La Paz. Bajo la premisa de que “da vergüenza”, expresada por el vicepresidente Álvaro García Linera, la Cámara Baja se halla abocada a analizar un proyecto de ley que sancionará con drasticidad la retardación de justicia. En realidad, el objetivo consiste en incluir esa figura dentro del Código Penal.
Por consiguiente, los administradores de justicia, quienes incurran en ese nuevo delito, se harán pasibles a sufrir penas privativas de libertad que, de acuerdo con el diputado oficialista por Pando, Galo Bonifaz, podrán alcanzar un promedio de ocho años.
El asambleísta del MAS) expresó que uno de los principales problemas en los estrados judiciales es la retardación, que no alcanza a ser sancionada por la figura penal del incumplimiento de deberes, actualmente sujeta a punición por el ordenamiento legal vigente en el país.
IGUAL QUE HACE AÑOS. Entretanto, ayer por la mañana, en rueda de prensa, García Linera sostuvo que “la justicia estuvo mal y está igual de mal que hace 10 o 15 años”. Aseguró que tras el proceso de elecciones judiciales, “aparentemente nada ha cambiado”; hacerlo “es un gran reto” para todos cuantos forman parte de ese Órgano del Estado y llegó a la conclusión de “la retardación de justicia es un delito”.
Exhortó a jueces y fiscales a trabajar con mayor ahínco, intensidad y tiempo, en especial fines de semana y feriados y más horas al día, así como eliminar la “micro y mediana corrupción” y llegó a la conclusión de que “la justicia da vergüenza”.
Dijo que si, como mencionan los opositores, el Gobierno tuviera bajo su control a la justicia, tendría a todos sus operadores “del cuello”, pero no para que favorezcan al oficialismo con sus fallos, sino para que realmente trabajen en beneficio del país.
Hace días, Evo Morales lamentó la situación de la justicia
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