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martes, 30 de abril de 2013
Socializarán el proyecto de Ley de Extinción
Sin fijar plazos para remitir al Órgano Legislativo otro proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que el nuevo documento será socializado con todos los actores que tengan que ver con la normativa.
“Esta vez sí vamos a tener el cuidado de que sea revisado todo por todos los sectores de una u otra manera involucrados, para que no haya ningún tipo de observaciones”, aseveró la autoridad de gobierno.
Con este borrador de ley de buscaba revertir al Estado los bienes e inmuebles adquiridos con dinero procedente del narcotráfico, contrabando, corrupción y lavado de dinero.
En octubre de 2012, cuando fue presentado el proyecto de ley, los gremialistas y choferes, entre otros, cuestionaron el contenido de esa propuesta porque consideraban que no respetaba el debido proceso ni la presunción de inocencia. Incluso ese planteamiento generó roces en el oficialismo, entre la expresidenta de la Cámara Baja y diputada Rebeca Delgado con el ministro Romero.
A raíz de las divergencias, el presidente Evo Morales envió el proyecto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en consulta. El TCP se pronunció al respecto el 29 de abril y declaró inconstitucional a parte de la propuesta de norma.
Romero ponderó ayer que en su declaración, el TCP haya reconocido la institucionalidad de la extinción de bienes a favor del Estado. En su criterio, la exclusión del contrabando del alcance de esa propuesta, se debe a un factor social.
lunes, 29 de abril de 2013
PRESIDENTE PROMULGA LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA 'OSCAR ALFARO'
El presidente Evo Morales promulgó el lunes por la noche la Ley del Libro y la Lectura 'Óscar Alfaro', para incentivar el hábito de la lectura en Bolivia, liberando de impuestos a la venta de la producción nacional y extranjera.
'Ahora tenemos felizmente (una ley que fomenta la lectura) con cero de impuestos para la compra venta de libros', destacó en un acto que se realizó en el hall del Palacio de Gobierno.
El Jefe de Estado aclaró que esa ley no sólo abarata el costo de los libros, sino que busca estimular la creatividad, imaginación e inteligencia de los niños, entre otros beneficios como la creación de bibliotecas, un fondo para la edición y publicación de textos y
Es una responsabilidad de todos 'hacer gustar la lectura desde la niñez' y 'la gran responsabilidad no es solamente del Gobierno ( ) sino esto debe empezar desde la familia', remarcó.
En ese acto, el ministro de Culturas, Pablo Groux, explicó que actualmente en los 337 municipios que tiene Bolivia apenas existen 185 bibliotecas públicas, la mitad de ese número en el departamento de La Paz.
'Departamentos como el Beni, el segundo más grande en extensión, cuenta con 10 bibliotecas como Pando con una', precisó.
Sin embargo, Groux expresó su confianza en que la Ley del Libro y la Lectura promoverán la 'cultura de la lectura' en una sociedad cuya población en su mayoría es indígena.
Dijo que 'no sólo es el precio el que hoy se promulga a través de esta ley, sino también el hecho de que los gobiernos municipales de todo el país tengan, por lo menos, una biblioteca pública al servicio de la ciudadanía'.
'El mérito de esta ley es integrar a todos y todas en una política de fomento a la lectura, dándoles a todos los bolivianos y bolivianas, la oportunidad de que con el libro puedan enriquecer sus conocimientos', complementó.
Esa norma, que lleva el nombre uno de los más grandes poetas para niños de Latinoamérica, el boliviano Oscar Alfaro, también representa un 'instrumento revolucionario', agregó el Ministro de Culturas, al explicar que se promocionarán la escritura y lectura de libros en idiomas indígenas, como el aimara, quechua y guaraní.
'Nuestro pueblo tiene el derecho de leer en sus idiomas y nosotros como Estado (tenemos) la obligación de defender ese derecho', sostuvo.
A la promulgación de esa Ley fueron invitados los representantes de diversas organizaciones sociales e indígenas.
'Ahora tenemos felizmente (una ley que fomenta la lectura) con cero de impuestos para la compra venta de libros', destacó en un acto que se realizó en el hall del Palacio de Gobierno.
El Jefe de Estado aclaró que esa ley no sólo abarata el costo de los libros, sino que busca estimular la creatividad, imaginación e inteligencia de los niños, entre otros beneficios como la creación de bibliotecas, un fondo para la edición y publicación de textos y
Es una responsabilidad de todos 'hacer gustar la lectura desde la niñez' y 'la gran responsabilidad no es solamente del Gobierno ( ) sino esto debe empezar desde la familia', remarcó.
En ese acto, el ministro de Culturas, Pablo Groux, explicó que actualmente en los 337 municipios que tiene Bolivia apenas existen 185 bibliotecas públicas, la mitad de ese número en el departamento de La Paz.
'Departamentos como el Beni, el segundo más grande en extensión, cuenta con 10 bibliotecas como Pando con una', precisó.
Sin embargo, Groux expresó su confianza en que la Ley del Libro y la Lectura promoverán la 'cultura de la lectura' en una sociedad cuya población en su mayoría es indígena.
Dijo que 'no sólo es el precio el que hoy se promulga a través de esta ley, sino también el hecho de que los gobiernos municipales de todo el país tengan, por lo menos, una biblioteca pública al servicio de la ciudadanía'.
'El mérito de esta ley es integrar a todos y todas en una política de fomento a la lectura, dándoles a todos los bolivianos y bolivianas, la oportunidad de que con el libro puedan enriquecer sus conocimientos', complementó.
Esa norma, que lleva el nombre uno de los más grandes poetas para niños de Latinoamérica, el boliviano Oscar Alfaro, también representa un 'instrumento revolucionario', agregó el Ministro de Culturas, al explicar que se promocionarán la escritura y lectura de libros en idiomas indígenas, como el aimara, quechua y guaraní.
'Nuestro pueblo tiene el derecho de leer en sus idiomas y nosotros como Estado (tenemos) la obligación de defender ese derecho', sostuvo.
A la promulgación de esa Ley fueron invitados los representantes de diversas organizaciones sociales e indígenas.
TSE informa a indígenas sobre ley de Organizaciones Políticas
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició ayer un encuentro de información del anteproyecto de ley de Organizaciones Políticas, para generar un marco normativo para la regulación de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas originaria campesinas.
El vocal del TSE, Marco Ayala, dio a conocer que el encuentro comenzó en La Paz con una reunión entre el Órgano Electoral y organizaciones de indígenas de tierras altas.
“El fin es que puedan emitir los insumos destinados a la construcción del anteproyecto de ley”, precisó Ayala, quien anticipó que todas las sugerencias y observaciones de estas organizaciones serán tomadas en cuenta por la comisión técnica encargada de elaborar este documento.
El encuentro se inició ayer en un hotel de la zona sur de La Paz, se prolongará hasta el siguiente martes. Además se tiene programado una segunda reunión en Santa Cruz, pero esta vez con organizaciones indígenas de tierras bajas.
“La siguiente semana, el domingo 5, el lunes 6 y el martes 7 de mayo se está llevando adelante en el departamento de Santa Cruz, esta vez para representantes de tierras bajas”, informó el vocal del TSE.
El vocal del TSE, Marco Ayala, dio a conocer que el encuentro comenzó en La Paz con una reunión entre el Órgano Electoral y organizaciones de indígenas de tierras altas.
“El fin es que puedan emitir los insumos destinados a la construcción del anteproyecto de ley”, precisó Ayala, quien anticipó que todas las sugerencias y observaciones de estas organizaciones serán tomadas en cuenta por la comisión técnica encargada de elaborar este documento.
El encuentro se inició ayer en un hotel de la zona sur de La Paz, se prolongará hasta el siguiente martes. Además se tiene programado una segunda reunión en Santa Cruz, pero esta vez con organizaciones indígenas de tierras bajas.
“La siguiente semana, el domingo 5, el lunes 6 y el martes 7 de mayo se está llevando adelante en el departamento de Santa Cruz, esta vez para representantes de tierras bajas”, informó el vocal del TSE.
Piden descartar proyecto de ley de fábrica de armas en El Alto
Los alteños piden al Gobierno del presidente Evo Morales retirar el proyecto ley de fábrica de armamento para el Ejército, que fue anunciado por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, afirmó ayer el asambleísta departamental, Roberto de la Cruz.
El otrora dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) dijo que el país necesita industrializar los recursos naturales para dejar de exportar sólo materias primas y para tal efecto se deben crear fábricas productivas y no fábricas de armas.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre 2003, Justino Mamani, lamentó que la lucha del pueblo alteño esté a punto de ser historia, toda vez que el Ejecutivo no logró en siete años de gestión satisfacer las necesidades vitales de los alteños, pues no se logró industrializar los recursos naturales, continúa el desempleo y no existe acceso universal a los servicios de salud.
“No queremos nada de armas, queremos la industrialización de todas nuestras materias primas que seguimos vendiendo como antes”, sostuvo Mamani a tiempo de anunciar que los luchadores de octubre de 2003 evalúan conformar una nueva alternativa política que nacerá de la ciudad de El Alto.
El otrora dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) dijo que el país necesita industrializar los recursos naturales para dejar de exportar sólo materias primas y para tal efecto se deben crear fábricas productivas y no fábricas de armas.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre 2003, Justino Mamani, lamentó que la lucha del pueblo alteño esté a punto de ser historia, toda vez que el Ejecutivo no logró en siete años de gestión satisfacer las necesidades vitales de los alteños, pues no se logró industrializar los recursos naturales, continúa el desempleo y no existe acceso universal a los servicios de salud.
“No queremos nada de armas, queremos la industrialización de todas nuestras materias primas que seguimos vendiendo como antes”, sostuvo Mamani a tiempo de anunciar que los luchadores de octubre de 2003 evalúan conformar una nueva alternativa política que nacerá de la ciudad de El Alto.
Diputados analizan ley industrial para Tarija
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Luís Alfaro, informó que la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto a favor del departamento de Tarija y tiene que ver con la promoción de zonas industriales, particularmente en la provincia Cercado.
El proyecto de ley será tratado en los siguientes días y luego será socializado. Se trata de conformar un complejo pero para tal iniciativa es necesaria la aprobación de una norma nacional que permita a la Aduana Nacional y a Servicios Impuestos Nacionales (SIN) ayudar a los nuevos empresarios.
“Gracias a las gestiones de la presidenta de la Cámara de Diputados ahora se debatirá sobre el proyecto de la industria en Tarija –manifestó Alfaro- Eso permite a la parte empresarial hacer inversiones en el departamento sin pagar aranceles e impuestos, tal como ocurrió en la ciudad de El Alto en La Paz”
Según Alfaro, los empresarios necesitan facilidades para iniciar una fábrica y luego sostenerla. Por ello es que los diputados le darán “un empujoncito” a las nuevas iniciativas que se realicen especialmente en la provincia Cercado.
Asimismo, el diputado oficialista explicó que la ley debe ser consultada también con la Alcaldía Municipal y la Oficialía de Planificación para implantar zonas industriales de acuerdo a los planes de desarrollo urbano.
El proyecto de ley será tratado en los siguientes días y luego será socializado. Se trata de conformar un complejo pero para tal iniciativa es necesaria la aprobación de una norma nacional que permita a la Aduana Nacional y a Servicios Impuestos Nacionales (SIN) ayudar a los nuevos empresarios.
“Gracias a las gestiones de la presidenta de la Cámara de Diputados ahora se debatirá sobre el proyecto de la industria en Tarija –manifestó Alfaro- Eso permite a la parte empresarial hacer inversiones en el departamento sin pagar aranceles e impuestos, tal como ocurrió en la ciudad de El Alto en La Paz”
Según Alfaro, los empresarios necesitan facilidades para iniciar una fábrica y luego sostenerla. Por ello es que los diputados le darán “un empujoncito” a las nuevas iniciativas que se realicen especialmente en la provincia Cercado.
Asimismo, el diputado oficialista explicó que la ley debe ser consultada también con la Alcaldía Municipal y la Oficialía de Planificación para implantar zonas industriales de acuerdo a los planes de desarrollo urbano.
Ley Oscar Alfaro promoverá la lectura en el país
El diputado por Convergencia Nacional (CN), Roy Moroni Cornejo, informó que por unanimidad se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que lleva el nombre de poeta tarijeño, Oscar Alfaro.
La norma pretende fomentar el hábito de la lectura en la gente y a través de los libros tomar conocimiento de lo que le rodea y apreciar obras literarias de compositores bolivianos.
La nueva norma instruye abrir bibliotecas barriales para evitar la centralización y la dotación de libros a colegios y bibliotecas.
“Los diputados saludaron la norma y aprecian el esfuerzo para incentivar la cultura de la lectura que se perdió por la televisión y el internet” manifestó Cornejo.
Los parlamentarios buscarán que la promulgación se efectúe en San Lorenzo, cuna de Oscar Alfaro, de tal manera que sea un reconocimiento a la familia y al pueblo.
La norma pretende fomentar el hábito de la lectura en la gente y a través de los libros tomar conocimiento de lo que le rodea y apreciar obras literarias de compositores bolivianos.
La nueva norma instruye abrir bibliotecas barriales para evitar la centralización y la dotación de libros a colegios y bibliotecas.
“Los diputados saludaron la norma y aprecian el esfuerzo para incentivar la cultura de la lectura que se perdió por la televisión y el internet” manifestó Cornejo.
Los parlamentarios buscarán que la promulgación se efectúe en San Lorenzo, cuna de Oscar Alfaro, de tal manera que sea un reconocimiento a la familia y al pueblo.
Ley de Hidrocarburos tiene avance de 90%
POSITIVO La nueva norma, entre otros aspectos, privilegia la exploración de nuevas reservas de gas y petróleo.
Redacción central / Cambio
El Gobierno informó que la elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos ingresó a su fase final y que sólo resta un 10% para su conclusión.
Una vez concluida la norma, ésta será socializada con todos los sectores involucrados.
La elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos registra un avance del 90% y cuando esté concluida será socializada con todos los sectores involucrados.
Así lo confirmó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, quien añadió que la norma privilegia el sector de la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos.
“La Ley de Hidrocarburos ya está prácticamente en un 90 por ciento, nos falta sólo la parte de exploración, que es lo que vamos hacer”, señaló Sosa.
El Gobierno anunció hace días que se implementarán nuevos incentivos para el sector petrolero, principalmente orientados a la exploración de gas natural y petróleo.
“Lo que se quiere es incentivar a las empresas a que inviertan en Bolivia en exploración”, sostuvo Sosa, quien no detalló en qué consistirán los nuevos incentivos que estarán insertos en la Ley de Hidrocarburos.
En la actualidad, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza una campaña internacional para promocionar su plan de exploración y explotación de hidrocarburos, cuyo propósito es captar inversiones.
Sosa recordó que un incentivo ya aplicado antes de la explotación de hidrocarburos permitió incrementar la producción de petróleo.
Este estímulo consiste en la emisión de Notas de Crédito Fiscal (Nocres) por parte del Tesoro General del Estado.
Redacción central / Cambio
El Gobierno informó que la elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos ingresó a su fase final y que sólo resta un 10% para su conclusión.
Una vez concluida la norma, ésta será socializada con todos los sectores involucrados.
La elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos registra un avance del 90% y cuando esté concluida será socializada con todos los sectores involucrados.
Así lo confirmó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, quien añadió que la norma privilegia el sector de la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos.
“La Ley de Hidrocarburos ya está prácticamente en un 90 por ciento, nos falta sólo la parte de exploración, que es lo que vamos hacer”, señaló Sosa.
El Gobierno anunció hace días que se implementarán nuevos incentivos para el sector petrolero, principalmente orientados a la exploración de gas natural y petróleo.
“Lo que se quiere es incentivar a las empresas a que inviertan en Bolivia en exploración”, sostuvo Sosa, quien no detalló en qué consistirán los nuevos incentivos que estarán insertos en la Ley de Hidrocarburos.
En la actualidad, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza una campaña internacional para promocionar su plan de exploración y explotación de hidrocarburos, cuyo propósito es captar inversiones.
Sosa recordó que un incentivo ya aplicado antes de la explotación de hidrocarburos permitió incrementar la producción de petróleo.
Este estímulo consiste en la emisión de Notas de Crédito Fiscal (Nocres) por parte del Tesoro General del Estado.
El Senado aprueba ley que agiliza los procesos
La Cámara Alta aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley de Transferencia de Competencias otorgadas a las Salas Liquidadoras del Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Esta norma reforzará el trabajo del Órgano Judicial. “Una de las principales causas para la creación del nuevo Órgano Judicial fue porque el anterior sistema de justicia no respondía a las necesidades de la población”, justifican los proyectistas de la futura ley.
La norma fue remitida a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento. El objetivo es reforzar el trabajo del nuevo Órgano Judicial.
Comisión del Senado aprueba en grande y detalle Ley de Armas
Martínez explicó que este proyecto de ley fue consensuado con los ministerios de Gobierno y de Defensa con el objetivo de lograr un proyecto integral.
"Por los consensos logrados se ha tenido un poco de retraso que nos ha permitido generar criterios no solamente de los ministerios titulares, sino inclusive de los técnicos e institucionales, vale decir que hemos trabajado con técnicos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas", declaró.
En el proyecto se destaca la tenencia de un arma, que podrá ser solicitada por aquella persona o autoridad que se crea amenazada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos previstos en esta ley, entre estas el registro que se instituirá para este fin.
Define, además, que el encargado de la política de armas es el nivel nacional, subordinado a dos instituciones: los ministerios de Gobierno y de Defensa. En materia penal, el proyecto establece una serie de sanciones para quienes cometan, por ejemplo, tráfico ilegal de armas. De acuerdo a Martínez, el proyecto de ley será abordado por la Cámara Alta en próximos días.
