miércoles, 29 de mayo de 2013

Ven injerencia en nueva Ley de Notarios Públicos

La fe pública, que ahora es certificada por notarios que dependen del Poder Judicial, pretende ser cambiada de manos en un proyecto que desde esta semana ingresó en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el cual el Gobierno toma al toro por las astas.

"Quiere tomar el control", interpretó ayer el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrázola, al señalar que el tema es delicado porque está en juego la seguridad jurídica de bienes e intereses que los ciudadanos ponen en manos de los notarios cuando realizan transacciones comerciales o registran bienes muebles e inmuebles.

También coarta el derecho de profesionales abogados que ejercen como notarios que puedan ganar un salario mayor al del presidente del Estado.

La imparcialidad, en riesgo. Arrázola dijo que la falta de transparencia en el ejercicio profesional se pone en peligro porque estos notarios dependerán del ministro de Justicia, que será el que los nombre, sin considerar que en el nuevo proyecto del Código Procesal Civil los notarios podrán conocer en primera instancia los juicios de divorcio y derecho de herederos, en una actividad que netamente corresponde a la labor jurisdiccional del Poder Judicial, del que dependen ahora.

Se ha hecho observaciones. El presidente del Colegio de Notarios de Santa Cruz, Víctor Hugo Rojas, dijo que se han realizado esos cuestionamientos al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo en varias reuniones y congresos que han sostenido.

Aclaró, sin embargo, que de ninguna manera el proyecto de ley considera que los notarios deban ser funcionarios públicos que reciban un salario de parte del Gobierno. Lo que establece es que como los notarios cobran de acuerdo a la cuantía de los trámites, es que si ese monto pasa de los 18 mil bolivianos, entonces el restante va a un fondo de los notarios.

Su nombramiento es un dolor de cabeza. Los notarios eran nominados antes por el Consejo de la Judicatura en listas que eran remitidas a las Cortes Superiores de los Distritos. Por una supuesta falla e injerencia política en ese procedimiento fue procesada la presidente del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, pero un fallo del Tribunal Constitucional le dio la razón.

De igual manera en Santa Cruz el expresidente de la Corte Superior William Tórrez enfrentó un proceso y hasta fue suspendido del cargo, pero luego fue restituido a sus funciones de vocal por supuestas fallas al nombrar notarios en forma irregular.

Puntualización: La ley que se pretende modificar tiene más de cien años

Del año 1858. Es la Ley del Notario de Fe Pública, razón por la cual tiene muchos vacíos legales, observó la senadora masista Cecilia Ayllón, de la Comisión de Justicia Plural, a tiempo de negar injerencia.

Un registro público nacional. El Gobierno nacional pretende tener un solo registro público de bienes a nivel nacional en una ley complementaria que se dictará a fin de dar seguridad jurídica a la gente y acabar con denuncias de que estos funcionarios cobran sin tener ningún control negociando la cuantía. Ahí también ingresará el control sobre Derechos Reales.

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