viernes, 29 de marzo de 2013

Proyecto de Ley Minera: Fuertes cargas impositivas en minería provocarían seguro retiro de inversiones

El nuevo proyecto de Ley de Minería generará una carga impositiva de más del 91 por ciento a las empresas mineras privadas que trabajan en Bolivia, que provocaría que las operaciones en ese sector se cierren, advirtieron expertos del sector.

Dionisio Garzón, ex presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia y ex ministro de Minería y Henry Oporto, sociólogo de la fundación Pazos Kanki, disertaron sobre "Actualidad y problemática de la minería boliviana".

Oporto informó que la presión impositiva actual pagada por el sector minero privado se aproxima al 67 por ciento entre regalías sobre las ventas brutas que llegan al 6 por ciento; Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) de 37,5 por ciento.

Impuesto a las Remesas al Exterior de 12,5 por ciento y otros tributos que ascienden a 2 por ciento. A esto, dijo, se suma el tributo a las utilidades. Los expositores señalaron que el proyecto de ley de referencia elaborado en "esferas del Gobierno" busca subir las regalías mineras y el impuesto por remesas al exterior.

"De imponerse este criterio se aplicarían los impuestos más altos de la región poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones".

Más del 90 por ciento

Henry Oporto afirmó que Comibol está exigiendo una participación significativa en las utilidades, el 55 por ciento. "En ese caso, el 67 por ciento que ya pagan las privadas como participación del Estado, que es conocido en el ámbito de las inversiones como "Govemment Take", podría subir fácilmente al 91 por ciento o más con lo que las empresas tendrán que cerrar sus operaciones.

¿Quién va a trabajar con ese nivel de impuestos? Es una locura; ojalá que ese tipo de criterios no prosperen en el tratamiento del nuevo Código Minero", opinó.

Sugirió que "se debería abrir el candado que está impidiendo que fluyan las inversiones y, eso tiene que ver en gran medida, con el establecimiento de un régimen impositivo que sea racional, que vea el corto plazo, pero también el largo plazo y que coloque a Bolivia en un nivel impositivo parecido al que rige en los países vecinos para que la tributación sea competitiva y atraiga inversión privada y no la ahuyente".

jueves, 28 de marzo de 2013

Evo promulga ley para iniciar demanda a Chile por el mar

El presidente Evo Morales promulgó el 23 de marzo la Ley 353, que autoriza al Ejecutivo retirar la reserva del Pacto de Bogotá que permite a Bolivia presentar la demanda contra Chile en la Corte Penal de La Haya, con el propósito de lograr una salida soberana al océano Pacífico.
La respuesta de Santiago no se hizo esperar. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó a los representantes de todos los partidos con representación parlamentaria a una reunión, el lunes 1 de abril, para debatir todos los escenarios posibles de la aspiración boliviana. Incluso, en el Palacio de La Moneda no se descarta un encuentro entre Piñera y Michelle Bachelet, que aspira a volver a la presidencia.

Demanda
El Gobierno mantiene en reserva el tenor de la demanda marítima contra Chile. Se espera que el presidente Evo Morales designe al equipo de juristas, que presentará el proceso jurídico internacional en La Haya.

“Se autoriza al Órgano Ejecutivo el retiro de la reserva efectuada al artículo VI del ‘Tratado Americano de Soluciones Pacíficas-Pacto de Bogotá’, formulada por el Estado boliviano en sujeción a la Ley número 103 del 7 de abril de 2011”, señala la ley a la que tuvo acceso ANF.

El presidente Morales calificó como "diálogos aparentes", el tratamiento al tema marítimo que sostuvieron Bolivia y Chile estos últimos años y que derivaron en la decisión de poner en conocimiento de la Corte Internacional de La Haya.

Desde Madrid, el expresidente chileno Eduardo Frey dijo que su país manifestó que la política exterior de Chile es una política del Estado, por lo tanto es difícil que haya cambios, aunque insiste en el diálogo


Gobierno busca regular con una ley funcionamiento de Concobol

El Gobierno estudia la aprobación de una ley, para regular el funcionamiento de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol). En el sector público, productivo y servicios suman cerca de tres millones de afiliados a estas instituciones de una población de 10 millones 300 mil habitantes a nivel nacional.

El presidente de ese organismo, Albino García, explicó que son más de mil las cooperativas existentes, aunque aclaró que no existe un informe oficial sobre cuantas realmente siguen funcionando.

“En minería existen alrededor de 140 cooperativas, le siguen las agropecuarias y de transporte, entre otros. Estamos en un período de recopilación. Un reporte general señala que tenemos aproximadamente tres millones de cooperativistas y eso se refleja en cada uno de los rubros”, sostuvo García.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tratará la próxima semana el proyecto de ley del “Sistema Cooperativo” que tiene el objetivo de establecer el marco jurídico que regulará la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, fiscalización, fomento y protección de las cooperativas.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Luis Alfaro, explicó que la norma consta de 112 artículos y fue aprobada por el comité de sector sin ninguna modificación. “La norma establecería instancias de control social previas a una intervención”.

“Se tiene un proyecto propuesto por el Ejecutivo, según la información es que hay un consenso que se ha hecho con todas las estructuras, y se ha visto que se van a crear otras instancias de control social previos, para llegar a una medida extrema de intervención estatal”, señaló el legislador.

La presidenta del Comité de Economía Comunitaria, Ivonne Luna, reveló que el Ministerio de Trabajo es el proyectista de la norma. Indica que el control que regirá el Gobierno, a través de las carteras de Estado, estará dirigida a las personerías jurídicas de cada cooperativa, así como a la fiscalización de los recursos.

“Es la misma ley que la anterior, sólo se está cambiando un 25 por ciento de la norma, estamos hablando de la estructura, por ejemplo antes los directivos cumplían una gestión, hasta dos, pero ahora será sólo una vez. También cuando eres directivo de una cooperativa no puedes ser directivo de otra cooperativa”, apuntó.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Gobierno concluirá en abril propuesta de nueva ley minera

El director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería, Juan Carlos Carrasco, informó que la propuesta de ley minera que es elaborada entre el Ejecutivo y los representantes del sector minero del país, estará concluida en abril próximo, luego de zanjar el debate sobre las regalías que deberá pagar el sector, cuando se aplique la nueva norma.

Carrasco explicó a la ABI que ya se iniciaron los debates sobre las regalías mineras en la norma y dijo que el despacho de Política Minera presentará 'en estos días' una propuesta orientada a favorecer al sector y a los intereses del Estado y sus recaudaciones.

'El Ministerio de Minería está preparando una propuesta, que seguramente será de conocimiento en el transcurso de estos días para que sea base, más los criterios y opiniones de los representantes de la industria minera del país tomen una decisión. Una vez terminado eso ya terminamos con la ley Minera, en abril', señaló.

Tras la conclusión de la propuesta, el documento será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y posterior aprobación.

Carrasco apuntó que la nueva norma pretende definir los alcances de los derechos y obligaciones de la industria minera, las inversiones, los trabajos de prospección, exploración, explotación y la comercialización de los minerales o metales.

'Se está haciendo un trabajo intensivo en estos últimos días, una dificultades que son propias de estos temas, tienen que ver con los interés de cada uno de los sectores como es el tema de la regalías', agregó.

Según la Cámara Nacional de Minería, el proyecto de la nueva ley Minera también definirá quiénes serán considerados como mineros chicos, medianos y grandes, de acuerdo con la producción mensual de minerales, su pureza y tipo, para definir tributos en relación a ingresos.



ABI

martes, 26 de marzo de 2013

Concejo rechaza propuesta para la Ley del Transporte

El Concejo alteño rechazó en la víspera la propuesta de Ley del Transporte presentada por el Ejecutivo Municipal debido a que la norma no habría sido consensuada con todos los actores implicados en ella, según expresó el legislador Óscar Huanca.

Esto causó molestia en varias organizaciones sociales, especialmente en la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), instancia que se declaró en emergencia.

“Quiero recordarle al Ejecutivo municipal que de acuerdo a la ley 165, esta ley debería ser primero socializada con la Federación de Choferes de la urbe alteña, instancia que fue uno de los principales sectores que se ha opuesto para que esta norma sea aprobada”, aseguró la autoridad.

“Es lamentable que nuevamente las presiones tanto del sector de los choferes, como del sector de los gremiales, tenga más poder que una norma que tenía que aprobarse hoy (ayer) y fue retirada del Concejo Municipal bajo una excusa denominada ‘socialización’, cuando es el sector de los choferes, como el de los gremiales, quienes no han querido participar en ninguna de las reuniones de coordinación y trabajo que ha desarrollado Fejuve con el Municipio, por lo tanto ellos no pueden decir que desconocen y esta nueva postergación, sólo perjudica al conjunto de la población”, agregó Alberto Cochi, representante del ente vecinal.

lunes, 25 de marzo de 2013

El argumento legal del juicio contra Chile queda en reserva hasta la presentación de la demanda



Por estrategia, el argumento legal de la demanda que Bolivia presentará contra Chile para lograr una salida soberana al Pacífico se conocerá públicamente el día mismo en que se presente el documento. Por ahora, el asunto es de conocimiento de un grupo exclusivo.

Esta mañana, durante una entrevista con la red PAT, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que la anterior semana, durante la sesión reservada en la que el Legislativo trató el levantamiento de la reserva al Pacto de Bogotá porque impedía que Bolivia acuda a tribunales internacionales en este caso, se les hizo conocer que ese asunto será manejado en estricta reserva por su importancia.

“Mucho se cuestiona por qué bolivianos y bolivianas no saben (sobre el contenido de la demanda) Por qué dejaría de ser estrategia, es decir es un tema demasiado delicado e importante para bolivianos y bolivianas y todo eso es parte de una estrategia muy bien planificada que se va a ir desarrollando en el momento en que se presente la denuncia”, explicó.

Ya el viernes, durante una entrevista exclusiva concedida a La Razón, el presidente Evo Morales dijo que el asunto es de conocimiento de un grupo exclusivo y anticipó que no se harán públicos los detalles. “Algunos periodistas me preguntan cuál es la estrategia ¿Cómo vamos a contar eso? Jamás. Eso lo manejan dos o tres compañeros”, afirmó.

Hoy, durante una entrevista con canal en su país, el canciller Alfredo Moreno consideró que el gobierno boliviano se equivocó de camino al optar por el juicio y admitió que desconocen cuál será el fondo de la demanda a la que su país deberá hacer frente en tribunales internacionales.

"No sabemos lo que va a demandar Bolivia, pero suponemos que es algo posterior a 1948, y que no esté en el Tratado de 1904, por lo tanto la demanda de Bolivia debe ser de otra forma", puntualizó.

Este 23 de marzo, en los actos por El Día del Mar, el presidente Evo Morales anunció que la demanda contra Chile será presentada “en los próximos días” por una comisión oficial que será enviada a La Haya. Extraoficialmente se conoce que esa comisión estará integrada por el canciller David Choquehuanca, además del director de Diremar, Juan Lanchipa, los ministros de la Presidencia y de Defensa, Juan Ramón Quintana y Rubén Saavedra, respectivamente, y el diputado Héctor Arce.

Además, fuentes del oficialismo anticiparon a La Razón que siete expertos extranjeros integran el equipo jurídico que ayudó en los trabajos para la elaboración de la demanda. Entre los juristas se encuentra el británico Philippe Sands, fundador del prestigioso estudio de abogados Matrix Chambers y además conforma el consejo jurídico de la Reina de Inglaterra. Junto a él, está el español Antonio Remiro Brotóns, experto en derecho internacional, contratado para liderar el equipo.



