sistema en la justicia penal; no obstante, dijo que en Bolivia no lograron cumplir sus objetivos, ya que existe un aparato burocrático extenso que inviabiliza, por ejemplo, la remuneración a estos operadores de justicia. Además, señaló que en el país no hay una cultura de servicio a la sociedad, ya que la mayoría de los magistrados ciudadanos se excusan y así dilatan los procesos.
“Más allá de las bondades que tiene el sistema como tal, lo cierto es que en Bolivia se demostró que es bastante impracticable, por lo tanto, será un tema de análisis si se mantienen o se los sustituye por jueces técnicos, de sentencia y tribunales de sentencia, que es una de las posibilidades”, remarcó Arce.
Críticas a la iniciativa
Sobre el tema, el exfiscal Milton Mendoza afirmó que el fracaso del sistema penal no se debe a los magistrados ciudadanos, sino a los procedimientos administrativos que se aplican. “Las notificaciones no funcionaron, no hay registros de domicilio, eso es lo que fracasó”, cuestionó.
La diputada Norma Piérola (CN) adelantó que no apoyará las modificaciones al Código Penal en la discusión en la Asamblea Legislativa
Detalles
Críticas a la ley 1970
Héctor Arce señaló que la Ley 1970, actual Código Penal, no cumplió con las expectativas de la sociedad boliviana, y por eso se planteó la reforma.
Virtudes del Código
Con el nuevo código se prevé agilizar los juicios y poner plazos a los objetivos por cumplir. Así se simplificará el proceso penal.
Coincide con Arce
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, coincide en remplazar a los jueces ciudadanos. No cumplieron objetivos, dijo.
Promulgan nuevo Código civil
Hoy, el presidente Evo Morales promulgará el nuevo Código Procesal Civil. El acto se de-sarrollará en Sucre, en un acto público del oficialismo
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó a EL DEBER que el nuevo Código Penal no pretende eliminar la detención preventiva; sin embargo, en este aspecto, dijo, se requiere modificaciones, como que deje de ser una regla en los dictámenes y pase a ser una excepción judicial.
“En casos graves, donde existe peligro, riesgo de fuga, y en los casos gravísimos, se debe mantener, pero la detención preventiva debe dejar de ser la regla y pasar a ser una excepción, y complementarse con un juicio rápido”, destacó Arce.
Desarrollo del código
El Código de Procedimiento Penal aún es elaborado por el Ministerio de Justicia. El diputado Arce estimó que esta normativa será aprobada en esta gestión legislativa, es decir, antes del 22 de enero de 2014.
En otro de los ejes de reforma está el debate de suprimir a los jueces ciudadanos. Arce explicó que este mecanismo es un buen sistema en la justicia penal; no obstante, dijo que en Bolivia no lograron cumplir sus objetivos, ya que existe un aparato burocrático extenso que inviabiliza, por ejemplo, la remuneración a estos operadores de justicia. Además, señaló que en el país no hay una cultura de servicio a la sociedad, ya que la mayoría de los magistrados ciudadanos se excusan y así dilatan los procesos.
“Más allá de las bondades que tiene el sistema como tal, lo cierto es que en Bolivia se demostró que es bastante impracticable, por lo tanto, será un tema de análisis si se mantienen o se los sustituye por jueces técnicos, de sentencia y tribunales de sentencia, que es una de las posibilidades”, remarcó Arce.
Críticas a la iniciativa
Sobre el tema, el exfiscal Milton Mendoza afirmó que el fracaso del sistema penal no se debe a los magistrados ciudadanos, sino a los procedimientos administrativos que se aplican. “Las notificaciones no funcionaron, no hay registros de domicilio, eso es lo que fracasó”, cuestionó.
La diputada Norma Piérola (CN) adelantó que no apoyará las modificaciones al Código Penal en la discusión en la Asamblea Legislativa
Detalles
Críticas a la ley 1970
Héctor Arce señaló que la Ley 1970, actual Código Penal, no cumplió con las expectativas de la sociedad boliviana, y por eso se planteó la reforma.
Virtudes del Código
Con el nuevo código se prevé agilizar los juicios y poner plazos a los objetivos por cumplir. Así se simplificará el proceso penal.
Coincide con Arce
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, coincide en remplazar a los jueces ciudadanos. No cumplieron objetivos, dijo.
Promulgan nuevo Código civil
Hoy, el presidente Evo Morales promulgará el nuevo Código Procesal Civil. El acto se de-sarrollará en Sucre, en un acto público del oficialismo
Presentarán Ley de Seguro de Vida ante el Legislativo
Trabajadores en la construcción amplían el proyecto de Ley de Seguro de Vida antes de presentarlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se toman en cuenta también el seguro de salud y de desempleado.
La dirigencia de la Confederación Sindical de Trabajadores en la Construcción de Bolivia analiza la forma de aportes que realizará el trabajador para el seguro, puesto que más del 70% del global es independiente.
“Lo estamos ampliando mucho más este proyecto, no solamente será con 5 mil a 20 mil dólares, pero cual va ser el aporte de ese trabajador. A cuánta gente estaríamos favoreciendo y cómo se cubre el aporte para los trabajadores, (…), porque las empresas aseguradoras tienen que cobrar, eso estamos viendo hoy por hoy”, explicó el dirigente Valerio Ayaviri.
La dirigencia de la Confederación Sindical de Trabajadores en la Construcción de Bolivia analiza la forma de aportes que realizará el trabajador para el seguro, puesto que más del 70% del global es independiente.
“Lo estamos ampliando mucho más este proyecto, no solamente será con 5 mil a 20 mil dólares, pero cual va ser el aporte de ese trabajador. A cuánta gente estaríamos favoreciendo y cómo se cubre el aporte para los trabajadores, (…), porque las empresas aseguradoras tienen que cobrar, eso estamos viendo hoy por hoy”, explicó el dirigente Valerio Ayaviri.
Proponen Ley contra Negligencia Médica
El diputado del Movimiejto Al Socilismo (MAS), Rodolfo Calle, dio a concoer que se vienen trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que sancione los actos de negligencia médica en el sistema de salud nacional.
Esta norma, según citó el diputado a medios locales, se enmarca en la necesidad de dotar a la población de un instrumento que garantice justicia a las víctimas además de resarcimiento de daños ocasionados a los pacientes.
El anteproyecto de ley sería abordado a finales de gestión y se prevé que sea parte del paquete de 30 normativas que se trabajará en el penúltimo año de gestión de la actual Asamblea Legislativa hasta el 22 de enero próximo.
Esta norma, según citó el diputado a medios locales, se enmarca en la necesidad de dotar a la población de un instrumento que garantice justicia a las víctimas además de resarcimiento de daños ocasionados a los pacientes.
El anteproyecto de ley sería abordado a finales de gestión y se prevé que sea parte del paquete de 30 normativas que se trabajará en el penúltimo año de gestión de la actual Asamblea Legislativa hasta el 22 de enero próximo.