domingo, 21 de septiembre de 2014

Indígenas temen que Ley del notario los deje sin tierra

Los pueblos indígenas del oriente y la Amazonía temen que el Gobierno tenga una estrategia para quitarles tierras y que la nueva Ley del Notariado sea una de las armas que usaría para este fin. La denuncia fue hecha por el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, un asesor legal de la institución, el candidato por el Partido Verde, Fernando Vargas, además de la magistrada del Tribunal Constitucional, Soraida Chánez, hoy suspendida de sus funciones. De hecho, el mismo presidente y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, dejó claro que se viene un debate sobre las tierras indígenas en el país.

Chávez consideró que el hecho de que los notarios ya no sean elegidos por las cortes de justicia junto con el Consejo de la Magistratura, sino por el Ministerio de Justicia, como señala la nueva ley 483, dará luz verde al atropello del Poder Ejecutivo no solo en las comunidades indígenas, sino también en propiedades privadas.

“La Ley del Notariado va camino a que ningún ciudadano pueda tener dos o más propiedades, y que las tierras indígenas sean parceladas”, insistió.

Chávez teme que grupos como los cocaleros se mimeticen con los verdaderos indígenas y los convenzan para que, a sola firma de un notario, un puñado de familias creen una nueva comunidad indígena con su propio territorio, donde podrán cultivar coca. Todo esto en el marco del artículo 35 de la nueva ley que señala que el notario podrá otorgar la personalidad jurídica de una comunidad, de forma gratuita y a pedido de autoridades indígenas.

“Diplomáticamente el Gobierno va a perforar los territorios indígenas y a las propiedades privadas”, enfatizó.

El candidato a la Presidencia por el Partido de Bolivia y presidente de la subcentral del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, recordó que el artículo 2 de la Constitución reconoce automáticamente la existencia de naciones y pueblos indígenas, y su dominio ancestral sobre sus territorios, por lo que no se justifica la intervención de un notario elegido por el Gobierno.

Vargas consideró que esta ley apunta a ser usada para crear dirigencias paralelas en comunidades indígenas, favoreciendo su creación, cuando en el fondo serán una forma camuflada de desconocer las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y dotar de territorio a otros pobladores afines al Gobierno. “Esta ley no solo es anticonstitucional, sino que promoverá la destrucción de los parques nacionales y territorios indígenas como el Tipnis”, advirtió.

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 37, el notario podrá ‘certificar’ los usos y costumbres. “Existe el peligro de que si un notario no da fe pública de una práctica en una comunidad, no se la consideraría como uso y costumbre”, advirtió el abogado Guido Melgar. También observó el hecho de que los notarios puedan abrir un libro especial para registrar la personalidad jurídica de las comunidades, cuando la Constitución no exige la personalidad jurídica.

La Cidob tratará este tema en una asamblea consultiva a escala nacional, cuya fecha todavía está por definirse.

El control total

La magistrada procesada por suspender la aplicación de la Ley del Notariado, Soraida Chánez, lamentó que esta norma sea sinónimo de intervención de la jurisdicción ordinaria sobre la jurisdicción indígena originaria. “A partir de esta ley, la jurisdicción indígena podría protocolizar documentos ante los notarios, cuando en sus costumbres y su visión ancestral no existen notarios. Darles esa competencia es inmiscuirse en la jurisdicción indígena”, dijo.

Según Chánez, el objetivo final del Gobierno es tener el control total de los actos privados, documentos y titulaciones privadas no solo de los indígenas, sino de todos los bolivianos.

“Es inconstitucional (la ley) y malintencionada, es una intromisión en la justicia ordinaria. Muchas leyes han salido para tener el control de todo el actuar de las personas”, lamentó.

El Gobierno lo niega

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, aclaró que en ninguna parte de la ley 483 del Notariado apunta a entorpecer la institucionalidad de los pueblos indígenas. “Ellos tienen su propia institucionalidad, en base a sus usos y costumbres, ese es el marco constitucional que se respeta; la ley del Notariado en ningún momento va a entorpecer eso, el notario solo es depositario de todos los actos y hechos jurídicos que los ciudadanos van a suscribir”, aseguró.

Según explicó, la creación de una comunidad será un acto voluntario de los dirigentes indígenas y no una acción arbitraria de los notarios. “Hay un principio básico de autonomía, el notario tendrá que consultar a los dirigentes antes de otorgar una personalidad jurídica, él no decide”, puntualizó.

La ley se promulgó en enero, pero falta la reglamentación

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