Transporte pesado ratifica bloqueo de carreteras en rechazo a la Ley 317
La Federación de Transporte ratificó para hoy el inicio del bloqueo de caminos y el paro regional del sector rechazando a la Ley 317 o Ley Financial, en contra de la disminución del Crédito Fiscal en las facturas por compra de combustible y el tratamiento de la Ley de Extinción del Dominio de Bienes a favor del Estado.
El representante de la Unidad de Transporte Pesado de Chuquisaca, Omar Aguilar, informó que la determinación fue asumida en la Cumbre Nacional del sector, realizada el pasado lunes en la ciudad de Sucre y es respaldada por la Coordinadora Boliviana de Transporte Pesado Nacional e Internacional que también convocaron a un paro nacional del sector.
Aguilar informó que el paro es en rechazo a la Ley 317 y que exigen que se instale una Mesa de Diálogo para conversar sobre algunas normativas de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) que están afectando al transporte pesado.
El dirigente indicó que en Chuquisaca son más de 5.000 afiliados del transporte pesado que están en contra de la aplicación de la Ley N° 317 que disminuyó el Crédito Fiscal de las facturas.
Por su parte, el representante de la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto, Gustavo Rivadeneira, a tiempo de reconocer que apoyan esas demandas del sector nacional, puntualizó que no participarán del paro convocado para este miércoles 27.
“Nosotros, como operadores de servicio internacional, estamos considerando esta decisión debido a que somos un sector empresarial privado, donde si bien la Confederación de Choferes de Bolivia hace que nuestras demandas sean las mismas, pero se ha analizado en detalle en la Cámara de Transporte de la Ciudad de El Alto y estamos todavía analizando, consideramos que si bien apoyamos estas peticiones no vamos a entrar en paro”, afirmó Rivadeneira en declaraciones a los medios.
No obstante, reconoció lo siguiente: “El sector de transporte está sufriendo una serie de pérdidas económicas a raíz de esta situación, debido a que como transportistas somos muy vulnerables a que con las facturas del giro de nuestra actividad no sean reconocidas”.
“Impuestos Nacionales nos dice que debemos descargar en función al giro de la actividad. El giro está en compra de repuestos, llanteros, muelleros, en el diésel y una serie de actividades en la que nosotros tenemos relación y muchas veces en estas actividades no nos emiten factura y los costos son totalmente elevados”, afirmó el representante de la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto.
Los dirigentes coincidieron en demandar al Gobierno que se pueda reconocer todas las facturas por las compras que realizan por cualquier otra actividad, “muchas veces se hace el descargo de compra de medicinas y nos dicen que no corresponde, pero eso es totalmente falso, puesto que al comprar un botiquín para el viaje estamos comprando medicamentos y sí corresponde”.
El representante de la Unidad de Transporte Pesado de Chuquisaca, Omar Aguilar, informó que la determinación fue asumida en la Cumbre Nacional del sector, realizada el pasado lunes en la ciudad de Sucre y es respaldada por la Coordinadora Boliviana de Transporte Pesado Nacional e Internacional que también convocaron a un paro nacional del sector.
Aguilar informó que el paro es en rechazo a la Ley 317 y que exigen que se instale una Mesa de Diálogo para conversar sobre algunas normativas de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) que están afectando al transporte pesado.
El dirigente indicó que en Chuquisaca son más de 5.000 afiliados del transporte pesado que están en contra de la aplicación de la Ley N° 317 que disminuyó el Crédito Fiscal de las facturas.
Por su parte, el representante de la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto, Gustavo Rivadeneira, a tiempo de reconocer que apoyan esas demandas del sector nacional, puntualizó que no participarán del paro convocado para este miércoles 27.
“Nosotros, como operadores de servicio internacional, estamos considerando esta decisión debido a que somos un sector empresarial privado, donde si bien la Confederación de Choferes de Bolivia hace que nuestras demandas sean las mismas, pero se ha analizado en detalle en la Cámara de Transporte de la Ciudad de El Alto y estamos todavía analizando, consideramos que si bien apoyamos estas peticiones no vamos a entrar en paro”, afirmó Rivadeneira en declaraciones a los medios.
No obstante, reconoció lo siguiente: “El sector de transporte está sufriendo una serie de pérdidas económicas a raíz de esta situación, debido a que como transportistas somos muy vulnerables a que con las facturas del giro de nuestra actividad no sean reconocidas”.
“Impuestos Nacionales nos dice que debemos descargar en función al giro de la actividad. El giro está en compra de repuestos, llanteros, muelleros, en el diésel y una serie de actividades en la que nosotros tenemos relación y muchas veces en estas actividades no nos emiten factura y los costos son totalmente elevados”, afirmó el representante de la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto.
Los dirigentes coincidieron en demandar al Gobierno que se pueda reconocer todas las facturas por las compras que realizan por cualquier otra actividad, “muchas veces se hace el descargo de compra de medicinas y nos dicen que no corresponde, pero eso es totalmente falso, puesto que al comprar un botiquín para el viaje estamos comprando medicamentos y sí corresponde”.
domingo, 28 de abril de 2013
Ley brindará asistencia jurídica preferencial a adultos mayores
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que busca brindar la asistencia jurídica preferencial en el Misterio de Justicia, para cualquier caso demandado.
Con el objetivo de regular los derechos, garantías y deberes de las personas de la tercera edad, una vez aprobada la norma fue remitida a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.
“Se brindará Asistencia Jurídica preferencial por parte del Ministerio de Justicia, garantizando información y orientación legal, representación y patrocinio judicial y la mediación para la resolución de conflictos, señaló el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) e integrante de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara Baja, Jorge Choquetarqui.
Explicó que este proyecto regula los derechos y garantías de las personas adulto mayores, así como las garantías y deberes, la institucionalidad para su protección relacionadas con las personas de más de 60 años, cuyos derechos son “inviolables, interdependientes, intransferibles, indivisibles y progresivos”.
En el artículo 12 del proyecto señala lo siguiente: “Toda persona, familia, autoridad, dirigente de comunidades, institución u organización que tengan conocimiento de algún acto de maltrato o violencia, tiene la obligación de denunciarlo ante la autoridad de su jurisdicción, o en su caso ante la más cercana”.
Con el objetivo de regular los derechos, garantías y deberes de las personas de la tercera edad, una vez aprobada la norma fue remitida a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.
“Se brindará Asistencia Jurídica preferencial por parte del Ministerio de Justicia, garantizando información y orientación legal, representación y patrocinio judicial y la mediación para la resolución de conflictos, señaló el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) e integrante de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara Baja, Jorge Choquetarqui.
Explicó que este proyecto regula los derechos y garantías de las personas adulto mayores, así como las garantías y deberes, la institucionalidad para su protección relacionadas con las personas de más de 60 años, cuyos derechos son “inviolables, interdependientes, intransferibles, indivisibles y progresivos”.
En el artículo 12 del proyecto señala lo siguiente: “Toda persona, familia, autoridad, dirigente de comunidades, institución u organización que tengan conocimiento de algún acto de maltrato o violencia, tiene la obligación de denunciarlo ante la autoridad de su jurisdicción, o en su caso ante la más cercana”.
sábado, 27 de abril de 2013
“Ley de Fuga”, un recurso ilegal y desesperado
DECLARACIÓN | EL PEDIDO DEL MINISTRO DE GOBIERNO CARLOS ROMERO, DE APLICAR LA LLAMADA “LEY DE FUGA”, REMEMORA ÉPOCAS DICTATORIALES, DE ACUERDO A LOS ANALISTAS. NO SE APLICA EN NINGUNA LEGISLACIÓN DEL MUNDO.
"Quiero pedirle a la Policía que en el plazo inmediato nos entregue a ese sicario, un sicario que ha asesinado a sangre fría, pero seguramente muchos sicarios están caminando libremente en Santa Cruz, y a este sicario en particular y a los sicarios que ofrezcan resistencia quiero pedir que se aplique la “Ley de Fuga”, porque así como tienen sangre fría para matar quiero que nos entreguen de manera inmediata vivo o muerto a ese sicario”, decía en conferencia de prensa un desesperado ministro de gobierno, Carlos Romero, tras el asesinato a sangre fría de Honorio Rodríguez, que una cámara de seguridad filmó en Santa Cruz, mismo que se sumaba a otros actos delincuenciales que sacuden sobre todo a la capital cruceña, pero que se repiten en todo el país.
“PODRÍA SER”
Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante su presidente Gonzalo Hurtado se pronunció definitivamente: "no existe la “Ley de Fuga” en Bolivia", hay quienes consideran la medida, entre ellos el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya, quien sugirió aprobar una “Ley de Fuga” "si así el país lo requiere".
“Es muy alarmante el tema de los sicarios y consideramos que cualquier persona peligrosa armada sin autorización debe ser detenido e investigado, y un proyecto de ley (que permite abatir a este tipo de personas) es una propuesta, no lo conocemos a fondo mal podría informar yo, pero como asambleístas corresponde analizarlo (…) y en caso que el país requiera de una ley de esta magnitud la Asamblea tiene que aprobarlo”, señaló el legislador.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero ha ratificado su posición sobre las medidas. "Yo he pedido medidas duras y me ratifico. (…) Ahora pedirle a nuestra Felcc, vamos a estar orgullosos, todo el pueblo boliviano, cuando cada día nos entreguen un delincuente, cuando cada día les entreguemos un delincuente a los fiscales y que los fiscales y la justicia nos acompañe en este emprendimiento". En los noticieros de esta semana se ha anunciado que el supuesto sicario atrapado por el asesinato de Honorio Rodríguez es inocente, y que otro supuesto culpable ha sido atrapado en Perú.
¡NUNCA MÁS!
La “Ley de Fuga”es un método de ejecución usado por los durante la revolución en México (ver recuadro), consiste en liberar al reo o sospechoso y darle la oportunidad de huir; si logra evadir las balas es libre, lo que es casi imposible. La persona es asesinada por la espalda y generalmente se la remata con un tiro en la nuca. La “Ley de Fuga” es un tipo de ejecución que no es reconocida por ninguna legislación en el mundo.
Uno de los primeros en decir rotundamente que no estaba de acuerdo con lo que Romero propuso fue el cardenal Julio Terrazas, quién literalmente lanzó un grito al cielo: “Nosotros tenemos que tener claridad, tenemos el espíritu de la vida no de la muerte (…) lo peor no es que hayan muertes, lo peor es que haya una defensa de la muerte como solución a los problemas humanos y eso Cristo no lo quiere, no lo permite, no lo bendice y no lo va a aplaudir nunca porque Él vino a darnos vida en plenitud” dijo Terrazas.
Los abogados tampoco encuentran sentido en lo propuesto por su colega. La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, ha dicho que la denominada “Ley de Fuga”, tiene una "connotación nefasta".
"En el caso de que un delincuente utilice armas, la policía queda autorizada para el uso de armas primero mediante advertencia o intimidación, y en último caso efectuar disparos que traten de no afectar las partes vitales de aquellos sujetos peligrosos", afirmó la abogada. "La “Ley de Fuga” no existe en Bolivia, pero tiene una connotación nefasta porque ha sido utilizada por los gobiernos de facto para librarse de los detenidos políticos; es una ejecución extralegal y una violación a los derechos fundamentales", ha dicho Salame.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena considera que declarar una “Ley de Fuga” y promover la detención de extranjeros que no tienen documentación en el país, es una decisión que puede acarrear actos inconstitucionales y xenofóbicos, muchos de los cuales los sufren los bolivianos en el exterior
"Lo que nos falta es una política de Estado mucho más coherente para abordar esta problemática, si bien hay causas como la pobreza extrema entre otras que están llevando al crecimiento de la delincuencia, la aplicación de la pena de muerte en las formas que fueran como la ´”Ley de Fuga”, es sumamente grave, es una medida que no es constitucional", remarcó.
La “Ley de Fuga” vulnera al menos cuatro convenios internacionales sobre derechos humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; además la Declaración Universal, que también dispone que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” y “Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
En el Legislativo, ninguno de los sectores estuvo de acuerdo con el tratamiento de una “Ley de Fuga”, para terminar con el sicariato en Bolivia. Los diputados señalaron que la Constitución Política del Estado no permite la creación de dicha norma.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Cale, ha dicho que sería un atentado contra los derechos humanos. El legislador recordó que existe una norma donde los efectivos policiales pueden usar el arma de fuego. “Pero si existe dentro del Código de Procedimiento Penal, donde establece que la policía boliviana al detener a los delincuentes, y al recibir alguna forma de agresión física, o intento de asesinato, respondan también con algunos disparos. Ellos (policía) pueden usar su arma de fuego, primero para proteger la vida del policía y posteriormente dar cumplimiento a la aprehensión”.
La diputada de Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, asegura que hay desesperación en el Ejecutivo y culpa de la delincuencia al narcotráfico.
“Existe desesperación para terminar con el sicariato, pero esa no es la forma sino crear políticas de Estado, tomar otras acciones, para acabar esta problemática que se refleja claramente porque existe mucho narcotráfico en el país y debe ser controlado desde ese punto, pero la ley no es viable”, señaló. ¿Puede pensarse en que se aplique la propuesta del Ministro en Bolivia? La incertidumbre ha quedado dentro de la población. Bolivia, como miembro del Pacto de San José, renunció a incorporar esta pena en la legislación interna: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido” (Art. 4.3). Nuestra Constitución Política del Estado es categórica: “No existe pena de muerte” (art. 15.I). Esto significa que nadie puede quitar la vida a otra persona. Nadie, ni siquiera el Estado. (Con datos de ANF, Jornada, Erbol, Los Tiempos)
“LEY DE FUGA”
Marcelo Varnoux Garay (*)
La denominada “Ley de Fuga” no es otra cosa que un método de ejecución extrajudicial utilizado en casos realmente extremos: por regímenes no democráticos para deshacerse de prisioneros políticos o delincuentes comunes; pero también en situaciones en las que la criminalidad ha desbordado la capacidad del Estado para garantizar la vida, la propiedad y la seguridad de las personas.
Esta última se vislumbra dramáticamente en las palabras del Ministro de Gobierno que, al pedir a la policía boliviana la aplicación de la “Ley de Fuga” en contra de sicarios y maleantes que asolan la ciudad de Santa Cruz, manifiesta la impotencia del régimen para frenar la violencia criminal en esa ciudad, pero asimismo desnuda la incapacidad del gobierno de Evo Morales de diseñar, junto a los gobiernos territoriales autónomos, una política de seguridad ciudadana que no se circunscriba, simplemente, a disposiciones de tipo punitivo. Se requieren también y de forma urgente, programas preventivos y de educación que llevan tiempo y paciencia para cristalizarse.
Lamentablemente, uno de los grandes defectos de la política boliviana es su adscripción, casi maniaca, al inmediatismo.
La “Ley de Fuga” o cualquier procedimiento de sanción extrajudicial es incompatible con la democracia por lo que resulta pertinente preguntarse si lo que tenemos ahora puede ser realmente definido como una democracia, además, renovada y teóricamente superior a la que estuvo vigente durante el denostado período previo a la instalación del “proceso de cambio” hace más de siete años.
"Quiero pedirle a la Policía que en el plazo inmediato nos entregue a ese sicario, un sicario que ha asesinado a sangre fría, pero seguramente muchos sicarios están caminando libremente en Santa Cruz, y a este sicario en particular y a los sicarios que ofrezcan resistencia quiero pedir que se aplique la “Ley de Fuga”, porque así como tienen sangre fría para matar quiero que nos entreguen de manera inmediata vivo o muerto a ese sicario”, decía en conferencia de prensa un desesperado ministro de gobierno, Carlos Romero, tras el asesinato a sangre fría de Honorio Rodríguez, que una cámara de seguridad filmó en Santa Cruz, mismo que se sumaba a otros actos delincuenciales que sacuden sobre todo a la capital cruceña, pero que se repiten en todo el país.
“PODRÍA SER”
Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante su presidente Gonzalo Hurtado se pronunció definitivamente: "no existe la “Ley de Fuga” en Bolivia", hay quienes consideran la medida, entre ellos el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya, quien sugirió aprobar una “Ley de Fuga” "si así el país lo requiere".
“Es muy alarmante el tema de los sicarios y consideramos que cualquier persona peligrosa armada sin autorización debe ser detenido e investigado, y un proyecto de ley (que permite abatir a este tipo de personas) es una propuesta, no lo conocemos a fondo mal podría informar yo, pero como asambleístas corresponde analizarlo (…) y en caso que el país requiera de una ley de esta magnitud la Asamblea tiene que aprobarlo”, señaló el legislador.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero ha ratificado su posición sobre las medidas. "Yo he pedido medidas duras y me ratifico. (…) Ahora pedirle a nuestra Felcc, vamos a estar orgullosos, todo el pueblo boliviano, cuando cada día nos entreguen un delincuente, cuando cada día les entreguemos un delincuente a los fiscales y que los fiscales y la justicia nos acompañe en este emprendimiento". En los noticieros de esta semana se ha anunciado que el supuesto sicario atrapado por el asesinato de Honorio Rodríguez es inocente, y que otro supuesto culpable ha sido atrapado en Perú.
¡NUNCA MÁS!
La “Ley de Fuga”es un método de ejecución usado por los durante la revolución en México (ver recuadro), consiste en liberar al reo o sospechoso y darle la oportunidad de huir; si logra evadir las balas es libre, lo que es casi imposible. La persona es asesinada por la espalda y generalmente se la remata con un tiro en la nuca. La “Ley de Fuga” es un tipo de ejecución que no es reconocida por ninguna legislación en el mundo.