En el resto del grupo están los abogados españoles Jorge Cardona Llorens y Rosa Riquelme, y los argentinos Marcelo Kohen y Osvaldo Gugliermino. Fue Kohen quien sugirió al Ejecutivo el nombre de Sands, abogado que en 1999 rechazó una propuesta chilena para defender al expresidente de ese país, Augusto Pinochet.

Comisión redacta ley para regular tenencia de armas

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores se encuentra redactando un proyecto de ley destinado a regular la tenencia, manejo, fabricación y clasificación de armas, explosivos y otros.
"El proyecto de ley tiene una visión integral del control de armas, del procedimiento, de la clasificación, de apropiar las facultades que tienen instituciones en el manejo de éstas, diferenciando lo que significa armamento militar, diferenciando armamento para tareas de orden interno e inclusive aquellas para la sociedad civil en su diversas actividades, como deportivas", explicó el presidente de esta Comisión, René Martínez (MAS).
Entre una de las particularidades de este proyecto de ley se encuentra la tenencia de un arma que podrá ser solicitada por aquella persona o autoridad que se crea amenazada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos previstos en esta ley, entre éstas el registro que se instituirá para este fin, precisó Martínez.
El senador dio a conocer que serán los Ministerios de Defensa y Gobierno los encargados de velar por el cumplimiento de este proyecto de ley, siendo ellos cabezas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Groux enmendará las “falencias” de Ley del Libro

El anteproyecto de Ley del Libro y la Lectura Óscar Alfaro incluirá la figura del derecho de autor, informó el ministro de Culturas, Pablo Groux, quien dijo que se realizarán mejoras a la propuesta normativa.

Además explicó que las universidades estarán representadas en el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura.

Reconoció que ambos aspectos no están establecidos en el borrador de la norma que se encuentra en el Senado; sin embargo, se corregirán estas falencias.

“Nos proponemos y debo reconocer, enmendar estas falencias e incorporar y destacar los derechos que tienen los autores, liberarlos de la relación, que puede entenderse aunque no es la idea”, dijo en entrevista telefónica con ERBOL.

“ Se va a tener con la industria editorial y abrir estas nuevas iniciativas de no sólo restringirse al derecho de autor, sino también que se pueda liberar ese derecho de autor por voluntad expresa de sus productores”.

El ministro resaltó que se abrirá un escenario de discusión en el proceso de reglamentación que “pretendemos hacerlo con la participación ciudadana para que sea una norma aplicable”.

Diputados tratarán ley para Ipatí y Aquio



Hoy la Cámara de Diputados tratará los proyectos de ley que autorizan la modificación de los contratos de operación para las áreas Ipati y Aquio, incluyendo la participación de la rusa Gazprom a la sociedad con la francesa Total y la nacional Tecpetrol.

Los proyectos de ley que serán tratados corresponden al cambio “en la cesión del 25% de la participación de Total (…) en los derechos y obligaciones” en cada una de las áreas Ipati y Aquio.

Sin embargo, hay una diferencia en porcentajes, pues, los proyectos de ley mencionan 25%, en tanto que cuando se firmaron los nuevos contratos, en agosto de 2012, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó de la transferencia de 20% en cada área.

El informe de la petrolera estatal indicaba que la cesión por parte de la francesa es del 20%, con lo cual “la participación de cada una de las empresas de este consorcio se distribuye de la siguiente manera: Total E&P Bolivie mantiene un 60%, Tecpetrol se queda con el 20% y Gazprom sustenta el restante 20%”.

Estos nuevos contratos deben ser refrendados por ley, y aun cuando fueron suscritos en agosto de 2012, y los proyectos de ley ingresaron al Legislativo en octubre del mismo año, en febrero de 2013, desde la Comisión de Economía de Diputados se solicitó su reposición.

La orden del día de la Cámara de Diputados convoca para las 16.00 de este lunes a una sesión plenaria con una agenda que comenzará con la correspondencia, luego seguirá con la consideración de los proyectos de Ley 148/2013-2014 Contrato de Operación para el área Aquio y el 1492013-2014 del Contrato de Operación para el área Ipati.

EXPERTOS EN MINERÍA Alertan que nueva ley minera eleva los impuestos a un 91%


Advierten que la minería privada podría cerrar, Proponen que la nueva norma no frene las inversiones. Un estudio muestra que en Bolivia se pagan las tasas más altas de la región

La posibilidad de que el Gobierno incremente la carga impositiva a la producción minera de un 66,94% a un 91%, que estaría contemplado en la nueva Ley de Minería preocupa al sector privado. Dos expertos señalan que, de darse esta situación, la minería privada podría cerrar operaciones.

Dionisio Garzón, exministro de Minería, y Henry Oporto, sociólogo de la Fundación Pazos Kanki, en su disertación sobre “Actualidad y problemática de la minería boliviana” realizada en la Cámara Americana de Comercio de Bolivia, alertaron que en la nueva ley sectorial que está siendo elaborada, el Gobierno pretende incrementar las regalías mineras por encima del 6% actual y el impuesto por remesas al exterior de un 12,5% a un 25%, lo que incrementaría a unb 91% la carga impositiva que debe soportar el sector, poniendo en riesgo las operaciones privadas.

Consultado el ministro de Minería, Mario Virreira, adujo estar en una reunión y señaló que la próxima semana analizarían las publicaciones de prensa para luego emitir un criterio sobre el particular.

Sin embargo, en días pasados, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, Juan Carlos Carrasco, afirmó que el proyecto de la nueva ley sectorial tenía un consenso del 90% y que el único tema pendiente era el relacionado a las regalías, el cual será abordado en los próximos días.

impuestos elevados
El estudio “Los dilemas de la minería” realizado por Henry Oporto, Dionisio Garzón, Jorge Espinoza y Petro Portugal establece que la carga impositiva para el sector minero boliviano es el más alto de la región. En el tema regalías, considerando una rentabilidad del 35%, se paga entre un 5% y un 7%, en tanto que en Argentina se tributa entre el 0% y el 3%; en Chile, un 1,75%; y en Perú, un 2%.

Lo propio sucede con lo relacionado a las utilidades de las empresas sumado al impuesto por remesa de dividendos: en el país se paga el 45,3%, contra el 35% que se cancela en Argentina y Chile y el 32,9% de Perú.

Propuesta
Los expertos proponen que la tributación del sector sea racional, para no atentar contra las inversiones. Alertan que la minería privada podría optar por cerrar operaciones. Oporto sugirió al Gobierno que la tributación sea competitiva, de manera que atraiga inversión privada y no la ahuyente, como ocurriría de consolidarse el incremento.

EL DEBER intentó comunicarse con el presidente de los mineros privados de Potosí, Jaime Usquiano, pero estaba con el celular apagado.





Análisis

Sería un desincentivo a la producción
Óscar Cortez | Analista

Si esta aplicación impositiva es también para el sector cooperativo significaría que el Gobierno quiere tener en sus manos, como un monopolio, la explotación minera. Si no es el caso, lo que está pretendiendo es eliminar cualquier empresario privado que pretenda ingresar o continuar en este sector, lo cual significaría no una privatización sino una forma de monopolizar la explotación minera, porque no existe ningún negocio, salvo el narcotráfico, que pueda dejar una productividad del 200% que pueda permitir destinar un 91% de sus utilidades al pago de impuestos, con la salvedad que el narcotráfico no paga impuestos.

Si es así, está desincentivando la producción en un momento en el que hay precios atractivos en el exterior. El Gobierno debería fomentar la inversión privada en explotación con condiciones impositivas que hagan que el Gobierno tenga ingresos fuertes, pero no estrangulando e indirectamente prohibiendo el ingreso del sector privado a la minería.

Salud admite carencia de control de Ley Antitabaco



El Ministerio de Salud admite que la Ley Antitabaco carece de mecanismos de control que velen por su cumplimiento, según declaró a La Razón el viceministro de Salud y Promoción, Martín Maturano. “Hay una legislación ya vigente en el país, la cual tiene muchas bondades. La dificultad está en la aplicación, por la centralización, las autonomías. No hay una instancia que pueda hacer un seguimiento del cumplimiento de la norma”.

La Ley N° 3029 de 2005 fue la primera norma aprobada en Bolivia en esta materia. Ratificaba el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. En 2007 fue reglamentada. Esta norma indica, entre otras medidas, que las cajetillas de tabaco deben llevar en ambas caras mensajes de advertencia que ocupen el 50% de su tamaño.

“Estamos avanzado en la coordinación de diferentes instancias y de esa manera tener un mejor control y, sobre todo, avanzar en el tema de los ambientes 100% libres de humo de tabaco. La norma ya (lo) prevé, pero yo no conozco en el país una sola discoteca que tenga un área de fumadores y otra de no fumadores”, reconoció Maturano. También está pendiente acabar con la venta de cigarrillos por raleo.

El viernes, el senador de Convergencia Nacional Bernard Gutiérrez presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Antitabaco con determinaciones más duras.

NUEVO CODIGO CIVIL Las notificaciones judiciales mediante correos electrónicos

El diputado Héctor Arce (MAS), proyectista y presidente de la comisión, explicó que el objetivo de este nuevo Código es reducir la carga procesal, por lo que se optará por la conciliación de las partes, que en muchos casos evitaría que se lleve el caso a un juicio que será oral y reducido.

Según el proyecto de ley al que tuvo acceso la ANF el artículo 86 establece que: La autoridad judicial cuando corresponda podrá disponer la notificación por correo y se hará necesariamente por carta certificada, en la que la o el oficial de diligencias, responsabilidad, incluirá copias con transcripción de las piezas pertinentes, para el conocimiento de la resolución judicial.

II. El correo entregará la carta a la destinataria o destinatario, haciendo firmar acuse de recibo, el cual será devuelto a la autoridad judicial, bajo constancia.

III. Si la persona a quien debe notificarse no se encontrare en el domicilio será devuelto a la autoridad judicial.

ANF

Proyectan elaborar ley para aprovechar yacimientos de yeso

Asumiendo que el departamento de Oruro en diferentes municipios tiene yacimientos de yeso, el asambleísta Salomón Aguilar manifestó que es preciso elaborar una ley departamental para aprovechar de adecuada forma estos recursos a través de una fábrica de estuco u otra forma de industrialización.

Indicó que en el municipio de Pampa Aullagas por ejemplo existen ricos yacimientos de yeso que actualmente son aprovechados por los pobladores del lugar, quienes de forma artesanal realizan la explotación, mencionó que sería bueno emplazar una fábrica para la industrialización.

Señaló que el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador) no solo debe avanzar en proyectos de infraestructura o servicios, sino más bien debe invertir con visión productiva generar recursos económicos y empleos en el departamento.

Explicó que en el municipio de Pampa Aullagas para encarar una actividad productiva, se requiere de una sub estación de energía eléctrica, por ello señaló que dentro el Plan Operativo Anual (POA) de la Gobernación se inscribieron recursos para este fin, además mencionó que se deberá mejorar el camino en este sector.

Asimismo se refirió al proyecto de ley que emanó la pasada gestión de la Asamblea Legislativa Departamental que declara prioridad la construcción de una fábrica de cemento e indicó que esta norma a la fecha no fue cumplida, por ello pidió a las autoridades tratar este aspecto de forma breve, asumiendo que los estudios del Servicio de Geología Técnico de Minas (Sergeotecmin) indican que Oruro tiene yacimientos de caliza en dos lugares; uno en la Mesa del Inca que se encuentra en Salinas y otro en Caracollo Norte.

domingo, 24 de marzo de 2013

Ratifican de inaplicable la “pena de muerte”en Bolivia


La Cámara de Senadores recibió la ley que justifica la abolición de la pena de muerte en el país.

