miércoles, 1 de junio de 2016

Plantean ley anticorrupción para Órgano Judicial y el TCP


En el marco de la entrega de propuestas para la refundación judicial, la Procuraduría General del Estado sugirió la aprobación de una ley anticorrupción para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Procuraduría señala que el origen de la crisis del sistema judicial boliviano no solo es por causa de los malos administradores, sino que es estructural en su organización judicial, una distorsión cultural que promueve la obtención indebida de beneficios particulares desde la función pública.
En ese contexto es que se plantea la necesidad de una ley anticorrupción para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Su objetivo es luchar contra ese ilícito, y su ámbito de aplicación también abarcará a los servidores del Ministerio Público y abogados cuando corresponda”.
Además, tendrá “facultades de seguimiento permanente a los servidores judiciales que posibiliten la detención e investigación de hechos ilícitos, con la implementación de agentes encubiertos y mecanismos modernos de investigación”.
Señala que la iniciativa deberá contener los mecanismos que favorezcan una investigación oportuna, que posibilite la declaración patrimonial integral y el seguimiento permanente para establecer si existe un desbalance en el patrimonio y haya enriquecimiento ilícito de los servidores judiciales, además de procedimientos ágiles, expeditos y modernos para identificar y sancionar los actos en el interior del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como de las personas involucradas, a cuyo efecto será pertinente implementar los sistemas informáticos de registro de declaraciones juradas, el registró único de antecedentes de los servidores judiciales y de antecedentes disciplinarios en el ejercicio de sus funciones.

Nuevos sistemas de control
ó La lucha contra la corrupción amerita medios idóneos para su desarrollo, por lo que se sugiere crear sistemas de control y vigilancia del desempeño de los operadores de justicia, incorporando la figura de agentes encubiertos, la instalación de cámaras de vigilancia y otros.

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