Mientras el anteproyecto de la Ley de Consulta Previa es sociabilizado por el Ministerio de Gobierno para sentar una normativa definitiva sobre este derecho establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), las pugnas entre las dirigencias indígenas se reabren y llegan hasta instancias internacionales.
El proyecto se va afinando en el Ejecutivo y se ha convocado a varias organizaciones indígenas, pese a la experiencia amarga del Tipnis que derivó en dos marchas, un proceso de consulta y la resistencia continúa contra la construcción de una carretera en medio de la reserva natural boliviana que une los departamentos de Cochabamba y Beni.
Ayer, la dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) afín al oficialismo, Melva Hurtado, se presentó con una comitiva en Palacio de Gobierno y sostuvo una reunión con el mandatario Evo Morales, con quien comprometieron trabajar en la denominada Agenda Patriótica rumbo al bicentenario de la República en 2025.
Hurtado se quejó en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por la representación asumida por Fernando Vargas y Adolfo Chávez como voces de los indígenas del oriente. Chávez aún es el presidente de la Cidob y Vargas es titular de la Subcentral Tipnis, entidad poseedora del título ejecutoriado sobre la reserva natural.
Tanto Chávez como Vargas estuvieron presentes en la 47 audiencia de la entidad internacional y denunciaron la violación a los derechos indígenas desde el Gobierno central, asumiendo una contradicción entre la Ley 180 de Intangibilidad y la Ley 222 de Consulta, formada pro la dirigencia de colonizadores del Consejo Indígenas del Sur (Conisur), aliado al régimen de Evo Morales.
Por su lado, el dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, a tiempo de lamentar las divisiones en el movimiento indígena de Bolivia, en parte por la acción gubernamental, presentó una carta al despacho del presidente Evo Morales, manifestando la predisposición para participar de la construcción efectiva de la Ley Marco de Consulta.
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