El senado aprobó ayer la ley de cierre de procedimientos de reestructuración y liquidación voluntaria de empresas, establecidos en la Ley N° 2495 de 2003, con lo que el estado evita el gasto de recursos de sus propias arcas que en los últimos 12 años provocaron un daño económico de Bs 205 millones.
La normativa, de seis artículos, será promulgada por el presidente Evo Morales.
“La ley 2495 benefició solo a nueve empresas. Fundempresa dice que existen 146.443 registradas entre grandes, medianas y pequeñas. Pero estas nueve empresas que firmaron un acuerdo de transacción ninguna cumplió con sus compromisos.
El efecto fue un daño económico al Estado por condonación de deudas de Impuestos Nacionales y en quitas y condonaciones al Banco Central de Bolivia, por un total de Bs 205.773.994”, explicó el presidente de la Comisión de Planificación Política Económica, René Joaquino.
La nueva ley establece que los órganos públicos no podrán condonar o resignar acreencias patrimoniales. Y señala que no se comprometerán recursos adicionales del TGE
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