Uno de los primeros en decir rotundamente que no estaba de acuerdo con lo que Romero propuso fue el cardenal Julio Terrazas, quién literalmente lanzó un grito al cielo: “Nosotros tenemos que tener claridad, tenemos el espíritu de la vida no de la muerte (…) lo peor no es que hayan muertes, lo peor es que haya una defensa de la muerte como solución a los problemas humanos y eso Cristo no lo quiere, no lo permite, no lo bendice y no lo va a aplaudir nunca porque Él vino a darnos vida en plenitud” dijo Terrazas.
Los abogados tampoco encuentran sentido en lo propuesto por su colega. La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, ha dicho que la denominada “Ley de Fuga”, tiene una "connotación nefasta".
"En el caso de que un delincuente utilice armas, la policía queda autorizada para el uso de armas primero mediante advertencia o intimidación, y en último caso efectuar disparos que traten de no afectar las partes vitales de aquellos sujetos peligrosos", afirmó la abogada. "La “Ley de Fuga” no existe en Bolivia, pero tiene una connotación nefasta porque ha sido utilizada por los gobiernos de facto para librarse de los detenidos políticos; es una ejecución extralegal y una violación a los derechos fundamentales", ha dicho Salame.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena considera que declarar una “Ley de Fuga” y promover la detención de extranjeros que no tienen documentación en el país, es una decisión que puede acarrear actos inconstitucionales y xenofóbicos, muchos de los cuales los sufren los bolivianos en el exterior
"Lo que nos falta es una política de Estado mucho más coherente para abordar esta problemática, si bien hay causas como la pobreza extrema entre otras que están llevando al crecimiento de la delincuencia, la aplicación de la pena de muerte en las formas que fueran como la ´”Ley de Fuga”, es sumamente grave, es una medida que no es constitucional", remarcó.
La “Ley de Fuga” vulnera al menos cuatro convenios internacionales sobre derechos humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; además la Declaración Universal, que también dispone que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” y “Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
En el Legislativo, ninguno de los sectores estuvo de acuerdo con el tratamiento de una “Ley de Fuga”, para terminar con el sicariato en Bolivia. Los diputados señalaron que la Constitución Política del Estado no permite la creación de dicha norma.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Cale, ha dicho que sería un atentado contra los derechos humanos. El legislador recordó que existe una norma donde los efectivos policiales pueden usar el arma de fuego. “Pero si existe dentro del Código de Procedimiento Penal, donde establece que la policía boliviana al detener a los delincuentes, y al recibir alguna forma de agresión física, o intento de asesinato, respondan también con algunos disparos. Ellos (policía) pueden usar su arma de fuego, primero para proteger la vida del policía y posteriormente dar cumplimiento a la aprehensión”.
La diputada de Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, asegura que hay desesperación en el Ejecutivo y culpa de la delincuencia al narcotráfico.
“Existe desesperación para terminar con el sicariato, pero esa no es la forma sino crear políticas de Estado, tomar otras acciones, para acabar esta problemática que se refleja claramente porque existe mucho narcotráfico en el país y debe ser controlado desde ese punto, pero la ley no es viable”, señaló. ¿Puede pensarse en que se aplique la propuesta del Ministro en Bolivia? La incertidumbre ha quedado dentro de la población. Bolivia, como miembro del Pacto de San José, renunció a incorporar esta pena en la legislación interna: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido” (Art. 4.3). Nuestra Constitución Política del Estado es categórica: “No existe pena de muerte” (art. 15.I). Esto significa que nadie puede quitar la vida a otra persona. Nadie, ni siquiera el Estado. (Con datos de ANF, Jornada, Erbol, Los Tiempos)
“LEY DE FUGA”
Marcelo Varnoux Garay (*)
La denominada “Ley de Fuga” no es otra cosa que un método de ejecución extrajudicial utilizado en casos realmente extremos: por regímenes no democráticos para deshacerse de prisioneros políticos o delincuentes comunes; pero también en situaciones en las que la criminalidad ha desbordado la capacidad del Estado para garantizar la vida, la propiedad y la seguridad de las personas.
Esta última se vislumbra dramáticamente en las palabras del Ministro de Gobierno que, al pedir a la policía boliviana la aplicación de la “Ley de Fuga” en contra de sicarios y maleantes que asolan la ciudad de Santa Cruz, manifiesta la impotencia del régimen para frenar la violencia criminal en esa ciudad, pero asimismo desnuda la incapacidad del gobierno de Evo Morales de diseñar, junto a los gobiernos territoriales autónomos, una política de seguridad ciudadana que no se circunscriba, simplemente, a disposiciones de tipo punitivo. Se requieren también y de forma urgente, programas preventivos y de educación que llevan tiempo y paciencia para cristalizarse.
Lamentablemente, uno de los grandes defectos de la política boliviana es su adscripción, casi maniaca, al inmediatismo.
La “Ley de Fuga” o cualquier procedimiento de sanción extrajudicial es incompatible con la democracia por lo que resulta pertinente preguntarse si lo que tenemos ahora puede ser realmente definido como una democracia, además, renovada y teóricamente superior a la que estuvo vigente durante el denostado período previo a la instalación del “proceso de cambio” hace más de siete años.
Subirana espera que TCP revise Ley 4021 que impide reelección
El diputado de Convergencia Nacional, Carlos Subirana, señaló ayer que se espera que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), analice y observe la Ley de Régimen Electoral Transitorio, que impide una tercera reelección consecutiva, como pretende realizar el Movimiento Al Socialismo con el presidente Evo Morales para las elecciones de 2014.
El Tribunal Constitucional anunció que en el mes de mayo dará a conocer el fallo del proyecto de Ley de la Aplicación Normativa que envió la Cámara de Senadores para viabilizar una tercera reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado en los comicios próximos.
“La Ley de Régimen Electoral Transitorio debe ser analizada y tomada en cuanta por el Tribunal Constitucional, puesto que con esta norma se le permitió al presidente a ser candidato por segunda vez en las últimas elecciones”, afirmó.
Recordó que la Ley 4021 del 14 de abril del 2009, establece en su artículo 25 que no se permite una tercera reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado. Asimismo, en el parágrafo dos de las Disposiciones Transitorias de la Constitución política del Estado señalan que, “ Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.
El Tribunal Constitucional anunció que en el mes de mayo dará a conocer el fallo del proyecto de Ley de la Aplicación Normativa que envió la Cámara de Senadores para viabilizar una tercera reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado en los comicios próximos.
“La Ley de Régimen Electoral Transitorio debe ser analizada y tomada en cuanta por el Tribunal Constitucional, puesto que con esta norma se le permitió al presidente a ser candidato por segunda vez en las últimas elecciones”, afirmó.
Recordó que la Ley 4021 del 14 de abril del 2009, establece en su artículo 25 que no se permite una tercera reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado. Asimismo, en el parágrafo dos de las Disposiciones Transitorias de la Constitución política del Estado señalan que, “ Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.
Comerciantes aplauden exclusión del contrabando de Ley de Extinción
La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes minoristas y Vivanderos de Bolivia recibió con beneplácito el fallo del Tribunal Constitucional que excluye el contrabando del proyecto de Ley de Extinción de Bienes a favor del Estado.
Sin embargo, advirtió con llevar adelante un paro movilizado nacional el martes 30 de abril, demandando la actualización del régimen simplicado para su sector y otras demandas.
Ambas resoluciones fueron adoptadas ayer en Cochabamba, en el marco del LXXXII ampliado nacional que celebró la Confederación, con la presencia de representantes de todo el país.
LEY El ejecutivo nacional del sector, Francisco Figueroa, celebró que el tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haya excluido del citado proyecto de ley al contrabando, una disposición que podría haber afectado a muchos de sus afiliados, por el riesgo de perder su capital por acciones de las que no fueron directamente responsables.
Figueroa manifestó que la declaración de inconstitucionalidad de siete de los artículos del proyecto de ley debería invalidar por completo toda la normativa.
PARO No obstante, la determinación del TCP no ha sido suficiente para neutralizar las amenazas de medidas de presión del sector, que, para el martes, ha convocado a un paro nacional movilizado, pidiendo al Gobierno una serie de demandas.
La principal es la actualización del régimen simplificado para la tributación de sus afiliados.
Figueroa explicó que, aunque dicho sistema está vigente para su sector, no ha sido debidamente actualizado desde hace 11 años, lo que no permite a sus afiliados incrementar su capital ni pagar mayores impuestos.
Agregó que, de ser actualizado el régimen simplificado, permitiría que otros 100 mil comerciantes tributen. A la fecha, sólo lo hacen 300 mil personas.
Otras de las demandas del sector es la modificación de la Ley de Aduanas y la rebaja de aranceles para importaciones, lo que, en criterio de los comerciantes, incidiría en la reducción del contrabando.
Sin embargo, advirtió con llevar adelante un paro movilizado nacional el martes 30 de abril, demandando la actualización del régimen simplicado para su sector y otras demandas.
Ambas resoluciones fueron adoptadas ayer en Cochabamba, en el marco del LXXXII ampliado nacional que celebró la Confederación, con la presencia de representantes de todo el país.
LEY El ejecutivo nacional del sector, Francisco Figueroa, celebró que el tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haya excluido del citado proyecto de ley al contrabando, una disposición que podría haber afectado a muchos de sus afiliados, por el riesgo de perder su capital por acciones de las que no fueron directamente responsables.
Figueroa manifestó que la declaración de inconstitucionalidad de siete de los artículos del proyecto de ley debería invalidar por completo toda la normativa.
PARO No obstante, la determinación del TCP no ha sido suficiente para neutralizar las amenazas de medidas de presión del sector, que, para el martes, ha convocado a un paro nacional movilizado, pidiendo al Gobierno una serie de demandas.
La principal es la actualización del régimen simplificado para la tributación de sus afiliados.
Figueroa explicó que, aunque dicho sistema está vigente para su sector, no ha sido debidamente actualizado desde hace 11 años, lo que no permite a sus afiliados incrementar su capital ni pagar mayores impuestos.
Agregó que, de ser actualizado el régimen simplificado, permitiría que otros 100 mil comerciantes tributen. A la fecha, sólo lo hacen 300 mil personas.
Otras de las demandas del sector es la modificación de la Ley de Aduanas y la rebaja de aranceles para importaciones, lo que, en criterio de los comerciantes, incidiría en la reducción del contrabando.
Cochabamba Ley departamental autoriza uso de dinero para Hospital del Niño
La presión de representantes del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel logró que se apruebe ayer una ley departamental que les permite el uso de recursos económicos para atender a los pacientes.
Desde enero de este año los hospitales de tercer nivel pasaron a manos de la Gobernación. En este sentido el Hospital del Niño necesitaba autonomía para disponer de presupuesto, pero se necesitaba una sola cuenta para esta disposición. Se superó el problema con la creación de una sola unidad ejecutora.
La directora del centro médico Rosalía Sejas manifestó que desde hace unos tres meses no tenían dinero para adquirir insumos, medicamentos, reactivos y otros para la atención de 97 niños internados.
La Asamblea aprobó la ley que permite la utilización de 12.800.000 bolivianos. Durante los meses pasados usaron recursos prestados del maternológico Germán Urquidi.
La asambleísta departamental Roxana Neri explicó que en ningún momento hubo intención de frenar el uso de recursos y que las autoridades fueron “malinformadas”.
Añadió que no había necesidad de presiones porque la norma iba a ser aprobada luego de analizarla.
El documento llegó el 22 de abril a la Asamblea y habían 15 días para evaluar.
Neri indicó que detectaron errores en el proyecto, incluso, de contenido que fueron subsanados en el pleno.
Sejas manifestó que en el hospital “un día es fundamental” y que las horas son importantes porque se trata de pacientes que están en proceso de recuperación.
Desde enero de este año los hospitales de tercer nivel pasaron a manos de la Gobernación. En este sentido el Hospital del Niño necesitaba autonomía para disponer de presupuesto, pero se necesitaba una sola cuenta para esta disposición. Se superó el problema con la creación de una sola unidad ejecutora.
La directora del centro médico Rosalía Sejas manifestó que desde hace unos tres meses no tenían dinero para adquirir insumos, medicamentos, reactivos y otros para la atención de 97 niños internados.
La Asamblea aprobó la ley que permite la utilización de 12.800.000 bolivianos. Durante los meses pasados usaron recursos prestados del maternológico Germán Urquidi.
La asambleísta departamental Roxana Neri explicó que en ningún momento hubo intención de frenar el uso de recursos y que las autoridades fueron “malinformadas”.
Añadió que no había necesidad de presiones porque la norma iba a ser aprobada luego de analizarla.
El documento llegó el 22 de abril a la Asamblea y habían 15 días para evaluar.
Neri indicó que detectaron errores en el proyecto, incluso, de contenido que fueron subsanados en el pleno.
Sejas manifestó que en el hospital “un día es fundamental” y que las horas son importantes porque se trata de pacientes que están en proceso de recuperación.
viernes, 26 de abril de 2013
Senado aprueba ley contra avasallamiento de minas
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó anoche en sus estaciones en grande y en detalle, y con modificaciones, el proyecto de ley que incorpora al Código Penal los tipos penales de avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta ilegal de recursos minerales.
El último parágrafo del artículo único de este proyecto de ley incluye la palabra "compra" de minerales, pues únicamente hacía mención a la "venta ilegal de recursos minerales". Con esta modificación, el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley establece pena de privación de libertad de tres a seis años para la "compra" o venta de recursos minerales producto de avasallamiento de área minera o de explotación ilegal de recursos minerales. El primer secretario de la Cámara de Senadores, Andrés Villca (MAS), informó que la determinación surgió tras una reunión que tuvo su partido y que derivó en esta modificación.
El último parágrafo del artículo único de este proyecto de ley incluye la palabra "compra" de minerales, pues únicamente hacía mención a la "venta ilegal de recursos minerales". Con esta modificación, el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley establece pena de privación de libertad de tres a seis años para la "compra" o venta de recursos minerales producto de avasallamiento de área minera o de explotación ilegal de recursos minerales. El primer secretario de la Cámara de Senadores, Andrés Villca (MAS), informó que la determinación surgió tras una reunión que tuvo su partido y que derivó en esta modificación.
La futura Ley de Bancos está en statu quo
El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, informó el jueves que no existe una fecha para reanudar el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la actual Ley de Bancos.
Sostuvo que el proceso se detuvo porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no envió hasta el momento el documento con las probables modificaciones a los artículos que fueron observados por el gremio que agrupa a las entidades financieras.
“No hay fecha para volver a discutir el proyecto hasta que el Ministerio (de Economía) nos remita sus criterios sobre las observaciones de los banqueros”, recalcó. El 17 de febrero, la comisión presidida por Zavaleta abordó por última vez el tema. En esa ocasión, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia observó la regulación de las tasas de interés para los créditos de vivienda y productivo. El Ejecutivo rechazó los criterios expuestos por el gremio.
Cuando se reciba la propuesta del Ejecutivo, la comisión convocará a todos los sectores para reanudar su tratamiento. El lunes, el presidente de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, Nelson Hinojosa, dijo que su sector no está de acuerdo con la regulación de tasas y el destino de un porcentaje de sus utilidades para el cumplimiento de la función social.
TCP: Incluir al contrabando en Ley de Extinción es ilegal
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional la inclusión del delito de contrabando en el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, y constitucional el alcance de la norma para casos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
La Declaración Constitucional 02/2013 del TCP fue emitida el sábado 13 de abril y declara la legalidad de siete de los 15 artículos de la propuesta de norma, además dicta tres disposiciones transitorias y tres finales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuyo despacho redactó y presentó el documento, afirmó por la tarde que aún desconocía la decisión legal, pero anunció que se harán los cambios necesarios en el borrador de la ley.
Con esa resolución fue notificado el presidente Evo Morales, quien en noviembre de 2012 envió a Sucre el proyecto de disposición para un control previo de constitucionalidad, a raíz de las protestas de los transportistas y gremialistas (que denunciaron que los preceptos los perjudicaban), y de las disputas públicas entre Romero y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, por su repercusión.
La normativa ya fue aprobada en su estación en grande en la Cámara de Diputados, pero su tratamiento fue paralizado cuando se envió el mismo a consulta ante el TCP.
Alcances. El presidente del TCP, Ruddy Flores, ofreció una conferencia de prensa en Sucre para explicar la trascendencia de la declaración que aprobó esa instancia judicial. “El TCP ha identificado que el proyecto de ley es constitucionalmente aplicable para los delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y corrupción. El tema del contrabando no entra en los cánones de constitucionalidad, debido a que existen procedimientos específicos y el Estado tiene la responsabilidad del control del contrabando”, dijo Flores.
Además señaló que se ha definido la naturaleza jurídica de la extinción de dominio, entendida como el traspaso de propiedad al Estado de cualquier bien o inmueble que sea producto de los tres delitos citados anteriormente, y se ha determinado que es una acción de carácter real y aplicable a las posesiones ilegales. “El Tribunal (Constitucional) garantiza el derecho propietario, sin embargo este derecho tiene un fin social que debe cumplir y debe ser generado por una actividad lícita o legítima”, manifestó Flores.
El TCP también definió que las acciones para el traspaso de bienes ilegales al Estado no pueden ser activadas en la vía administrativa, para garantizar el debido proceso, ya que la extinción de la propiedad debe ser ejecutada a través de una instancia judicial. Consecuentemente, todo el procedimiento que hacía referencia a una actividad administrativa fue declarado inconstitucional.
Además, Flores indicó que la participación de la Procuraduría General del Estado en el traspaso de la propiedad de los patrimonios, prevista en el proyecto de ley, es inconstitucional porque la Carta Magna no le delega, entre sus atribuciones, ese trámite.
Respecto a la administración de los bienes confiscados, la Procuraduría tampoco constituiría una instancia que garantice el uso adecuado de los bienes, pues esa competencia no le fue conferida constitucionalmente. El TCP identificó hechos que deben ser observados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), respecto de determinar con precisión los casos en los que pueda ser aplicada la futura Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado.
