El Gobierno descartó ayer la modificación unilateral de la Ley de Imprenta que protege el secreto de las fuentes informativas y que esta semana saltó a la actualidad al denunciar la Procuraduría del Estado a un diario por supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos.
En un desayuno con la prensa por el Día del Periodista, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que el Ejecutivo "no va a tomar una iniciativa unilateral" sobre ese asunto, al ser preguntado sobre una posible modificación de la Ley de Imprenta, reclamada desde algunas instancias oficiales.
La denuncia que ha motivado este debate fue presentada esta semana por la Procuraduría General del Estado contra un periodista y la directora del diario La Razón por la publicación de un reportaje sobre la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Un juez ordenó el viernes la reserva en la investigación de la denuncia presentada por el procurador general del Estado, Héctor Arce, quien pidió a la Fiscalía que iniciara una acción penal "por delitos de orden público" contra los citados periodistas.
Arce solicitó al Ministerio Público que un juez "competente" levantara el "secreto de fuente" por el reportaje titulado "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ´actos unilaterales´", y que fue publicado el 13 de abril.
García Linera sostuvo ayer que cualquier modificación de la Ley de Imprenta "tiene que salir de un debate de los periodistas" y aseguró que el Ejecutivo canalizará la decisión que tome el gremio.
"Personalmente creo que hay que actualizarla, (la Ley de Imprenta) tiene cien años", opinó el Vicepresidente, quien mencionó el surgimiento del periodismo digital.
Añadió que "en ningún momento la intención del Gobierno ha sido la de sancionar a un medio" de comunicación, sino "saber qué funcionario público" es responsable de la filtración, "para que no vuelva a repetirse un tema de seguridad de Estado".
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