En esta ley se establecía, en su artículo 50, el financiamiento de los partidos políticos que, además de las contribuciones de sus militantes y bienes inmuebles, establecía el apoyo económico del Estado bajo determinadas condiciones.
No obstante, el financiamiento estatal a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en los años electorales y no electorales, se eliminó con la ley 3925 del 21 de agosto de 2008, cuyos recursos pasaron a conformar el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados, financiado con un aporte anual de Bs 40 millones.
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