Flores explicó que los artículos de esta propuesta de norma que fueron declarados inconstitucionales deberán ser nuevamente considerados por la ALP, con base en la sentencia del TCP. Una vez modificados esos apartados, podrá pasar al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Lo que propone la normativa
Aplicación
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado sugiere el decomiso de bienes, inmuebles y herencias que sean producto del narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, y que tengan un valor igual o superior a Bs 70.000 (cerca de $us 10.000).
Venta
En el documento también se proyecta subastar los bienes confiscados para su respectiva monetización. Esta actividad la encomienda a una unidad específica de la Procuraduría General del Estado. El dueño del patrimonio que haya sido confiscado tiene un plazo de diez días para demostrar que adquirió el mismo con dinero legal, caso contrario el Estado se adueña de la posesión.
Romero anuncia ajustes al proyecto
Elisa Medrano n El ministro de Gobierno, Carlos Romero, adelantó que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, que fue llevado a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), será reformulado después de que sea notificado oficialmente con la declaración que emitió el máximo órgano rector de la Justicia.
“Una vez que conozcamos los términos de la sentencia, la evaluaremos, analizaremos y veremos alternativas para ajustar el anteproyecto de ley. Es lo que corresponde”, afirmó. Sin embargo, la diputada Rebeca Delgado sostuvo que, tras la declaración del TCP, lo que corresponde es redactar un nuevo proyecto de Ley de Extinción de Dominio debido a que se observó a fondo el documento.
“A partir de la resolución del Tribunal Constitucional nos permite ya esbozar una ley acorde a la Constitución, el primer tema es que no puede ser por la vía administrativa, sino que debe ser por la vía judicial; se saca el tema de contrabando; no puede haber montos, ahí había montos sin ningún razonamiento (…) y el otro tema es que no puede delegarse esas funciones a la Procuraduría General del Estado”, puntualizó la asambleísta en una declaración a la agencia ANF.
Romero y Delgado discreparon públicamente en 2012 sobre el contenido de la propuesta de norma para confiscar bienes e inmuebles adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
Reacciones. El diputado Rodolfo Calle (MAS), luego de conocer la posición del TCP, recordó que las decisiones de esa institución judicial son vinculantes y obligatorias, por lo que ese fallo debe ser acatado. “Inclusive el (Órgano) Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen que obedecer los fallos del Tribunal Constitucional, es inapelable y, por tanto, es de cumplimiento obligatorio. Este proyecto de ley se puede modificar o abrogar, por tanto no- sotros tenemos que seguir trabajando con base en el pronunciamiento del Tribunal”, declaró a la agencia ABI.
Al ser consultado también sobre este tema, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, saludó la declaración de las autoridades del TCP. El dirigente aseveró a la ABI que su sector se encuentra complacido por la determinación. Recordó que ellos rechazaron la norma porque afectaba a los choferes en caso de que se encuentre en sus vehículos droga o se utilicen sus unidades en otras actividades ilícitas sin el consentimiento de los dueños.
Nuevamente observó el hecho de que si les confiscaban sus motorizados, los transportistas no tenían las garantías necesarias para rescatar su carro, ya que ese bien pasaba a manos del Estado, sin que se les dé posibilidades de defensa.
TCP declara inconstitucional parte del proyecto de ley de Dominio de Bienes
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales aquellos artículos que contemplan la intervención de entes administrativos gubernamentales en la ejecución de la ley de Dominio de Bienes, estableciendo que sólo podrán ejercer el debido proceso, instancias judiciales.
También, se aparta del proyecto el tema del contrabando, por considerarlo un tema social que requiere de otras formas reguladoras.
El presidente del TCP, Ruddy Flores, sostuvo que tras la revisión de cada uno de los artículos del proyecto de Ley, se estableció que de los 15 artículos que contiene siete han sido declarados inconstitucionales, “toda la parte procesal que hace referencia al procedimiento administrativo está declarada inconstitucional”.
“Se ha comparado el proyecto con la Constitución Política del Estado (CPE) que no excluye la posibilidad de instaurar el recurso de la Extinción y Dominio de bienes a favor del Estado, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha definido que las acciones de extinción y dominio no pueden ser activadas en materia administrativa; para garantizar el debido proceso debe actuarse a través de una instancia judicial por consecuente hemos declarado que todo procedimiento que corresponde a tuición administrativa es inconstitucional”, puntualizó.
En ese marco, se excluyó a la Procuraduría General del Estado de la aplicación de la normativa de promulgarse tras la regularización de las observaciones realizadas por el TCP en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El TCP establece como constitucional la aplicación de la Ley en casos de bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas sin contraprestación ni compensación para su titular, exceptuando el caso del contrabando.
Cabe mencionar que el artículo primero del proyecto de ley dice de manera textual, “La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado, sobre bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas sin contraprestación ni compensación para su titular”.
También, se aparta del proyecto el tema del contrabando, por considerarlo un tema social que requiere de otras formas reguladoras.
El presidente del TCP, Ruddy Flores, sostuvo que tras la revisión de cada uno de los artículos del proyecto de Ley, se estableció que de los 15 artículos que contiene siete han sido declarados inconstitucionales, “toda la parte procesal que hace referencia al procedimiento administrativo está declarada inconstitucional”.
“Se ha comparado el proyecto con la Constitución Política del Estado (CPE) que no excluye la posibilidad de instaurar el recurso de la Extinción y Dominio de bienes a favor del Estado, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha definido que las acciones de extinción y dominio no pueden ser activadas en materia administrativa; para garantizar el debido proceso debe actuarse a través de una instancia judicial por consecuente hemos declarado que todo procedimiento que corresponde a tuición administrativa es inconstitucional”, puntualizó.
En ese marco, se excluyó a la Procuraduría General del Estado de la aplicación de la normativa de promulgarse tras la regularización de las observaciones realizadas por el TCP en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El TCP establece como constitucional la aplicación de la Ley en casos de bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas sin contraprestación ni compensación para su titular, exceptuando el caso del contrabando.
Cabe mencionar que el artículo primero del proyecto de ley dice de manera textual, “La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado, sobre bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas sin contraprestación ni compensación para su titular”.
Ley General de Cooperativas
Cuando se promulgó, hace dos semanas, la Ley General de Cooperativas dio la impresión de tratarse de una ley expresa para las cooperativas mineras, ya que el grueso de asistencia al acto en cuestión fue de mineros cooperativistas e incluso el Primer Mandatario lució un brillante guardatojo en la firma del documento que pone en vigencia la nueva norma, aunque se recomendó que en el tiempo más breve posible se apruebe su reglamentación para que las normas cooperativistas entren en la fase práctica de su aplicación.
Como emergencia de la aprobación de la Ley General de Cooperativas se creó también una instancia de apoyo que es la "Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Cooperativo" que sustituirá a lo que hasta ahora se conocía como el Instituto Nacional de Cooperativas (Inalco).
El Mandatario aludió la importancia del sistema señalando que las cooperativas "son una alternativa frente al capitalismo, donde las ganancias son para el sector privado para personas individuales, mientras que en el cooperativismo (las ganancias) son para cooperarnos de manera conjunta entre todos los socios".
Se ha recomendado a los miembros de una comisión gubernamental y los representantes del sistema cooperativo del país trabajar con la mayor premura en la reglamentación de la norma de modo que su aplicación pueda darse en todos los ámbitos del sistema, aunque no se disimuló el hecho de que el sector minero necesita un tratamiento especial para el desarrollo de sus actividades productivas que son muy diferentes a otras cooperativas como las de ahorro y crédito, algunas de servicios específicos como las telefónicas, las de agua potable, energía eléctrica y otras que tienen múltiples actividades pero que responden a necesidades sociales de miles de afiliados que practican la doctrina cooperativista.
En el caso de las cooperativas mineras se formularon muchas observaciones desde el surgimiento de las asociaciones conformadas por desocupados de las minas tras la "relocalización" del 85 y que para poder acceder a la explotación de los restos mineralizados en las minas de Comibol, tuvieron que darle forma asociativa para trabajar en conjunto y la opción más próxima a su realidad y sus propósitos resultó siendo la cooperativa, aunque es necesario señalar que en su tiempo y en el presente no responde a la intención plena de la doctrina de cooperación solidaria que tiene otras alternativas en su conformación.
De ahí que, en lo que atañe a la nueva Ley General de Cooperativas y con relación a las conformadas para actividades mineras específicamente, tendrán que adecuarse a una reglamentación especial que con seguridad no será la misma para las otras que tienen servicios diversificados y que surgieron como efecto de la voluntad solidaria de grupos afines en el interés de practicar toda una doctrina de cooperación mutua y no sólo de coyuntura materialista.
Como emergencia de la aprobación de la Ley General de Cooperativas se creó también una instancia de apoyo que es la "Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Cooperativo" que sustituirá a lo que hasta ahora se conocía como el Instituto Nacional de Cooperativas (Inalco).
El Mandatario aludió la importancia del sistema señalando que las cooperativas "son una alternativa frente al capitalismo, donde las ganancias son para el sector privado para personas individuales, mientras que en el cooperativismo (las ganancias) son para cooperarnos de manera conjunta entre todos los socios".
Se ha recomendado a los miembros de una comisión gubernamental y los representantes del sistema cooperativo del país trabajar con la mayor premura en la reglamentación de la norma de modo que su aplicación pueda darse en todos los ámbitos del sistema, aunque no se disimuló el hecho de que el sector minero necesita un tratamiento especial para el desarrollo de sus actividades productivas que son muy diferentes a otras cooperativas como las de ahorro y crédito, algunas de servicios específicos como las telefónicas, las de agua potable, energía eléctrica y otras que tienen múltiples actividades pero que responden a necesidades sociales de miles de afiliados que practican la doctrina cooperativista.
En el caso de las cooperativas mineras se formularon muchas observaciones desde el surgimiento de las asociaciones conformadas por desocupados de las minas tras la "relocalización" del 85 y que para poder acceder a la explotación de los restos mineralizados en las minas de Comibol, tuvieron que darle forma asociativa para trabajar en conjunto y la opción más próxima a su realidad y sus propósitos resultó siendo la cooperativa, aunque es necesario señalar que en su tiempo y en el presente no responde a la intención plena de la doctrina de cooperación solidaria que tiene otras alternativas en su conformación.
De ahí que, en lo que atañe a la nueva Ley General de Cooperativas y con relación a las conformadas para actividades mineras específicamente, tendrán que adecuarse a una reglamentación especial que con seguridad no será la misma para las otras que tienen servicios diversificados y que surgieron como efecto de la voluntad solidaria de grupos afines en el interés de practicar toda una doctrina de cooperación mutua y no sólo de coyuntura materialista.
Tribunal declara nulos siete artículos de proyecto de ley
Pese a ello, la justicia considera que la propiedad malhabida no puede ser protegida.
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, informó ayer que la Sala Plena declaró inconstitucional siete artículos del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado para sancionar las actividades relacionadas con el narcotráfico, la legitimación de ganancias ilícitas y la corrupción.
EL PROBLEMA DEL CONTRABANDO. “El TCP ha identificado que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, como un instituto jurídico, es constitucional, es aplicable respecto de los delitos de narcotráfico, de corrupción y de legitimación de ganancias ilícitas”.
No obstante, “el TCP ha exceptuado al contrabando, señalando que contrabando no entra en los cánones de constitucionalidad, debido a que existen procedimientos específicos y el Estado tiene responsabilidad respecto del control del contrabando”.
Flores explicó que de los 15 artículos de ese proyecto, el TCP declaró inconstitucionalidad en los artículos 3, 5, 6 (parágrafos I y II), 7 (parágrafos III y IV), 8, 10 y 11, y las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta, y las disposiciones finales primera, segunda y tercera.
Asimismo, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la declaración, resolvió declarar constitucionalidad en los artículos 1, 2, 3; el parágrafo II de los artículos 6, 7; el parágrafo I y II de los artículos 8, 9, 12, 14, 15 de la disposición transitoria primera, de la disposición derogatoria y abrogatoria única, excepto el término contrabando.
EL FUNDAMENTo CONSTITUCIONAL. Flores precisó que la extinción de dominio halla sustento constitucional en el derecho a la propiedad privada, a partir de que ésta debe cumplir una función social, y para gozar de protección, el uso que se haga de ella no debe ser perjudicial al interés colectivo, por lo que deberá ser generada por una actividad lícita o legítima.
“La propiedad adquirida por medios ilícitos o ilegítima no puede merecer protección constitucional, por lo que, al no configurar un derecho digno de protección, el Estado puede declarar legítimamente su extinción de dominio, dando prevalencia así al interés general sobre el particular”.
La Presidencia del Estado recibió ayer la notificación con este fallo, mientras varios sectores, como los transportistas, expresaban su satisfacción por el veredicto inapelable de la justicia.
El magistrado Ruddy Flores dijo que la naturaleza jurídica de la acción de extinción de bienes no puede ser de “naturaleza administrativa. Todo cuestionamiento, controversia, restricción, privación de derechos o afectación de intereses legítimos de las personas debe ser conocido y resuelto por una autoridad judicial, en el marco de todas las garantías inherentes al debido proceso”.
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, informó ayer que la Sala Plena declaró inconstitucional siete artículos del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado para sancionar las actividades relacionadas con el narcotráfico, la legitimación de ganancias ilícitas y la corrupción.
EL PROBLEMA DEL CONTRABANDO. “El TCP ha identificado que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, como un instituto jurídico, es constitucional, es aplicable respecto de los delitos de narcotráfico, de corrupción y de legitimación de ganancias ilícitas”.
No obstante, “el TCP ha exceptuado al contrabando, señalando que contrabando no entra en los cánones de constitucionalidad, debido a que existen procedimientos específicos y el Estado tiene responsabilidad respecto del control del contrabando”.
Flores explicó que de los 15 artículos de ese proyecto, el TCP declaró inconstitucionalidad en los artículos 3, 5, 6 (parágrafos I y II), 7 (parágrafos III y IV), 8, 10 y 11, y las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta, y las disposiciones finales primera, segunda y tercera.
Asimismo, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la declaración, resolvió declarar constitucionalidad en los artículos 1, 2, 3; el parágrafo II de los artículos 6, 7; el parágrafo I y II de los artículos 8, 9, 12, 14, 15 de la disposición transitoria primera, de la disposición derogatoria y abrogatoria única, excepto el término contrabando.
EL FUNDAMENTo CONSTITUCIONAL. Flores precisó que la extinción de dominio halla sustento constitucional en el derecho a la propiedad privada, a partir de que ésta debe cumplir una función social, y para gozar de protección, el uso que se haga de ella no debe ser perjudicial al interés colectivo, por lo que deberá ser generada por una actividad lícita o legítima.
“La propiedad adquirida por medios ilícitos o ilegítima no puede merecer protección constitucional, por lo que, al no configurar un derecho digno de protección, el Estado puede declarar legítimamente su extinción de dominio, dando prevalencia así al interés general sobre el particular”.
La Presidencia del Estado recibió ayer la notificación con este fallo, mientras varios sectores, como los transportistas, expresaban su satisfacción por el veredicto inapelable de la justicia.
El magistrado Ruddy Flores dijo que la naturaleza jurídica de la acción de extinción de bienes no puede ser de “naturaleza administrativa. Todo cuestionamiento, controversia, restricción, privación de derechos o afectación de intereses legítimos de las personas debe ser conocido y resuelto por una autoridad judicial, en el marco de todas las garantías inherentes al debido proceso”.
Ley de Bancos dará “excesivos poderes” al ministro Arce, advierten empresarios
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó a la opinión pública que la aprobación del proyecto de Ley de Servicios Financieros sin modificaciones, otorgará al ministro de Economía Luis Arce, “amplios poderes para intervenir las entidades bancarias sólo con decretos”.
Daniel Sánchez, presidente de la entidad, dijo que si bien el diálogo está abierto con el Gobierno, se tratará de explicar estos riesgos a la comisión legislativa pertinente, pero que en última instancia se recurrirá al presidente Evo Morales.
El Órgano Ejecutivo remitió a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa, el segundo borrador del proyecto de Ley de Servicios Financieros.
“Ya se puede ver en particular el excesivo poder que se estaría concentrando en el Ministerio de Economía (…) porque a través de un decreto puede intervenir un banco, o cualquier institución financiera. Puede regular muchas cosas en los bancos lo que antes se hacía por ley. Pretenden concentrar excesivo poder a un solo Ministerio lo que no haría que las cosas sean fluidas y transparentes, en un tema tan importante para la economía como es el sistema financiero”, indicó el directivo.
Añadió que frente a la discrecionalidad en las decisiones, el Ministerio podría tomar medidas que no sean precisamente técnicas y esa posibilidad ya genera susceptibilidades en el sector bancario.
Puntualizó que el Ministerio de Economía ya ejerce tuición sobre el Banco Central de Bolivia (BCB) y de la misma manera sobre las autoridades financieras de supervisión.
“¿Qué pasaría ante una mala decisión de este Ministerio, la cual no pudiera ser corregida por la ASFI, ni por el BCB que efectivamente ha perdido autonomía?”, cuestionó el representante.
Dijo que el empresariado pide que exista independencia a partir de la promulgación de la futura Ley de Servicios Financieros.
“No nos preocupa una mayor regulación, sino la concentración de poder que pone en riesgo el manejo y la credibilidad de las autoridades sobre el sistema financiero”, insistió el Ejecutivo.
Daniel Sánchez, presidente de la entidad, dijo que si bien el diálogo está abierto con el Gobierno, se tratará de explicar estos riesgos a la comisión legislativa pertinente, pero que en última instancia se recurrirá al presidente Evo Morales.
El Órgano Ejecutivo remitió a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa, el segundo borrador del proyecto de Ley de Servicios Financieros.