La Cámara de Senadores recibió la ley que ratifica la abolición de la pena de muerte en el país, conforme al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo proyecto fuera aprobado por la Cámara de Diputados el jueves en sus estaciones en grande y detalle.

“Es una ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinados a Abolir la Pena de Muerte, ya existe una pacto suscrito en 1966 y en ese establece que todos los países miembros, que acuerdan que no se puede ejecutar o matar a ninguna persona sometida a jurisdicción en los Estados Parte”, aseveró la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Internacional, Erika Claure, afirmó que dicho Protocolo no contraviene la Constitución Política del Estado y que está dentro de la política pacifista y anti violencia que “predica” la Carta Magna.

La suscripción del Protocolo tiene la finalidad de promover el respeto a la Vida y a los Derechos Fundamentales de los seres humanos, garantizar la dignidad y el vivir bien de la población, respetando la soberanía de los Estados.

La suscripción del Segundo Protocolo Facultativo emerge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la entonces República de Bolivia, mediante Decreto Supremo Nº 18950 de 17 de mayo de 1982 y la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000.

En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, en fecha 15 de diciembre de 1989, se adoptó el referido Protocolo Facultativo, a través de la resolución Nº 44/128 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Los países miembros acordaron que no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte y que cada uno de ellos, adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en sus territorios.

Ley de la mujer sólo se aplica en El Alto

A casi dos semanas de la promulgación de la normativa, sólo se atendieron dos casos.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), promulgada por el presidente Evo Morales el pasado 9 de marzo, es aplicada en El Alto, pero ignorada en La Paz, de acuerdo con la opinión de fiscales y abogados.
La norma, que fue elaborada para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y que sanciona con 30 años de cárcel sin derecho a indulto el feminicidio, no es aplicada en los tipos penales, afirmó el fiscal Harold Jarandilla, quien el viernes imputó a un hombre de violación utilizando la nueva norma. Ésta fue impulsada desde hace tres años por varias organizaciones de la sociedad civil y, en particular, por aquellas que defienden los derechos de las mujeres.
Sin embargo, el tratamiento de dicha ley tomó fuerza tras el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho Hannover, quien recibió 13 puñaladas de su pareja, el exteniente de Policía Jorge Clavijo Ovando, el pasado 11 de febrero.
El fiscal de El Alto explicó que, pese a que la norma no fue reglamentada aún, ésta debe ser aplicada por fiscales y jueces, porque las penas punitivas se modificaron. “Sobre todo los fiscales que estamos asignados a la división de Menores y Familia debemos conocer en profundidad este tema, pese a que no se han conformado aún los fiscales y jueces especiales en violencia contra la mujer”, dijo Jarandilla.
Detenido. La normativa, después de su promulgación, se estrenó el 18 de marzo, cuando Rodrigo Gustavo C. M., de 30 años de edad, fue enviado a la cárcel de San Pedro por el delito de tentativa de asesinato. El fiscal Luis Ferrufino explicó que se aplicaron todas las disposiciones legales de Ley 348 que sancionan las agresiones a las mujeres.
El pasado viernes 22 se registró un segundo caso, en el que el fiscal Harold Jarandilla imputó a Fabio T. (23). Éste, la noche del 19, ingresó por la pared del domicilio de la víctima, de 31 años, quien minutos después le identificó y le denunció. El hecho ocurrió en Villa Belén, de El Alto. De acuerdo con la autoridad, se aplicó la nueva ley en contra del sindicado, pero durante el proceso el hombre afirmó que mantenía una relación sentimental con la mujer y que no era la primera vez que ingresaba en el domicilio, motivo por el cual el juez Enrique Morales resolvió su arresto domiciliario.
Pero para el abogado Marco Antonio Cuentas la norma no es aplicada por los fiscales en La Paz, pues dice que dejan en libertad a los sospechosos de feminicidio. Él recordó que el fiscal Ariel Tórrez, en una ocasión, no tomó en cuenta las agresiones cometidas por un sujeto en contra de su pareja durante tres años y su posterior desaparición. “Para algunos fiscales la nueva norma no existe y continúan utilizando el Código de Procedimiento Penal, en el que las penas por violencia son mínimas con relación a la nueva ley”.

“Muchos fiscales desconocen la nueva ley integral y afirman que no es aplicable porque no tiene reglamento”.
Marco Cuentas / ABOGADO

2 procesos estrenaron la Ley 348. Un agresor está detenido en la cárcel y otro tiene arresto domiciliario.

Realizan campañas de socialización de la ley. Desde hace varios días, en algunos edificios de ministerios y empresas estatales de La Paz y El Alto cuelgan gigantografías que hacen referencia a las políticas públicas y las leyes aprobadas a favor de las mujeres. “Ahora sí, libres de violencia”, es la frase que contienen las gigantografías, en alusión a la vigencia de la nueva ley integral contra la violencia hacia la mujer.



‘La Cancillería está trabajando en una Ley de Tratados (Internacionales)’. David Choquehuanca



En la víspera del Día del Mar, el canciller David Choquehuanca recibió en su despacho a los medios La Razón, Página Siete y El Deber. En la charla, el diplomático adelantó que el presidente Evo Morales hará conocer hoy el trabajo que realizó Diremar respecto a la demanda marítima. Además, anticipó que su cartera prepara una Ley de Tratados Internacionales, esto con el objetivo de reformar los pactos incompatibles con la Constitución.

— ¿Qué mensaje tendrá Bolivia el Día del Mar sobre la demanda marítima?

— La preparación de una demanda no es fácil, lleva su tiempo, se necesita fundamentar bien la demanda, se necesita organizar, se necesita asesoramiento internacional; tenemos que recopilar toda la documentación que existe con relación a este tema. La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) tuvo un trabajo duro, se recopilaron varios documentos. Encontramos documentos en Ecuador, en Europa, incluso con relación al Silala y al Lauca. El presidente Evo Morales compartió con exmandatarios y excancilleres, y ahí se compartió por dónde se va a orientar (la demanda) y después del 23 de marzo ver qué acciones tomará el Gobierno. El presidente Morales dará un mensaje importante el 23 de marzo (hoy), también hará conocer el resultado del trabajo de Diremar y las decisiones que tomó el Gobierno boliviano al respecto.

— ¿Bolivia está preparada para iniciar la demanda judicial?

— Esperemos, el presidente Morales anunciará el resultado que tuvimos hasta ahora y anunciará las futuras acciones que se tomará.

— ¿La base de la demanda tiene más argumentos históricos?

— Eso lo conoceremos el 23 de marzo (hoy), el Presidente hará conocer las futuras acciones que tomará el Gobierno.

— ¿Qué se pretende demandar? ¿El incumplimiento del Tratado de 1904?

— El Presidente tampoco hará conocer en detalle cuáles serán las acciones que tomaremos. En caso de una demanda es la instancia internacional de arbitraje la que tiene que comunicar al país, no podemos nosotros develar nuestra estrategia, tenemos que tener paciencia. Participaron varias personas en esta construcción de la demanda, se compartió con los expresidentes, con excancilleres, pero todos ellos entienden cómo manejar este tema, y eso el pueblo boliviano debe entender, una estrategia no se puede develar.

— Diremar se reunió con el equipo internacional de abogados. ¿En estas reuniones se logró encontrar un sustento jurídico y la instancia jurídica en la que se instalará el proceso?

— Tenemos toda esa información. Sabemos por dónde puede caminar (la demanda), qué caminos podemos optar para que Bolivia pueda acceder al mar con soberanía, tenemos toda esa información. Fue muy importante la participación del equipo de abogados internacionales que participan en la construcción de esta alternativa. No podemos permitir que se siga dilatando este tema, hemos caído en una trampa.

— ¿La estrategia abre diálogo?

— En Chile encontramos varias contradicciones. Primero, cuando el presidente Morales anuncia que vamos a explorar otras alternativas, cuando dijimos que vamos a acudir al camino jurídico, Chile dijo que Bolivia debe escoger entre el camino del diálogo o el litigio. Dijimos que las puertas del diálogo siempre estarán abiertas, Bolivia está convencida de que este problema se debe resolver de manera pacífica, de manera dialogada, por eso Evo Morales y Michelle Bachelet acuerdan resolverlo mediante el diálogo y se construye la agenda de los 13 puntos. Cuando el presidente Piñera llega al gobierno se ratifica la agenda, (pero) Chile unilateralmente cancela la reunión donde se debía abordar las propuestas útiles, concretas y factibles.

— ¿En qué quedó el tratamiento de la agenda de 13 puntos?

— En el proceso de diálogo se identificaron puntos importantes para que podamos construir una nueva relación con Chile. Teníamos que superar el tema del mar, Silala, Lauca y el libre tránsito; después hay otros temas como el comercio, pero en el tema Lauca desde 1962 nos hemos callado y en 2010 incorporamos en este mecanismo el tema del Lauca. Si por el Silala hemos reclamado para que Chile no siga haciendo el uso arbitrario y abusivo, tiene que compensar el uso de estas aguas.

— ¿El diálogo continúa en los temas de la agenda?

— El mecanismo de consulta no se reunió, en estos temas no hay avances.

— Existen dos instancias a las que se puede apelar. ¿A cuál se puede acudir?

— El Tratado de 1904 establece (que) en caso de cualquier controversia podemos ir a la Corte de Arbitraje Permanente de La Haya, eso está establecido, pero también en La Haya está la Corte Internacional de Justicia; estamos explorando todas estas alternativas, queremos tener las puertas abiertas para que Bolivia pueda acudir a cualquiera de estas instancias.

— El Tratado de 1904 es incompatible con la Constitución. ¿Este documento será denunciado o renegociado?

— Sobre esto hay un debate intenso, hay trabajo intenso, porque ya estamos cerca, porque la Constitución de manera general dice que aquellos tratados contrarios a la Carta Magna tienen que ser denunciados o modificados. Bolivia no tiene una Ley de Tratados, necesitamos esa norma, es una ley general que no establece temas de límites, estamos trabajando en esa ley…

— ¿La Cancillería está trabajando esa ley?

— Se está discutiendo la Ley de Tratados en la Cancillería y con los ministerios.

Perfil

Nombre: David Choquehuanca Céspedes

Nació: 07-05-1961

Profesión: Pedagogo

Cargo: Canciller del Estado Plurinacional

Estudios en derechos de los pueblos indígenas

Nació en la comunidad de Cota Cota Bajo, en un cantón de Huarina de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. Sus estudios primarios los realizó en la escuela de la comunidad. En la década de los ochenta, cuando Bolivia vivía la transición de la dictadura a la democracia, comenzó a participar en procesos sociales y políticos. En La Paz, estudió la carrera de Filosofía en la Escuela Normal Superior Simón Bolívar. Empezó a apoyar a las organizaciones del movimiento campesino. Especializado en derechos de los pueblos indígenas, en 1985 accedió a una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Formación de Cuadros Niceto Pérez, en Cuba. En 1987 formó parte de una organización de base para participar con propuestas en los congresos y ampliados del Movimiento Campesino Indígena y comenzó a trabajar en la campaña “500 Años de Resistencia”. El objetivo era recuperar la cultura, las propias formas de organización, territorio y símbolos indígenas. Fue asesor de diputados indígenas. En 1990 efectuó un posgrado de Historia y Antropología.

