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jueves, 5 de septiembre de 2013

En jornada de protesta Periodistas marcharon para reivindicar la Ley de Imprenta

Decenas de periodistas marcharon ayer para reivindicar la Ley de Imprenta que es vulnerada por algunas autoridades de Oruro, quienes aprovechando su condición, decidieron asumir querellas criminales en contra de seis periodistas, mediante la justicia ordinaria. Asimismo, se protestó para rechazar el proyecto de Ley de Acceso a la Información que es tratada en el Congreso, norma que vulnera la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa.

Los periodistas se reunieron en la plaza 10 de Febrero, a las 11:25 horas recorrieron el centro histórico de Oruro para protestar contra las acciones del diputado Marcelo Elío, al asumir acciones legales en contra de cinco periodistas, David Lazo, Carmen Tórrez, Carmen Camacho, Marco Aguilar y Román Brito, quienes asumieron defensa durante los sucesos del cambio de nombre del aeropuerto "Juan Mendoza", a quienes acusó de difamación y de instigar a la violencia contra el parlamentario.

Por otro lado, la protesta en contra de la alcaldesa Rossío Pimentel, quien ratificó ayer su posición de seguir acciones legales en contra de la periodista, Zobeyda Ledo, por un comentario que hizo en su programa y que según la autoridad edil, la denigró en su dignidad.

Los periodistas, muchos de ellos agarrados de pancartas circularon en torno a la Plaza Principal dando dos vueltas, con estribillos que iban en contra del gobierno y en defensa de las libertades universales, como la de expresión y la de prensa.



DISCURSO

El secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), Humberto Apaza, se refirió al proyecto de Ley de Acceso a la información, al señalar que con el tiempo se convertirá en una normativa "mordaza" que atentará a la Libertad de Expresión, de Prensa y de Opinión del pueblo boliviano.

"Por eso estamos convencidos que la Ley de Imprenta tiene que ser reivindicada, hoy más que nunca, y esa reivindicación está escrita precisamente en cada uno de sus artículos. La Ley de Imprenta es inviolable, debe ser inviolable y no se puede modificar con esta clase de proyectos de ley que supuestamente quieren dar acceso a la ciudadanía, pero en los hechos no ha de ocurrir eso", manifestó.

Argumentó, que tanto la Alcaldía como el Concejo Municipal deben cumplir con el artículo 20 de la Ley de Imprenta, que señala que cuando un miembro del Tribunal de Imprenta, muera o falten, deben hacerse las designaciones inmediatas para reemplazarlos.

"Quiénes deben empezar a hacer cumplir esta ley, deben ser la alcaldesa y el Concejo Municipal para que de una vez se conforme este jurado y hagan funcionar después de más de 15 años, por eso estamos reivindicando la Ley de Imprenta, la Libertad de Expresión", afirmó.

Por otro lado, manifestó que a la fecha se infringe la Ley de Imprenta, con procesos judiciales que los periodistas están encarando responsablemente.

"No vamos a permitir esta clase de procesos judiciales, uno instalado por el diputado Marcelo Elío y el otro iniciado por la alcaldesa municipal. Por eso les estamos pidiendo a la alcaldesa, que cumpla la Ley de Imprenta y luego vamos a someternos al Tribunal de Imprenta, en el caso de que ella fuera afectada", dijo.



QUERELLA

Al margen de la querella en contra de los periodistas, David Lazo, Carmen Tórrez, Carmen Camacho, Marco Aguilar y Román Brito; ahora se ventila un nuevo caso entre la alcaldesa Rossío Pimentel contra la periodista Zobeyda Ledo, quien supuestamente afectó la dignidad de la autoridad edil en su programa de televisión al hacer referencia a que la empresa constructora Pavco, responsable de las obras de asfaltado en la ciudad, habría favorecido a Pimentel con la entrega de viviendas, hecho que para la edil, no pasa de simple chisme que no puede ser considerado como base para la información periodística.

Ledo, dijo que no tiene miedo de asumir ese problema, porque el comentario fue mal interpretado, además que no existe una grabación de dicho programa. Mientras que Pimentel, de profesión comunicadora social, ahora en función pública, se ratificó en señalar que asumirá todas las acciones legales en contra de su colega.

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