“Ya se puede ver en particular el excesivo poder que se estaría concentrando en el Ministerio de Economía (…) porque a través de un decreto puede intervenir un banco, o cualquier institución financiera. Puede regular muchas cosas en los bancos lo que antes se hacía por ley. Pretenden concentrar excesivo poder a un solo Ministerio lo que no haría que las cosas sean fluidas y transparentes, en un tema tan importante para la economía como es el sistema financiero”, indicó el directivo.
Añadió que frente a la discrecionalidad en las decisiones, el Ministerio podría tomar medidas que no sean precisamente técnicas y esa posibilidad ya genera susceptibilidades en el sector bancario.
Puntualizó que el Ministerio de Economía ya ejerce tuición sobre el Banco Central de Bolivia (BCB) y de la misma manera sobre las autoridades financieras de supervisión.
“¿Qué pasaría ante una mala decisión de este Ministerio, la cual no pudiera ser corregida por la ASFI, ni por el BCB que efectivamente ha perdido autonomía?”, cuestionó el representante.
Dijo que el empresariado pide que exista independencia a partir de la promulgación de la futura Ley de Servicios Financieros.
“No nos preocupa una mayor regulación, sino la concentración de poder que pone en riesgo el manejo y la credibilidad de las autoridades sobre el sistema financiero”, insistió el Ejecutivo.
Senado: Ley de Armas regulará tenencia, licencias y comercio
La Cámara de Senadores dejó el debate del proyecto de Ley de Armas para la próxima semana, ya que la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional de esa instancia, pasara el informe final luego de un debate respecto a la cualificación de conceptos orientados a controlar el tráfico y la autorización del uso de armas, según informó el presidente de esa instancia René Martínez.
Asimismo, el legislador señaló que el proyecto de ley establece la autorización por parte del Estado, la regulación de importación, de exportación, la permisión de tránsito y penalidades por el mal uso de armas, además que define 14 nuevos delitos, entre ellos el tráfico, fabricación ilícita, robo y sanciones de entre 10 y 15 años de cárcel.
Según el senador de Convergencia Nacional (CN) Marcelo Antezana, la urgencia de esta Ley es obvia puesto que los últimos días, los delitos relacionados con las armas se han incrementado en todo el territorio nacional, ante la ausencia de un procedimiento legal para el control de estas actividades ilícitas.
El militar en retiro dijo que el contrabando de armas, fusiles, escopetas, revólveres y pistolas, se realiza a lo largo de todas nuestras fronteras, Brasil, Perú, Argentina y Paraguay y se distribuyen ilegalmente por todo el país y que este ilícito está relacionado a redes bien organizadas que no tienen fines lícitos ni favorecen al país y solamente nutren de poderío bélico a grupos delincuenciales relacionados con la comisión de delitos comunes, secuestro, narcotráfico o terrorismo, quienes tienen la capacidad para adquirir y vender este tipo de armamento clandestinamente.
Asimismo, el legislador señaló que el proyecto de ley establece la autorización por parte del Estado, la regulación de importación, de exportación, la permisión de tránsito y penalidades por el mal uso de armas, además que define 14 nuevos delitos, entre ellos el tráfico, fabricación ilícita, robo y sanciones de entre 10 y 15 años de cárcel.
Según el senador de Convergencia Nacional (CN) Marcelo Antezana, la urgencia de esta Ley es obvia puesto que los últimos días, los delitos relacionados con las armas se han incrementado en todo el territorio nacional, ante la ausencia de un procedimiento legal para el control de estas actividades ilícitas.
El militar en retiro dijo que el contrabando de armas, fusiles, escopetas, revólveres y pistolas, se realiza a lo largo de todas nuestras fronteras, Brasil, Perú, Argentina y Paraguay y se distribuyen ilegalmente por todo el país y que este ilícito está relacionado a redes bien organizadas que no tienen fines lícitos ni favorecen al país y solamente nutren de poderío bélico a grupos delincuenciales relacionados con la comisión de delitos comunes, secuestro, narcotráfico o terrorismo, quienes tienen la capacidad para adquirir y vender este tipo de armamento clandestinamente.
jueves, 25 de abril de 2013
COB espera informe sobre Ley de Pensiones
El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Octavio Urquizo, informó que el ente matriz de los trabajadores del país le otorgó un plazo de 72 horas al Gobierno Nacional para que entregue el informe de los aportes de los obreros con la aplicación de la nueva ley de pensiones 065.
Urquizo enfatizó que en caso de no ser entregada esta respuesta en el plazo establecido, la dirigencia de la COB convocará a un ampliado para la siguiente semana donde se analizará las medidas de presión.
El representante de los trabajadores espera que el Gobierno haga conocer esta información, sin embargo, afirmó que no se aceptarán respuestas "dilatorias" que busquen evitar la presentación de los datos reales sobre los aportes de los obreros registrados en la nueva Ley de Pensiones vigente desde diciembre del año 2010.
Los representantes del sector esperan reunirse este jueves a las 4.00, en el Ministerio de Economía y Fianzas, con las autoridades de Gobierno, para tratar las modificaciones a la Ley de Pensiones, en los puntos relacionados a las rentas de jubilación. Los jubilados piden que estos ingresos estén de acuerdo con el salario mínimo nacional.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, señaló en pasados días que la Ley de Pensiones es uno de los temas pendientes a discutir con la COB, aunque dijo que es una norma que ya fue consensuada con todos los sectores para su aplicación.
"Nos extraña que la COB cuestione la norma, porque la hemos trabajado conjuntamente en más de cinco años de negociación en los que se logró un consenso para su aprobación, entonces eso lo vamos a discutir", aseguró al recordar que esa Ley no tiene hasta el momento su reglamento.
A su juicio, el Gobierno cumplió con sus compromisos y la incorporación de importantes temas, como la pensión solidaria, que beneficia a las personas que tienen bajos recursos y se iban a jubilar con prácticamente nada.
Urquizo enfatizó que en caso de no ser entregada esta respuesta en el plazo establecido, la dirigencia de la COB convocará a un ampliado para la siguiente semana donde se analizará las medidas de presión.
El representante de los trabajadores espera que el Gobierno haga conocer esta información, sin embargo, afirmó que no se aceptarán respuestas "dilatorias" que busquen evitar la presentación de los datos reales sobre los aportes de los obreros registrados en la nueva Ley de Pensiones vigente desde diciembre del año 2010.
Los representantes del sector esperan reunirse este jueves a las 4.00, en el Ministerio de Economía y Fianzas, con las autoridades de Gobierno, para tratar las modificaciones a la Ley de Pensiones, en los puntos relacionados a las rentas de jubilación. Los jubilados piden que estos ingresos estén de acuerdo con el salario mínimo nacional.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, señaló en pasados días que la Ley de Pensiones es uno de los temas pendientes a discutir con la COB, aunque dijo que es una norma que ya fue consensuada con todos los sectores para su aplicación.
"Nos extraña que la COB cuestione la norma, porque la hemos trabajado conjuntamente en más de cinco años de negociación en los que se logró un consenso para su aprobación, entonces eso lo vamos a discutir", aseguró al recordar que esa Ley no tiene hasta el momento su reglamento.
A su juicio, el Gobierno cumplió con sus compromisos y la incorporación de importantes temas, como la pensión solidaria, que beneficia a las personas que tienen bajos recursos y se iban a jubilar con prácticamente nada.
Ley determina regularización y amnistía de extranjeros en 90 días
La Ley de Migración, sancionada por la Asamblea Legislativa el pasado 18 de abril, determina una amnistía y regularización migratoria para aquellos extranjeros que se hallan ilegalmente en el país.
Tal determinación está plasmada en la disposición transitoria primera de la ley, que a la letra señala: "A la promulgación de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor a noventa (90) días emitirá un Decreto Supremo de amnistía y regularización migratoria".
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza (MAS), señaló que esta disposición pretende "beneficiar" a los migrantes que tienen problemas con sus trámites, con el fin de regularizar su situación en el país. Dijo que son muchos los migrantes con problemas en sus trámites.
Tal determinación está plasmada en la disposición transitoria primera de la ley, que a la letra señala: "A la promulgación de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor a noventa (90) días emitirá un Decreto Supremo de amnistía y regularización migratoria".
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza (MAS), señaló que esta disposición pretende "beneficiar" a los migrantes que tienen problemas con sus trámites, con el fin de regularizar su situación en el país. Dijo que son muchos los migrantes con problemas en sus trámites.
Ley del Libro Óscar Alfaro se promulgará el lunes
Luego de aprobarse, hace unos días, en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Libro y la Lectura Óscar Alfaro será promulgado el lunes 29 de abril a las 19:00, en el Palacio de Gobierno, informó ayer el ministro de Culturas, Pablo Groux.
“Es un año positivo para las letras, la literatura y la legislación boliviana. Además, para las expresiones de las artes y de la industria cultural en Bolivia”, declaró Groux.
Este proyecto de ley, que fue gestionado por más de 19 años, tiene como premisa el fomento a la lectura, por lo que una de sus principales propuestas es la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para libros nacionales e importados.
“Es un año positivo para las letras, la literatura y la legislación boliviana. Además, para las expresiones de las artes y de la industria cultural en Bolivia”, declaró Groux.
Este proyecto de ley, que fue gestionado por más de 19 años, tiene como premisa el fomento a la lectura, por lo que una de sus principales propuestas es la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para libros nacionales e importados.
Organismo externo pide que se impugne Ley Financial 2013
El organismo internacional cuyo equipo eléctrico fue declarado en abandono y luego adjudicado al Ministerio de la Presidencia exige, para recuperar ese aparato, que la Aduana de La Paz promueva una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Financial 317 o presupuestaria 2013.
La entidad multilateral de crédito importó el 21 de septiembre de 2012 un transformador trifásico (estabilizador de energía) desde Santa Catarina, Brasil, que llegó al puerto de Arica el 29 de noviembre; luego, ingresó a la Aduana Interior La Paz el 2 de diciembre y el 6 de aquel mes a Depósitos Aduaneros Bolivia.
Sin embargo, la entidad recaudadora, en aplicación de la Ley 317 y mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI/252/2013, declaró en abandono el transformador, pese a que éste llegó al país antes de que rigiera la Ley 317 (publicada en la Gaceta Jurídica el 12 de diciembre del año pasado).
Después del traspaso del trifásico de su propiedad, la entidad afectada pidió la nulidad de la declaratoria de abandono y también la adjudicación al Ministerio de la Presidencia, porque no se cumplieron procedimientos y la Aduana -en su opinión- vulneró inmunidades diplomáticas, además del derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica.
Además, el organismo internacional pidió a la Administración de la Aduana Interior La Paz que promueva una acción concreta de inconstitucionalidad contra las disposiciones adicionales, modificatorias de la Ley de Aduanas, de la norma presupuestaria ante el Tribunal Constitucional. Se vulneraron los derechos a la propiedad privada, al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, afirma la organización multilateral en una nota enviada a la Aduana.
La Ley 317 introduce modificaciones a la Ley de Aduanas al dejar sin efecto el remate de mercaderías en abandono y su adjudicación gratuita a los ministerios de la Presidencia y Salud. Antes de esa reforma se subastaba la mercadería y con lo obtenido la Aduana recuperaba impuestos y si restaba un saldo, lo transfería al propietario.
Como justificación, el organismo internacional considera que la norma es inconstitucional porque la Ley Financial dura un año y no puede modificar la norma aduanera, que sólo puede ser abrogada o derogada.
También argumenta que se vulneran los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Estado, que garantizan la propiedad privada y una indemnización justa en caso de expropiación por utilidad pública. También se menciona el artículo 123, que señala que la ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo. El Gobierno afirma que la Ley Financial 2013 se aplica desde que fuera publicada el 12 de diciembre de 2012.
La entidad multilateral de crédito importó el 21 de septiembre de 2012 un transformador trifásico (estabilizador de energía) desde Santa Catarina, Brasil, que llegó al puerto de Arica el 29 de noviembre; luego, ingresó a la Aduana Interior La Paz el 2 de diciembre y el 6 de aquel mes a Depósitos Aduaneros Bolivia.
Sin embargo, la entidad recaudadora, en aplicación de la Ley 317 y mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI/252/2013, declaró en abandono el transformador, pese a que éste llegó al país antes de que rigiera la Ley 317 (publicada en la Gaceta Jurídica el 12 de diciembre del año pasado).
Después del traspaso del trifásico de su propiedad, la entidad afectada pidió la nulidad de la declaratoria de abandono y también la adjudicación al Ministerio de la Presidencia, porque no se cumplieron procedimientos y la Aduana -en su opinión- vulneró inmunidades diplomáticas, además del derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica.
Además, el organismo internacional pidió a la Administración de la Aduana Interior La Paz que promueva una acción concreta de inconstitucionalidad contra las disposiciones adicionales, modificatorias de la Ley de Aduanas, de la norma presupuestaria ante el Tribunal Constitucional. Se vulneraron los derechos a la propiedad privada, al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, afirma la organización multilateral en una nota enviada a la Aduana.
La Ley 317 introduce modificaciones a la Ley de Aduanas al dejar sin efecto el remate de mercaderías en abandono y su adjudicación gratuita a los ministerios de la Presidencia y Salud. Antes de esa reforma se subastaba la mercadería y con lo obtenido la Aduana recuperaba impuestos y si restaba un saldo, lo transfería al propietario.
Como justificación, el organismo internacional considera que la norma es inconstitucional porque la Ley Financial dura un año y no puede modificar la norma aduanera, que sólo puede ser abrogada o derogada.
También argumenta que se vulneran los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Estado, que garantizan la propiedad privada y una indemnización justa en caso de expropiación por utilidad pública. También se menciona el artículo 123, que señala que la ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo. El Gobierno afirma que la Ley Financial 2013 se aplica desde que fuera publicada el 12 de diciembre de 2012.
miércoles, 24 de abril de 2013
Ley determina amnistía y regularización migratoria dentro de 90 días
Tal determinación está plasmada en la disposición transitoria primera de la ley, que a la letra señala: "A la promulgación de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor a noventa (90) días emitirá un Decreto Supremo de amnistía y regularización migratoria".
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza (MAS), señaló que esta disposición pretende "beneficiar" a los migrantes que tienen problemas con sus trámites, con el fin de regularizar su situación en el país.
"Hay muchos migrantes que tienen problemas con sus trámites y la legalidad de su permanencia en el país y esto no fue resuelto desde el momento en que se aprobó la nueva Constitución, protegiendo nuevos derechos, por tanto se trata de una previsión, una disposición al final de esta ley que ya está para la promulgación, donde las personas que estén en esta condición puedan regularizar su situación en el país", informó Mendoza a la ANF.
La ley de Migración tiene el objetivo de regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio nacional, además de establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza (MAS), señaló que esta disposición pretende "beneficiar" a los migrantes que tienen problemas con sus trámites, con el fin de regularizar su situación en el país.
"Hay muchos migrantes que tienen problemas con sus trámites y la legalidad de su permanencia en el país y esto no fue resuelto desde el momento en que se aprobó la nueva Constitución, protegiendo nuevos derechos, por tanto se trata de una previsión, una disposición al final de esta ley que ya está para la promulgación, donde las personas que estén en esta condición puedan regularizar su situación en el país", informó Mendoza a la ANF.
La ley de Migración tiene el objetivo de regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio nacional, además de establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras.
La ley del libro no contempla derechos de autor
La norma fue sancionada, pero no se incluyó el tema de la piratería ni la figura del autor.
La Ley del Libro y la Lectura Óscar Alfaro fue sancionada el pasado lunes 22 y posteriormente remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, que, según se tenía previsto, debía realizarse ayer por la tarde. La norma, después de ser modificada, deja fuera temas como el derecho de autor y la piratería, aspectos que tanto la Cámara del Libro como editoriales y otras instancias consideraban como esenciales.
Se espera la reglamentación. “Se le da mayor cobertura y amplitud a los escritores bolivianos”, aseguró el presidente de la Comisión de Educación y Salud, Jorge Flores, quien, empero, declaró que la ley “no se refiere al tema de piratería ni al de los derechos de autor”.
Precisó que la normativa tiene modificaciones de forma en los artículos 2, 4, 6, 9 y 15, mientras que en el artículo 8 (de la venta de libros y de las publicaciones) se cambió el contenido en cuanto a la política tributaria y la disposición adicional única. “Justamente en la parte relativa a la producción bibliográfica en el país. La ley será beneficiosa para los bolivianos dentro del nuevo concepto de que empecemos a producir para que los bienes culturales avancen”, dijo. Por lo que se elimina el Impuesto a la Transacción (IT) y el impuesto complementario al IVA.
Por su parte, Carlos Azurduy, miembro de la Cámara y representante de la editorial La Hoguera, señaló que, al no considerarse esos aspectos, “la ley queda coja”, ya que la inclusión de la figura del autor era algo que se había solicitado desde un inicio.
“El autor es el principal protagonista de la ley. No se habla de derechos y tampoco en el caso de las editoriales, libreros y otros. Se tiene vía libre a la piratería”.
Después de su promulgación, habrá 90 días para definir el reglamento, por lo que Azurduy adelantó que se trabajará internamente con todos los afiliados a la Cámara para plantear aportes y elaborar un proyecto de reglamentación de ley.
No obstante, se ve a la norma como un gran avance.
“El reglamento definiría la situación, ya que no se puede modificar la ley. Son artículos que tienen interpretaciones muy abiertas y eso tiene que estar claro”, sentenció.
Flores también se refirió a que si bien ya hay una leyes de piratería y derechos de autor, éstas son “bastante obsoletas”, por lo que no se descarta su análisis en un futuro para normar el derecho de autor.
