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jueves, 31 de agosto de 2017

Luego de 27 años de vigencia Plantearán ajustes a la Ley General de Aduanas

El presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana La Paz, Alejandro Blanco Velásquez, consideró que la Ley de Aduanas necesita ajustes y con esa finalidad promoverán algunas modificaciones a objeto de reformar la norma y adecuarla a los tiempos actuales. La ley sectorial fue promulgada en 1990 y el reglamento data de 2003.

En ese marco, la entidad privada llevó adelante ayer un seminario denominado: “La responsabilidad del despachante de aduanas en el marco de la Constitución Política del Estado”, donde se examinaron temas relativos a la responsabilidad de los profesionales en esta disciplina en el marco de la Constitución Política. Recordó que la norma tiene 27 años de vigencia y que a estas alturas –según su opinión– requiere de ajustes.

Anunció que en un mediano plazo plantearán una evaluación de la norma. “Todo ser humano tiene obligaciones y derechos, lo que está contemplado en la Ley de Aduanas, pero a veces estos principios no son aplicados”, reflexionó, sin ingresar en mayores detalles.

MEJOR TRATO

El presidente de la organización privada dijo que en el desarrollo del evento los afiliados demandaron un mejor trato de parte del ente recaudador.

Blanco lamentó que pese a que las normas bolivianas establecen un trato igualitario para todos los ciudadanos, la Aduana no observa ese mandato a los funcionarios del sector privado y a veces obra discrecionalmente.

Es por ello que señaló que el trato debiera ser no discriminatorio tanto para funcionarios privados.

CONTRIBUCIÓN

Dijo que el sector aporta a la economía nacional y resaltó el crecimiento que registraron las actividades del sector a julio de la presente gestión con similar periodo del año pasado, habiendo alcanzado 12,9% de crecimiento, lo que refleja la contribución del sector a las recaudaciones nacionales.

Blanco hizo tales declaraciones en el seminario, en el que el especialista Rafael Vergara Sandoval expuso apreciaciones sobre la responsabilidad del Estado y la aplicación objetiva de la ley sectorial.

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