Asamblea alista ley vinculante para defender derechos de los abuelos

OBJETIVO La normativa velará por la protección y seguridad de este sector de la población.

Redacción central / Cambio

Según datos del Defensor del Pueblo, la población adulta mayor en Bolivia alcanza a 740.000 personas.

La institución identificó que la mayor parte de los ancianos son mujeres y migrantes. Varios son abandonados en asilos.

Erlin Lara Orellana era un ingeniero jubilado de 77 años que fue rescatado de un centro ilegal en la ciudad de Cochabamba, donde recibía maltratos, fue dopado y golpeado. Luego de cuatro días, el 21 de septiembre de 2012, falleció.

Éste es uno de los casos que alarmó a la población boliviana por la falta de normativas en defensa de los derechos de las personas de la tercera edad.

De acuerdo con la geriatra cochabambina Carminia Rodríguez, con 40 años de experiencia en el cuidado de ancianos, “muchas personas de la tercera edad son abandonadas en las puertas de los asilos; algunos llegan golpeados, otros con demencia y la mayoría sufre por la impotencia de no poder hacer nada ante la maldad de sus hijos”.

Estos hechos no deben quedar en la impunidad y así lo consideran en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se ultiman detalles de un proyecto de ley vinculante para fortalecer la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad.

“Esta ley tiene como objetivo establecer políticas de protección, apoyo y asistencia a las personas mayores de 60 años, que sean capaces de trascender en otras normas y fortalecer la defensa de sus derechos”, indicó a Cambio el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya (MAS).

Según el legislador, el anteproyecto de Ley de Trato Preferencial y Ayuda a las Personas Mayores de 60 años es una iniciativa que todavía está en etapa de socialización.

Moya adelantó que esta nueva normativa tiene como principal objetivo convertirse en la ley marco en defensa de los sectores más vulnerables de la población. Además pretende fortalecer los diferentes servicios que este sector vulnerable recibe por parte de instituciones públicas, privadas, entidades bancarias, asilos, entre otros.

El Defensor del Pueblo, en su Informe sobre los Derechos Humanos 2012, indica que gran parte de los adultos mayores son mujeres y migrantes.

Según datos de esta entidad, en Bolivia el sector alcanza a 740.000 personas, y la proyección hacia 2025 señala que superarán el millón de habitantes.

MÁS DETALLES

Respecto al abandono que miles de ancianos sufren por parte de sus hijos, Moya indicó que en la construcción de esta norma se analizará si ese hecho debe ser penado.

“Los adultos mayores, en gran parte, viven abandonados en asilos que no cumplen con las normas, además no tienen la profesionalidad para cuidarlos, y eso debe ser regulado”, dijo.

Según los Servicios Sociales para Adultos Mayores de la Dirección de Asuntos Generacionales de las alcaldías de las ciudades de El Alto y La Paz, 30 de cada 100 personas de la tercera edad sufren algún tipo de maltrato físico o verbal.


“No tenemos leyes que nos protejan y, como ya no escuchamos bien, nos abusan y maltratan.

Salustiano Mamani

Vecino de Ovejuyo

Nueva norma legislará contratos por Internet

Los contratos por medio de e-mails u otros servicios electrónicos tendrán total validez y un juez podrá la resolver las controversias, establece el proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil, que pretende entre otras cosas empezar a legislar las actividades que se efectúan a través de las nuevas tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia, en el siglo XXI.

El proyecto de esta norma fue presentado por el diputado oficialista, Héctor Arce, quien el momento de entregar esta propuesta a la Asamblea Legislativa dijo que se busca modernizar la justicia boliviana.

Otra novedad que se propone es que ya no sean necesarias las notificaciones en el domicilio de las partes, dentro del proceso, para evitar que los oficiales de diligencias exijan dinero con el pretexto de transporte para realizar su trabajo.

“Imagínense una persona que ha sido engañada con un anticrético, que además es el ahorro de toda su vida, que después de tanto peregrinar apenas le alcance para pagar al abogado y en cima de su desgracia tenga que pagar a los diligencieros para que realicen su trabajo, que es notificar a las partes y el juicio siga su camino, algo totalmente inhumano e ilegal”, resaltó el Diputado.

Arce, asegura que con esta propuesta que ha asido trabajada durante mucho tiempo con el apoyo de especialistas en Derecho Civil como José César Villarroel Bustos y Andrés Valdivia, trae otra reforma trascendental que son los juicios orales.“Este nuevo código reemplaza el juicio escrito, tedioso y elimina los ritualismos y las formalidades, uno de los grandes males de la justicia boliviana que ha heredado de corrientes extranjeras, desde el Derecho Romano y que han sido reducidas a la mínima expresión para lograr una justicia pronta, oportuna y libre de formalismos y ritualismos”.

También se establece que los plazos procesales se cuentan de lunes a viernes, “así se evitara notificaciones tendenciosas, porque los fines de semana los abogados no trabajan en su mayoría”.

Los jueces no podrán anular sentencias o procesos civiles sólo por la forma dejando de lado el fondo mismo de proceso. Arce reluce este hecho porque en la actualidad los magistrados anulan juicios que perseveraron años.

Código será cambiado después de 27 años

El actual Código de Procedimiento Civil está vigente desde el 2 de abril de 1976, y la propuesta planteada por el diputado oficialista Héctor Arce busca modificar los principios en los que la anterior normativa funcionaba, pues plantea que en los juicios civiles se reconocerá a los terceros como parte del proceso.

También establece que “el juez buscará la verdad material y la verdad de los hechos, que son los pilares de la administración de justicia” y se introduce la extinción por inactividad, es decir, que aquellos juicios que sean dejados por un tiempo determinado sea por muerte, declaración de ausencia, o fallecimiento de algunos de los litigantes el juicio civil se extinguirá para evitar que los procesos duren años, incluso hasta décadas. también se estableció que los plazos del proceso civil se reducirán y sólo irán en casación al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre los juicios que así lo ameriten, según su pertinencia. “El objetivo es que los juicios terminen en los Tribunales Departamentales de Justicia, así se evitará la sobrecarga procesal en el Tribunal Supremo de Justicia que sólo conocerá en el fondo y la forma en procesos ordinarios”, dijo el legisladro proyectista.

sábado, 23 de marzo de 2013

Proyecto de ley antitabaco prohíbe fumar en estadios



El senador de Convergencia Nacional (CN) Bernard Gutiérrez presentó ayer a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley antitabaco, que prohíbe incluso fumar en los estadios de fútbol. El documento de siete capítulos y 16 artículos tiene la finalidad de “regular la publicidad, promoción y consumo humano de los productos elaborados con tabaco para fines de prevención”, señala el artículo dos.

Entre los sitios prohibidos para el consumo del tabaco están: “centros comerciales y supermercados”; “las galerías, tribunas, canchas y otros espacios destinados al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios”; “hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y cualquier tipo de instalación que brinde el servicio de hospedaje, incluidas las habitaciones de los mismos”, entre otros.

También, el proyecto prohíbe a los fabricantes auspiciar cualquier evento público, entre otros.

Ley que ratifica Pacto de Bogotá sería promulgada hoy en acto oficial

El senador de Convergencia Nacional (CN) Marcelo Antezana informó que tras la aprobación por unanimidad de la ley que autoriza al Órgano Ejecutivo retirar la reserva al artículo sexto del Pacto de Bogotá y que obstaculizaba que se denuncie el Tratado de 1904 ante el Tribunal Internacional de La Haya, Bolivia tiene el camino expedido para accionar ese mecanismo internacional.

“Al ratificar este Pacto con esa reserva el 2011, imposibilitaba a Bolivia a acudir a estrados internacionales de carácter de justicia como La Haya. Primero se levanta esa reserva y luego, con el artículo único se aprueba el Pacto de Bogotá de manera extensa de tal manera que a partir de la promulgación de esta ley, que seguramente la promulgarán mañana (hoy), queda expedito para que el Gobierno nacional pueda llevar adelante su demanda ante tribunales internacionales”, explicó.

Sobre la consulta del senado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para renegociar el Tratado de 1904 dijo que ese es otro camino que puede ser sujeto a la decisión del Gobierno Nacional. “Ocurre que se tiene que presionar de que la Corte Internacional de La Haya, antes de que se pronuncie sobre el diferendo bilateral por el límite del mar territorial que llega desde las costas hasta al mar internacional entre Perú y Chile, se tiene que solucionar el tema de Bolivia, porque sino, se estarían dividiendo el mar territorial que antes fue de Bolivia”, afirmó.

Manifestó que como representantes de la oposición, apoyan la medida y que por ello se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley.

Recordó que el Pacto de Bogotá se aprobó por primera vez en 1948 y compromete a los Estados miembros a “abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos”.

El diputado del MAS, Rodolfo Calle, aseguró que esta decisión se da en el marco de la solución pacífica de controversias y descartó que se vaya a notificar a Chile antes de interponer la demanda, porque en derecho internacional la notificación puede correr después de instaurado el proceso ante el juzgado correspondiente.

El Concejo presenta la Gaceta Municipal



El Concejo Municipal de La Paz presentó ayer oficialmente la Gaceta Municipal Autonómica, en la que se publicarán las leyes y decretos del Gobierno local. Los seis primeros ejemplares rescatan 23 leyes de las 37 aprobadas desde 2010 a la fecha y nueve decretos municipales.

“Las gacetas van a ser publicadas 48 horas después de que sean aprobados leyes y decretos. Así, la comunidad podrá tener a la mano las normas en el municipio. En el caso de las ordenanzas, por año se aprueban unas 570, por ello se hará una publicación semestral”, resaltó el presidente del Concejo, Omar Rocha, quien precisó que la publicación, como en el caso de las normas nacionales, dará vigencia a leyes y decretos.

Hasta la fecha, sólo el Gobierno nacional publicaba en la Gaceta Jurídica las leyes y decretos nacionales. Rocha mencionó que los ejemplares de la Gaceta Municipal y las publicaciones serán puestos a la venta al público previa aprobación de una ordenanza en la que se fije el precio.

“En el marco autonómico, éste es un instrumento que coloca a La Paz como líder en ese proceso”, apuntó Rocha, quien entregó a la alcaldesa interina, Gabriela Niño de Guzmán, una copia de las seis primeras publicaciones.

La Alcaldesa recordó que, antes, las resoluciones y ordenanzas eran manejadas como un secreto y se tenía que hacer trámites engorrosos para sacarles fotocopia. Sin embargo, desde 2002 la información está al alcance de la población en la web del Concejo.

viernes, 22 de marzo de 2013

Ley regularizará contratos mineros

El ministro de Minería, Mario Virreira, anunció la presentación a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley destinado a regularizar los contratos mineros que están pendientes actualmente.

Este proyecto de ley acompaña a otro que está en tratamiento actualmente en la Cámara de Diputados, que incorpora en el Código Penal los tipos penales de avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta ilegal de recursos minerales.

"No sólo se trata de aprobar la ley de avasallamientos, sino tenemos otro proyecto de ley, la ley de autorización de contratos para la autoridad general jurisdiccional minera, porque esa ley acompaña a la ley de avasallamientos también y va a permitir regularizar los diferentes contratos que están pendientes en este momento, contratos que autorizan a diferentes operadores a explotar yacimientos que fueron pedidos hace tiempo atrás", anunció.

