La Cámara de Diputados aprobó anoche, en su estación en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que busca desarrollar la matriz productiva y reducir la pobreza en el país. La propuesta establece incentivos para la inversión nacional y extranjera.
"La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves, en su etapa en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones (…) a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social", informó la Cámara de Diputados a través de su página web.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, mencionó que la futura normativa establecerá claramente las prioridades de desarrollo con el norte de lograr el bienestar de los bolivianos.
El proyecto fija incentivos para las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el país.
Es también una ley que es selectiva en los incentivos a diferencia de las anteriores leyes que tenemos, pero orientadas hacia un objetivo (y) hacia resultados, este es un elemento muy importante (porque) vamos a dar los incentivos que consideremos que son necesarios, pero vamos también a pedir resultados", enfatizó.
El proyecto de ley consta de 29 artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y una disposición abrogatoria.
Respecto a los incentivos, el proyecto de ley establece dos tipos de incentivos, generales y específicos, que podrán ser otorgados por el Estado a las inversiones realizadas en el país. Su vigencia será de entre uno a 20 años, dependiendo de los resultados que arroje el seguimiento periódico a cargo de los ministerios sectoriales.
La autoridad resaltó que la nueva ley abroga las leyes de Inversiones, Capitalización, Privatización de gestiones anteriores que establecían un marco de inversiones que "por seguridad jurídica justamente tienen que ser abrogadas".
Con relación a los mecanismos de Solución de Controversias, el proyecto establece que todo conflicto entre inversionistas se solucionará en las formas y condiciones establecidas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, quedando prohibida la nacionalización de las inversiones realizadas, "las excepciones a ésta y el procedimiento en caso de producirse la nacionalización", señala el boletín de la Cámara de Diputados.
Además el proyecto determina los delitos contra la inversión, incorporando al Código Penal los de invasión o destrucción de la inversión estatal productiva, privada o mixta y estados financieros.
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