Leyes más leyes menos, el objetivo de emitir disposiciones dirigidas a normar uno de los más importantes sistemas productivos del país como es la minería, busca generar condiciones favorables para que los operadores privados de la minería chica o la mediana, del sector estatal y las cooperativas puedan dirigir su accionar hacia objetivos de alta producción pero en las mejores condiciones de seguridad e incentivos apropiados para invertir, transferir tecnología y asegurar rentabilidad para el Tesoro Público recuperando lo justo en materia de utilidades de modo, como dice el dicho… que todos vivamos contentos.
Así se observa el sentido práctico de las leyes como se comenta en torno a dos últimamente aprobadas, una que prohíbe el avasallamiento de propiedades mineras y otra que ordena la situación de las concesiones operables en esa materia. Se entiende que por lo menos temporalmente esas normas estarán en la categoría de las "leyes cortas" y que exigirán reglamentos complementarios para su vigencia, quien sabe por un corto periodo, entendiendo que la Ley de Minería que sigue demorando en su aprobación contendrá puntos concretos sobre la materia referida a cuidar las propiedades y garantizar los prospectos que puedan ser implementados en función al interés de los inversionistas, amparados en reglas claras que garanticen posibles asociaciones mixtas, bajo los sistemas de riesgo compartido u otras que ya han sido sugeridas por el Estado que participa con una diferencia porcentual mínima para desarrollar inclusive los macroproyectos de la gran minería nacional.
Hay algunas consideraciones especiales entre los mineros del país cuando se toca el peliagudo tema de la Ley Minera, pues algunos aspectos podrían no ser precisamente los que se esperan, por ejemplo en materia tributaria o el pago de regalías, la situación de reinversión de utilidades, eslabones que deben estar garantizados por una sólida cadena operativa que elimine todos los problemas que en la actualidad son causa de temores para encarar grandes medianos y pequeños programas, privados, estatales y de cooperativas que al estar en una Ley principal necesitarán de reglamentaciones precisas pero ya no de otras leyes cortas.
Uno de los aspectos importantes tiene que ver con alguna reforma a la CPE en la parte referida al tema de la "propiedad de la tierra y territorio" que todavía es la causa de acciones atrabiliarias cometidas por comunarios, contra algunos mineros cooperativistas o de estos contra asalariados bajo el tema de reclamar "permiso comunitario", que inclusive se exige en algunos proyectos petroleros alterando los planes de exploración, como también sucede en la minería, estos son los temas que deben ser analizados seriamente antes de lanzar una ley que no tenga el valor de corregir lo malo, enmendar disposiciones erróneas y apropiar lo que corresponda al interés de la minería, sus inversionistas y todos sus protagonistas.
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