La autoridad minera no dio a conocer para cuándo se presentará este otro proyecto de ley ante el Órgano Legislativo. La Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande el pasado martes el proyecto de Ley de Avasallamientos.

Concejo trata ley de expropiación que da dos años para indemnizar



El Concejo Municipal aprobó ayer en su estación en grande el proyecto de Ley de Expropiaciones que fija un plazo máximo de dos años, tras la aprobación de la declaratoria de necesidad y utilidad pública, para que la Alcaldía pague las indemnizaciones a los afectados.

“En caso de incumplimiento de la cancelación de la indemnización o justiprecio al expropiado dentro del plazo de dos años (...), la expropiación quedará sin efecto”, señala el artículo 33 del proyecto referido a la conclusión del proceso de expropiación por falta de pago.

El proyecto de norma —que tiene siete capítulos, 39 artículos y dos disposiciones transitorias— fue remitido al Ejecutivo para que puedan enviar sugerencias y se prevé que el martes 26 comience el tratamiento en detalle y revisión.

“Este proyecto es el más moderno en Bolivia, porque precisa qué es la expropiación, respeta el derecho propietario y fija un plazo de dos años para que la Alcaldía pague por el daño”, informó el proyectista y presidente del Concejo Municipal, Omar Rocha, de Unidad Nacional (UN).

El 16 de septiembre de 2012, La Razón informó del vía crucis de cinco propietarios de inmuebles que sufren peripecias desde hace más de diez años para reclamar el pago de la indemnización por sus predios expropiados por el Gobierno local.

Pendiente. Según la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz, la municipalidad tiene pendientes alrededor de 60 casos de expropiación, algunos de los cuales tienen errores insalvables, por lo que quedaron archivados.

“El Concejo ha recibido por lo menos diez denuncias de personas a las que la Alcaldía no les ha pagado por sus bienes o no ha cumplido con sus compromisos de compensación, coartando sus derechos ciudadanos”, dijo el presidente del Concejo.

“El proyecto que se está trabajando contempla, por ejemplo, que la propiedad está constituida por el suelo, subsuelo y sobresuelo para tener precisión sobre el tipo de resarcimiento”, añadió el concejal. Con la ley, que está en proceso de aprobación, se espera mejorar los procedimientos que se aplican actualmente en el marco de la Ley de Expropiaciones del 30 de diciembre de 1884 y la Ley de Municipalidades.

Observaciones. El director jurídico del Gobierno Municipal de La Paz, Fernando Velásquez, señaló que la iniciativa es positiva, ya que urge actualizar y reformular los procedimientos de expropiación. “El documento nos fue entregado el martes y creemos que requiere análisis. Hemos podido notar deficiencias y contradicciones, por lo que se ha solicitado un compás de espera para trabajarlo mejor. Por ejemplo, se ponen plazos y condiciones que pueden ser perjudiciales”, apuntó.

Según el funcionario, las expropiaciones que se produjeron en gestiones pasadas no culminaron con el pago correspondiente debido a que los propietarios no presentaron su derecho propietario saneado. Rocha precisó que la norma busca que aquellos cuya propiedad sea expropiada en el futuro no tengan problemas. “Lamentablemente la ley no será retroactiva”, precisó.

MSM y MAS apoyarán la propuesta

Concejo

Los concejales Freddy Miranda (MSM) y Jorge Silva (MAS) anunciaron que apoyarán la propuesta de Ley de Expropiaciones del presidente del Concejo, Omar Rocha (UN). “Esta norma nos ayudará a solucionar problemas. La analizaremos y presentaremos nuestras sugerencias”, dijo Miranda. “Observamos el artículo referido a las expropiaciones en áreas de riesgo que vulneran el derecho propietario”, agregó.

Artículos proyecto de ley de expropiación

Plazo, art. 31

En caso de no efectivizarse la ley de expropiación que declara la necesidad y utilidad pública en un plazo no mayor a dos años, la venta forzosa quedará sin efecto.

Desastres, art. 11

En caso de procesos de expropiación por desastres, el Alcalde podrá ejecutar la expropiación y la declaratoria de necesidad podrá ser aprobada con posterioridad.

Subsuelo, art. 26

En caso de que el objeto de expropiación sea el subsuelo (Ej: caso túnel Americano), el monto se determinará con las reglas establecidas sobre la base del lucro cesante.

Sobresuelo, art.27

En caso de que el objeto de expropiación sea el sobresuelo, independientemente del suelo, el monto de expropiación se calculará sobre la base del avalúo cesante.

Reglamento, 39

El reglamento de la ley autonómica establecerá el procedimiento administrativo para la gestión de las expropiaciones y debe ser elaborado en un plazo no mayor a 30 días.

Oruro Socializan alcances de la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales

Con el propósito de explicar los alcances y procedimientos que encierra la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, personeros del Ministerio de Autonomías, de forma conjunta con la Dirección Técnica de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), hoy socializan la norma con las autoridades de los 35 municipios del departamento.

El director de Límites, Johnny Suárez informó que esta actividad se realizará en el Hotel Terminal a partir de las 09.00 horas, mencionó que en una primera instancia esta actividad fue suspendida por los conflictos que existe en la ciudad, sin embargo se espera que hoy participen las autoridades municipales.

Indicó que luego de la promulgación de la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales que se efectuó el 31 de enero de esta gestión, se determinó realizar una socialización para que los municipios puedan conocer la norma que permitirá definir los límites territoriales, señaló que la actividad se planificó de forma conjunta con el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal para garantizar la participación de las autoridades regionales, además se contará con la presencia de todas las entidades que estén involucradas con el tema limítrofe.

Explicó que a través de este taller, las autoridades podrán interiorizarse de qué forma se debe encarar el saneamiento para definir límites, ya que una vez que se conozca esto después de la reglamentación de la norma se podrá iniciar los respectivos procesos.

Indicó que se deberá aguardar el decreto supremo reglamentario que según establece la norma se debe elaborar en el plazo de 90 días después de la promulgación de la Ley 339, se espera que en abril pueda entrar en vigencia la norma

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AVASALLAMIENTOS

Por otra parte mencionó que en los recientes días no se recibió denuncias de avasallamientos en el sector limítrofe con el departamento de Potosí, sin embargo se realizaron visitas constantes a los municipios y comunidades afectadas por este tema como son Quillacas, Rodeo y Pampa Aullagas.

Presentan demanda legal para que asambleístas cumplan Ley de 1941

Un grupo de abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Departamental de Justicia en contra de la Asamblea Legislativa Departamental, para que esta cumpla la Ley 07 de 1941 que prohíbe nominar infraestructuras de carácter público con nombres de personas vivas.

Según el representante del grupo de "Abogados sin Fronteras", Benjamín Guzmán, esta sería una de las soluciones para pacificar la situación tensa que vive la ciudad de Oruro a raíz del cambio del nombre del aeropuerto Juan Mendoza a Juan Evo Morales.

"Hemos acudido, al Tribunal Departamental de Justicia que a través de una de sus vocalías, convoquen al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (Valerio Chambi) a objeto de que pueda rendir un informe, el por qué está incumpliendo esta ley, y si el tribunal considera de que nuestra postura cuenta con suficiente sustento legal indudablemente nos encontramos con una sentencia constitucional que obligaría a que la Asamblea revoque la Ley 045 y cumpla simplemente el artículo de la Ley 07 de 1941", sostuvo el abogado.

Según Guzmán ayer se presentó la demanda, siguiendo los procedimientos legales y de admitirse la demanda, en dos días, se realizaría la audiencia en la que tendrá que rendir su informe el presidente de la Asamblea Departamental.

"Frente a nuestros argumentos y la postura que no-

sotros manifestamos en la demanda interpuesta y si el tribunal considera que si tenemos la razón, indudablemente encontraríamos una resolución que pondría fin a este conflicto", manifestó.

Al ser consultado que si es la instancia competente el Tribunal de Justicia, Guzmán sostuvo que como funcionarios públicos los asambleístas no habrían cumplido una ley vigente haciendo referencia a la Ley 07 de 1941, por la que las autoridades judiciales, podrían pedir a la Asamblea Legislativa Departamental dejar sin efecto la norma recientemente aprobada.

Parlamento aprueba ley que permitirá a Bolivia demandar a Chile ante La Haya

El Congreso aprobó en una sesión reservada una ley de un sólo artículo sobre el Pacto de Bogotá de 1948 para habilitar al Gobierno a presentar ante la Corte de La Haya una demanda contra Chile, informaron hoy fuentes legislativas.

El senador opositor Germán Antelo confirmó a Efe que la norma fue aprobada "para facilitar las acciones del Gobierno en la posibilidad de que pueda llegar a la vía jurídica internacional", pero sostuvo que será el Gobierno quien explique los alcances de la normativa.

El legislador dijo que no puede dar detalles del debate en el Senado sobre el punto porque se trató de una sesión declarada de forma oficial como reservada, pero destacó que el Gobierno planteó una política de Estado respecto al conflicto marítimo con Chile.

La ley fue aprobada el martes pasado por los diputados y anoche por los senadores y es previsible que sea promulgada por el presidente Evo Morales en las próximas horas o mañana, con motivo de la celebración del Día del Mar, fecha en que se recuerda el aniversario de la pérdida del litoral boliviano ante tropas chilenas.

Morales se reunió el miércoles pasado en Palacio, por segunda vez en dos años, con cinco de sus antecesores y seis excancilleres bolivianos para anticiparles los anuncios que hará mañana, pero el contenido de esas conversaciones no ha trascendido formalmente.

El Gobierno de Morales reclama a Chile la restitución de una salida soberana al Pacífico perdida en la guerra que libraron ambos países a fines del siglo XIX y que le costó a Bolivia 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de superficie.

En su reclamo al Presidente chileno, Sebastián Piñera, Morales ha denunciado que el Tratado de 1904, que fijo los límites de ambos países tras la guerra, no ha sido cumplido por Chile en los aspectos relacionados con el tránsito de la carga boliviana hacia el mar.

La norma aprobada en el Congreso, según otras fuentes, autoriza al Gobierno a anular una reserva sobre el artículo VI al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, suscrito en Bogotá en 1948.

Tal artículo establece que no se podrán aplicar los procedimientos del tratado "a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de celebración del presente Pacto".

En 2011, Bolivia ratificó el Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya, pero no levantó la reserva sobre el citado artículo lo cual, según explicaron a Efe expertos en derecho internacional, podía bloquear la demanda jurídica.

"Levantar la reserva al artículo VI es la forma en que Bolivia no tendrá obstáculos, ni objeciones de parte de Chile para desarrollar la demanda sobre el tema marítimo en la Corte Internacional de La Haya", dijo una fuente consultada por Efe.

Los actos sobre el Día del Mar incluirán un homenaje militar al héroe boliviano de la Guerra del Pacífico, Eduardo Abaroa, cuyos restos serán trasladados en las próximas horas desde un templo hasta la plaza que lleva su nombre en el centro de La Paz.

El 23 de marzo de 2011, Morales ya anunció que demandaría a Chile ante tribunales internacionales para que atienda su reclamación de obtener una salida "soberana" al Pacífico.

Ley reconoce a pequeños productores de la agricultura familiar

Pequeños productores que trabajan bajo la modalidad de agricultura familiar fueron reconocidos mediante una Ley promulgada en la actual gestión por el Estado Plurinacional de Bolivia, hace unos días, luego de más de una década de espera, a petición de las Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias (OECAS), por la Integración de los Sujetos de la Agricultura Familiar Sustentable para la Soberanía Alimentaria, señala un informe de esta organización.

