miércoles, 10 de diciembre de 2014

Nueva ley dispondrá que arbitrajes con empresas extranjeras se desarrollen en Bolivia

El Procurador General del Estado, Héctor Arce, informó que el proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje establece que las controversias en tema de inversiones con empresas extranjeras se desarrollen con leyes bolivianas y con sede en Bolivia primordialmente, sin que esto impida que el proceso se pueda desarrollar en otro país.

Por ejemplo, si una firma extranjera quiere presentar una denuncia en Bolivia por sus acciones nacionalizadas en una empresa, bajo esta normativa puede hacerlo en las diferentes oficinas de conciliación que existen en la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), entre otros, de acuerdo al rubro que pertenezca.

"La característica principal y fundamental es que siendo un arbitraje que puede importar al Estado boliviano con empresas internacionales, inversionistas extranjeros, el requisito debe ser de que se lleve bajo las leyes bolivianas y el arbitraje tenga como sede el Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual no quiere decir que necesariamente el arbitraje llegue a desarrollarse en Bolivia, el arbitraje puede desarrollarse fuera del país", manifestó Arce a la ANF.

Asimismo, explicó que los árbitros también pueden ser árbitros extranjeros, puesto que estas autoridades solamente se forman para la solución de una controversia específica y ellos pueden ser de diferentes nacionalidades, ya que su único fin es garantizar la absoluta imparcialidad de este mecanismo.

El proyecto de ley, explicó, se puede aplicar a controversias entre el Estado y empresas extranjeras en materia de inversiones, arbitraje testamentario y soluciones amistosas. El proyecto se encuentra en la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.

Por otra parte el Procurador señaló que no se somete a conciliación ni arbitraje los aspectos relacionados a la propiedad de los recursos naturales, los títulos otorgados sobre reservas fiscales, los tributos y regalías, las licencias de registro de autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados, cuestiones que afectan el orden público, entre otras causas.

Finalmente, Arce destacó que esta norma prima ante todo la conciliación, para lo cual las actas de conciliación pueden ser exigidas en su cumplimiento como una sentencia ante una autoridad de una cosa juzgada, es decir la norma da más formalidad a la conciliación y se la desarrolla como un instituto jurídico.

En el último tiempo, Bolivia enfrentó una serie de arbitrajes por nacionalizaciones y controversias de parte de empresas que desarrollaron actividades en el país, tales como la firma india Jindal Steel & Power por el cobro de las boletas de garantía en el proyecto Mutún, entre otras.

La Ley de Promoción de Inversiones, aprobada el 4 de abril de 2014, otorgó un plazo de tres meses para la elaboración de una nueva norma referida a la conciliación y arbitraje para la resolución de controversias en materia de inversiones, tarea designada al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado.

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