El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó hoy que en coordinación con la presidencia de la Cámara de Senadores, se suspendió el tratamiento del proyecto de Ley Minera para evitar que el país esté convulsionado con los bloqueos carreteros que aún protagonizan los cooperativistas mineros.
En conferencia de prensa desde la Vicepresidencia, Quintana convocó a los dirigentes mineros a asistir a la mesa de diálogo para consensuar la redacción de una norma que respete los recursos naturales y la Constitución Política del Estado (CPE). La autoridad no fijó hora para este encuentro.
"En aras del restablecimiento, de la normalidad en el país y fundamentalmente para evitar que se produzcan acciones violentas e innecesarias por parte de los cooperativistas mineros, hemos decidido junto con la presidencia de la Cámara de Senadores la suspensión del tratamiento de la Ley Minera", manifestó Quintana.
El ministro explicó que la nueva ley minera debe ser plenamente concertada, "que no merezca ambigüedades ni interpretaciones caprichosas", por lo tanto debe estar sujeta a principios fundamentales que señala la CPE.
Finalmente dijo que como Gobierno no están en condiciones, bajo ninguna circunstancia, de enajenar ni permitir el saqueo de los recursos naturales, mucho menos por empresas transnacionales.
El proyecto de ley minera fue aprobado en su estación grande y detalle por la Cámara de Diputados el fin de semana. ayer la Presidencia del Senado remitió el proyecto a la comisión de Economía Plural para su revisión.
En tanto, tras el inicio de bloqueo de los cooperativistas mineros ayer, se produjeron enfrentamientos con la Policía y según confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la dirigencia minera, derivaron en la muerte de dos mineros de la Cooperativa Kami, Jaime Cachiaca y Jhonny Huisa Condori, ambos habrían fallecido en la localidad Sayari en la carretera Oruro - Cochabamba.
Los cooperativistas piden que se respete la redacción del proyecto de ley minera y la reposición de los artículos que les permiten firmar contratos con terceros para la explotación minera sin autorización de la Asamblea Legislativa, lo cual es rechazado por el Gobierno, pues los recursos naturales no son de los actores mineros, sino del Estado boliviano.
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