Propiamente en el Día del Trabajo, coincidencia especial de homenaje a la fecha, se conoció la versión oficial sobre los acuerdos a que arribaron luego de prolongada negociación las autoridades de gobierno, los cooperativistas y entre ambos los regantes, consensuando algunas definiciones que deben incluirse en el proyecto de la nueva Ley Minera que transita el último espacio de su análisis por la Cámara de Senadores.
El problema se inició el 08 de abril, cundo se posesionó a un nuevo ministro de minería y éste ordenó el cierre (bajo precinto) de tres oficinas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), donde se entendía estaban las pruebas sobre la firma de un centenar de contratos que complicaban a los cooperativistas por transgresión a disposiciones vigentes.
El dicho común mostró otra realidad, más fue el ruido que las nueces, porque en las primeras diligencias tras las movilizaciones de los cooperativistas defendiendo sus actividades resultó que 42 contratos fueron objeto de una auditoría, permitiendo a los firmantes de esos acuerdos mostrar que en la mayoría de los casos se trataba de operaciones de "riesgo compartido" y en otros casos contratos con definiciones porcentuales que establecían un beneficio del 96% para las operadoras transnacionales y del 4% restante se beneficiaban en partes iguales la Comibol y los cooperativistas.
El proceso de auditoría en los más de 40 contratos, finalmente estableció que existían fallas en sólo siete contratos, los que además fueron suscritos entre las gestiones de 1998 y 2005, es decir antes de la vigencia de la nueva CPE aprobada el 2009, por tanto su validez es natural y normal, aunque según la Procuraduría tres de los siete contratos se firmaron el 2006 y por lo mismo entrarían en conflicto. Por lo demás el asunto pasa a una fase especial de adecuación de textos de los artículos observados para su último análisis en la Cámara Alta.
En las últimas negociaciones y en base a la representación que plantearon los "regantes" en defensa del medio ambiente y denunciando algunas operaciones que ponen en peligro la salud de la población, se aprobó incorporar al proyecto de ley algunas recomendaciones y medidas precautorias en caso de que se advirtieran daños ambientales en operaciones mineras, las mismas que de acuerdo a la gravedad del caso inclusive podrán ser interrumpidas en tanto se subsanen las fallas existentes, por lo que se tomarán en cuenta obligaciones que cumplirán los empresarios mineros para desarrollar programas de cuidado de los recursos hídricos, mitigación del medio ambiente, especialmente en áreas compartidas con actividades agrícolas.
Los factores adversos y contradictorios con la CPE que se observaron en la Cámara de Diputados y que dieron lugar al entredicho con los cooperativistas, en función especialmente de los contratos irregulares, se subsanan en el futuro con enmiendas a los textos de los artículos 151, 132 y el 62.
El texto del art 151 reformado señala concretamente que los únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la CPE son aquellos que se suscriban con el Estado a través de la Comibol. En el caso del art 132, se establece que la aprobación legislativa de nuevos contratos no deberá exceder de 90 días, aclarándose que si se pasa ese tiempo los contratos se dan por bien aprobados ante el silencio legislativo y finalmente el art 62 se refiere a una coordinación sobre el tiempo de vigencia de los contratos y su renegociación.
Así pasó el tiempo y por expresiones de los protagonistas de estos hechos las irregularidades que alteraron el ambiente no pasaron de un gran alboroto que finalmente se diluyó en varias reuniones, en las que primó el diálogo y por supuesto, según los analistas de la materia, predominó la buena intención de las partes y en principalmente del equipo oficial para no abrir una brecha con un sector altamente sensible en materia de apoyo político, como es el caso de los cooperativistas que al desatarse el problema anunciaron "una posible revisión del pacto con el gobierno".
En todo caso las aguas desbordadas vuelven a su cauce y en los niveles oficiales se menciona que la coyuntura sirvió principalmente para aplicar algunos cambios urgentes, el caso del Ministro de Minería por un lado y de algunas autoridades de la Comibol, por otro. Ambas circunstancias abrieron las puertas a ciertos ajustes de la cúpula administrativa de la minería nacional, actividad que necesita la implementación de una estrategia de acción que incorpore sobre todo elemento profesional especializado y de vasta experiencia para encarar la mentada y postergada "reactivación de la minería", como una necesidad para acome-
ter luego el proyecto de su
industrialización.
Entre los tres sub sectores de la minería nacional, el que sale fortalecido de veras es el cooperativista ya que además en las negociaciones con las autoridades logró un compromiso del Ministro de Minería y Metalurgia, (MMM) de gestionar un mayor apoyo financiero estatal para mejorar el acceso a créditos del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), lo que permitirá desarrollar importantes proyectos que plantearán los cooperativistas.
A propósito de este último anuncio, otro importante sector de la minería nacional es el de la "minería chica" que de manera permanente ha reclamado asistencia financiera para mejorar sus sistemas productivos, considerados importantes toda vez, que este sector da fuentes de empleo, tributa de manera regular, además de generar regalías, pero se halla desprotegido desde que hace años se liquido el Banco Minero de Bolivia. Una visión de amplitud en ejecutivos del MMM debería facilitar a los mineros chicos su acceso a los créditos específicos para impulsar la producción minera en el país.
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