Algunas especificaciones de la ley. Tras 19 años de la solicitud de la creación de la Ley del Libro, ésta contiene temas como la creación de los bancos del libro, la biblioteca permanente y un igual tratamiento a lo que significa la bilioteca pública y privada. Además, prevé la creación de estos recintos en cada distrito del país y la institución del Comité Plurinacional del Libro y la Lectura.
La Ley del Libro y la Lectura Óscar Alfaro fue sancionada el pasado lunes 22 y posteriormente remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, que, según se tenía previsto, debía realizarse ayer por la tarde. La norma, después de ser modificada, deja fuera temas como el derecho de autor y la piratería, aspectos que tanto la Cámara del Libro como editoriales y otras instancias consideraban como esenciales.
Se espera la reglamentación. “Se le da mayor cobertura y amplitud a los escritores bolivianos”, aseguró el presidente de la Comisión de Educación y Salud, Jorge Flores, quien, empero, declaró que la ley “no se refiere al tema de piratería ni al de los derechos de autor”.
Precisó que la normativa tiene modificaciones de forma en los artículos 2, 4, 6, 9 y 15, mientras que en el artículo 8 (de la venta de libros y de las publicaciones) se cambió el contenido en cuanto a la política tributaria y la disposición adicional única. “Justamente en la parte relativa a la producción bibliográfica en el país. La ley será beneficiosa para los bolivianos dentro del nuevo concepto de que empecemos a producir para que los bienes culturales avancen”, dijo. Por lo que se elimina el Impuesto a la Transacción (IT) y el impuesto complementario al IVA.
Por su parte, Carlos Azurduy, miembro de la Cámara y representante de la editorial La Hoguera, señaló que, al no considerarse esos aspectos, “la ley queda coja”, ya que la inclusión de la figura del autor era algo que se había solicitado desde un inicio.
“El autor es el principal protagonista de la ley. No se habla de derechos y tampoco en el caso de las editoriales, libreros y otros. Se tiene vía libre a la piratería”.
Después de su promulgación, habrá 90 días para definir el reglamento, por lo que Azurduy adelantó que se trabajará internamente con todos los afiliados a la Cámara para plantear aportes y elaborar un proyecto de reglamentación de ley.
No obstante, se ve a la norma como un gran avance.
“El reglamento definiría la situación, ya que no se puede modificar la ley. Son artículos que tienen interpretaciones muy abiertas y eso tiene que estar claro”, sentenció.
Flores también se refirió a que si bien ya hay una leyes de piratería y derechos de autor, éstas son “bastante obsoletas”, por lo que no se descarta su análisis en un futuro para normar el derecho de autor.
Algunas especificaciones de la ley. Tras 19 años de la solicitud de la creación de la Ley del Libro, ésta contiene temas como la creación de los bancos del libro, la biblioteca permanente y un igual tratamiento a lo que significa la bilioteca pública y privada. Además, prevé la creación de estos recintos en cada distrito del país y la institución del Comité Plurinacional del Libro y la Lectura.
La bancada del MAS observa proyecto de ley del notariado
Se paralizó el tratamiento del proyecto de ley del notariado hasta lograr consensos y acuerdos. La bancada de senadores del MAS planteó al menos cuatro observaciones fundamentales a la propuesta del Ministerio de Justicia.
La designación de los notarios con carácter indefinido, la regulación económica para los notarios, la dependencia de los notarios de fe pública y sus competencias son algunos de los temas que serán debatidos internamente en el MAS con las organizaciones de notarios y sociales.
“No puede ser indefinida (la designación), se debe precisar los años”, dijo el jefe de la bancada masista, Eugenio Rojas.
El otro tema en cuestión es el trámite de divorcios, que ahora está en manos de los juzgados y con la ley se pretende asignar esta competencia a los notarios.
La ex presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado (MAS) observó que el tema familiar es altamente delicado, por lo que requiere en tratamiento cauteloso al momento de otorgar competencias a los notarios.
Por su parte, el senador Rojas expresó su temor de que este cambio genere una apertura excesiva a los divorcios.
“Cuando dejas abierto, feliz firmas el divorcio y te vas y ¿qué de (será de) la familia y qué (será de ) de los hijos?”, se preguntó el parlamentario oficialista.
La bancada masista planteó sus observaciones a la ministra de Justicia y proyectista, Cecilia Ayllón, quien defendió su propuesta a la conclusión de la reunión con los oficialistas, aunque dijo que al tratarse de una propuesta continuará en revisión.
El senador Rojas también dejó claro que los notarios no dependerán del Consejo de la Magistratura, pero tampoco del Ministerio de Justicia. “Tiene que ser una instancia descentralizada”.
En relación al tema, Ayllón explicó que la Dirección Nacional del Notariado que se plantea en la norma estará bajo la “tuición” de su despacho. El director será designado por el Presidente del Estado de una lista que sea planteada por el Consejo Plurinacional del Notariado, instancia conformada por los ministerios de Justicia, Transparencia, Cancillería y tres representantes de las asociaciones de notarios.
De acuerdo al proyecto que todavía está en debate, el director del Notariado tiene como facultad el nombramiento de los notarios a base de las listas que emita una comisión de calificación que es conformada por el Consejo del Notariado Plurinacional.
“Se pretende equilibrar la selección y elección de los candidatos y el control de la función notarial”, argumentó.
Actualmente, los notarios son elegidos de un proceso de convocatoria pública del Consejo de la Magistratura y son los tribunales departamentales de justicia quienes hacen la designación.
La designación de los notarios con carácter indefinido, la regulación económica para los notarios, la dependencia de los notarios de fe pública y sus competencias son algunos de los temas que serán debatidos internamente en el MAS con las organizaciones de notarios y sociales.
“No puede ser indefinida (la designación), se debe precisar los años”, dijo el jefe de la bancada masista, Eugenio Rojas.
El otro tema en cuestión es el trámite de divorcios, que ahora está en manos de los juzgados y con la ley se pretende asignar esta competencia a los notarios.
La ex presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado (MAS) observó que el tema familiar es altamente delicado, por lo que requiere en tratamiento cauteloso al momento de otorgar competencias a los notarios.
Por su parte, el senador Rojas expresó su temor de que este cambio genere una apertura excesiva a los divorcios.
“Cuando dejas abierto, feliz firmas el divorcio y te vas y ¿qué de (será de) la familia y qué (será de ) de los hijos?”, se preguntó el parlamentario oficialista.
La bancada masista planteó sus observaciones a la ministra de Justicia y proyectista, Cecilia Ayllón, quien defendió su propuesta a la conclusión de la reunión con los oficialistas, aunque dijo que al tratarse de una propuesta continuará en revisión.
El senador Rojas también dejó claro que los notarios no dependerán del Consejo de la Magistratura, pero tampoco del Ministerio de Justicia. “Tiene que ser una instancia descentralizada”.
En relación al tema, Ayllón explicó que la Dirección Nacional del Notariado que se plantea en la norma estará bajo la “tuición” de su despacho. El director será designado por el Presidente del Estado de una lista que sea planteada por el Consejo Plurinacional del Notariado, instancia conformada por los ministerios de Justicia, Transparencia, Cancillería y tres representantes de las asociaciones de notarios.
De acuerdo al proyecto que todavía está en debate, el director del Notariado tiene como facultad el nombramiento de los notarios a base de las listas que emita una comisión de calificación que es conformada por el Consejo del Notariado Plurinacional.
“Se pretende equilibrar la selección y elección de los candidatos y el control de la función notarial”, argumentó.
Actualmente, los notarios son elegidos de un proceso de convocatoria pública del Consejo de la Magistratura y son los tribunales departamentales de justicia quienes hacen la designación.
martes, 23 de abril de 2013
Proyecto de ley autoriza a notarios impartir justicia en los procesos no contenciosos
El proyecto de Ley del Notariado Plurinacional a tratarse en los siguientes días en la Cámara de Diputados asigna nuevas funciones a los notarios de fe pública, como la atribución de impartir justicia en procesos no contenciosos y de procedimiento voluntario.
Con relación a este tema, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, confirmó que el proyecto de Ley del Notariado Plurinacional será analizado la próxima semana por dos comisiones, la de Constitución y de Justicia.
“Esta norma contempla temas estrictamente jurisdiccionales, razón por la que será analizada con mucho cuidado la siguiente semana en una comisión integrada, es decir en la Comisión de Constitución y de Justicia", dijo.
Explicó que la norma reasignará una nueva función a los notarios, adhiriéndose otras tareas más como los “tramites menores que actualmente se llevan en los juzgados que abarrotan la carga procesal”, dijo.
Por su parte la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dio a conocer que esta nueva función que se otorgará a los notarios de fe pública posibilitará alivianar la carga procesal en los juzgados instructores hasta en el 75 por ciento.
“Este objetivo será alcanzado, porque la descongestión del trabajo procesal que no es contenciosa y que actualmente es atendida por los juzgados, será derivada a los notarios de fe pública. Esto tomando en cuenta que no son trámites judiciales", afirmó.
Explicó que la propuesta que será revisada en la Asamblea Legislativa, fue consensuada con los notarios de fe pública a nivel nacional y con los representantes de las organizaciones sociales que vieron por conveniente las facilidades que tendrán al acudir a un notario, cuando requieran de un servicio público.
El proyecto de ley establece que la vía voluntaria notarial es el trámite ante el notario de fe pública por el que se crea notifica o extingue las relaciones jurídicas y procede cuando exista acuerdo entre las parte y este sea libre y voluntario, siempre y cuando no se involucre el derecho de terceras personas.
Establece que los notarios puedan impartir justicia en materia civil y sucesoria en casos como: Adquisición, retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles; deslinde y amojonamiento en predios urbanos; divisiones o participaciones inmobiliarias; aclaración de límites y medianerías; proceso sucesorios sin testamento; división y participación de herencia; apertura de testamentos cerrados y protocolización de memorias testamentarias.
También asumen estas atribuciones en materia familiar, en casos como: Divorcio, disolución de las uniones libres o de hecho, asistencia familiar y permisos de viaje al exterior de menores solicitados por sus padres.
El objetivo de esta determinación es que los notarios puedan resolver este tipo de procesos en el "menor tiempo posible", sin que ello implique intervención de abogados, ni gastos por parte de la ciudadanía, resaltó la ministra, a través de un comunicado de prensa de esa cartera de Estado.
Con relación a este tema, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, confirmó que el proyecto de Ley del Notariado Plurinacional será analizado la próxima semana por dos comisiones, la de Constitución y de Justicia.
“Esta norma contempla temas estrictamente jurisdiccionales, razón por la que será analizada con mucho cuidado la siguiente semana en una comisión integrada, es decir en la Comisión de Constitución y de Justicia", dijo.
Explicó que la norma reasignará una nueva función a los notarios, adhiriéndose otras tareas más como los “tramites menores que actualmente se llevan en los juzgados que abarrotan la carga procesal”, dijo.
Por su parte la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dio a conocer que esta nueva función que se otorgará a los notarios de fe pública posibilitará alivianar la carga procesal en los juzgados instructores hasta en el 75 por ciento.
“Este objetivo será alcanzado, porque la descongestión del trabajo procesal que no es contenciosa y que actualmente es atendida por los juzgados, será derivada a los notarios de fe pública. Esto tomando en cuenta que no son trámites judiciales", afirmó.
Explicó que la propuesta que será revisada en la Asamblea Legislativa, fue consensuada con los notarios de fe pública a nivel nacional y con los representantes de las organizaciones sociales que vieron por conveniente las facilidades que tendrán al acudir a un notario, cuando requieran de un servicio público.
El proyecto de ley establece que la vía voluntaria notarial es el trámite ante el notario de fe pública por el que se crea notifica o extingue las relaciones jurídicas y procede cuando exista acuerdo entre las parte y este sea libre y voluntario, siempre y cuando no se involucre el derecho de terceras personas.
Establece que los notarios puedan impartir justicia en materia civil y sucesoria en casos como: Adquisición, retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles; deslinde y amojonamiento en predios urbanos; divisiones o participaciones inmobiliarias; aclaración de límites y medianerías; proceso sucesorios sin testamento; división y participación de herencia; apertura de testamentos cerrados y protocolización de memorias testamentarias.
También asumen estas atribuciones en materia familiar, en casos como: Divorcio, disolución de las uniones libres o de hecho, asistencia familiar y permisos de viaje al exterior de menores solicitados por sus padres.
El objetivo de esta determinación es que los notarios puedan resolver este tipo de procesos en el "menor tiempo posible", sin que ello implique intervención de abogados, ni gastos por parte de la ciudadanía, resaltó la ministra, a través de un comunicado de prensa de esa cartera de Estado.
lunes, 22 de abril de 2013
Nuevo Código de Procedimiento Penal pondrá fin a detenciones preventivas
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, afirmó que el nuevo Código de Procedimiento Penal, que será debatido en el legislativo, establecería que se eviten las detenciones preventivas para acabar con el hacinamiento de cárceles, excepto cuando se detecte riesgo de fuga o peligro de obstaculización del proceso.
El legislador cree que la intención de la Ley de Procedimiento Penal 1970, aprobada en 1999, tenía como objetivo eliminar el hacinamiento de centros penitenciarios, sin embargo, en todos sus años de aplicación, el 82 por ciento de las personas recluidas son por detención preventiva, lo que prevé ser cambiado en la nueva norma.
El nuevo Código de Procedimiento Penal estaría siendo trabajando en el Ministerio de Justicia y se prevé que en próximas semanas sea presentado a la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación.
La Ley 1970 en su artículo 232, Improcedencia de la detención preventiva, establece que no procede la detención preventiva en los siguientes casos: En los delitos de acción privada; en aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad; y en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años. En estos casos únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en el Artículo 240 de este Código.
Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa.
El artículo 233º Requisitos para la detención preventiva, establece que: Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.
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El legislador cree que la intención de la Ley de Procedimiento Penal 1970, aprobada en 1999, tenía como objetivo eliminar el hacinamiento de centros penitenciarios, sin embargo, en todos sus años de aplicación, el 82 por ciento de las personas recluidas son por detención preventiva, lo que prevé ser cambiado en la nueva norma.
El nuevo Código de Procedimiento Penal estaría siendo trabajando en el Ministerio de Justicia y se prevé que en próximas semanas sea presentado a la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación.
La Ley 1970 en su artículo 232, Improcedencia de la detención preventiva, establece que no procede la detención preventiva en los siguientes casos: En los delitos de acción privada; en aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad; y en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años. En estos casos únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en el Artículo 240 de este Código.
Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa.
El artículo 233º Requisitos para la detención preventiva, establece que: Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.
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Mediante una ley fijarán precios máximos para los medicamentos
El costo de los medicamentos, desde una aspirina hasta una medicina contra el cáncer, tendrá un precio tope con la Ley del Medicamento, que fue elaborada para que todos los fármacos sean accesibles para la población. Según el Ministerio de Salud, ya existe el acuerdo con los sectores involucrados.
La cartera de Estado y los sectores involucrados (profesionales en salud, importadores, laboratorios y cadenas de farmacias) tendrán la obligación, a través de una entidad reguladora, de fijar los precios máximos, con base en costos reales de materia prima y producto terminado, según el artículo 10 del proyecto denominado Ley de Responsabilidad de Manejo, Distribución, Expendio de Medicamentos y Establecimientos Farmacéuticos.
“Con la norma buscamos que a ningún boliviano le falte un medicamento, que el control de los costos esté a cargo del Estado, a precios únicos, y que se acabe el monopolio de las farmacias”, declaró el diputado Edwin Tupa (MAS), uno de los impulsores de la ley.
La titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias de La Paz, Claudia Paredes, especificó que otro de los beneficios del proyecto es que el Estado se hará cargo de la importación de los fármacos que se requieren para tratamientos contra el cáncer u otras enfermedades complicadas.
“Las medicinas contra el cáncer son muy caras en el país, hay desde Bs 500, por ampolla o píldora, hasta Bs 14 mil; pero si el Estado se hace cargo de la compra y la distribución, el costo bajará y será más accesible”, indicó.
Según la explicación de la profesional, al fijar los precios máximos para acceder a todo tipo de medicamentos, un mayor acceso estará asegurado porque el precio en las farmacias será uniforme. “Además se establece que los fármacos serán comercializados según su nombre genérico, porque la marca hace que suba el costo de un determinado medicamento”, agregó.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, explicó que la fijación de precios máximos ya fue consensuada con las farmacias privadas, cadenas, importadoras y laboratorios. Puso como ejemplo que si una aspirina se vende en las ciudades a Bs 0.50, podría subir su precio, como máximo, a Bs 0,70 en las farmacias del área rural.
“Los sectores acordaron tener una franja de costos de los medicamentos, es decir un precio mínimo y máximo, con el objetivo de que todos puedan acceder a los fármacos”, manifestó la autoridad. Clara Ortega, presidenta de la Asociación Nacional de Profesionales y Propietarios de Farmacias (Ansprofar), confirmó el consenso para fijar precios máximos. “Tuvimos varias reuniones porque queremos que los medicamentos sean accesibles para toda la población”.
Para Edwin Saucedo, regente de una agencia de La Paz de la cadena FarmaCorp, la empresa tiene productos a precios accesibles e incluso más bajos que en el mercado, por lo que no les afectará el límite de costos.
Sin embargo, el representante de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Fármacos de Bolivia (Asofar), Óscar Medina, aseguró que ni el precio u otro aspecto de la norma propuesta fue consensuado en su totalidad con los sectores.
A pedido de la dirigencia de la Asociación Nacional de Profesionales Propietarios de Farmacias (Ansprofar), el Gobierno elaboró una nueva norma en 2010 y así dejar sin efecto la Ley 1737, promulgada en 1996, que establece la libre oferta y demanda en el costo de los medicamentos.
