Jueces, fiscales y efectivos policiales dificultan la aplicación de la ley contra la discriminación porque consideran que es mejor acusar a una persona por otros delitos. Además, las entidades públicas son los que incurren en el delito de discriminación, informó el coordinador de la Dirección General de Lucha Contra el Racismo, Froilán Laime.
"Esta norma no es asumida por los operadores de justicia, empezando de la Policía; sobre todo por la Fiscalía, llegando hasta los jueces, no hay una efectiva implementación o por lo menos consideración de esta materia en sus procedimientos”, aseveró el funcionario.
Como ejemplo -dijo Laime- en Cochabamba presentaron una denuncia por discriminación de género y orientación sexual, pero las autoridades judiciales y policías les aconsejaron que el delito de discriminación era muy subjetivo y lo mejor sería acusar por violencia o agresión física.
"Les es más fácil con lo que conocen y no implementar los nuevos tipos penales de la nueva norma”, informó, al añadir que las autoridades judiciales desconocen la ley contra la discriminación y sobre todo el procedimiento de peritaje para verificar el grado de discriminación y así determinar la responsabilidad.
Por otro lado, informó que una cantidad alta de denuncias es contra entidades públicas por discriminación de género, orientación sexual, seguido por los grados de instrucción, lugar de procedencia, apariencia, edad, entre otros, tipificados en la norma que se promulgó el 10 de octubre de 2010.
Según Laime, otra dificultad para la implementación de la norma es que las instituciones descentralizadas y unidades educativas no incorporan en su reglamento interno las faltas y sanciones que se aplicarán contra aquellas personas que violen la Ley 045.
"Más se avanzó en el Órgano Ejecutivo, en las empresas ”, aseveró Laime, quien agregó que los medios de comunicación adecuaron y cumplieron con los espacios de difusión contra la discriminación y racismo.
Desde la implementación de la Ley 045, la Dirección Contra el Racismo atendió 436 denuncias, aunque esta cifra se incrementa a 468 casos debido a que la unidad comenzó a recibir denuncias dos años antes de la promulgación de la norma.
Hasta el 3 de agosto de 2013, la Dirección contra la Discriminación atendió un total de 105 casos, de los que cuatro fueron remitidos al Ministerio Público, ocho fueron resueltos, 46 se encuentran en seguimiento, 21 están archivados por falta de veracidad de los hechos y 26 fueron desestimados por no constituir ningún hecho de discriminación o racismo.
La procedencia de las denuncias en un mayor índice es del área urbana con 82 respecto del área rural, donde se registraron 23 denuncias hasta la fecha.
Esta gestión también atendieron 55 casos contra las entidades públicas frente a los 50 casos del ámbito privado.
Anuncian batidas en unidades educativas
Página Siete / La Paz
La Dirección General de Lucha Contra el Racismo tiene programado para la próxima semana llevar a cabo operativos en las unidades educativas con el fin de conocer las acciones y programas que implementaron para erradicar la discriminación y racismo.
"Tenemos la siguiente semana la actividad de ir a verificar a las unidades educativas sus reglamentos, éstos deben prever faltas que constituyan conductas de racismo y discriminación y sus respectivas sanciones en las unidades educativas, vamos a ir a verificar, es una batida nacional”, informó el director de Lucha Contra el Racismo, Froilán Laime.
Informó que esta medida también se aplicará en las instituciones públicas y privadas con el fin de conocer las acciones que aplicarán para evitar el racismo.
Explicó que los reglamentos de las diferentes entidades tanto públicas como privadas deben adecuarse a lo que manda la Ley 045.
"Ya la anterior gestión exigimos a todas las instituciones, pero hasta ahora en su totalidad no se ha cumplido, por eso que visitaremos nuevamente las diferentes entidades”, explicó.
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