El proyecto de Ley de Investigación a las Cooperativas propuesto por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, indagará los patrimonios de exgerentes, consejeros de administración y vigilancia del sistema de cooperativas en el país, incluyendo además a los ejecutivos de los sindicatos. La norma abarcará hasta dos gestiones anteriores en el marco de la Ley Anticorrupción.
Según explicó el legislador oficialista, el anteproyecto anunciado hace unos días será presentado por la bancada de la Brigada Cruceña esta semana a la Asamblea Legislativa para ingresar a una de las comisiones, faltando solo la firma del diputado Wilson Changaray.
En ese contexto, Tupa dijo que las crisis en las cooperativas del país no solamente obedecen a las administraciones sino a otros sectores que “confabularon” para que algunos grupos se enriquezcan a costa de los socios.
“Estamos pidiendo en una disposición, que se investigue a los gerentes, consejeros de administración, consejeros de vigilancia y sindicatos que han manejado el sistema de cooperativas dos gestiones antes a la promulgación de esta ley, porque consideramos que en confabulación con los sindicatos hay gente que ha hecho riqueza y vamos a incluirlos en la investigación”, sostuvo.
La norma tendrá carácter retroactivo, basado en la Ley de Lucha Contra la Corrupción ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’ e incluso abarcaría a familiares en primer y segundo grado de las personas y directorios que manejaron entidades como la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) que se encuentra intervenida y a punto de elegir su nueva administración.
“El Gobierno tiene políticas para hacer frente a la corrupción y tenemos leyes como la Marcelo Quiroga Santa Cruz o la Ley de Protección a Testigos, porque hemos visto que hay funcionarios que miran pasara la corrupción por su lado y no dicen nada por miedo a ser amedrentados”, acotó.
Al término del proceso de investigación, y solamente en caso de sentencia, los bienes de estas personas serían confiscados y derivados a las cooperativas como parte del resarcimiento de daño económico.
Las acciones del oficialista no son nuevas ante el sistema cooperativo, porque durante 2010 llevó un cruce de declaraciones con los interventores de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (Cosmol), siendo denunciado por “trabar” una auditoria por Bs 22 millones que habría desfalcado una anterior gestión, y fue acusado luego de incrementar su patrimonio “de forma irregular”.
El interventor de Cosmol, Nelson Baptista, denunciaba esa fecha que Tupa “manda gente para amedrentar” e interrumpir el proceso, agregando: “No me explico cómo de ser tan pobre ahora llega a tener Bs 4 millones de patrimonio”.
A tiempo de anunciar su proyecto, la anterior semana, el oficialista como parte del Comité de Defensa de los Ahorristas por la Brigada Cruceña denunció que la cooperativa de Montero, por ejemplo, no ha devuelto cerca de Bs 100 mil de ahorro a una persona de la tercera edad.
Otras cooperativas mencionadas son Sagaupac, CRE, Intercoop, Piraí, que tuvieron denuncias ciudadanas desde 2012 ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz bajo fiscalización de la diputada de Convergencia Nacional (CN), Jessica Echavarría.
Para la oposición, el proyecto significa un show político y esperan que se cumplan las normas vigentes como la CPE, la Ley Anticorrupción y la Ley de Cooperativas 356 que ya fiscalizan a esas entidades.
El diputado Rafael López (CN), dijo que Tupa busca protagonismo para la Alcaldía de Montero y la bancada del MAS hace un “show” demostrando desconocer las normas; por tanto, calificó el proyecto como inconstitucional.
“Cómo vamos a aprobar una ley dirigida al 3 por ciento de las cooperativas, además que existen leyes que ya regulan estos casos. Si el diputado Tupa no estuvo presente en la aprobación de la Ley Anticorrupción o la Ley de Cooperativas le vamos a pasar un ejemplar”, dijo.
Entre otras observaciones a las cooperativas, especialmente en la capital oriental, están los ingresos que llegarían hasta Bs 80 mil en sueldos, primas, bonos y demás beneficios aprobados para cargos jerárquicos.
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