viernes, 6 de febrero de 2015

Ley pretendía expropiar áreas protegidas del Sajama

El proyecto de Ley 003/2015 que declara al departamento de Oruro “Centro Natural de Aguas Termales”, aprobado la madrugada de ayer en diputados, iba en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) ya que pretendían afectar a por lo menos 19 pueblos indígenas, sin previa consulta.

Pese a las correcciones la nueva norma genera inseguridad jurídica ya que esa área estaba administrada por privados y ahora pasará a control del Estado, denunció la presidente de la bancada de UD, Jimena Costa.

David Crispín Espinoza, ex Mallku de Karangas (Oruro), en declaraciones a Radio Panamericana, señaló que de acuerdo a los artículos tercero y cuarto del Proyecto de Ley se estaría expropiando de manera general las aguas termales del departamento, mismas que incluyen las del área protegida del parque Nacional Sajama

“La declaración a Oruro como Centro Natural de Aguas Termales, en su artículo tercero y cuarto se resume que estarían expropiando en favor del Gobierno central de manera general, entonces automáticamente estarían expropiando las aguas termales que están dentro el área protegida del Parque Nacional Sajama”, afirmó.

Asimismo, aclaró que esas áreas son usadas de manera comunitaria con algunos emprendimientos económicos de manera privada. “Estas aguas termales son un bien turístico que nos genera recursos económicos adicionales para poder llevar el pan a nuestras familias”, añadió.

Por su parte, Costa explicó que en una primera instancia el proyecto de ley iba en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) ya que no solamente se estaba hablando de un procedimiento de expropiación que vulnera los derechos y el debido proceso sino que además no estaba acorde a los derechos de los pueblos indígenas.

Refirió que se modificó el artículo 3, que en inicio declaraba reserva fiscal en todo el departamento de Oruro y debido a las observaciones de UD el nuevo proyecto de ley habla solamente de la expropiación de obrajes.

La expropiación, dijo, tiene una serie de vicios que van en contra del proceso porque se plantea un procedimiento distinto del que ya está contemplado para zonas agrarias como la Ley Inra o de los gobiernos municipales.

“La finalidad de la expropiación sería que nuevamente se fortalezca el estatismo y el nivel central del Estado tome el control de una iniciativa privada de turismo que funcionaba muy bien en Oruro, esto está generando inseguridad jurídica porque todos aquellos privados que invierten para el turismo en iniciativas particulares se quedan con el problema de que en cualquier momento el Estado bolivianos les puede nacionalizar”, lamentó.

Manifestó que de aprobarse el proyecto tal cual fue presentado, habría afectado a 19 pueblos de las provincias Sebastián Pagador, Avaroa, Sajama y Sayari de los 66 existentes en Oruro.

“De los 66 pueblos que existen 19 podrían ser afectados, se está decidiendo que el nivel central utilice las aguas termales sin haber aplicado la consulta previa a los pueblos indígenas y en su territorio, eso lo han corregido por las observaciones que hemos hecho por escrito”, afirmó.

El proyecto de ley fue planteado por la Comisión de Planificación, representado por su Presidente, el decano diputado Javier Zabaleta del oficialismo, de quien Costa lamentó que no haya tenido cuidado en la redacción ya que tuvo que ser modificada en su integridad por la cantidad de contradicciones e inconstitucionalidad.

Consultada sobre su posición de siempre contrariar al oficialismo por ser oposición acotó que tienen la obligación de garantizar que esta asamblea respete la CPE y la leyes. “No se trata de oponerse a la Ley, no tenemos ningún problema en que se declare Patrimonio Natural al departamento de Oruro, pero que se lo haga bajo el cumplimiento a la CPE”, agregó.

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