Prohibirán presencia de visitadores en hospitales
La Ley del Medicamento prohibirá la presencia de visitadores o promotores médicos en centros o establecimientos de salud del sector público y la seguridad social a corto plazo, además de las farmacias privadas.
El incumplimiento a la norma será sancionado por la vía administrativa, civil o penal. Esta es una de 28 restricciones que contempla el proyecto al que tuvo acceso La Razón.
El argumento para esta prohibición surge con el propósito de evitar que la población sea inducida a la automedicación o a la compra de determinados medicamentos importados.
También está prohibida la entrega de muestras de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, sea como incentivos de venta, apoyo, que induzcan a la venta, bonificaciones y regalos.
La comercialización de los medicamentos a través de los medios masivos de comunicación como internet, prensa oral y escrita quedarán restringidos, al igual que los fármacos de donación o programas de estrategia nacional.
Respecto a las farmacias, las prohibiciones consisten en que no pueden realizar acciones de publicidad ni incentivos de venta que induzcan al consumo de automedicación o uso irracional del medicamento.
También se restringe la aplicación de inyectables u otras soluciones, solo deben regirse a la dispensación médica.
En los establecimientos farmacéuticos no puede haber cabinas telefónicas y/o cajeros automáticos que imposibiliten la entrega de las medicinas.
Estará prohibida la comercialización de cualquier tipo de fármacos en las calles, mercados, plazas o ferias, supermercados, tiendas de barrio, entre otros.
También se controlará la adulteración o falsificación de los medicamentos, tanto de la industria nacional como los importados.
No se permitirá el cierre de laboratorios industriales farmacéuticos sin previa notificación a la autoridad reguladora.
Según el proyecto, las contravenciones a las restricciones serán sancionadas de acuerdo con los antecedentes, la gravedad de la falta y sus consecuencias, desde el punto de vista sanitario.
Los montos de las sanciones económicas se cobrarán a simple notificación del infractor y tendrán que ser cancelados al tercer día de la notificación. El Ministerio de Salud habilitará una cuenta para que el dinero sea depositado a esa instancia.
El proyecto será enviado a UDAPE
El proyecto de Ley de Medicamentos será remitido a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) hasta antes de junio, anunció el viceministro de Salud, Martín Maturano.
“Previamente se agotarán todos los espacios de consenso con los sectores y luego lo derivaremos a UDAPE para su análisis”, dijo.
La autoridad explicó que tras esa instancia, el documento será enviado al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) para que la entidad apruebe el proyecto y lo derive al gabinete de ministros.
El representante de la Asociación de Representantes de Importadores y Distribuidores de Fármacos de Bolivia (Asofar), Óscar Medina, indicó que no hay avances y el documento se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Maturano aseguró que una vez que el proyecto sea entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, empezará su tratamiento en detalle. “Hubo observaciones al primer proyecto cuando se analizó en grande, por eso se consensuó con los sectores, y creemos que será enviado más rápido a la plenaria para su tratamiento en detalle y luego pasará al Senado”.
No soluciona el acceso a los fármacos
Por Guillermo Cuentas Yáñez
En Bolivia tenemos fetichismo legal, ante cualquier problema creemos que una ley lo solucionará. Sin embargo, en el país el problema que tenemos es el acceso de la población al medicamento gratuito, pero eso no se soluciona con una nueva Ley de Medicamentos .
Podemos tener en Bolivia la mejor ley del mundo, pero el gran desafío es que el ciudadano boliviano pueda acceder al medicamento, porque de qué sirve romper el monopolio de las cadenas de farmacias si igual el acceso a los fármacos es restringido.
Todos estamos de acuerdo con que se priorice la prescripción de fármacos genéricos, que cuesten menos, que se anulen los monopolios y que las farmacias trabajen las 24 horas, pero igual cuestan y la población no está en condiciones de acceder porque no hay un sistema universal de salud.
Los medicamentos oncológicos, los corticoides y otros que son para las enfermedades graves son caros y eso es lo que debería ver el Estado.
El proyecto se hace a pedido de la Asociación de Farmacias que quiere evitar el monopolio y además pretende eliminar a los visitadores médicos. Es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, es una pelea contra los laboratorios, importadores, cadenas de farmacias y visitadores médicos, es una ley corporativa de un grupo de ciudadanos con la misma lógica corporativa y fetichismo legal que creen que los problemas de Bolivia se solucionan con leyes.
Una ley garantizará igualdad de trato a los migrantes bolivianos
Bolivia suspenderá por reciprocidad los beneficios de los extranjeros, logrados a través de convenios binacionales, en naciones donde se restrinjan y no se respeten estas ventajas acordadas para los migrantes bolivianos, según establece el proyecto de Ley de Migración que el jueves fue sancionado en Diputados.
Esta disposición está contemplada en el artículo referido a las “garantías de aplicación del principio de reciprocidad” en el artículo 51, que establece que el Estado boliviano podrá romper un acuerdo de beneficios para migrantes de ambas naciones, el país donde no se respete los derechos de los bolivianos.
El artículo señala “en tanto se afecte gravemente el principio de reciprocidad, el Estado boliviano podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a las bolivianas y bolivianos que se encuentren en el territorio de dichos Estados como residentes o turistas, sin restringir los derechos fundamentales”.
Además se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Misiones Diplomáticas y Consulares, promoverá el respeto y protección de los derechos fundamentales de las y los bolivianos en el exterior.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza, explicó que el proyecto de ley tiene como principal espíritu proteger los derechos de los ciudadanos bolivianos en el exterior del país.
“Esto conlleva una serie de medidas que tienen que ver con el respaldo a la libertad migratoria a partir de lo que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores”, aseveró.
Además dijo que los bolivianos en el extranjero serán protegidos para garantizar la igualdad de trato por el Estado con los nacionales de aquellos países receptores a través de convenios internacionales con otras naciones.
El proyecto de ley fue aprobado con algunas modificaciones de forma y fondo días atrás en el Senado y fue devuelto a la Cámara de Diputados para que sea sancionado.
Al mismo tiempo, la norma autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores suscribir convenios y gestionar iniciativas con organismos internacionales que permitan el adecuado reconocimiento de los derechos de los migrantes.
De la misma forma, la norma habilita a representaciones diplomáticas de Bolivia a proteger y asistir a víctimas bolivianas de violencia, trata y tráfico de personas o delitos conexos.
El senador Mendoza explicó que el Estado garantiza a los bolivianos y extranjeros el goce y ejercicio de todos los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, sin distinción, exclusión o preferencia fundada en el sexo, color, edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, estado civil, condición económica, social, política, grado de instrucción, discapacidad u otras orientadas a menoscabar la vigencia de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución.
ALCANCES PARA MIGRANTES La senadora opositora (CN) Senta Reck explicó que la norma establece que las misiones consulares deberán trabajar en las gestiones y dotación de documentos públicos.
Además dijo que se debe lograr que los migrantes bolivianos en el exterior accedan al registro y participación democrática en los procesos electorales del Estado Plurinacional de Bolivia en el extranjero, conforme a normativa;
“Otro tema importante es que la ley obliga a las embajadas y misiones consulares a la implementación de mecanismos para asistencia jurídica en materia penal a los connacionales detenidos y/o condenados en cárceles del exterior”, afirmó.
La medida legal también pide coadyuvar en la repatriación de restos humanos de bolivianos fallecidos en el exterior, principalmente a las familias de extrema vulnerabilidad.
“Abrir espacios de denuncias de violación a los derechos, principalmente de las mujeres pudiendo denunciarse el acoso sexual y laboral en los consulados, garantizando la capacitación y sensibilización del personal consular en los derechos de las mujeres migrantes”, señala la medida legal.
El proyecto de Ley del Migrante señala como objetivo regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado; coordinar políticas migratorias que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras, de conformidad a la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado y normas vigentes.
Crearán el Consejo Nacional de Migración
La medida legal establece la creación del Consejo Nacional de Migración como la instancia de coordinación, cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones migratorias. Está constituido por los ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y Trabajo y otros cuando se requiera convocarlos sobre temas de sus respectivas competencias.
Tiene las siguientes facultades y atribuciones:
- Gestionar las políticas públicas migratorias, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales migratorias.
- Gestionar el régimen migratorio a nivel nacional.
- Gestionar la emisión y control de pasaportes corrientes.
- Gestionar el Registro Nacional de Extranjeros y el Registro Nacional de Arraigos.
- Conceder a favor de las personas refugiadas los documentos de viaje y visa de permanencia indefinida.
- Conceder, anular, cancelar permanencias definitivas.
- Conceder, anular, cancelar o prorrogar las permanencias temporales.
- Resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados que, directa o indirectamente, infringieran la Constitución y las leyes.
- Otorgar y reconocer la nacionalidad boliviana de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
- Regularizar permanencias temporales o definitivas.
- Crear y controlar puestos fronterizos migratorios.
- Gestionar la información y datos estadísticos migratorios para un correcto diseño de las políticas públicas.
- Fiscalizar y sancionar a las personas individuales y a las personas jurídicas que tuvieran relación con el movimiento migratorio.
El Estado apoyará a los compatriotas que retornen
La Ley de Migración establece ayuda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al retorno al país de los bolivianos con sus enseres de quienes puedan estar atravesando momentos complicados en otras naciones.
La diputada Ingrid Zabala explicó que con esta medida se busca mejorar la vida de los bolivianos que residen en otros países y ayudar a compatriotas que desean retornar a Bolivia después de una mala experiencia, para lo que se establece el apoyo del Gobierno.
“La propuesta de ley considera el retorno de bolivianas y bolivianos, que habiendo salido del país y no encontrado las condiciones que tenían esperanzados, ellos vuelven al país. Con esta ley se busca garantizar el apoyo del Estado para la reintegración local para los bolivianos que regresan”, explicó.
El artículo 55 de la medida legal señala “el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de sus Misiones Consulares, coadyuvará en la ejecución de planes, programas o proyectos de repatriación o retorno de bolivianas y bolivianos y sus familias al país, cuando estos lo soliciten organizadamente, a cuyo efecto podrá suscribir convenios o acuerdos con Organismos Internacionales Gubernamentales o no Gubernamentales especializados en la temática”.
Sobre las facilidades de retorno, la norma especifica que las bolivianas y bolivianos que voluntariamente decidan retornar al país a través de los planes, programas o proyectos de repatriación que se organicen, podrán beneficiarse de facilidades en el traslado de sus enseres personales (bienes del hogar, herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos relacionados con su ocupación y equipaje) libre de aranceles de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes,
El requisito para este beneficio, dijo la diputada Zabala, se dará siempre y cuando haya residido más de dos años en el exterior y conforme a lo establecido en Resolución Administrativa, emitida para el efecto por la Dirección General de Aduanas.
Para este fin, dijo, el Gobierno deberá trabajar en los mecanismos de apoyo para los compatriotas que retornen, sobre todo, considerando que uno de los factores de su migración fue el tema económico.
DESTINOS Los migrantes bolivianos cambiaron en los últimos años de destino de España y Estados Unidos a países de Sudamérica, producto de la crisis internacional que generó desempleo y afectó fundamentalmente a los foráneos, según un informe del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
El número de migrantes bolivianos sigue en ascenso, pero con destinos a Chile, Argentina, Brasil y Perú, principalmente.
El director ejecutivo de Capítulo, Víctor Vacaflores Pereira, señaló que se evidenció en los registros de migración que cada vez más bolivianos migran a países sudamericanos y no así a Europa y Norteamérica, como sucedía años atrás.
Uno de los principales factores para que se registre este cambio de destino en los bolivianos es por la crisis económica en los países europeos y EEUU.
Considerando los datos y estimaciones que realizan las instituciones de migración, la población migrante boliviana es de un 20 y 25 por ciento del total de los bolivianos (10 millones), del cual más del 50 por ciento migra a los países vecinos.
Vacaflores considera que el hecho de que el 20 por ciento de la población esté fuera de Bolivia ya “es grave”, debido a que todos los países registran una alarma cuando el porcentaje es mayor al 10 por ciento , porque se trata de mucha población.
Esta disposición está contemplada en el artículo referido a las “garantías de aplicación del principio de reciprocidad” en el artículo 51, que establece que el Estado boliviano podrá romper un acuerdo de beneficios para migrantes de ambas naciones, el país donde no se respete los derechos de los bolivianos.
El artículo señala “en tanto se afecte gravemente el principio de reciprocidad, el Estado boliviano podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a las bolivianas y bolivianos que se encuentren en el territorio de dichos Estados como residentes o turistas, sin restringir los derechos fundamentales”.
Además se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Misiones Diplomáticas y Consulares, promoverá el respeto y protección de los derechos fundamentales de las y los bolivianos en el exterior.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza, explicó que el proyecto de ley tiene como principal espíritu proteger los derechos de los ciudadanos bolivianos en el exterior del país.
“Esto conlleva una serie de medidas que tienen que ver con el respaldo a la libertad migratoria a partir de lo que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores”, aseveró.
Además dijo que los bolivianos en el extranjero serán protegidos para garantizar la igualdad de trato por el Estado con los nacionales de aquellos países receptores a través de convenios internacionales con otras naciones.
El proyecto de ley fue aprobado con algunas modificaciones de forma y fondo días atrás en el Senado y fue devuelto a la Cámara de Diputados para que sea sancionado.
Al mismo tiempo, la norma autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores suscribir convenios y gestionar iniciativas con organismos internacionales que permitan el adecuado reconocimiento de los derechos de los migrantes.
De la misma forma, la norma habilita a representaciones diplomáticas de Bolivia a proteger y asistir a víctimas bolivianas de violencia, trata y tráfico de personas o delitos conexos.
El senador Mendoza explicó que el Estado garantiza a los bolivianos y extranjeros el goce y ejercicio de todos los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, sin distinción, exclusión o preferencia fundada en el sexo, color, edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, estado civil, condición económica, social, política, grado de instrucción, discapacidad u otras orientadas a menoscabar la vigencia de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución.
ALCANCES PARA MIGRANTES La senadora opositora (CN) Senta Reck explicó que la norma establece que las misiones consulares deberán trabajar en las gestiones y dotación de documentos públicos.
Además dijo que se debe lograr que los migrantes bolivianos en el exterior accedan al registro y participación democrática en los procesos electorales del Estado Plurinacional de Bolivia en el extranjero, conforme a normativa;
“Otro tema importante es que la ley obliga a las embajadas y misiones consulares a la implementación de mecanismos para asistencia jurídica en materia penal a los connacionales detenidos y/o condenados en cárceles del exterior”, afirmó.
La medida legal también pide coadyuvar en la repatriación de restos humanos de bolivianos fallecidos en el exterior, principalmente a las familias de extrema vulnerabilidad.
“Abrir espacios de denuncias de violación a los derechos, principalmente de las mujeres pudiendo denunciarse el acoso sexual y laboral en los consulados, garantizando la capacitación y sensibilización del personal consular en los derechos de las mujeres migrantes”, señala la medida legal.
El proyecto de Ley del Migrante señala como objetivo regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado; coordinar políticas migratorias que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras, de conformidad a la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado y normas vigentes.
Crearán el Consejo Nacional de Migración
La medida legal establece la creación del Consejo Nacional de Migración como la instancia de coordinación, cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones migratorias. Está constituido por los ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y Trabajo y otros cuando se requiera convocarlos sobre temas de sus respectivas competencias.
Tiene las siguientes facultades y atribuciones:
- Gestionar las políticas públicas migratorias, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales migratorias.
- Gestionar el régimen migratorio a nivel nacional.
- Gestionar la emisión y control de pasaportes corrientes.
- Gestionar el Registro Nacional de Extranjeros y el Registro Nacional de Arraigos.
- Conceder a favor de las personas refugiadas los documentos de viaje y visa de permanencia indefinida.
- Conceder, anular, cancelar permanencias definitivas.
- Conceder, anular, cancelar o prorrogar las permanencias temporales.
- Resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados que, directa o indirectamente, infringieran la Constitución y las leyes.
- Otorgar y reconocer la nacionalidad boliviana de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
- Regularizar permanencias temporales o definitivas.
- Crear y controlar puestos fronterizos migratorios.
- Gestionar la información y datos estadísticos migratorios para un correcto diseño de las políticas públicas.
- Fiscalizar y sancionar a las personas individuales y a las personas jurídicas que tuvieran relación con el movimiento migratorio.
El Estado apoyará a los compatriotas que retornen
La Ley de Migración establece ayuda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al retorno al país de los bolivianos con sus enseres de quienes puedan estar atravesando momentos complicados en otras naciones.
La diputada Ingrid Zabala explicó que con esta medida se busca mejorar la vida de los bolivianos que residen en otros países y ayudar a compatriotas que desean retornar a Bolivia después de una mala experiencia, para lo que se establece el apoyo del Gobierno.
“La propuesta de ley considera el retorno de bolivianas y bolivianos, que habiendo salido del país y no encontrado las condiciones que tenían esperanzados, ellos vuelven al país. Con esta ley se busca garantizar el apoyo del Estado para la reintegración local para los bolivianos que regresan”, explicó.
El artículo 55 de la medida legal señala “el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de sus Misiones Consulares, coadyuvará en la ejecución de planes, programas o proyectos de repatriación o retorno de bolivianas y bolivianos y sus familias al país, cuando estos lo soliciten organizadamente, a cuyo efecto podrá suscribir convenios o acuerdos con Organismos Internacionales Gubernamentales o no Gubernamentales especializados en la temática”.
Sobre las facilidades de retorno, la norma especifica que las bolivianas y bolivianos que voluntariamente decidan retornar al país a través de los planes, programas o proyectos de repatriación que se organicen, podrán beneficiarse de facilidades en el traslado de sus enseres personales (bienes del hogar, herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos relacionados con su ocupación y equipaje) libre de aranceles de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes,
El requisito para este beneficio, dijo la diputada Zabala, se dará siempre y cuando haya residido más de dos años en el exterior y conforme a lo establecido en Resolución Administrativa, emitida para el efecto por la Dirección General de Aduanas.