La ley fue promulgada el sábado 26 de enero por el Presidente Evo Morales y declara que la agricultura familiar de interés público y nacional por ser la base de la soberanía alimentaria del pueblo boliviano.

El informe señala que la Ley rescata y valora la contribución de la mujer y jóvenes rurales en el desarrollo productivo, plantea un sistema Integral Financiero para las OECAS, la institucionalización de un espacio de integración denominado CUMBRE DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA propuesto para el diálogo productivo a nivel nacional.

‘’Si a nivel nacional estamos bien económicamente, ahora al tarea es que a nivel de la familia, especialmente de las áreas rurales, queremos estar bien económicamente, esa es la misión, esa es la tarea que tenemos’, señaló el Jefe de Estado, durante la promulgación de la misma.

El Presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias (CIOEC BOLIVIA), Carlos León Huaynahuayna, a nombre de los pequeños productores del país se comprometió a apoyar en la consolidación de la soberanía alimentaria hasta el año 2025, el Bicentenario de Bolivia. �“Hoy los pequeños productores celebramos la promulgación d esta norma que nos visibiliza a los pequeños productores como trabajadores rurales, luego de décadas de marginación y abandono�”, enfatizó.

León pidió el acompañamiento de las familias campesinas para alcanzar a paso firme la seguridad y soberanía alimentaria de Bolivia. Al referirse a la migración campo-ciudad, que �“los hermanos, jóvenes queremos que se queden en el campo y no queremos que se vengan a las ciudades” a fin de fortalecer la agricultura familiar sostenible y diversificar la producción en el agro.

Socializaron en Tarija Ley de Delimitación de Unidades Territoriales



Con la presencia de las unidades territoriales autónomas de los nueve departamentos, la mañana de ayer en la Casa de la Cultura, se llevó adelante la socialización de la Ley Nº339, que establece la Delimitación Territorial y que busca solucionar los problemas limítrofes existentes en comunidades, municipios y departamentos de Bolivia.

Fohad Amas, secretario de Planificación de la Gobernación, en representación del gobernador, dijo que la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, prevé varias modalidades de solución a los problemas limítrofes entre comunidades, municipios y departamentos del país, asegurando que ésta es la norma legal que estaba esperando el pueblo para poder solucionar sus problemas de territorialidad.
Asimismo, indicó que esa nueva norma establecerá de manera clara los límites entre municipios, provincias y departamentos sin enfrentamientos entre pobladores, porque será mediante diálogo y conciliación.
Entre tanto, el asesor general del Despacho del Ministerio de Autonomías, Fernando Ávila, explicó que la Ley ya fue promulgada y que todavía se debe trabajar en el reglamento, aspecto que estaría a cargo de todos los presentes; asimismo dijo que esta actividad es impulsada por el Ministerio de Autonomías, para que posteriormente, cuando se lo tenga listo, mediante decreto supremo sea promulgado su reglamento que dará todas las líneas respecto a la ley de delimitación.
Ávila dijo que una vez que se promulgue la ley de delimitación, como departamento se hará la respectiva socialización con los municipios, para que tengan conocimiento de esa norma que encausa la delimitación intradepartamental; asimismo, explicó que las decisiones en estos casos territoriales no serán tomadas por las autoridades, ya que detalló que si no se llega a un acuerdo se llevara la decisión mediante un Referendum.
“Estos conflictos se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo, por ejemplo se vio que algunos conflictos tienen su origen en la época de la Colonia que a la fecha no se resolvieron, otros conflictos que datan de 20 ó 30 años atrás y que hasta la fecha tampoco tuvieron solución, precisamente por la falta de una normativa que pueda encauzar una solución de este conflicto”, finalizó.

Se reabren pugnas indígenas mientras avanza anteproyecto de Ley de Consulta

Mientras el anteproyecto de la Ley de Consulta Previa es sociabilizado por el Ministerio de Gobierno para sentar una normativa definitiva sobre este derecho establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), las pugnas entre las dirigencias indígenas se reabren y llegan hasta instancias internacionales.

El proyecto se va afinando en el Ejecutivo y se ha convocado a varias organizaciones indígenas, pese a la experiencia amarga del Tipnis que derivó en dos marchas, un proceso de consulta y la resistencia continúa contra la construcción de una carretera en medio de la reserva natural boliviana que une los departamentos de Cochabamba y Beni.

Ayer, la dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) afín al oficialismo, Melva Hurtado, se presentó con una comitiva en Palacio de Gobierno y sostuvo una reunión con el mandatario Evo Morales, con quien comprometieron trabajar en la denominada Agenda Patriótica rumbo al bicentenario de la República en 2025.

Hurtado se quejó en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por la representación asumida por Fernando Vargas y Adolfo Chávez como voces de los indígenas del oriente. Chávez aún es el presidente de la Cidob y Vargas es titular de la Subcentral Tipnis, entidad poseedora del título ejecutoriado sobre la reserva natural.

Tanto Chávez como Vargas estuvieron presentes en la 47 audiencia de la entidad internacional y denunciaron la violación a los derechos indígenas desde el Gobierno central, asumiendo una contradicción entre la Ley 180 de Intangibilidad y la Ley 222 de Consulta, formada pro la dirigencia de colonizadores del Consejo Indígenas del Sur (Conisur), aliado al régimen de Evo Morales.

Por su lado, el dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, a tiempo de lamentar las divisiones en el movimiento indígena de Bolivia, en parte por la acción gubernamental, presentó una carta al despacho del presidente Evo Morales, manifestando la predisposición para participar de la construcción efectiva de la Ley Marco de Consulta.

Las entidades financieras cambiarán contratos de préstamos con nueva ley

Una vez aprobado el proyecto de Ley de Servicios Financieros, en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, todas las entidades bancarias que poseen modelos de contrato de crédito o préstamo deberán adecuarlo a la nueva normativa y, en consecuencia, incluso modificar la tasa de interés.

La información corresponde al viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, quien de manera didáctica explicó los alcances del proyecto de ley en una red televisiva en la cual dio pormenores de los futuros cambios que deben realizar los operadores financieros.

"La ley rige hacia adelante, pero en el tema de los (modelos de) contratos, y estas cláusulas abusivas o estas cláusulas que nosotros estamos incluyendo en la ley, los contratos tienen que adaptarse, aun los anteriores", aseveró la autoridad financiera.

Ejemplificó que si la nueva ley "prohíbe cobrar comisiones que están en los anteriores (modelos de contratos), entonces a partir de ahora esas comisiones ya no se pueden cobrar, porque están prohibidas, entonces estos contratos deben adaptarse a las nuevas normativas que estamos sacando a partir de la ley", reiteró.

Una preocupación de las personas que adquirieron un préstamo financiero son los elevados intereses que deben pagar, más aún cuando se da un retraso en el pago que es penalizado bajo el criterio de "mora bancaria", así como los intereses que corren con la misma y que incrementan la deuda.

Al respecto, el viceministro Guillén explicó que "esta semana todavía la ley no está vigente, pero uno tiene que preocuparse porque, una vez que salga la ley, los (modelos de) contrato tienen que adaptarse a las nuevas disposiciones que tenga la ley (de Servicios Financieros)".

Desde el punto de vista del Gobierno, en la vieja concepción neoliberal de la anterior Ley de Bancos, ésta "protegía al sistema financiero, les otorgaba varias cláusulas para que determinen, por la acción de la oferta y la demanda, las condiciones y las tasas de los créditos que se transaban".

Guillén dijo que en el proyecto es el Estado el que va a intervenir para regular las tasas de interés y las condiciones de trabajo de las entidades bancarias.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, dijo que el Estado no solamente va a controlar las tasas de interés, especialmente para el área productiva y de vivienda, sino que también va a determinar qué cosa puede cobrar una entidad financiera al cliente, qué cosa no va a poder cobrar y, algo mucho más interesante, cuánto va a cobrar.

El Ministro de Estado agregó que "esa es la diferencia con la vieja ley neoliberal. La banca ha dicho ‘no queremos que nos regulen las tasas, las comisiones’. Por supuesto, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de políticas, en las que tenían el control de todo el negocio financiero".

Además, en el Proyecto de Ley de Servicios Financieros se establece que la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros (ASFI) regulará, bajo el paraguas de la nueva ley, las relaciones contractuales de los bancos con los particulares, en la actualidad a discreción del sistema de intermediación financiera.

Debaten ley para enjuiciar a Chile en Corte de La Haya

El Gobierno ultima detalles para presentar una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Asamblea Legislativa Plurinacional reformará “de emergencia” la Ley 103 para ratificar el Pacto de Bogotá con el objetivo de “reafirmar la plena e íntegra vigencia entre las altas partes contratantes del mismo, cuya importancia radica en el reconocimiento del principio de solución pacífica de controversias y del consentimiento necesario para invocar la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia”.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso Página Siete, cuenta con un artículo único que retira la reserva hecha por Bolivia en 2011 al Pacto de Bogotá.

De esta forma, el Gobierno apunta a que Chile no pueda presentar reparos a la apertura de una causa internacional para solucionar el conflicto marítimo vigente entre los dos países.

DEMANDA Mañana, cuando se conmemore el “Día de la reivindicación marítima” se anunciará la demanda y se realizará una sesión legislativa extraordinaria en la que se tratará el tema.

La Cámara de Diputados comenzó a trabajar, en una sesión reservada, el proyecto de ley para ratificar la vigencia del pacto.

La mayoría de las autoridades oficialistas prefirió evitar comentar el objetivo de la norma.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, adelantó que el proyecto de ley forma parte de la estrategia en el tema marítimo.

“En el marco del respeto a una estrategia de Estado, el Estado de Bolivia con todas las representaciones incluso de excancilleres y expresidentes, la Asamblea Legislativa tenemos muy claro que estamos trabajando para resolver este lamentable conflicto que data de 134 años para poder ejercer nuestro derecho de una salida soberana al mar”, explicó Tejada.

OBSTÁCULO El senador Adolfo Mendoza (MAS) añadió que la reserva que Bolivia pretende retirar “estaría obstaculizando la demanda internacional”. El parlamentario indicó que la futura ley “nos permitirá que no tengamos ninguna objeción, ningún impedimento relacionado a las estrategias”.

De acuerdo con la información que obtuvo Página Siete, la estrategia nacional tiene un cambio significativo, pues no se denunciará el Tratado de 1904, como se pensaba al principio. Todos los análisis jurídicos indicaban que esta posibilidad era inviable.

Bolivia, según la internacionalista Karen Longaric, podrá plantear que tiene otros derechos ante Chile y basar en eso la demanda internacional.

El país sostendrá que Chile no cumplió sus compromisos de solucionar el conflicto marítimo y que el mismo “afecta intereses vitales de un Estado”.

Bolivia ratificó la vigencia del Pacto de Bogotá el 7 de abril de 2011, dos semanas después de que Evo Morales anunció que acudiría a un tribunal internacional para demandar a Chile.

En aquella oportunidad se hizo una reserva para que asuntos anteriores a la puesta en vigencia del pacto interamericano (1948) puedan ser atendidos.

Etapa necesaria para el juicio

- 7 de abril de 2011. Dos semanas después de que se anunció la estrategia internacional boliviana, de demandar a Chile ante tribunales internacionales, la Asamblea Legislativa ratificó la vigencia del Pacto de Bogotá e hizo una reserva para que los casos anteriores a su puesta en rigor (1948) puedan ser atendidos.

El objetivo es que el Tratado de 1904 “de Paz y Amistad” pueda ser denunciado ante la Corte Internacional de La Haya.

