AVANCE La aplicación de la norma entra en su tercera fase. Incluye a los gobiernos autónomos.
Redacción central / Cambio
El 28 de mayo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia refuerza la norma y protege aún más a esta parte de la población.
La aplicación plena de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres está en su tercera fase y cuenta con 900.000 dólares para la ejecución de las estrategias y planes a escala nacional.
La norma, promulgada el 28 de mayo de 2012 por el presidente Evo Morales, tiene el propósito de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, precisó que el financiamiento proviene del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Esta política se amplió mucho más con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y cuenta con un presupuesto de 900 mil dólares para esta gestión”, precisó Marconi.
Los fondos servirán para diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos para la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres.
La directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol), Jessy López, resaltó las políticas nacionales que se aplican para frenar estos abusos y afirmó que la normativa “permitió visibilizar las falencias y fortalecer las instituciones con las que se cuenta para reforzar su aplicación”.
Hasta agosto del año pasado, Acobol registró 676 casos de mujeres activas en instituciones municipales que sufrieron algún tipo de abuso.
Entre ellos figura el cruel asesinato de la concejala por el municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos de La Paz, Juana Quispe Apaza. López señaló que hay retardación de justicia en el Ministerio Público, porque los responsables de este hecho aún están libres y ejercen funciones públicas.
Dos vías
La viceministra Marconi indicó que la aplicación de la normativa está avanzando de forma paulatina. Se han creado dos rutas a través de las cuales se pueden presentar las denuncias, vía penal, a través del Ministerio Público y por la vía administrativa.
En esta segunda alternativa, la administrativa, Marconi indicó que, gracias al financiamiento otorgado por el BID, se llegará hasta las entidades territoriales autónomas, como los gobiernos municipales y los gobiernos indígenas.
El artículo 11 de la Ley 243 establece que, en el marco de las autonomías departamental, regional, municipal e indígena originario campesina, las cartas orgánicas y normas básicas institucionales incluirán medidas de prevención sobre los actos de acoso hacia las mujeres.
¿Hacen falta reglamentos?
La presidenta de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Gabriela Montaño, indicó que esta ley cuenta con tipos penales y “que no necesariamente necesita reglamentarse”.
“Aunque las denuncias no lleguen por la vía administrativa, las mujeres tienen el derecho de ir a sentar una denuncia, porque el Estado les ampara”, afirmó Montaño.
El artículo 20 de la norma incorpora los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres en el Título II Capítulo I, “Delitos contra la Función Pública”, del Código Penal.
El acoso político es penado con cárcel de dos a cinco años, y la violencia política contra las mujeres con pena privativa de libertad de tres a ocho años.
“Elaboramos esta norma con calidez legal y no necesariamente necesita reglamentarse.
Gabriela Montaño
Pdta. del Senado
Mujeres citan a foro para afianzar norma
Con el objetivo de garantizar la implementación plena de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) realizará foros y seminarios a escala nacional.
La directora ejecutiva de Acobol, Jessy López, precisó que el primer evento se realizará el 3 de mayo y reunirá a instituciones vinculadas con la defensa de las mujeres.
“Queremos coordinar con las mujeres y las instituciones públicas para formular juntas nuevas líneas políticas que garanticen la aplicación de esta norma”, indicó López.
Según la representante, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia les dio más luces para decir cómo quieren que se aplique esta norma y en qué instancias se debe tener más presencia. “Lo que falta es socializar algunos aspectos”, dijo.
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