Para este fin, dijo, el Gobierno deberá trabajar en los mecanismos de apoyo para los compatriotas que retornen, sobre todo, considerando que uno de los factores de su migración fue el tema económico.
DESTINOS Los migrantes bolivianos cambiaron en los últimos años de destino de España y Estados Unidos a países de Sudamérica, producto de la crisis internacional que generó desempleo y afectó fundamentalmente a los foráneos, según un informe del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
El número de migrantes bolivianos sigue en ascenso, pero con destinos a Chile, Argentina, Brasil y Perú, principalmente.
El director ejecutivo de Capítulo, Víctor Vacaflores Pereira, señaló que se evidenció en los registros de migración que cada vez más bolivianos migran a países sudamericanos y no así a Europa y Norteamérica, como sucedía años atrás.
Uno de los principales factores para que se registre este cambio de destino en los bolivianos es por la crisis económica en los países europeos y EEUU.
Considerando los datos y estimaciones que realizan las instituciones de migración, la población migrante boliviana es de un 20 y 25 por ciento del total de los bolivianos (10 millones), del cual más del 50 por ciento migra a los países vecinos.
Vacaflores considera que el hecho de que el 20 por ciento de la población esté fuera de Bolivia ya “es grave”, debido a que todos los países registran una alarma cuando el porcentaje es mayor al 10 por ciento , porque se trata de mucha población.
sábado, 20 de abril de 2013
Proyecto de Ley de Código Procesal Civil ingresa a plenaria
El proyecto de Ley de Código Procesal Civil, buscará una activa participación de los sujetos involucrados en la controversia que se presente, para reducir los procedimientos, y valorizar el tiempo como factor de economía a favor del litigante informó el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.
El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Constitución esta semana dando lugar a una socialización a los sectores involucrados con el tema.
“El nuevo Código Procesal Civil plantea un nuevo escenario dentro de los juicios civiles, donde la oralidad marca la pauta esencial introduciendo instrumentos y procedimientos modernos para que los litigantes resuelvan sus problemas judiciales de manera rápida”, dijo Arce.
Explicó que la gran cualidad de la oralidad contribuirá a un mayor acceso a la justicia de toda la población boliviana en igualdad de condiciones, cuando las controversias entre particulares con el estado se presenten, simplificando el procedimiento, agilizará las causas, “para transparentar las actuaciones judiciales, para que el proceso sea sencillo, práctico y sobretodo más humano”.
El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Constitución esta semana dando lugar a una socialización a los sectores involucrados con el tema.
“El nuevo Código Procesal Civil plantea un nuevo escenario dentro de los juicios civiles, donde la oralidad marca la pauta esencial introduciendo instrumentos y procedimientos modernos para que los litigantes resuelvan sus problemas judiciales de manera rápida”, dijo Arce.
Explicó que la gran cualidad de la oralidad contribuirá a un mayor acceso a la justicia de toda la población boliviana en igualdad de condiciones, cuando las controversias entre particulares con el estado se presenten, simplificando el procedimiento, agilizará las causas, “para transparentar las actuaciones judiciales, para que el proceso sea sencillo, práctico y sobretodo más humano”.
Legisladores descartan el tratamiento de ley de fuga
Los legisladores de Oposición y del oficialismo descartaron ayer el tratamiento de una ley de Fuga, para terminar con el sicarito en Bolivia, siendo una propuesta expresada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ante los últimos sucesos de delincuencia en la ciudad de Santa Cruz. Los diputados señalaron que la Constitución Política del Estado no permite la creación de dicha norma.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Cale, señaló que no existe una norma que viabilice terminar con el sicariato con un asesinato a mano armada, a su juicio seria atentar contra los derechos humanos, puesto que ni las legislaciones internacionales tienen esta determinación.
“La Ley de Fuga no está establecido en nuestra legislación, mucho menos en la Constitución Política del Estado (CPE) en nuestro país, sin embargo el ministro ha culminado a los policías a cumplir con su trabajo, eso quiere decir que ellos tienen que hacer todos sus esfuerzos para que puedan aprehender a los sicarios en particular”, dijo.
Asimismo, el legislador recordó que existe una norma donde los efectivos policiales pueden usar el arma de fuego, para resguardar su vida, frente a un intento de asesinato a mano armada en su contra.
“Pero si existe dentro del Código de Procedimiento Penal, donde establece que la policía boliviana al detener a los delincuentes, y al recibir alguna forma de agresión física, o intento de asesinato, respondan también con algunos disparos. Ellos (policía) pueden usar su arma de fuego, primero para proteger la vida del policía y posteriormente dar cumplimiento a la aprehensión”, señaló.
Al respecto la diputada de Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, a tiempo de expresar su preocupación ante la ola de delincuencia que se vive principalmente en Santa Cruz, dijo que El gobierno debe asumir una política de Estado para estructurar la seguridad boliviana.
“Existe desesperación, para terminar con el sicariato, pero esa no es la forma, sino de crear políticas de Estado, tomar otras acciones, para acabar esta problemática que se refleja claramente, porque existe mucho narcotráfico en el país y debe ser controlado desde ese punto, poro la ley no es viable”, señaló.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Cale, señaló que no existe una norma que viabilice terminar con el sicariato con un asesinato a mano armada, a su juicio seria atentar contra los derechos humanos, puesto que ni las legislaciones internacionales tienen esta determinación.
“La Ley de Fuga no está establecido en nuestra legislación, mucho menos en la Constitución Política del Estado (CPE) en nuestro país, sin embargo el ministro ha culminado a los policías a cumplir con su trabajo, eso quiere decir que ellos tienen que hacer todos sus esfuerzos para que puedan aprehender a los sicarios en particular”, dijo.
Asimismo, el legislador recordó que existe una norma donde los efectivos policiales pueden usar el arma de fuego, para resguardar su vida, frente a un intento de asesinato a mano armada en su contra.
“Pero si existe dentro del Código de Procedimiento Penal, donde establece que la policía boliviana al detener a los delincuentes, y al recibir alguna forma de agresión física, o intento de asesinato, respondan también con algunos disparos. Ellos (policía) pueden usar su arma de fuego, primero para proteger la vida del policía y posteriormente dar cumplimiento a la aprehensión”, señaló.
Al respecto la diputada de Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, a tiempo de expresar su preocupación ante la ola de delincuencia que se vive principalmente en Santa Cruz, dijo que El gobierno debe asumir una política de Estado para estructurar la seguridad boliviana.
“Existe desesperación, para terminar con el sicariato, pero esa no es la forma, sino de crear políticas de Estado, tomar otras acciones, para acabar esta problemática que se refleja claramente, porque existe mucho narcotráfico en el país y debe ser controlado desde ese punto, poro la ley no es viable”, señaló.
viernes, 19 de abril de 2013
Comisión aprueba ley para declarar 2 de diciembre como Día del Lustra Calzados
La Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que declara el 2 de diciembre como el “Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados”.
El subjefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Diputados, Jorge Medina, informó a los medios estatales que inicialmente ese proyecto sugería que se celebre el primer lunes de diciembre de cada año, pero se optó por definir que la fecha sea el 2 de diciembre.
“Hemos aprobado el proyecto del Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados con algunas modificaciones, la más importante, que se define que el 2 de diciembre se declare como el Día destinado a este sector”, dijo.
El proyecto establece que los gobiernos autónomos municipales quedan facultados para elaborar un registro de todos los trabajadores y trabajadoras lustra calzados en sus respectivos municipios, con el fin de acceder al servicio gratuito de salud durante “todo el año”.
“Se establece además que serán los Gobiernos Autónomos Departamentales los que garanticen la atención de los servicios de salud y dotación de medicamentos en los hospitales de tercer nivel, según sus competencias. Asimismo las Alcaldías deberán garantizar lo propio en los hospitales de primer y segundo nivel”, complementó el legislador afroboliviano.
El proyecto de ley consta de tres artículos y dos disposiciones finales y ya fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El subjefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Diputados, Jorge Medina, informó a los medios estatales que inicialmente ese proyecto sugería que se celebre el primer lunes de diciembre de cada año, pero se optó por definir que la fecha sea el 2 de diciembre.
“Hemos aprobado el proyecto del Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados con algunas modificaciones, la más importante, que se define que el 2 de diciembre se declare como el Día destinado a este sector”, dijo.
El proyecto establece que los gobiernos autónomos municipales quedan facultados para elaborar un registro de todos los trabajadores y trabajadoras lustra calzados en sus respectivos municipios, con el fin de acceder al servicio gratuito de salud durante “todo el año”.
“Se establece además que serán los Gobiernos Autónomos Departamentales los que garanticen la atención de los servicios de salud y dotación de medicamentos en los hospitales de tercer nivel, según sus competencias. Asimismo las Alcaldías deberán garantizar lo propio en los hospitales de primer y segundo nivel”, complementó el legislador afroboliviano.
El proyecto de ley consta de tres artículos y dos disposiciones finales y ya fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Sancionan Ley de Seguro para entidades públicas
La tarde de ayer, la Cámara Alta aprobó en grande y detalle el proyecto de Ley de Seguros de Fianzas para Entidades y Empresas Públicas, norma con la que se garantizará que las fianzas (garantías económicas) entregadas a las Entidades del Estado sean simples y fáciles de ejecutar.
“Cuando una empresa ejecuta una obra tiene que dejar garantías para la ejecución o adquisición, esto afecta mucho a las instituciones del Estado, las alcaldías, gobernaciones, ministerios, cuando ejecutan obras, tienen plazos, incluso anticipos y la Ley es para que atiendan cuando hay daño económico al Estado”, dijo el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas.
De acuerdo con la Ley el objetivo es apoyar financieramente operaciones de cesión de cartera directa y por pagar, de entidades aseguradoras en proceso de intervención para su liquidación forzosa por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Planificación, Mirtha Da Costa, explicó que el Fondo estará conformado por aportes de las propias Entidades Aseguradoras, con el objetivo de coadyuvar al pago de siniestros, en caso de que alguna Compañía de Seguros quiebre por una crisis.
“De esta forma, el propio sistema de seguros garantiza a los asegurados el correcto e íntegro pago de las indemnizaciones por siniestros, así como la continuidad de vigencia de sus seguros, aún en caso de que estas entidades quiebren por insolvencia”, afirmó.
“Cuando una empresa ejecuta una obra tiene que dejar garantías para la ejecución o adquisición, esto afecta mucho a las instituciones del Estado, las alcaldías, gobernaciones, ministerios, cuando ejecutan obras, tienen plazos, incluso anticipos y la Ley es para que atiendan cuando hay daño económico al Estado”, dijo el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas.
De acuerdo con la Ley el objetivo es apoyar financieramente operaciones de cesión de cartera directa y por pagar, de entidades aseguradoras en proceso de intervención para su liquidación forzosa por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Planificación, Mirtha Da Costa, explicó que el Fondo estará conformado por aportes de las propias Entidades Aseguradoras, con el objetivo de coadyuvar al pago de siniestros, en caso de que alguna Compañía de Seguros quiebre por una crisis.
“De esta forma, el propio sistema de seguros garantiza a los asegurados el correcto e íntegro pago de las indemnizaciones por siniestros, así como la continuidad de vigencia de sus seguros, aún en caso de que estas entidades quiebren por insolvencia”, afirmó.
Lo critican por instruir la Ley de fuga; él insta a no politizar
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, recibió una lluvia de críticas por pedir a la Policía que aplique la ‘ley de fuga’ y entregue de manera inmediata ‘vivo o muerto’ al sicario que asesinó a sangre fría a Honorio Rodríguez.
El titular del Tribunal Constitucional, consultado por los medios, dijo que la ‘ley de fuga’ es anticonstitucional, mientras que parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) opinaron que el planteamiento del ministro “está fuera de contexto y demuestra desesperación del Gobierno” porque no logra poner fin a la inseguridad ciudadana.
“Con medidas desesperadas como la ‘ley de fuga’, se va a legalizar una serie de mecanismos en las que los ciudadanos van a terminar haciendo justicia por mano propia”, expresó el diputado Juan Luis Gantier (CN).
Por su parte, la diputada Maira Paz (CN) pidió al Gobierno un plan serio para frenar la ola de criminalidad.
Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, calificó de irresponsable las declaraciones del ministro. “Va a incrementar la violencia. La Policía se va a sentir con derecho de creer que cualquier criminal debe ser ajusticiado”, dijo.
El ministro pidió no politizar el tema de la seguridad ciudadana, porque esto solo contribuye a generar sensación de inseguridad en la gente y eso echa por tierra todo lo que se hace para combatir el delito.
Convocó una movilización nacional para ‘barrer’ las organizaciones criminales. “Pido a los policías que traten a los criminales como son y que golpee duro”.
LA CRUZADA CONTRA LA INSEGURIDAD QUE PLANTEA EL GOBIERNO
Trabajo conjunto
Que poderes del Estado, entidades públicas y privadas, y organizaciones sociales unan esfuerzos y colaboren con la tarea de seguridad. La Policía, sola, no podrá combatir el delito. Leyes y programas contra la inseguridad existen, solo se requiere ponerlos en práctica.
Control a los extranjeros
Que Migración no solo registre la entrada y salida de extranjeros, sino que elabore una base de datos y la conecte con los registros de hoteles, medios de transporte, puntos fronterizos, etc., para saber si el que ingresa al país tienen o no antecedentes.
Control territorial
Si el vecino informa a la Policía todo lo que sucede en su barrio, se podrá lograr un control territorial.
Cámaras de seguridad
Se han instalado 130 cámaras en la urbe cruceña, con una inversión de Bs 10 millones. Cada uno de estos equipos permite saber lo que está pasando 400 metros a la redonda. Se sugiere que con los recursos municipales y de las gobernaciones se instalen más cámaras.
Criminales reincidentes
Según las estadísticas, los delincuentes mayores son reos reincidentes. Los operadores de justicia deben revisar bien antes de darles libertad.
Mejor utilización de recursos
Los municipios y las gobernaciones manejan Bs 470 millones para seguridad. Con $us 250 millones se pueden construir 50 estaciones policiales.
FRASES
“En los últimos 30 casos resueltos fueron detenidas 80 a 87 personas, pero salieron de la cárcel con autorización de fiscales y jueces".
Jorge Pérez / Viceministro De Régimen Interior
“De 10 colombianos que llegan al país, dos son buenos, seis son pichicateros y los demás son asesinos”.
Isaac Ávalos / Senador del MAS
“Si alguien comete un delito, merece sanción. También hay leyes y derechos humanos que garantizan la libertad de la persona”.
Cristina Mamani / Pdta. Consejo de la Magistratura
El titular del Tribunal Constitucional, consultado por los medios, dijo que la ‘ley de fuga’ es anticonstitucional, mientras que parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) opinaron que el planteamiento del ministro “está fuera de contexto y demuestra desesperación del Gobierno” porque no logra poner fin a la inseguridad ciudadana.
“Con medidas desesperadas como la ‘ley de fuga’, se va a legalizar una serie de mecanismos en las que los ciudadanos van a terminar haciendo justicia por mano propia”, expresó el diputado Juan Luis Gantier (CN).
Por su parte, la diputada Maira Paz (CN) pidió al Gobierno un plan serio para frenar la ola de criminalidad.
Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, calificó de irresponsable las declaraciones del ministro. “Va a incrementar la violencia. La Policía se va a sentir con derecho de creer que cualquier criminal debe ser ajusticiado”, dijo.
El ministro pidió no politizar el tema de la seguridad ciudadana, porque esto solo contribuye a generar sensación de inseguridad en la gente y eso echa por tierra todo lo que se hace para combatir el delito.
Convocó una movilización nacional para ‘barrer’ las organizaciones criminales. “Pido a los policías que traten a los criminales como son y que golpee duro”.
LA CRUZADA CONTRA LA INSEGURIDAD QUE PLANTEA EL GOBIERNO
Trabajo conjunto
Que poderes del Estado, entidades públicas y privadas, y organizaciones sociales unan esfuerzos y colaboren con la tarea de seguridad. La Policía, sola, no podrá combatir el delito. Leyes y programas contra la inseguridad existen, solo se requiere ponerlos en práctica.
Control a los extranjeros
Que Migración no solo registre la entrada y salida de extranjeros, sino que elabore una base de datos y la conecte con los registros de hoteles, medios de transporte, puntos fronterizos, etc., para saber si el que ingresa al país tienen o no antecedentes.
Control territorial
Si el vecino informa a la Policía todo lo que sucede en su barrio, se podrá lograr un control territorial.
Cámaras de seguridad
Se han instalado 130 cámaras en la urbe cruceña, con una inversión de Bs 10 millones. Cada uno de estos equipos permite saber lo que está pasando 400 metros a la redonda. Se sugiere que con los recursos municipales y de las gobernaciones se instalen más cámaras.
Criminales reincidentes
Según las estadísticas, los delincuentes mayores son reos reincidentes. Los operadores de justicia deben revisar bien antes de darles libertad.
Mejor utilización de recursos
Los municipios y las gobernaciones manejan Bs 470 millones para seguridad. Con $us 250 millones se pueden construir 50 estaciones policiales.
FRASES
“En los últimos 30 casos resueltos fueron detenidas 80 a 87 personas, pero salieron de la cárcel con autorización de fiscales y jueces".
Jorge Pérez / Viceministro De Régimen Interior
“De 10 colombianos que llegan al país, dos son buenos, seis son pichicateros y los demás son asesinos”.
Isaac Ávalos / Senador del MAS
“Si alguien comete un delito, merece sanción. También hay leyes y derechos humanos que garantizan la libertad de la persona”.
Cristina Mamani / Pdta. Consejo de la Magistratura