- 10 de junio de 2011. Chile, a través de una nota, expresó la imposibilidad de la plena vigencia del Pacto de Bogotá entre ambos Estados pues no aceptaba la reserva.

- 21 de marzo de 2013. Bolivia, para evitar que Chile desconozca la vigencia del Pacto de Bogotá, retirará “de urgencia” la reserva a través de la modificación de la Ley 130.

La relaciones entre los gobierno de Bolivia y Chile alcanzaron su máxima tensión en los últimos meses, a raíz del constante rechazo chileno a la reivindicación boliviana y tras la detención de tres soldados bolivianos en la frontera de Chile, quienes fueron liberados tras un mes de encarcelamiento.

22 Comienzan actos por Día del Mar

Los actos por la reivindicación marítima se iniciarán este viernes 22 de marzo con el traslado de la bandera boliviana que flameó por última vez en Calama, según el programa previsto por la Cancillería. Se espera el discurso central de presidente Evo Morales, el sábado en la mañana.
Bisnieta de Ladislao Cabrera pide mar

Ana Rivera Sotomayor, sobrina bisnieta de Ladislao Cabrera Vargas, héroe de la Guerra del Pacífico de 1879, manifestó el jueves que es tiempo que Chile revise el pasado y enmiende los errores, además proporcione el acceso soberano al mar.

A 134 años de la defensa de Calama, Rivera Sotomayor quien preside el Centro Cívico Nacional “Dr. Ladislao Cabrera Vargas”, a pesar de su avanzada edad concedió una entrevista con la ABI y dijo que “es tiempo de que Chile revise el pasado y enmiende los errores dándonos acceso soberano al mar”.

Piden a Chile cesar agresiones

La Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (Umpabol) se pronunció este jueves en torno al tema marítimo y exigió a las autoridades del Gobierno de Chile cesar en sus declaraciones ofensivas contra el país.

Las legisladoras bolivianas rechazaron las declaraciones del ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, quien dijo que en Bolivia pueden festejar "lo que quieran" incluso "lo que no tienen" en referencia al Día del Mar que se celebra cada 23 de marzo.

jueves, 21 de marzo de 2013

Presentan anteproyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, presentó hoy a la Cámara de Diputados el anteproyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil, que prioriza la oralidad en juicios con el objetivo de agilizar los procesos en todas sus etapas.

En conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, y con el presidente de la Comisión de Constitución de esa instancia legislativa, Héctor Arce, Ayllón sostuvo que ese anteproyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Justicia y la Comisión de Constitución.

"Es por eso que hoy vamos a presentar este trabajo a consideración de la Cámara de Diputados", dijo.

Por su parte, Arce explicó que ese anteproyecto de ley será el segundo Código, después del Código Procesal Constitucional, aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en el marco de la nueva era de codificación del país para la renovación del sistema judicial.

"Quiero mencionar que este anteproyecto que consta de más de 500 artículos, es íntegramente realizado en Bolivia con manos bolivianas, quiero resaltar que se han puesto al trabajo de este Código grandes profesionales", destacó.

Arce explicó que el nuevo Código establece un proceso que reemplaza a las características escritas "tediosas y morosas", que generan la retardación de justicia del proceso civil por un proceso "absolutamente" oral.

"Es un proceso que elimina los ritualismos y las formalidades, que es uno de los grandes males de la justicia fueron las formas rituales que hemos heredado y que han sido reducidas a la mínima expresión en este Código para que la justica sea pronta, oportuna, libre de formalismos y ritualismos", dijo.

El legislador detalló que ese nuevo Código conlleva un "proceso simple", lo que posibilitará la reducción de la sobrecarga procesal en los juzgados del país.

Asimismo, Arce resaltó que la nueva norma posibilitará la transparencia de las actuaciones judiciales, a través de la introducción del sistema oral.

A su turno, la presidenta de la Cámara Baja recibió el anteproyecto de ley y destacó el trabajo de "meritorios profesionales" para la elaboración de ese nuevo Código.

"Estamos iniciando una nueva era de codificación, el actual del nuevo Código de Procedimiento Civil tiene una vigencia de 37 años ha quedado absolutamente desfasado de las necesidades reales de justicia, hemos avanzado de manera gigantesca", afirmó.

A su juicio, existe la "necesidad" de crear la nueva codificación nueva "transparente, oportuna y moral", por lo que aseguró que su debate será inmediato.

Bolivia aprueba una ley para eliminar dos impuestos sobre la venta de libros

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó un proyecto de ley que libera a la venta de libros de dos impuestos que gravan su coste con un 16 por ciento , con el propósito de fomentar la lectura y enfrentar la piratería, informaron fuentes oficiales.


El proyecto de la "Ley del Libro y la Lectura", que debe ser refrendado por el Senado, establece que la venta de libros nacionales y extranjeros tendrá una tasa cero en el Impuesto Al Valor Agregado (IVA, del 13 por ciento ) y en el Impuesto a las Transacciones (IT, del 3 por ciento ).


Los legisladores aprobaron la norma esta semana tras un año de trámites y debates y después de que las asociaciones de libreros llevaran casi dos décadas pidiendo la supresión de los gravámenes en un intento de frenar la creciente piratería y la fotocopia de los libros, principalmente los importados.


La gerente de la Cámara del Libro, Patricia Navarro, dijo que están felices por la aprobación de la normativa, pero aún tienen observaciones que deben ser debatidas en el Senado para que se garantice la igualdad y la legalidad en el comercio de los textos.
La Cámara, que agrupa a casi un centenar de editores, libreros e importadores, considera que debe aclararse la situación de la piratería y el marco de acción del Servicio de Impuestos Nacionales, con el que varios libreros tienen controversias legales tributarias.


El expresidente de la Cámara del Libro Ernesto Martínez comentó que al Senado se explicará que toda la cadena productiva de los textos debe ser liberada del 13 por ciento para que de esa forma se garantice un efectiva aplicación de la rebaja para el comprador final.


Destacó que la norma también debe establecer con claridad de qué forma se constituirá el Sistema Nacional de Bibliotecas para que sean nutridas con material actualizado, lo que en este momento solo ocurre con las bibliotecas de las ciudades más importantes.


La norma establece que los libros que sean decomisados en el marco de los operativos contra el contrabando o el narcotráfico serán donados a las bibliotecas.
Martínez resaltó que la norma no establece que se hará con el material de piratería que viola los derechos de autor defendidos en la Constitución.


Estos libros no sólo se venden en las calles, sino también en tiendas que cuentan con permisos municipales.
La cámara carece de estadísticas actualizadas sobre los daños que causa la piratería al sector editorial y sobre la venta de libros "legales" en Bolivia. EFE

Tarija Sancionan Ley de Instituto Técnico de Hidrocarburos



El pleno de la Asamblea Legislativa Departamental sancionó ayer la Ley de Creación del Instituto Técnico de Hidrocarburos y Servicios Petroleros 1° de Mayo, misma que contiene tres artículos, y que se prevé sea remitida a la Gobernación interina para su respectiva promulgación en los próximos días.

La ley declara prioridad departamental la creación del Instituto Tecnológico de Hidrocarburos y Servicios Petroleros; instruye al Órgano Ejecutivo Departamental gestionar ante las instancias pertinentes la creación, apertura y funcionamiento del mencionado instituto. “Los recursos que demanden la construcción de infraestructura, equipamiento, mobiliario, material educativo y otros, deberán provenir de los ingresos por regalías de la renta petrolera que recibe el departamento”, señala la ley.
El proyectista, Marcelo Poma, afirmó que con esta ley retornarán al departamento más de veinte mil personas que constituyen en mano de obra calificada. “Estamos hablando que le vamos a dar la posibilidad que más de veinte mil personas, veinte mil empleos que se van de manera directa al mercado cruceño, bueno tengan una expectativa de volver a Tarija y que un 50% de esos empleos se queden en Tarija”, dijo.
Asimismo, subrayó la madurez institucional de los miembros de la Asamblea Legislativa al aprobar leyes que beneficien los recursos humanos del departamento. “Es un primer paso de un gran sueño que tenemos los tarijeños de tener un instituto así como lo tienen los grandes estados, hay que rescatar la madurez de la Asamblea que de manera no política asumen esta responsabilidad que es una oportunidad para luchar contra el desempleo y que la gente tenga oportunidades de empleo en un rubro tan importante como son nuestros recursos hidrocarburíferos. Esto va a permitir a nuestros jóvenes capacitarse y tecnificar la educación en esta rama tan importante de la economía de hidrocarburos”, sostuvo.

Tarija Ley 259 se aplicará desde abril



En el marco de Ley 259 Contra el Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas, y en aplicación a las ordenanzas municipales,

desde el 1 abril del año en curso queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los mercados de la ciudad de Tarija
Jaime Rivera, inspector de la Intendencia Municipal, advirtió que quienes incumplan la norma serán sancionados no sólo con la clausura temporal de los puestos, sino también con una multa económica.
“Tanto a los mercados públicos como privados se les ha dado un plazo hasta fin de mes para que terminen su mercadería relacionada con bebidas alcohólicas”, resaltó.
Indicó que las licencias de funcionamiento de los vendedores son para la venta de refrigerios, jugos y gaseosas y no así bebidas alcohólicas. “Después que se cumpla el plazo vamos a intensificar los controles dentro y fuera de los mercados públicos”, dijo. Recordó que, según la norma, los comerciantes que infrinjan la disposición serán sancionados económicamente, “son multas económicas, y clausuras”.

Asamblea trata ley para levantar reserva boliviana a un artículo del Pacto de Bogotá y viabilizar demanda marítima



El excanciller Armando Loaiza recordó que Bolivia presentó en 1948 una reserva al artículo VI del Pacto de Soluciones Pacíficas de Controversias, que hace referencia a límites para recurrir a esta instancia de resolución de controversias.

La Asamblea Legislativa trabaja en un proyecto de ley para levantar la reserva interpuesta en 1948 por Bolivia al artículo VI del Pacto de Bogotá y con ello dar luz verde a la presentación de una demanda para el acceso soberano de Bolivia al mar. El Pacto fija cuatro mecanismos de solución de controversias pacíficas, entre ellos el recurrir a la Corte Internacional de Justicia.

El excanciller Armando Loaiza, que ayer participó en la segunda reunión del comité consultivo para tratar la demanda marítima, dijo que en ese encuentro se informó que la Asamblea buscará “de urgencia la aprobación para levantar la antigua reserva” a uno de los artículos del Pacto firmado por Bolivia en 1948 y ratificado en 2011. Justamente ayer la Cámara de Diputados comenzó a tratar el tema en sesión reservada.

El artículo VI observado refiere: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto (1948)”.

Bolivia y Chile firmaron en 1904 un tratado que definió las fronteras tras la guerra de 1879 y que dejó al país sin acceso al Océano Pacífico. Loaiza dijo que ello no implicaría que no se trate el tema en el ámbito de los mecanismos establecidos, tomando en cuenta –recordó- que Chile también interpuso una reserva en sentido de que no se lleven a ese foro tratados de límites vigentes en la firma del Pacto.

“Si se diese el caso de llevar el asunto (marítimo) a la Corte Internacional de La Haya, Chile puede objetar y puede darse una especie de batalla jurídica sobre competencias antes de entrar al fondo de la cuestión. Eso puede demorar varios años, entre cuatro a cinco años”, explicó el excanciller, quien añadió que también puede darse el escenario de que la Corte determine “que se haga uso de otras cláusulas del Pacto”.

