Ocho instituciones académicas y de investigación presentaron ayer ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de Ley General del Sistema de Información Estadística de Bolivia para no repetir experiencias “amargas” como las del Censo 2012. Ante lo que la oposición considera un rotundo fracaso, legisladores de Convergencia Nacional (CN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM) recibieron la propuesta para tramitarla ante la plenaria.
El documento fue elaborado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) con su Instituto de Investigaciones Sociológicas, el Observatorio Político Nacional (OPN), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), el Instituto Prisma, Fundación Jubileo, Fundación Construir, Consorcio Bolivia Transparente, Fundación ARU y Fundación Tierra.
La iniciativa surge después de conformarse el grupo “La Ruta del Censa” que fue crítica con los procedimientos que realizó el Ejecutivo, que en primera instancia recibió los aportes académicos, pero luego desarrollo el proceso censal por cuenta propia.
“En ese contexto, surge la necesidad y la coyuntura excepcional para actualizar, discutir y aprobar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística que data de 1976 a fin de: Establecer con claridad la responsabilidad del Gobierno Nacional, gobiernos subnacionales e instituciones, en el marco de las competencias constitucionales, de producir y difundir datos actualizados, oportunos y confiables para la toma de decisiones de políticas y evaluar sus resultados”, expresa el comunicado entre otros puntos que apuntan a modificar el actual sistema estadístico y actuar en procesos de esa envergadura, incluyendo aportes para el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Censo Agropecuario que ya se encuentra en desarrollo.
En tal sentido, remitieron su propuesta para que los diputados de CN Adrián Oliva, Javier Orozco, Juan Luis Gantier y Javier Leigue, así como la diputada del MSM, Marcela Revollo, puedan viabilizar esa iniciativa en la Asamblea Legislativa.
Los opositores en cuestión reiteraron sus observaciones a los datos finales del Censo Nacional de Población y Vivienda de noviembre pasado, porque en su criterio no expresa la fotografía del país, no contó con actualización cartográfica adecuada y hubo improvisación incluso en la presentación de los resultados, que dieron diferencias de 300 mil personas para algunos departamentos.
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