El Gobierno del presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Legislativa la anulación de la Ley 180 -que prohíbe la construcción de carretera- y planteó la aprobación de otra norma para la protección del parque Isiboro Sécure.
El oficialismo advirtió que el debate para la aprobación de esta norma será corta porque se debe dar cumplimiento a las determinaciones de la mayoría de las comunidades indígenas que participaron en la consulta organizada por el Gobierno.
El Ministerio de Obras Públicas presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que incorpora medidas de seguridad para evitar avasallamientos y otras medidas que puedan afectar esa reserva natural.
En el documento se solicita la “abrogación de la Ley 180”, que declara que el TIPNIS es un territorio intangible y prohíbe la construcción de carreteras.
Esta norma fue aprobada por la Asamblea Legislativa y luego promulgada por el Gobierno bajo presión de la VIII marcha indígena en defensa del parque Isiboro Sécure que se realizó entre agosto y octubre de 2011.
La ley permitió frenar la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio de ese parque como pretendía el Gobierno. Pero otra marcha de indígenas del Conisur (afines al MAS) hizo aprobar también bajo presión la Ley 222, que autoriza la realización de una consulta en el Isiboro Sécure para anular la intangibilidad prevista por la Ley 180.
En el proceso consultivo que duró al menos seis meses, según el Gobierno, el 80% de las comunidades está de acuerdo con la construcción de una carretera en el TIPNIS, por lo que ya no es necesario la salvaguarda al parque sino corresponde “garantizar y fortalecer los mecanismos de protección y la gestión integral del TIPNIS”, señala el proyecto.
Ante la posibilidad de avasallamientos al territorio indígena, el Gobierno prevé la intervención de la Fiscalía para evitar ese tipo de acciones.
Asimismo, prohíben la autorización para que actores externos al TIPNIS realicen el aprovechamiento de los recursos naturales. Se plantea el establecimiento de un control social.
Para el diputado indígena Bienvenido Zacu, este proyecto de ley podría reactivar el conflicto que generó hasta ahora tres caminatas y una demanda de los indígenas al Estado ante la CIDH. “Esto no está acabado”.
Otro de sus colegas que está a favor de la carretera, Eleuterio Guzmán, dijo que hay otro grupo mayoritario que quiere camino.
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