Hay cuatro mecanismos de solución de controversias pacíficas, entre ellos el procedimiento de Buenos Oficios que consiste en la gestión “de uno o más Gobiernos Americanos o de uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano, ajenos a la controversia, en el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada”.

El segundo procedimiento es el de Investigación y Conciliación que consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación, mientras que el tercero está referido al arbitraje. “Las Altas Partes Contratantes tendrán la facultad de someter a arbitraje, si se pusieren de acuerdo en ello, las diferencias de cualquier naturaleza, sean o no jurídicas, que hayan surgido o surgieren en lo sucesivo entre ellas”, establece parte del artículo 38 del documento.

El cuatro es el procedimiento judicial y a esa instancia (Corte Internacional de Justicia) pueden llegar, según el artículo 31, las controversias jurídicas que versen sobre la interpretación de un Tratado, cualquier cuestión de derecho internacional, la violación de una obligación internacional, y la naturaleza o extensión de la reparación por el quebrantamiento de una obligación internacional.

La administración del presidente Evo Morales anunció en marzo de 2011 la decisión de llevar el diferendo marítimo con Chile a tribunales internacionales, ante la falta de propuesta chilenas para resolver la demanda de una salida soberana al Pacífico. La Paz y Santiago ahondaron sus diferentes desde entonces y hace una semana Morales afirmó que dialogar con Chile sobre el mar es una pérdida de tiempo.

En la Cámara de Diputados se empezó ayer a tratar en sesión reservada un proyecto de ley relativo al Pacto de Bogotá. El diputado del oficialismo Galo Bonifaz dijo que el objetivo es tratar el Pacto de Bogotá, que “estaría obstaculizando la demanda internacional, razón por la cual la Asamblea buscará el “camino correcto que nos asegure que no tengamos ninguna objeción, ningún impedimento relacionado a las estrategias”.

Al final de la reunión del comité consultivo, el expresidente Jaime Paz informó que se apuntalará una política de estado en el tema mar y evitó dar mayores detalles. La Asamblea Legislativa convocó para el 23 de marzo (Día del Mar) a una sesión para considerar una resolución de “respaldo a la política marítima del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia” y distinguir a los tres soldados detenidos en enero en Chile, cuando luchaban contra el contrabando en frontera, y que fueron liberados tras un mes.

Loiza explicó que el levantamiento de la reserva de 1948 “hará fácil el acceso de Bolivia a la Corte, para que Chile no ponga objeciones de competencias”. “Me informaron ayer en Palacio (en la reunión de expresidentes y excancilleres) que se va a reunir (la Asamblea) y apruebe plenamente levantar la antigua reserva boliviana”, añadió.


miércoles, 20 de marzo de 2013

Nueva ley cambiará la estructura de Conacine



El Consejo Nacional del Cine (Conacine) será descentralizado una vez que se promulgue la nueva Ley del Cine. Hasta ese momento la institución reguladora seguirá bajo la tuición del Ministerio de Culturas.

“Es importante que cada departamento tenga oficinas regionales del Conacine para ayudar y regular la producción de audiovisuales en todo el país. De esta manera, este ente estatal podrá establecer lazos con instituciones y centros culturales regionales para facilitar la industria”, expresó el titular de la cartera, Pablo Groux. Estos lazos interinstitucionales incluyen a entidades como la Cinemateca, Cineclubes y salas grandes.

Groux también informó que el Consejo se encuentra actualmente sometido a una auditoría interna y a una evaluación de la gestión del exdirector Demetrio Nina. Nina fue destituido de su cargo por decisión unánime del directorio de la institución en noviembre del año pasado. El cineasta fue acusado de incumplimiento de deberes.

El ministro Groux se negó a mencionar un plazo tanto para la entrega de resultados de la auditoría como de la promulgación de la norma, ya los tiempos de ambos procesos dependen de las agendas de los involucrados. El abogado del Ministerio de Culturas, Iván Rivas, es el director interino del Conacine.

Oficialismo descarta ley contra ‘no embarazos’



Las presidentas de las cámaras Alta y Baja, Gabriela Montaño y Betty Tejada, respectivamente, descartaron el tratamiento de un anteproyecto de ley para cobrar impuestos a las mujeres que no tengan hijos o la prohibición del uso del condón.

“En la Asamblea Legislativa Plurinacional no existe ningún proyecto de ley para prohibir el uso de condón, no existe ningún proyecto de ley para cobrar impuestos a mujeres que no tengan hijos y, si se planteara una iniciativa de este tipo, yo me opondría de manera categórica”, precisó Montaño en conferencia de prensa.

El lunes, el diputado oficialista Lucio Marca mencionó que en la Asamblea Legislativa se estaría debatiendo un impuesto para las mujeres que desistan de tener hijos. Esto, en razón de las declaraciones del presidente Evo Morales el sábado, cuando, al referirse al escaso número de habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, ironizó sobre el uso del condón.

Tejada desechó la posibilidad de tratar un anteproyecto referido al tema. “Ni ha ingresado un proyecto ni pensaríamos tratarlo”, aseguró. Asimismo, la diputada oficialista Marianela Paco reiteró a Patria Nueva que en las filas del MAS “jamás se debatió prohibir el uso de condones”.

El diputado opositor de Unidad Nacional Jaime Navarro dijo que el proponente es un “principal candidato a utilizar el condón en la lengua” y la diputada del mismo partido Elizabeth Reyes sugirió un “impuesto a la estupidez”.

La Ley del Indulto avanza con dificultad para reos preventivos

Sólo tres reos con detención preventiva decidieron someterse a un proceso abreviado para beneficiarse con la Ley del Indulto en Cochabamba.

Según el director departamental de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, esta demora se debe a las “artimañas” que utilizan algunos abogados para beneficiarse económicamente con la desesperación y falta de conocimiento de las leyes de los privados de libertad.

“Hay mucha gente que cumple los requisitos, pero el problema está en los abogados que les dicen que van a salir libres sin ir al proceso abreviado. Asocian el proceso abreviado con aceptar la comisión de un delito y tener antecedentes penales”, dijo.

Agregó también que a través del departamento de Asesoría Legal de Régimen Penitenciario se llegó a todos los penales con información sobre la Ley del Indulto, pero algunos abogados entorpecen el proceso.

Mejía recordó el caso de un abogado que apeló la decisión de un juez hasta Sucre y sus defendidos no pueden beneficiarse con el indulto. “Tres de ellos quieren irse con el beneficio, pero por la apelación no pueden salir”, dijo.

El decreto presidencial del indulto se amplió por 60 días más para los reclusos con detención preventiva que se sometan a procesos abreviados. Estas personas deben cumplir ciertos requisitos de la normativa como el cumplimiento de la tercera parte de la pena y la sentencia por un crimen o delito menor a 10 años.

BENEFICIARIOS El 2 de marzo concluyó el plazo para la presentación de carpetas de los reos ejecutoriados que querían beneficiarse con el indulto. En Cochabamba se presentaron 100 carpetas de las cuales 35 fueron aprobadas en primera instancia y 20 estuvieron observadas porque no se cumplía el requisito de tiempo de permanencia. Hasta el lunes se tenía el dato de que al menos diez de las 35 personas salieron de las cárceles con este beneficio. Aún se encuentran en revisión en La Paz, 45 carpetas.

Las primeras personas en salir de las cárceles, a principios del mes de marzo, fueron tres mujeres y dos varones recluidos por delitos de narcotráfico (1008).

PROYECCIONES Para este año, Régimen Penitenciario tiene previsto consolidar con algún municipio la entrega de un terreno para la construcción de una nueva cárcel modelo con capacidad para cinco mil internos. El proyecto tuvo que ser aplazado tras el rechazo de pobladores de Cliza a la implementación de la cárcel.

“Estamos viendo algunas propuestas de Tolata y Arbieto, pero requerimos un espacio donde haya accesibilidad para llegar a caminos, no es sencillo pero debemos seguir trabajando”, agregó.

Explicó que en el municipio de Chimoré existe la posibilidad de construir una cárcel tomando en cuenta que una cantidad considerable de reclusos son de esta región por la Ley 1008.

Finalmente se refirió a la posibilidad de habilitar carceletas en Totora y Tiraque. Ya se cuenta con un proyecto para su implementación.

Pese a vigencia de Ley Integral procesos aún implican gastos



Pese a que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece eliminar los gastos de las víctimas que inicien procesos contra sus agresores, la familia de la desaparecida Karina Valeriano asegura que no se cumple la norma.

El artículo 86 de la Ley Integral dispone que todas las mujeres en situación de violencia están exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas, en los procesos penales contra sus agresores.

Sin embargo, los familiares de Karina, de 27 años, aseguran que dicha norma no se cumple en su caso. “Somos una familia pobre, hacemos un sacrificio para cubrir los gastos del proceso, queremos que mi hija aparezca”, manifestó Edora Alarcón, madre de Karina.

La joven lleva desaparecida un mes y 20 días, Alarcón contó que lo último que supieron fue que el mismo día de su desaparición encontró a su concubino con otra mujer, por lo que sospechan que su pareja está involucrada y temen que la haya matado. La Razón publicó ayer el caso.

Proceso. El abogado de la familia, Marco Antonio Cuentas, informó que el caso quedó paralizado en el Ministerio Público y la Brigada de la Familia cuando fue presentado por primera vez. Posterior a ello, se inició una imputación por privación de libertad y rapto y se allanó la vivienda de la pareja, el 15 de marzo.

“En el allanamiento se encontró ropa de Karina con sangre, que también estaba en las paredes y el piso. El concubino fue detenido y en la audiencia el Juez 8° dijo que no corresponde el rapto, porque Karina no es menor de edad y en la Ley Integral no se establece parámetros de edad. Hay un desconocimiento hasta de las autoridades”, denunció.

El artículo 83 de la norma modifica el artículo 313 del Código Penal y endurece la pena privativa de 4 a 8 años, cuando antes era de 3 a 6 años, y no refiere parámetros de edad para la denuncia contra los raptos.

Cuentas cuestionó que además no se cumple la gratuidad establecida en la Ley Integral. “La familia no tiene dinero y todo es plata, deben pagar al investigador, los peritos, las notificaciones y otros, la gratuidad no se cumple”, señaló el abogado.

En El Alto y Santa Cruz reportan otros dos casos

En las ciudades de Santa Cruz y El Alto reportaron dos casos de violencia en los cuales se cumplió el procedimiento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, contrario a lo que ocurre con la desaparición de Karina Valeriano.

Un uniformado agredió y disparó con arma de fuego contra su esposa, tras una pelea conyugal en Santa Cruz, el domingo 17. El policía fue aprehendido inmediatamente y espera su sentencia de acuerdo con la norma vigente.

Otro caso se presentó en El Alto, donde se aplicó por primera vez la ley contra un hombre que clavó un cuchillo en la mano de su concubina también el domingo 17. El agresor está detenido en San Pedro y aguarda su condena, que será entre tres a seis años de reclusión, según establece la norma para este tipo de agresión.

Si bien en estos casos se aplica la ley, los gastos corren por parte de los denunciantes, al igual que el caso de Karina Valeriano. Ante esta situación, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, sostuvo ayer que la aplicación será paulatina.

“La ley no es una varita mágica, debe ser implementada. Con la norma se ha creado la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, pero eso no opera una vez aprobada la ley. Eso tiene que trabajarse, tiene todavía un recorrido. La ley por sí no te garantiza todo, eso tiene que ser implementado, pero ya estamos trabajando”, dijo.